Siguiendo opiniones anteriores reproducidas en este blog, sobre Institucionalidad Ambiental y sobre la Tramitación del Proyecto de Ley que da rango de Ministro al Pdte del Consejo Directivo de la CONAMA de Rafael Asenjo, Valentina Durán (1º + Gonzalo Medina), (2ª comentada por Leonidas Montes y Sergio Praus) , Hernán Durán, Nicolo Gligo, Luis M. Rendón y Raúl O'Ryan , reproducimos a continuación la Columna de Rodrigo Pizarro, director ejecutivo de Fundación Terram, publicada en La Nación, el 29 de mayo de 2006.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó la idea de legislar, respecto al proyecto de ley que crea el cargo de presidente de la Conama y otorgarle rango de ministro de Estado. La iniciativa cumple con uno de los compromisos de la Presidenta Michelle Bachelet, así como un reconocimiento de prácticamente todos los sectores de la sociedad de la necesidad de contar con un Ministerio de Medio Ambiente.
Este es el primer paso en una reforma institucional mayor en la materia. El Gobierno se compromete a la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, de una Superintendencia de Fiscalización y de un Servicio Nacional de Parques. Todos requisitos fundamentales para avanzar hacia un sistema institucional más coherente con las necesidades de Chile.
Dado el carácter unitario del país y la gestión gubernamental sectorial, a principios de los '90 se optó por una institucionalidad coordinadora, dejando la formulación e implementación de políticas en manos de los ministerios sectoriales, para sólo ser coordinada por la Conama, un servicio transversal y dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El carácter sectorial -pero coordinado- de la política ambiental se expresa en el órgano político máximo: el Comité de Ministros de Conama, donde participan los ministerios sectoriales. Éste es presidido por la ministra de Segpres, quien es presidenta de la Conama y, además, cuenta con una serie de funciones específicas que, en los hechos, la convierten en ministra de Medio Ambiente; por ejemplo, en la aprobación de normas. La propuesta del Ejecutivo apunta a crear el cargo de presidente de Conama independiente de la Segpres y, eventualmente, traspasando las atribuciones y funciones de la ministra de la Presidencia en materia ambiental, a este nuevo funcionario de dedicación exclusiva (aunque esto último no se explicita en el proyecto de ley). Desafortunadamente, la iniciativa legal no puede traspasar las funciones de carácter administrativo al nuevo titular, pues no cuenta con Ministerio. Por esto, el proyecto es confuso respecto de las funciones específicas de los titulares de la Presidencia, Conama y el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, que no tendría las funciones específicas establecidas por el proyecto de ley. Eventualmente, en la reforma institucional mayor será necesario resolver las confusiones administrativas y delimitar claramente las funciones y atribuciones de cada uno de estos funcionarios. A lo menos, será necesario traspasar todas las funciones y atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia -y algunas de la dirección de Conama- al nuevo ministerio; por ejemplo, funciones normativas sobre calidad y emisión, y declaración de zonas saturadas.
La propuesta del Ejecutivo debe ser entendida como un primer paso necesario y absolutamente fundamental para avanzar en la reforma mayor. Pero no puede ser concebida como una estructura institucional permanente, pues, a menos que se reforme administrativamente el engendro diseñado será incluso peor que el actual esquema institucional.
24 mayo 2006
Intendente conforma mesa de trabajo con diputados
Intendente Metropolitano conforma mesa de trabajo con diputados para abordar la descontaminación de Santiago
(Diario de la Cámara de Diputados, 23/05)
La instancia fue creada por Víctor Barrueto y en ella participarán diputados de la RM, dos por cada bancada.
A la constitución del grupo asistieron 17 parlamentarios, quienes acordaron que la instancia tendrá plazo de un mes para llegar a "acuerdos y conclusiones" para lograr la descontaminación de Santiago. La instancia comenzará a sesionar el próximo martes. Barrueto dijo que "esperamos en el plazo máximo de un mes tener un acuerdo importante con base técnica y respaldo político para la actualización del plan de descontaminación". Durante el encuentro se hizo un "largo inventario de proposiciones e inquietudes" que nacieron de los antecedentes que entregó el grupo de expertos y también de la autoridad ambiental.
La instancia fue creada por Víctor Barrueto y en ella participarán diputados de la RM, dos por cada bancada.
