Mostrando las entradas con la etiqueta cambio climático. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta cambio climático. Mostrar todas las entradas

05 junio 2015

Desafíos en el Día Internacional del Medio Ambiente

Con ocasión del Día Internacional de Medio Ambiente CodeXVerde me preguntó






¿Cuál es el principal desafío ambiental que debe enfrentar Chile en los próximos años? Expertos responden


Aquí y en el resto del mundo, los más afectados por el deterioro del estado del medio ambiente y de sus componentes son los sectores más vulnerables de la población. Por lo tanto un gran desafío es generar un escenario de mayor equidad, en términos de calidad ambiental.
La protección de la biodiversidad es una gran deuda y la adaptación al cambio climático una urgencia, porque ya es un dato que la escasez de agua no hará más que aumentar al igual que la temperatura en la cordillera de toda la zona central.
Abordar los graves problemas que afectan la calidad de vida en las ciudades: la contaminación atmosférica, especialmente en regiones, el ruido, la desigualdad en el goce de áreas verdes y la gestión de residuos sólidos. Tenemos una bomba de tiempo en la gestión de residuos sólidos: no tenemos control sobre todo el ciclo de vida de los residuos peligrosos, con lo que estamos tolerando riesgos de daños graves al ambiente y a la salud. El incendio de Valparaíso se hubiese evitado con una mejor gestión de residuos. En la Región Metropolitana hay más de 700 microbasurales, tenemos capitales regionales con vertederos que no dan más como El Boyeco en Temuco, o La Chimba en Antofagasta.
Los grandes esfuerzos que se han hecho seguirán siendo insuficientes si no financiamos una gestión ambiental pública y privada con una mirada de largo plazo. Ése es el mayor desafío.

12 febrero 2011

¿Al borde de la crisis? Racionamiento energético preventivo

Por Pilar Moraga

Investigadora Centro de Derecho Ambiental

Directora Proyecto Domeyko Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático

En momentos en que muchos aprovechamos del descanso estival desconectados de la contingencia política, el gobierno adopta decisiones relevantes en el ámbito energético, no exentas de suspicacias.

Asumiendo como telón de fondo la inminente sequía que experimenta el país, se ha emitido un”decreto de racionamiento preventivo”, el cual permitirá a la autoridad adoptar medidas excepcionales tales como: bajas de voltaje, ahorro del agua de los embalses, modificación de parámetros técnicos de transmisión, entre otras.

Parece insólito que luego de la crisis energética ocurrida en 1998 que sometió a la población a inéditos cortes de energía que paralizaron las actividades cotidianas, la autoridad reconozca la actual precariedad del sistema eléctrico nacional, la cual amenaza con reproducir dicha situación 13 años más tarde.

Las suspicacias se fundan en la posibilidad de que tal crisis sirva para justificar, de ahora en adelante, las decisiones políticas que se adopten en el sector respecto de proyectos emblemáticos y de la composición de la futura matriz energética. La autoridad sectorial representada por el biministro Golborne y el recién nombrado Subsecretario Sergio Campos, ex gerente de la Central Termoeléctrica Barrancones, ha identificado en este sentido las principales definiciones energéticas entre las cuales destaca: el nivel de participación de carbón en la matriz, avance en los estudios de energía nuclear, desarrollo del proyecto Hidroaysén e integración regional.

El mencionado decreto ha servido además de fundamento para llamar a la población a “utilizar la energía disponible con responsabilidad y prudencia”, para así evitar los “indeseados” cortes de energía, siendo que el porcentaje de consumo energético del sector residencial y comercio representa sólo el 26% frente al 38% del sector industrial y minero y al 36% del transporte. La proyecciones al 2030 respetan esta tendencia.

Paralelamente el bi-ministro Golborne ha anunciado que su prioridad será el desarrollo e implementación de “una política energética integral”, fundada en estudios técnicos y que genere consensos. El biministro propone generar una discusión amplia para definir: 1: Qué matriz energética queremos y 2. Cuál estamos dispuesta a financiar. Al mismo tiempo define ciertos caracteres de dicha matriz: segura, estable, amigable con el medio ambiente, integrada por distintas fuentes.

La definición de una política energética en el tiempo real, en que Chile está inserto en los mercados internacionales y en la OCDE requiere mirar los estándares fijados por los países desarrollados, los cuales trabajan en la instalación de economías verdes, competitivas, fuertes en la utilización de tecnologías de punta y bajas en carbono. En esta perspectiva Chile puede limitarse a resolver el nivel de participación de cada fuente en la matriz, conforme a los costos que podamos asumir o bien dar un salto tecnológico mayor con una fuerte inversión inicial que permita contar en el mediano plazo con una economía competitiva respetuosa de los más altos estándares económicos, ambientales y sociales.

Por el momento, la política actual definida proyecto a proyecto, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, no brinda seguridad en el abastecimiento, ni permite contar con energía a bajo costo. Tampoco permite evitar el aumento progresivo de las emisiones de carbono del sector, ni la alta conflictividad en materia ambiental, todo lo cual permite celebrar la preocupación del gobierno por priorizar la elaboración de una política sectorial. Es de esperar que ésta se proyecte más allá de la contingencia y considere el largo plazo, de manera a respetar los intereses de las generaciones actuales y futuras.

22 octubre 2010

Mercado Voluntario de Créditos de Carbono en Chile, por Paulina Sandoval.*

Ahora les presentamos esta columna de Paulina Sandoval, que resume su ponencia sobre la implementación de un mercado voluntario de créditos de carbono en nuestro país, la que presentará en las V Jornadas de Derecho Ambiental y que será publicada en el libro "Derecho Ambiental en tiempos de reformas" que se lanzará el 29 de octubre.

* Paulina es abogado PUC. LLM Magíster en Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU). Abogado Asociado del Grupo de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Carey y Cía.

De ninguna manera el cambio climático y sus impactos sobre el bienestar global son un tema nuevo. Todos los días vemos noticias sobre aumentos en los niveles del mar, extremas y largas estaciones climáticas, y eventos de rara ocurrencia tales como ballenas en el Río Amazonas. Relacionados o no con el cambio climático, estos eventos han aumentado la conciencia pública acerca de los efectos de éste sobre la población mundial y sus medios de subsistencia. Por cierto, Chile no ha escapado a esta tendencia.

Asimismo, y habiendo transcurrido 35 años desde que Wallace Broecker habló por primera vez del calentamiento global, hoy existen más incertidumbres que certezas. Sin embargo, una certeza fundamental que inspira el trabajo de tantos y tantas, es que la investigación científica, legal, política y social de los efectos del cambio climático y su mitigación es y será uno de los temas que muevan a la humanidad en las próximas décadas.

