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| Foto: El Quinto Poder |
El reclamo por la judicialización de los proyectos y la falta de certeza jurídica para la inversión por razones ambientales apareció, según recuerdo, cuando la autoridad modificó la resolución de calificación ambiental de CELCO Valdivia, el 2005. Cíclicamente, la inquietud vuelve cuando se pronuncian los tribunales de justicia acogiendo recursos de protección en contra de proyectos como el de Central Castilla, o, recientemente, cuando el Segundo Tribunal Ambiental se inclinó por un criterio sancionador más estricto que el de la Superintendencia del Medio Ambiente en el caso de Pascua Lama.
Todavía algunos conciben la protección ambiental como un lomo de toro que se puede eliminar corrigiendo procedimientos o restringiendo la revisión de las decisiones de autoridad. Sin embargo no es posible limitar el derecho de las personas de reclamar ante un tribunal por los actos de autoridad, ya que existe una garantía constitucional que lo respalda.
Debemos recordar las causas profundas de esta conflictividad ambiental que llevan a que los ciudadanos se movilicen y busquen apoyo en los tribunales de justicia. Basta ver el contraste entre las utilidades que obtienen las empresas que extraen y procesan los recursos naturales, y las condiciones de vida de las comunidades vulnerables que se sienten en evidente desventaja ante el sistema. La falta de una política energética sustentable, junto con la ausencia de definiciones públicas y participativas sobre el territorio, han sido hasta ahora el terreno fértil para los conflictos. El sector privado también tiene una cuota de responsabilidad en una gestión que a veces olvida la importancia de respetar las normas y cumplir las condiciones bajo las cuales se aprueban los proyectos.
La institucionalidad y la gestión ambiental pueden y deben ser mejoradas. Han existido dificultades y disparidades de criterios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como usos que desprestigian las instituciones e invitan a buscar la solución de los conflictos por la vía de las marchas y la presión política, como las decisiones en los casos de Barrancones y de Punta Alcalde. También se ha enlodado la institucionalidad ambiental por la vía normativa, cuando bajo el pretexto de actualizar el reglamento del SEIA, se exime de evaluación de impacto ambiental a proyectos que causan grave impacto, generándoles ventajas competitivas respecto de aquellas empresas que se sometieron a las reglas del juego anteriores.
La Presidenta Bachelet será recordada por su importante reforma a la institucionalidad ambiental del 2010, que creó el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, separándolos del Servicio de Evaluación Ambiental, con altos estándares de acceso a la información ambiental. Es imperativo completar y mejorar la reforma y usar mecanismos preventivos como el instrumento de la evaluación ambiental estratégica, que el gobierno saliente no reglamentó, y dar los mayores recursos y presencia organizada a la Superintendencia del Medio Ambiente en todo el país.
Para este período, la Presidenta se ha comprometido a imprimir a su nueva gestión el sello de la equidad ambiental y de la sustentabilidad. Su programa entiende, justamente, que el espacio para definir una política energética no es el SEIA, sino que apuesta por un nuevo y activo rol del Estado, que defina, con participación ciudadana, un ordenamiento territorial y una política energética de verdad. Al mismo tiempo, se disponen reformas para compensar las asimetrías entre los actores permitiendo mayor acceso a la participación ambiental. El anhelo ciudadano es que con una mirada sustentable, energía y medio ambiente vayan de la mano.
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