A la constitución del grupo asistieron 17 parlamentarios, quienes acordaron que la instancia tendrá plazo de un mes para llegar a "acuerdos y conclusiones" para lograr la descontaminación de Santiago. La instancia comenzará a sesionar el próximo martes. Barrueto dijo que "esperamos en el plazo máximo de un mes tener un acuerdo importante con base técnica y respaldo político para la actualización del plan de descontaminación". Durante el encuentro se hizo un "largo inventario de proposiciones e inquietudes" que nacieron de los antecedentes que entregó el grupo de expertos y también de la autoridad ambiental.
Declaraciones
El diputado RN Cristián Monckeberg calificó como "una esperanza" que la mesa logre dar con las necesarias soluciones a la contaminación. A su juicio, las medidas que se deben tomar son reforestar; desincentivar el uso del vehículo, analizar el impuesto al diesel diferenciado respecto de las gasolina, pavimentar calles de tierra, trasladar a empresas contaminantes y tener un sistema de medición distinto al actual.
El diputado Roberto Sepúlveda (RN) celebró que "por primera vez un intendente da la cara y no quiere esconder el problema debajo de la alfombra; hay que parar de una vez por toda el crecimiento inorgánico que tiene la Región", enfatizó.
El diputado Enrique Accorsi (PPD) demandó entregar más información a la gente, por lo que pidió que en los informes del tiempo se agreguen los índices de la calidad del aire.
La diputada socialista Denise Pascal demandó una "autoridad medioambiental fuerte" que coordine a la "diversidad de instituciones que participan hoy en la regulación". "Es muy difícil cuando hay ocho o nueve instituciones del Estado que están involucradas en la búsqueda de mejoramiento de la contaminación, difícil que trabajen coordinadas", enfatizó. Agregó que otro tema preocupante "es la falta de fiscalizadores para controlar todas las medidas que se toman". Indicó que la RM tiene de 5 a 8 fiscalizadores para controlar todas las medidas que se toman "y eso es francamente insuficiente". Demandó también evaluar cómo se fiscaliza.
22 mayo 2006
Contaminación de Santiago "cita cumbre"
Sergio Montenegro, Director del CDA, en reunión con el Intendente de la Región Metropolitana, Víctor Barrueto, y expertos en medio ambiente, organizada por Reportajes de El Mercurio."Yo aún no tengo a la mano estudios que demuestren cómo en países como EE.UU. los permisos de emisión transables han sido el gatillante de mejoras sustanciales".
Medidas anunciadas por el Intendente Barrueto y artículo completo en El Mercurio del domingo 21 de mayo.
19 mayo 2006
Nueva Fecha para el "Primer Diálogo"
No siendo del todo óptimas las condiciones para recibir a nuestros invitados, a dos horas de su inicio, la Coordinadora de Investigación del CDA decidió suspender el Diálogo que tenía como tema "Las funciones de la Contraloría en materia ambiental". Quedó como nueva fecha el 25 de mayo de 12:30 a 14:30 en la Sala de Facultad. Quedan pocos cupos.Interesados solicitar inscripción en cda@derecho.uchile.cl.
16 mayo 2006
Inauguración Diálogos sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental
PRIMERA SESION: “LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MATERIAS AMBIENTALES”
Sala de Facultad, Facultad de Derecho Universidad de Chile, jueves 18 de mayo 12:30-14:30 hrs.
Esta iniciativa se enmarca en el Programa “Institucionalidad y gestión ambiental para el Chile del Bicentenario”, que iniciamos en marzo pasado, con el objeto de centrar nuestros esfuerzos de investigación y extensión, en el apoyo al proceso de reflexión iniciado en el país en torno a la reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. En este primer Diálogo abordaremos el papel de la Contraloría General de la República en el control de la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental y en general, en la justicia administrativa. Comentaremos especialmente el efecto de recientes dictámenes en el ámbito de las autorizaciones y de la fiscalización ambiental.
PROGRAMA
- 12:30. Bienvenida al Primer Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental.
- 12:40. Exposición: “La función de la CGR y la fiscalización ambiental”. Por Iris Vargas, Abogada de la División Jurídica de la Contraloría General de la República.