En este sentido, y considerando que el cambio climático ha evolucionado desde ser un tema de discusión científica, diplomática y política de alto nivel a un fenómeno percibido diariamente por la población y con crecientes implicancias en el comercio internacional, es altamente probable que nuestro país siga las tendencias mundiales en dos ámbitos. Por una parte, que aumente el interés de las empresas por reducir y compensar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ya sea motivadas por las exigencias del intercambio comercial o por sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Y, por otra, que las personas empiecen a tomar conciencia de su contribución al cambio climático y tomen medidas tendientes a la reducción y/o compensación de sus emisiones individuales.

De la misma forma, y considerando que existen proyectos de reducción de emisiones de GEI que no acceden al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto por consideraciones técnicas o los costos involucrados, es necesario analizar si existen las condiciones que permitirían generar una oferta de créditos de carbono, susceptibles de ser usados por aquellos con motivaciones voluntarias de mitigación y/o neutralización de emisiones.

De la constatación de esta realidad surge la interrogante acerca de las alternativas que existen para la satisfacción de tales necesidades en Chile y del rol que puede cumplir en ello el desarrollo de un Mercado Voluntario de Carbono (MVC).

Para ello, en las V Jornadas de Derecho Ambiental realizaremos en primer lugar una breve referencia a qué entendemos por MVC y las diferentes iniciativas que encuentran cabida en esta denominación, así como a las motivaciones de los actores relevantes, los que son en definitiva quienes dan impulso y sustento a dichos mercados. De la misma forma, se explora el rol de los MVC en las estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático así como las tendencias que éste ha experimentado en su evolución y desarrollo.

En segundo lugar, y una vez analizadas las ventajas y desventajas de los MVC, es necesario abocarse a la cuestión central de este análisis. Esto es, si resulta necesario o incluso deseable el desarrollo de un MVC local o podemos responder a las exigencias internacionales en materia de contabilización y neutralización de huella de carbono mediante los instrumentos y mecanismos existentes.

En esta materia y considerando las ventajas que presentaría el desarrollo de un mercado local de créditos de carbono y las tendencias actuales, sostenemos que ello no sólo sería deseable sino que necesario para: (i) responder a las necesidades de empresas e individuos interesados en la neutralización y compensación de sus emisiones de GEI, (ii) acoger aquellos proyectos de reducción de emisiones latentes que no han encontrado un escenario propicio para su desarrollo en los mercados regulados, y (iii) servir para la creación de capacidades técnicas tanto privadas como gubernamentales en el establecimiento y manejo de límites a las emisiones de contaminantes en general y no sólo de GEI.

De esta manera, y a la luz de las experiencias comparadas, se esbozarán las consideraciones que es preciso tener en cuenta para el desarrollo de un MVC en Chile. La implementación de iniciativas voluntarias de registro de inventarios o huella de carbono y reducciones de emisiones internas, así como de programas de validación, registro, verificación y certificación de reducciones de emisiones, deberían ser llevadas a cabo con la mirada puesta en el establecimiento de objetivos y principios claros que permitan dar forma y coherencia a las mismas. Los efectos de la compensación de emisiones, y las dificultades inherentes a los MVC, hacen que el establecimiento de dichos objetivos y principios sea fundamental. Éstos al menos deberían responder a criterios de transparencia, credibilidad e integridad ambiental, con el fin de evitar los errores cometidos en la experiencia comparada ya referida.

Finalmente, es necesario destacar que los mercados voluntarios no deberían plantearse como instrumentos excluyentes sino que como alternativas complementarias y/o subsidiarias de los mercados regulados, siempre y cuando existan ciertas circunstancias que hagan viable su desarrollo. Considerando la experiencia adquirida en torno a la implementación de proyectos MDL, las exigencias cada vez más estrictas del comercio internacional, nuestra calidad de país exportador, la gran distancia hacia los centros de destino de nuestros productos, y la creciente concientización ambiental, es posible sostener que en Chile tales circunstancias están comenzando a darse.

10 septiembre 2010

El principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en el cambio climático y las reglas de comercio de la OMC, por Fabio Morosini

El Cambio climático está modificando constantemente el Derecho Internacional. En el pasado, era tal vez posible separar las áreas del Derecho Internacional en diferentes compartimentos, pero en el estado actual de las cosas, se puede observar cómo el desarrollo, el medio ambiente y las políticas de salud impactan directamente en la agenda comercial y viceversa.

El ejemplo más reciente de estas interacciones se refiere al impacto de las políticas de cambio climático en la regulación del comercio multilateral.

Fabio Costa Morosini es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río Grande Do Sul, e investigador del Consejo Nacional de de Desarrollo científico y Tecnológico de Brasilia. Este abogado brasileño, doctor en Derecho y master por la Universidad de Austin, Texas, y de París I, es uno de los invitados del Centro de Derecho Ambiental, a exponer como conferencista magistral con ocasión de las V Jornadas de Derecho Ambiental sobre "Derecho Ambiental en tiempos de reforma", que se realizarán entre el 27 y 29 de octubre próximos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

En su conferencia, el Profesor Morosini analizará si las políticas de cambio climático son compatibles con los acuerdos de la OMC, especialmente del GATT de 1994, sosteniendo que el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que se refleja en el sistema jurídico de la OMC y en la regulación multilateral del cambio climático, debiera ser utilizado por los órganos de solución de controversias de la OMC para ayudar a resolver las disputas comerciales y de cambio climático.

En su paper, el profesor Morosini analiza desde este enfoque un panel de la OMC referido a las restricciones al comercio en relación con el proyecto de ley de energía limpia y seguridad de 2009 de los Estados Unidos.

En su conferencia, Fabio Morosini ampliará un interesante tema que ya expuso en SIEL 2010 en un panel que compartió con los Profesores Rodrigo Polanco y Valentina Durán, en Barcelona, en julio pasado.

17 agosto 2010

MDL & BUENA GOBERNANZA: el caso de Chile (I parte) por Solange Villarroel


*Nota de la editora:
Solange Villarroel es egresada de nuestra Facultad, y ayudante de investigación del CDA. Actualmente reside en Boston desde donde colabora como siempre, de manera muy activa. Gracias Solange.

Fotografía: http://www.yale.edu/envirocenter/envdem/

Esta columna menciona algunos de los más importantes resultados de la investigación realizada en el contexto del programa Domeyko Energía Medio Ambiente y Regulación de la Universidad de Chile. Un artículo basado en esta investigación será parte de 2nd UNITAR/Yale 2010 Conference on Environmental Governance and Democracy, a celebrarse en la Universidad de Yale, New Haven los días 17-19 de septiembre.

La forma más exitosa de ayudar a los países al cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones ha sido el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Y no obstante las modificaciones que deban realizarse a Kioto o la creación de un nuevo instrumento, dado el éxito del mecanismo, las partes acordaron mantenerlo para el segundo período de compromiso.


Teniendo como antecedente la destacada participación de Chile en el Mecanismo y las posibles reformas que se le podrían efectuar, se realizó una investigación donde se entrevistó a personas vinculadas al 79% de los proyectos registrados en Chile, entre los que se incluyen: dueños de proyectos, consultoras, intermediarios de Certificados de Reducción de Emisiones (CER) y la Autoridad Nacional Designada (DNA) en Chile entre otros. El objetivo de estas entrevistas era determinar las principales falencias del Mecanismo en Chile, los desafíos que existían para Chile y las necesarias modificaciones que Chile debiera liderar a nivel internacional.

En este contexto es especialmente relevante tener presente la buena gobernanza, debido a que por las características del MDL, es un ejemplo de un nuevo paradigma del Derecho Internacional, donde particulares se relacionan directamente con instituciones internacionales.


En ese contexto, los resultados y recomendaciones surgidas de la investigación fueron agrupados en tres niveles de gobernanza: (1) internacional, (2) nacional,y (3) multinivel, donde se incluye la interacción de los dos niveles anteriores.

Por razones del formato del blog en esta columna sólo me refiero al primer nivel de gobernanza: internacional. En este nivel se destaca la necesidad de que la Junta Ejecutiva del MDL cuente con personal técnico, independiente y profesional, entendiendo por esto que tengan exclusividad en el trabajo. Esto colaborará con la celeridad y eficacia de los procedimientos. Por otra parte la representación regional de los miembros de la Junta puede mantenerse a través de un sistema de elección de los miembros que hayan postulado a través de un sistema de concurso.

En el ámbito del trabajo de las Entidades Operacionales Designadas (DOE), en Chile se detectó que se requiere mayor rapidez en su trabajo, dado que actualmente existen aproximadamente 4 meses de espera antes de comenzar cualquier gestión. Por otra parte, debido a que en Chile el mercado del MDL es bastante reducido, no se observa el vínculo económico que internacionalmente se acusa a las DOE de tener con los desarrolladores de proyectos, dejando de ser los ojos de la junta ejecutiva y convirtiéndose en una contraparte más. En este sentido se requiere afianzar los criterios de independencia de las DOEs y quizás crear un sistema de pagos por medio de la Junta ejecutiva a través de licitaciones.


Finalmente, destacamos la relación que tienen las personas con la institución internacional y la ausencia de derechos procedimentales claros para los particulares. Es por ello que en este nivel se requiere por una parte reforzar las normas procedimentales a fin de que el particular tenga cierto resguardo con esta especie de administración internacional. Por otra parte los miembros de la Junta Ejecutiva requieren tener inmunidad a fin de realizar sus funciones con tranquilidad y no temer ser demandados en cualquier sede. Y como contraparte de lo anterior, se requiere crear un mecanismo de solución de controversia ante los conflictos que pueden producirse en el procedimiento, los que pueden afectar a la Junta Ejecutiva o las DOE.


Como pudimos observar, a nivel internacional existen múltiples desafíos, destacando entre todos éstos la creación de un cuerpo normativo que pueda resguardar al particular ante la actuación de la institución internacional, esto es lo que en parte de la doctrina comparada es llamado Derecho Administrativo internacional y que constituye una disciplina nueva por desarrollar y aportar desde nuestra mirada.





02 agosto 2010

Diversas aproximaciones al cambio climático, por Rafael Palacios*

*Rafael Palacios es ayudante del CDA. Abogado y licenciado en Antropología.

El cambio climático es todo un tema, o más bien todo un problema, y como tal, puede ser abordado desde distintas perspectivas o puntos de vista. En la agenda, la cuestión se instaló en principio gracias al debate científico, desde dónde una pléyade de voces expertas nos alertaron sobre los devastadores efectos que podría llegar a tener el calentamiento global causado por la indiscriminada emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en Noviembre de 2009, sobrevino el famoso climategate o Watergate climático, que dejó al descubierto una supuesta colusión de parte de un influyente grupo de científicos del CRU (Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra) para manipular datos a favor de la teoría del cambio climático antropogénico y mantener a los científicos opositores marginados de la literatura de revisión por pares, a fin de presentar una teoría controvertida como si fuese una verdad irrefutable y sin oposición seria. Y si bien la colusión nunca pudo ser efectivamente demostrada y los científicos del CRU fueron absueltos en el 2010 por la Cámara de los Comunes británica, la aproximación científica quedó estancada o cuando menos, bastante desprestigiada.

Simultáneamente y en estricta concordancia, el problema del cambio climático ha sido abordado también desde perspectivas jurídicas, propias del Derecho Internacional y bajo el alero de Naciones Unidas. En este ámbito destaca por su importancia la aprobación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptada el 9 de Mayo de 1992 en Nueva York y en vigor desde 1994, convención en virtud de la cual se han celebrado diversas conferencias internacionales y adoptado distintos acuerdos y tratados. Entre ellos cabe mencionar el Protocolo de Kioto de 1997, enmendado el 2006 en Nairobi, y que debía ser reemplazado por un nuevo instrumento de carácter vinculante en la XV Conferencia sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague, pero que finalmente no llegó a más que una declaración que se espera, adquirirá carácter obligatorio en la XVI Conferencia a celebrarse este año en la ciudad de Cancún, México.

Desde este flanco, el debate se ha centrado fundamentalmente en la suscripción de acuerdos vinculantes y exigibles para todas las naciones, desarrolladas y en desarrollo, de modo que éstas se obliguen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el objeto de que la temperatura global no continúe su actual escalada ascendente. En este contexto, nuestro país ratificó la CMNUCC en diciembre de 2004, y entre las acciones comprometidas cabe destacar la promulgación de la ley n° 20.257 en Abril de 2008, la cual incorpora, entre otros, el artículo 150 bis a la Ley General de Servicios Eléctricos.

Recientemente estuvo de paso en Chile el señor Todd Stern, principal negociador estadounidense para asuntos del cambio climático de esa nación, quien dictó una clase magistral en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile horas antes de reunirse con el Presidente Piñera, instancia que aprovechó para destacar este compromiso, así como la importancia del acuerdo alcanzado en Copenhague, principalmente por su carácter pragmático y realista.

Sin embargo existe una tercera aproximación al problema del cambio climático, una más controversial aunque menos abierta y debatida, que versa sobre las consecuencias geopolíticas del cambio climático y que atañe directamente a la seguridad nacional de los Estados. Desde esta perspectiva estratégica, la discusión se centra en los problemas claves que deberán afrontar los Estados, y es que las predicciones apuntan a que el mundo del mañana será caótico y violento. En efecto, para autores como Cleo Paskal, del Royal Institute of International Affairs de Londres, las inundaciones, tormentas, la desaparición de los monzones en la India y los colapsos en la agricultura traerán aparejadas enormes consecuencias geopolíticas, económicas y de seguridad para todas las naciones. Por su parte, Jeffrey Mazo, del International Institute for Strategic Studies también de Londres, ha llamado al cambio climático una verdadera amenaza existencial.