- 13:00 – 13:30. Comentarios a la exposición, por: Luis Cordero, Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Gonzalo Cubillos, Socio de Barros & Errázuriz Abogados. Profesor del curso “Actividades Económicas y Regulación Ambiental”, en el Magíster de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Mario Galindo, Abogado del Estudio Cariola Diez-Pérez Cotapos y Cia. Ltda. y profesor del Magíster en Derecho y del Magíster en Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
- 13:30 – 14:30. Discusión abierta
CUPOS LIMITADOS: Solicitar inscripción hasta el miércoles 17/05 al Fono (02)9785354, o al correo cda@derecho.uchile.cl ATENCION: 17/05, 12:30 HRS. SE CERRARON LAS INSCRIPCIONES POR HABERSE COMPLETADO LA CAPACIDAD DE LA SALA. AGRADECEMOS EL INTERÉS MANIFESTADO Y LOS INVITAMOS A SEGUIR ATENTOS A NUESTRA PRÓXIMA ACTIVIDAD.
12 mayo 2006
Desafíos Medio Ambientales para el Bicentenario
Por Raúl O’Ryan.
Prof Centro de Economía Aplicada, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.
Columna publicada en La Segunda el 12/05/06.
La discusión sobre la futura creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de la Superintendencia Ambiental a veces hacen perder de vista el para qué se necesitan estos cambios institucionales. Recordemos que la reciente evaluación del desempeño ambiental de Chile realizada por la OECD y CEPAL señala que ha habido desde 1990 “un mayor énfasis en la protección ambiental”, pero luego hace 52 recomendaciones específicas para fortalecer el progreso hacia un desarrollo sustentable. Se concluye que hay un largo camino por recorrer hasta alcanzar la “convergencia ambiental con la mayoría de los países de la OECD”.
Claramente es necesario profundizar la intervención en ciertos ámbitos específicos, en particular en el manejo de recursos naturales y de la diversidad biológica. La institucionalidad debe hacerse cargo de problemas recurrentes tales como la mantención de un subsidio que incentiva la sustitución de bosque nativo, problemas de contaminación del aire urbano, regulación de sustancias tóxicas, calidad de aguas en ríos y lagos y asociados a plantaciones. Pero además debe ser flexible y abordar en forma rápida problemas nuevos que requieren atención urgente, ya sea para proteger la salud, una especie o ecosistema, o un mercado de exportación amenazado por acusaciones con poco fundamento. Una deficiencia relevante en la gestión de la biodiversidad es que el estado de conservación y el funcionamiento de los ecosistemas continúan siendo poco conocidos y muchos ecosistemas y habitats significativos están subrepresentados en el sistema de áreas protegidas.
Lo anterior exige aumentar la capacidad del Estado para identificar las acciones prioritarias –no se puede hacer todo- y asignar los recursos necesarios para hacerse cargo de éstas. Por ejemplo, en el programa priorizado de normas hay cerca de 20 propuestas sobre las que no se ha podido avanzar debido a la falta de recursos técnicos, humanos e información para hacerlo. Se están discutiendo nuevas normas, pero ello no tiene sentido si no están los recursos para hacerse cargo. A nivel regional se requieren mejores recursos humanos para apoyar la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. Sin priorización y sin recursos, cualquier nueva institucionalidad no es creíble.
Los problemas que se deben abordar son de una mayor complejidad que hace 15 años. El medio ambiente se ve afectado por el desarrollo del transporte, el sector energético, el desarrollo urbano y múltiples decisiones individuales que en el agregado tienen efectos importantes (por ejemplo, el creciente uso del automóvil). Las recetas simples por tanto no son aplicables. Se necesita una visión integral de la relación entre las actividades productivas y el deterioro ambiental. Es clave disponer de información de base y modelos confiables. Es preciso diseñar instrumentos que puedan hacerse cargo de la complejidad del problema. Por ejemplo, el manejo de cuencas hidrográficas exige ir más allá que la simple definición de normas de calidad. La evaluación proyecto a proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe complementarse con estudios más amplios, por ejemplo aplicando evaluaciones ambientales estratégicas que se relacionan con objetivos societales mayores.
Se necesita articular a las diversas instituciones públicas y privadas afectadas por decisiones que cruzan a varios sectores y componentes ambientales. Es preciso que ellas cooperen entre sí y se desarrollen confianzas. Es fundamental que la autoridad sea capaz de hacer cumplir la legislación, normas y acuerdos vigentes, lo que hasta ahora ha sido un talón de Aquiles del sistema. Finalmente, es necesario facilitar la penetración de los mercados internacionales asegurando que el tema ambiental no será un obstáculo. Una tarea primordial en este sentido es mejorar el desempeño ambiental de las pequeñas y medianas empresas que sirven a empresas exportadoras, o que se dedican ellas al negocio exportador.