Los temores apuntan a las nefastas consecuencias del eventual desplazamiento de poblaciones enteras por el incremento del nivel del mar o por sequías perennes, como por ejemplo, en las estepas de Asia Central. Sin embargo, la principal preocupación –una vez más- se cierne sobre continente africano, en donde más de tres cuartos de la población vive actualmente de la explotación de unos pocos cultivos irrigados principalmente por aguas lluvia. De hecho, un estudio realizado por Marshall Burke de la Universidad de California, que analiza las guerras africanas desde 1980 al año 2002, concluye que existe una relación directa entre el alza de las temperaturas, los problemas en las cosechas, y por tanto en las economías, y el incremento sustantivo de las probabilidades que se desencadenen conflictos bélicos en la zona. De hecho, el estudio llegó a predecir un incremento del 50% en las posibilidades de que acontezcan guerras civiles en África para el año 2030. En la misma línea, Ban Ki Moon, secretario general de Naciones Unidas, describió recientemente la guerra de Darfur, Sudán, como una crisis ecológica, causada en parte por el calentamiento global.

Finalmente, el informe titulado National Security and the threat of climate change, elaborado por el Centro de Análisis Naval y el Instituto de Investigaciones Públicas de Estados Unidos, concluye que el cambio climático representa efectivamente una seria amenaza a la seguridad nacional de esa nación. Y es el que el cambio climático multiplicaría exponencialmente la inestabilidad en las regiones más volátiles del mundo, tales como Asia, África y el Medio Oriente, y elevaría los niveles de tensión y conflicto incluso en las regiones más estables, como los países de la Unión Europa y el mismo Estados Unidos. No en vano las recomendaciones de dicho informe apuntan a que éstas y otras posibles consecuencias del cambio climático, sean plenamente integradas en las estrategias de defensa nacional, así como que la nación adopte desde ya compromisos sustantivos y juegue un rol preponderante en la tarea de estabilizar el clima.

De acuerdo a lo anterior, podemos entender entonces que la visita del señor Stern a nuestro país responde no sólo intereses científicos o jurídicos, sino más bien a políticas estratégicas de defensa bastante establecidas.

26 julio 2010

Estado actual de la discusión en torno al cambio climático en los Estados Unidos

* Cristóbal Jara es egresado de nuestra Facultad, muy pronto será abogado, y es ayudante del CDA.
La elección de Barack Obama fue considerada como la gran oportunidad para que Estados Unidos, por fin, volviera a ser un actor relevante en la lucha contra el cambio climático. Y es que después de ocho años de gobiernos republicanos, abiertamente contrarios a cualquier compromiso vinculante de reducción de emisiones de gases a efecto invernadero (GEI), la llegada de un presidente demócrata prometía cambiar radicalmente las cosas. El recuerdo de Bill Clinton firmando el protocolo de Kioto seguía muy fresco en la retina de muchos.

Sin embargo, el deslucido acuerdo alcanzado en Copenhague volvió a demostrar que nunca las cosas son tan fáciles en política, que la mera voluntad suele no ser suficiente. Y es que sabiendo que no contaba con los votos suficientes para su ratificación en el Senado, Obama evitó asumir compromisos vinculantes. Así, el acuerdo de Copenhague, si bien incluyó aspectos interesantes (que no cabe analizar en esta breve reseña), no genera ningún efecto jurídico para las partes, quedando su cumplimiento sometido a la buena voluntad de los países firmantes. Con esto, algunos tendieron a pensar que los compromisos asumidos por Obama durante su campaña electoral habían quedado en el olvido.

Pero ocurre que los hechos indican que la problemática del cambio climático sigue siendo una de las prioridades de la administración Obama[1] y que están siendo tomadas acciones concretas en este sentido. Por de pronto, actualmente está en discusión en el Senado norteamericano un proyecto de ley (American Power Act) que busca reformar el mercado de la energía para hacer frente al cambio climático. La iniciativa es liderada por los senadores John Kerry (demócrata) y Joseph Lieberman (independiente) pero es apoyada activamente por la Casa Blanca. Este proyecto pretende poner en práctica diferentes medidas destinadas a lograr una reducción de las emisiones, con respecto a 1990, de un 17% para el 2020 y de más de un 80% para el 2050. Sin embargo, considerando que existen otras dos grandes reformas prioritarias para la administración Obama (la migratoria y la del sistema bancario), existe cierto escepticismo en cuanto a que este proyecto pueda convertirse en ley en el corto plazo. Ante este panorama, la Casa Blanca optó por una estrategia bastante pragmática: utilizar las competencias normativas e interpretativas que poseen las agencias administrativas para regular materias ligadas al cambio climático. Con esto se pretende obligar a la oposición republicana a sentarse a negociar el proyecto de ley presentado en el Senado, considerando que es el único lugar en el que puede influir.

A la vanguardia de estas nuevas regulaciones llevadas a cabo por agencias administrativas se encuentra la Environmetal Protection Agency (EPA). En efecto, el 2009 la EPA amplió la aplicación de la “Clean Air Act”, estableciendo un sistema de medición y reporte de las emisiones de GEI. De esta forma, a partir de este año, los mayores emisores de estos gases, como plantas termoeléctricas, industrias químicas y, en general, a cualquier fábrica o instalación que emita anualmente más de 25.000 toneladas métricas de GEI, deberán informarlas a la EPA.

Otra agencia que está realizando una importante labor es la Security Exchange Comission (SEC). A comienzos de este año emitió una guía interpretativa dirigida a todas las empresas que se transan en bolsa, clarificando qué tipo de información debían poner a disposición del mercado en todo lo relativo a los riesgos materiales que enfrentaban con motivo del cambio climático[2]. Según esta guía, las empresas deberían informar tópicos como los siguientes: impactos o consecuencias directas e indirectas de la legislación actual o esperada en materia de cambio climático (incluido tratados internacionales), riesgos ligados a cambios en las tendencias o exigencias del mercado, impactos de los riesgos físicos. Como puede apreciarse, la SEC está entendiendo de manera bastante amplia qué constituye información de interés para el marcado, y por eso las empresas que no le informen adecuada, suficiente y oportunamente a éste podrían enfrentar sanciones.

Por último, cabe destacar también las acciones emprendidas por la Fiscalía del Estado de Nueva York, la cual viene investigando desde el 2007 a algunas compañías eléctricas por considerar que han incumplido sus obligaciones de informar al mercado sobre los impactos financieros que el cambio climático podría provocarles. En la mayoría de los casos se ha evitado llegar a juicio alcanzando acuerdos entre las partes. Sin duda, el más paradigmático es el acuerdo en noviembre del año 2009 entre la fiscalía de NY y la empresa AES[3], matriz de la chilena AES Gener. En virtud de este, la compañía se comprometió a poner a disposición del mercado la siguiente información: análisis del riesgo financiero que deriva de la regulación sobre GEI, análisis del riesgo financiero derivado de actuales o eventuales litigios, análisis del riesgo financiero relacionado con los impactos físicos del cambio climático. Además, deberá hacer público su postura frente al cambio climático, la gestión de sus emisiones de GEI (incluido la medición de sus emisiones actuales, las esperadas, y la estrategia para reducirlas), así como también la forma en que su gobierno corporativo se estructura para hacer frente a este desafío.

En definitiva, lo que demuestran situaciones como las descritas es que la incorporación de Estados Unidos a la lucha contra el cambio climático no pasa necesariamente por la aprobación de una ley. Como vimos, existen diferentes iniciativas que le están dando a esta problemática un lugar preponderante en la vida política de ese país. Es de esperar que esta tendencia se mantenga para que todos los sectores políticos terminen sentándose a negociar. Si eso ocurre, la aprobación de la ley sobre cambio climático constituiría la mayor de las paradojas: terminaría siendo el camino más deseado por aquellos sectores que se oponen a ella.

09 julio 2010

Co-Directora del CDA participa en SIEL 2010 junto al Prof. Polanco


La Co-Directora del CDA se encuentra desde ayer en Barcelona, participando de SIEL 2010. Se trata de la segunda conferencia global de la Sociedad de Derecho Internacional Económico, que se desarrolla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y su programa IELPO LLM.

La Prof. Valentina Durán expondrá junto al Profesor Rodrigo Polanco, encargado de asuntos internacionales de la Facultad y profesor de Derecho Internacional Económico, en un panel sobre régimen internacional del cambio climático y comercio multilateral, desde una perspectiva latinoamericana. Este panel es organizado por el International Center for Trade and Sustainable Development, ICTSD, con sede en Ginebra, bajo la responsabiliad de Marie Wilke, y será presidido por Ricardo Meléndez-Ortiz, Director Ejecutivo del ICTSD.

SIEL 2010 reúne a expertos en derecho internacional económico de alto nivel, tanto académicos como prácticos y oficiales alrededor del mundo, en el espíritu de reflexionar en torno a los tres pilares fundamentales del derecho internacional económico, constituido por las políticas de comercio, inversión y monetarias, y la relación entre estos pilares y otras ramas del derecho como el derecho del cambio climático y, por cierto, el derecho ambiental.

Ceremonia inaugural en el Saló de Cent, en el Ayuntamiento de Barcelona.


Compartir en tu Facebook


20 diciembre 2009

¿Y cómo continuar luego de la COP 15? por Pilar Moraga*

*Pilar Moraga es Académica-Investigadora. Centro de Derecho Ambiental. Desde Copenhague para el blog del CDA.

A fines de la primera semana de negociaciones de la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático, la prensa europea dio a conocer un texto preparado por el Grupo de los 77 y China, cuyos portavoces eran Brasil, Sudán, África del Sur y China. En él se transparentaba la posición de los países en desarrollo, llamados“emergentes”, respecto del nuevo periodo de compromisos de negociación. Estos países manifestaban su voluntad de extender el período de compromisos de Kyoto hasta 2017 ó 2020, enfrentándose así a la posición europea que, por el contrario, considera que este instrumento sólo cubre un tercio de las emisiones y que por esta razón no es eficaz para detener el calentamiento global. A lo anterior se sumaba la voluntad de estos países de crear un fondo internacional destinado al financiamiento de la adaptación y mitigación de los países pobres, el cual debiera ser alimentado por los países “ricos” y administrado por la Organización de Naciones Unidas. El punto de mayor relevancia era tal vez, la abierta intención de no contraer compromisos vinculantes y, por el contrario, adoptar acciones voluntarias.


Durante los días que siguieron, la Unión Europea a través de su representante sueco, hizo un llamado a Estados Unidos y China a adquirir obligaciones vinculantes, mientras que el presidente de Venezuela precisó que no se podría pretender igualar la situación de ambos países, si se considera que si bien su contribución al calentamiento global es similar, la envergadura de la población china, no hace posible equiparar ambas realidades. Venezuela solidariza así con el Estado Chino, sin hacerse cargo de su propia problemática, cual es el de ser uno de los principales productores de petróleo del mundo.


El mismo G77 + China, entraron en una discusión muy tensa al percatarse tres días antes de finalizar la COP 15, que paralelamente al texto elaborado por los grupos de trabajo relativos a la cooperación a largo plazo y al protocolo de Kyoto, circulaba un segundo documento, proporcionado por la presidencia danesa, cuyo contenido ellos desconocían. Brasil, Sud-África, India y China acusaron al proceso de poco democrático y exigieron a la presidencia dar garantías suficientes para asegurar la legitimidad del texto preparado por los grupos de trabajo mencionados. Durante dichas discusiones se reafirmó la idea de rescatar el Protocolo de Kyoto como instrumento de la lucha contra el calentamiento global y la nula intención de asumir compromisos vinculantes.


Llegados los mandatarios de alrededor de 130 paises, el panorama no mejoró, y como lo señala lap rensa europea, los mandatarios se limitaron a salvar “por un pelo” el fiasco de Copenhague.


Los resultados fueron decepcionantes, especialmente para los europeos, quienes frente a un acuerdo entre Estados Unidos y China, no lograron hacer pasar el mensaje sobre la necesidad de asumir obligaciones. El resultado fue la elaboración de un texto de tres páginas, no vinculante, en el cual además casi no se menciona al Protocolo de Kyoto, no se establecen compromisos vinculantes, entregando la lucha contra el calentamiento global a acciones voluntarias de los países, respecto de las cuales no se prevé un mecanismo de control de cumplimiento. En este sentido China fue muy drástica al negarse a cualquier tipo de fiscalización internacional que atente contra su soberanía.


Entre los avances positivos, pero muy incipientes, se puede mencionar la creación de un fondo destinado a asumir los costos de la adaptación, pese a lo cual los países pobres, directa y gravemente afectados por el cambio climático, terminaron la gran cumbre con el sentimiento de frustración de haber vuelto a sus países tal como llegaron a Copenhague el 7 de diciembre último.


El mayor desarrollo de proyectos REDD+, mecanismo de lucha contra la deforestación y la degradación, representa también uno de los avances tímidos, pero positivos alcanzados en esta cumbre.


Las conclusiones de la COP 15 son preocupantes para nuestro país, considerado vulnerable conforme a 7 de los 9 criterios establecidos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Ya existen manifestaciones concretas del cambio climático en el campo de la agricultura, la desertificación y los glaciares, con las repercusiones económicas que ello con lleva para nuestro país. Se anuncia además el aumento de refugiados del calentamiento global, provenientes de aquellos países que están en proceso de desaparición, especialmente por el aumento del nivel del mar, hacia paises que además poseen estándares de pobreza alarmantes.


En este contexto es posible afirmar que el futuro es incierto, la buena voluntad de los Estados no es suficiente para enfrentar un problema cuya solución no puede entregarse a decisionespolíticas claramente marcadas por intereses económicos, cuya vocación no es velar por la supervivencia del planeta, ni por la vida humana. Como lo demuestra la lucha a favor de la protección de la capa de ozono, deberá buscarse una alternativa económica que transforme las economias verdes en las más competitivas. Lograrlo es aún una incertidumbre.


19 diciembre 2009

Noticias de la COP15

La COP 15 terminó.

(Ministros Uriarte y Tokman en primera plana en la página danesa de la COP15.

Detrás, Alvaro Sapag Director de la CONAMA)

El texto se pudo firmar luego de un intenso debate que se prolongó durante toda la noche. (EMOL): COPENHAGUE.- La Cumbre sobre el cambio climático de Copenhague logró hoy un acuerdo de mínimos, pese a la oposición de varios países y después de un intenso debate que se prolongó durante toda la noche.

La presidencia de la conferencia anunció que había “tomado nota del acuerdo de Copenhague del 18 de diciembre de 2009,” que incluirá en su encabezamiento una lista de los países contrarios al texto.

La ONU recurrió a esta fórmula para hacer operativo el acuerdo, que fue duramente criticado como ilegítimo por países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Sudán.

Para que pudiera convertirse en un acuerdo de Naciones Unidas, debía ser adoptado por unanimidad por los 192 países presentes en la conferencia.

El texto estaba siendo negociado desde el jueves y fue cerrado el viernes por el presidente de EEUU, Barack Obama, en una reunión con varios jefes de Estado y finalmente con China, India y Sudáfrica bajo mediación de Brasil.

Se trata de un acuerdo de mínimos tras el fracaso de 12 días de negociaciones en Copenhague para lograr un texto ambicioso que suceda en 2012 al Protocolo de Kioto, el único tratado que obliga a 37 naciones industrializadas y la UE a recortar sus emisiones de dióxido de carbono.

El acuerdo, de carácter no vinculante, está muy lejos de las expectativas generadas en torno a la mayor reunión sobre cambio climático de la historia, y no fija objetivos de reducción de gases.

Sin embargo, sí establece un total de 10.000 millones de dólares entre 2010 y 2012 para que los países más vulnerables afronten los efectos del cambio climático, y 100.000 millones anuales a partir de 2020 para mitigación y adaptación.

03 noviembre 2009

Destacan gestión del sector forestal como instrumento para combatir calentamiento global

De Comunicaciones Derecho:
Diálogo ambiental
Invitados nacionales y extranjeros expusieron en el encuentro convocado por el Centro de Derecho Ambiental.

Reunidos en un encuentro convocado por el Centro de Derecho Ambiental, expertos analizaron los potenciales de energía limpia y captación de carbono que tendría una buena administración del recurso forestal en Chile.

13 octubre 2009

Cambio Climático y Sector forestal: oportunidades hacia Copenhague 2009, por Pilar Moraga y Julián Cárdenas

El CDA invita a un nuevo Diálogo sobre Institucionalidad y gestión ambiental. El tema de esta XI sesión será "Cambio Climático y Sector forestal: oportunidades hacia Copenhague 2009" y tendrá lugar el jueves 15 de octubre entre 13:15 y 15:00 hrs, en la Sala de Videcoconferencias de Santa María 076, piso 6, en la Facultad de Derecho de la U. de Chile.
Presentará la Prof Pilar Moraga y expondrán Aquiles Neuenschwander de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, Aldo Cerda, de Fundación Chile, y Analisa Saveresi, investigadora de la Fac. de Derecho de la Universidad de Copenhague y consultora de la IUCN. Como siempre es una actividad gratuita con cupos limitados. Inscripciones. El siguiente es el texto de convocatoria*.

--------------------------------

La deforestación y degradación de los bosques[1] han sido históricamente responsables del aumento de gases de efecto invernadero, representando alrededor del 17,3% de las emisiones antropocéntricas de dióxido de carbono, lo que ubica a estas prácticas en la segunda fuente de emisión, luego de la quema de combustibles fósiles[2].

Pese a lo anterior, la regulación internacional del cambio climático[3] ha sido reticente a incluir estas actividades dentro de los mecanismos de reducción de emisiones. Esta situación se explica principalmente por las dificultades que presenta la elaboración de metodologías capaces de estimar la reducción efectiva de emisiones, lograda por la no realización de ciertas iniciativas de deforestación y/o degradación.


Según el Banco Mundial el costo de conservar los bosques consistiría en alrededor de US$5 por tonelada de CO2e, es decir, menos de la mitad del valor que actualmente reciben otros bonos de carbono en Europa[4]. El Secretariado de la UNFCCC por su parte, considera que un mercado de carbono obligatorio podría valorarse en US$ 100 billones en el año 2030[5]. Dichas proyecciones resultan tentadoras en el ámbito forestal, pero falta implementar los incentivos necesarios para que los particulares puedan invertir en este tipo de proyectos REDD[6].

Diferente es la situación de las actividades de forestación (plantar donde nunca ha habido árboles) y reforestación (volver a plantar donde alguna vez hubo árboles), las cuales si han sido incluidas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), registrando a la fecha 8 de proyectos a nivel mundial.

En el caso de nuestro País, la dictación del DL 701 sobre fomento forestal el año 1974, da un impulso al desarrollo del sector forestal chileno, en el que predominan especies exóticas de rotaciones cortas y gran productividad maderera. Sin embargo, las oportunidades de desarrollo de proyectos forestales para captura de carbono dependen del tipo de proyecto.

En el caso de los relacionados con la forestación y reforestación, aceptados en el MDL, estos constituyen una atractiva alternativa de emprendimiento para el sector público y privado, especialmente en lo que se refiere a la comercialización de créditos de carbono. En contraste con lo anterior, los proyectos REDD o de gestión forestal, al no estar incluidos en el MDL no constituyen aun una opción rentable en el mercado de bonos de carbono. Pese a ello, existiría una tendencia a pensar que las negociaciones internacionales se dirigen a incluir este tipo de iniciativas en el contexto de la mitigación, lo que los convertiría en una clara oportunidad de desarrollo.

En este sentido cabe resaltar el contenido de la primera comunicación nacional, la cual subraya el hecho de que las medidas de mitigación más efectivas realizadas por nuestro país, se centraron en el aumento de la captura de CO2 en la actividad silvícola (plantaciones forestales de pino insigne y eucaliptos). Los resultados económicos obtenidos parecen muy positivos para el sector público y privado y las medidas propuestas muy efectivas. En efecto, la primera comunicación nacional anunció que un 25% de las emisiones del caso base lograrían ser reducidas[7].

Es necesario considerar además que tanto el desarrollo de nuevos bosques, como la conservación de los ya existentes, permiten por una parte, el ingreso de flujos de dinero proveniente de países desarrollados y por otra, generan una serie de externalidades positivas que permanecen en el territorio nacional. Es por esto, que aprovechando los incentivos internacionales al desarrollo de dichas actividades, las políticas nacionales debiesen enfocarse en fomentar, coordinar y apoyar el desarrollo de proyectos que se enmarquen dentro de los objetivos nacionales.


En atención a lo anterior, la reducción de las emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo ha sido considerado una situación urgente que debe ser abordada por el marco regulatorio internacional del cambio climático[8]. En este sentido la última etapa antes de la decimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático a realizarse en Copenhague, Dinamarca, en diciembre próximo, constituye una gran oportunidad para países como el nuestro, que pueden encontrar en el calentamiento global posibilidades de desarrollo económico en armonía con la protección ambiental

----
* Documento preparado por Pilar Moraga, Académica-Investigadora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) junto a Julián Cárdenas, alumno del taller de memoria “Conflictos Ambientales en el caso de los proyectos energéticos”. Se agradecen los aportes y comentarios de Valentina Durán, coordinadora de investigación CDA, Jorge Aranda, ayudante del CDA y a Javiera Herrera, egresada de la Facultad de Ciencias Agronómicas.

[1] REDD por sus siglas en inglés.
[2] IPCC. Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Resumen para responsables de políticas, Grupo Intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Ginebra, Suiza, 2008, p 36. Disponible en http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf.
[3] Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), Protocolo de Kyoto.
[4] GLCA. Framework for a Post-2012 Agreement on Climate Change: Op cit., p. 7.
[5] STERN, Nicholas. Op. Cit, pp 24-25.

[6] STERN, Nicholas. Op cit., p 28.
[7] Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2208-2012, p.20.
[8] STERN, Nicholas. Key elements of a global deal on climate change. En: The London School of Economics and Political Science. United Kingdom, April 2008. University of London, pp 24-25.

01 julio 2009

MDL y fomento ERNC por Solange Villarroel*

*Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Diplomada en Gestión Social de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma casa de estudios, ayudante del Centro de Derecho Ambiental, Memorista del Programa Domeyko Energía Medio Ambiente y Regulación y parte del equipo que representó a la Facultad de Derecho en The Copenhagen Competition.


Se encuentra asentado en la comunidad internacional, que el aumento observado del promedio mundial de temperaturas desde mediados del siglo xx se debe en su mayor parte al aumento de GEI (gases efecto invernadero) de origen antropógeno, (IPCC 2007, pág.39) y que el 56,6% de esas emisiones se deben al uso de combustibles fosílicos. (IPCC 2007, pág.36)

En ese contexto a fin de lograr el objetivo último de la Convención, que es “lograr la estabilización de las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera a nivel que impida las interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático “ (art.2), se hace imperativo una transformación estructural en las matrices energéticas de los países.

Para lograr dicho objetivo, muchos países han desarrollado sistemas de incentivos para insertar energías más limpias en sus matrices. Ésa línea es la que ha seguido Chile con la publicación el 1 de abril del año pasado de la Modificación a la ley de servicios eléctricos, respecto a la generación de energía con energías renovables no convencionales donde se estableció la obligación de que el 10% de la energía que se inserta al sistema, provenga de ERNC. Más información .

Esta ley por muchos sectores aplaudida, desde el punto de vista del MDL, ha causado algunas dudas respecto a si el requisito de la adicionalidad (art.12 n°5 c Protocolo de Kyoto) podría verse mermado ante la “obligación” impuesta por mencionado cuerpo normativo.

Por lo tanto, a fin de aclarar este punto y no frenar futuras iniciativas por éste motivo, he encontrado respuestas a esta inquietud desde dos ámbitos: el primero de ellos tiene una base jurídica y considera la modificación a la ley como un “incentivo” y la segunda respuesta viene desde el mundo de la praxis y pone en duda el carácter de incentivo que tendría la ley.

  1. Si la ley fuera un real incentivo

En las modalidades & procedimientos establecidos para el MDL, en el párrafo 45 se dispone que la base de referencia se establecerá (entre otros) e) Teniendo en cuenta las políticas y circunstancias nacionales y/o sectoriales pertinentes, como las iniciativas de reformas sectoriales, la disponibilidad local del combustible, los planes de expansión del sector energético y la situación económica en el sector del proyecto.

Más tarde en los reportes EB16 anexo 3 p.1 y EB22 anexo 3 de la Junta Ejecutiva, ésta aclara que las políticas adoptadas con posterioridad a Marrakech (11 nov.2001) y que favorezcan tecnologías con menos emisiones no requieren ser consideradas para identificar la línea de base y que las políticas que favorezcan tecnologías con mayores emisiones sólo serán consideradas si son anteriores a Kyoto (11 dic. 1997).

  1. Considerando que no es un incentivo real

Desde el punto de vista práctico, la consulta a un desarrollador de proyectos reveló lo siguiente: a.) La DOE no ha tenido problemas en considerar que la ley no afecta la adicionalidad del proyecto. b.) Según su opinión esto es debido a que no está claro como se aplicará el incentivo, en la medida que no hay obligación de licitar el % de ERNC, si de hecho puede ser proveído por las mismas empresas, lo que según el entrevistado se encuentra sucediendo. c.) Reafirma lo anterior, el hecho que no es posible agregarle valor en los flujos del proyecto por este concepto, es decir por la “futura” obligación que tendrían de compra ante este tipo de proyectos. Por ejemplo en el caso del entrevistado, cuando se negoció el crédito en el banco, este último sólo estuvo dispuesto a considerar que la ley sería un potencial upside sin agregarle valor monetario, lo que se condice con la realidad debido a que el dueño del proyecto aún no ha podido vender o asignarle valor a kw que generará.

Conclusión

Como pudimos observar, en ambos escenarios la norma no constituye un obstáculo para el desarrollo de proyectos MDL y más aún, conforme al tratamiento que le ha otorgado a este tema la Junta Ejecutiva, se encontraría la puerta abierta a políticas mucho más atrevidas de fomento a este tipo de tecnologías.

-----------

Agradecemos a María Luz Farah, Consultora de POCH Ambiental S.A. por la información proporcionada.

02 mayo 2009

Upgrade* a Mundo Empresarial y Cambio Climático por Rodrigo Galleguillos**

* Esta entrada es el comentario que el autor realizó a Mundo Empresarial y Cambio Climático por Pilar Moraga


**Rodrigo Galleguillos es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y formó parte del equipo que representó a la facultad en "The Copenhagen Competition"



Es lamentable constatar que la visión del cambio climático, expuesta en el artículo precedente por la autora, está muy extendida entre los empresarios. Un gran porcentaje del empresariado parece reducir la discusión ambiental a una pelea en blanco y negro, entre el "progreso" y el "ecologismo".

Esta situación puede producir impotencia e, incluso, rabia entre aquellos ciudadanos que desearían ver empresas realmente preocupadas por el medio ambiente. Refunfuñar, criticar y alegar incomprensión es ciertamente una posibilidad.

Sin embargo, la misma situación puede ser considerada como un reto para aquellos empresarios y/o emprendedores que sepan comprender y adaptarse a las condiciones que los gobiernos y consumidores imponen (e impondrán) como consecuencia del cambio climático. Así, tal como los dinosaurios sucumbieron ante los cambios que sufrió nuestro planeta, dejando paso a formas de vida que sí supieron adaptarse, las industrias que no se adapten a las nuevas circunstancias también sufrirán esta especie de "darwinismo económico".

En tal sentido, es posible rescatar algunos ejemplos. A comienzos de esta década, cuando surgió el boom del MP3 y las descargas por internet, las grandes compañías discográficas - en vez de adaptarse a los nuevos tiempos - se enfrascaron en innumerables litigios judiciales, tratando de mantener "su" esquema de negocios. ¿El resultado? Perdieron clientes y mercados frente a nuevas compañías que, dentro de la legalidad y respetando los derechos de propiedad intelectual, crearon nuevas formas de hacer negocios online (I-tunes de Apple, myspace y youtube como medios de promoción, generación de ingresos a través de recitales, videojuegos, etc.). La música no murió, como fue anticipado por los "expertos": sólo encontró nuevas formas de comercialización y distribución, generando nuevas industrias y empleos.

Una situación similar es la que actualmente atraviesan las automotrices norteamericanas. Acostumbradas a su liderazgo, no fueron capaces de prever - cuando estaban en buen pie - los desafíos que presentaba para la industria automotriz la escasez de hidrocarburos. En vez de anticiparse a la demanda por autos eléctricos, híbridos o - simplemente - más eficientes, sucumbieron ante sus competidores japoneses, quiénes supieron adaptarse a los retos ambientales y económicos.

Y respecto al Cambio Climático, existen innumerables ejemplos de empresas que han logrado posicionarse en sus respectivos mercados, manteniendo un estándar acorde al desarrollo sustentable.

Novozymes es una empresa danesa, que produce enzimas destinadas a reemplazar químicos en los procesos de producción. En la India, por ejemplo, trabajaron en el proceso de producción y tintura de telas, reemplazando sustancias químicas nocivas con el medio ambiente por agentes biodegradables. ¿El resultado? casi nulo impacto ambiental, disminuyendo ostensiblemente la polución de los ríos y generando mejores condiciones de vida para su comunidad; generando ingresos por ello.

Asimismo, existen empresas que han visto una oportunidad de negocios en el combate al cambio climático. CarbonFootprint se dedica a calcular la "huella de carbono" que cada uno produce en el día a día, ofreciendo la oportunidad de compensar dichas emisiones con la compra de bonos de carbono. De igual modo, la página web ofrece una alternativa a las tradicionales “listas de novios”, ofreciendo la posibilidad de plantar árboles en nombre de la pareja en cuestión.

Un servicio similar es ofrecido por ciertas líneas áreas internacionales, donde es posible calcular cuánto emitirás por volar a un destino determinado y puedes - en la misma página web - comprar los CER (certificado de reducción de emisiones) equivalentes a lo que estás contaminando. Huelga decir que no faltará mucho tiempo para que algún emprendedor chileno desarrolle alguna de estas ideas en el país.

En conclusión, es una lástima que aún existan sectores del empresariado que no se adapten a los nuevos tiempos. Lamentablemente, tal como ocurrió con las discográficas y como está ocurriendo con las automotrices americanas, las empresas que no sepan adaptarse se hundirán, trayendo consigo trabajadores y familias enteras. Sin embargo, las fuerzas del mercado proclives al desarrollo sustentable sabrán encontrar sus espacios y, muy probablemente, generarán nuevas industrias, empleos y permitirán abrir nuevos mercados a nivel regional. Si en el Siglo XX la causa ética del mundo fueron los derechos humanos, en el siglo XXI ésta será el desarrollo sustentable. Y tal como los consumidores exigieron que sus zapatillas hechas en China cumplieran con ciertos estándares laborales de fabricación, los consumidores exigirán que sus productos sean producidos respetando el medio ambiente, teniendo la menor “huella de carbono” posible en la producción, distribución, comercialización y almacenamiento final de éstos.Y es de esperar que los empresarios que provean dichos productos y servicios, provengan de nuestra generación. Así... ¿quién sabe si la próxima Novozymes no nacerá de jóvenes profesionales chilenos?




Fotografía: http://www.naturesgreenreleaf.com/Links.htm

18 abril 2009

Mundo Empresarial y Cambio Climático por Pilar Moraga Sariego*



*Doctora en Derecho
Investigadora Centro de Derecho Ambiental




Un diario de circulación nacional (La Nación, 12 de abril de 2009) se refirió a la participación del gerente de operaciones y medio ambiente de la SOFOFA, Sr. Jaime Dinamarca, en el seminario organizado en Coyhaique: Energía en Aysén: Una visión de Futuro. Dicho artículo destaca el cuestionamiento que el aludido hace al fenómeno del calentamiento global y al contenido del informe del IPCC, 2007 (Panel Científico Intergubernamental sobre Cambio Climático), en el que se concluye que este problema global es consecuencia de la actividad humana. Además subraya la eventual “arremetida” que el expositor habría realizado en contra de las organizaciones ambientalistas.

Cabe aclarar al respecto al menos dos puntos importantes:

  • Que el calentamiento global dista bastante de ser un problema únicamente ambiental y que también lo es, y sustancialmente, económico (Informe Stern).
  • Que los mercados internacionales evolucionan claramente hacia la necesidad de dar respuesta a este problema planetario, a través de la incorporación de conceptos tales como: la “huella del carbono” o la “limitación de emisiones sectoriales”.

Lo anterior no es una opinión personal, sino una mera transcripción de la voluntad expresada por los líderes mundiales, entre los cuales se encuentra la actual administración americana. Este es un periodo sensible en la materia, pues las discusiones internacionales están buscando dar contenido al nuevo periodo de compromisos que seguirá al Protocolo de Kyoto a partir del 2012 y que se espera, tomará forma definitiva en la Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático en Copenhague, en Diciembre 2009.

Negar esta realidad puede significar no sólo no contribuir a la “gran causa ética del siglo XXI”, sino además una gran pérdida de competitividad para las empresas nacionales, las cuales de no prepararse no estarán en condiciones de responder a los nuevos estándares internacionales que se perfilan, ni de aprovechar las nuevas oportunidades económicas que ofrece el calentamiento global.

*Imágen http://www.chrismadden.co.uk/eco/Noah%27s-Ark-climate-change.jpg