Hay aquí por cierto un rol del Estado, pero además la necesidad de fortalecer a la sociedad civil y los mecanismos de participación ciudadanos. Para que la nueva institucionalidad sea creíble, debe tener la capacidad de hacerse cargo de esta complejidad. Si un Ministerio Ambiental y una Superintendencia Ambiental la tienen, serán claves para que al 2010 Chile esté en la senda del desarrollo sostenible.
Prof Centro de Economía Aplicada, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.
Columna publicada en La Segunda el 12/05/06.
La discusión sobre la futura creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de la Superintendencia Ambiental a veces hacen perder de vista el para qué se necesitan estos cambios institucionales. Recordemos que la reciente evaluación del desempeño ambiental de Chile realizada por la OECD y CEPAL señala que ha habido desde 1990 “un mayor énfasis en la protección ambiental”, pero luego hace 52 recomendaciones específicas para fortalecer el progreso hacia un desarrollo sustentable. Se concluye que hay un largo camino por recorrer hasta alcanzar la “convergencia ambiental con la mayoría de los países de la OECD”.
Claramente es necesario profundizar la intervención en ciertos ámbitos específicos, en particular en el manejo de recursos naturales y de la diversidad biológica. La institucionalidad debe hacerse cargo de problemas recurrentes tales como la mantención de un subsidio que incentiva la sustitución de bosque nativo, problemas de contaminación del aire urbano, regulación de sustancias tóxicas, calidad de aguas en ríos y lagos y asociados a plantaciones. Pero además debe ser flexible y abordar en forma rápida problemas nuevos que requieren atención urgente, ya sea para proteger la salud, una especie o ecosistema, o un mercado de exportación amenazado por acusaciones con poco fundamento. Una deficiencia relevante en la gestión de la biodiversidad es que el estado de conservación y el funcionamiento de los ecosistemas continúan siendo poco conocidos y muchos ecosistemas y habitats significativos están subrepresentados en el sistema de áreas protegidas.
Lo anterior exige aumentar la capacidad del Estado para identificar las acciones prioritarias –no se puede hacer todo- y asignar los recursos necesarios para hacerse cargo de éstas. Por ejemplo, en el programa priorizado de normas hay cerca de 20 propuestas sobre las que no se ha podido avanzar debido a la falta de recursos técnicos, humanos e información para hacerlo. Se están discutiendo nuevas normas, pero ello no tiene sentido si no están los recursos para hacerse cargo. A nivel regional se requieren mejores recursos humanos para apoyar la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. Sin priorización y sin recursos, cualquier nueva institucionalidad no es creíble.
Los problemas que se deben abordar son de una mayor complejidad que hace 15 años. El medio ambiente se ve afectado por el desarrollo del transporte, el sector energético, el desarrollo urbano y múltiples decisiones individuales que en el agregado tienen efectos importantes (por ejemplo, el creciente uso del automóvil). Las recetas simples por tanto no son aplicables. Se necesita una visión integral de la relación entre las actividades productivas y el deterioro ambiental. Es clave disponer de información de base y modelos confiables. Es preciso diseñar instrumentos que puedan hacerse cargo de la complejidad del problema. Por ejemplo, el manejo de cuencas hidrográficas exige ir más allá que la simple definición de normas de calidad. La evaluación proyecto a proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe complementarse con estudios más amplios, por ejemplo aplicando evaluaciones ambientales estratégicas que se relacionan con objetivos societales mayores.
Se necesita articular a las diversas instituciones públicas y privadas afectadas por decisiones que cruzan a varios sectores y componentes ambientales. Es preciso que ellas cooperen entre sí y se desarrollen confianzas. Es fundamental que la autoridad sea capaz de hacer cumplir la legislación, normas y acuerdos vigentes, lo que hasta ahora ha sido un talón de Aquiles del sistema. Finalmente, es necesario facilitar la penetración de los mercados internacionales asegurando que el tema ambiental no será un obstáculo. Una tarea primordial en este sentido es mejorar el desempeño ambiental de las pequeñas y medianas empresas que sirven a empresas exportadoras, o que se dedican ellas al negocio exportador.
Hay aquí por cierto un rol del Estado, pero además la necesidad de fortalecer a la sociedad civil y los mecanismos de participación ciudadanos. Para que la nueva institucionalidad sea creíble, debe tener la capacidad de hacerse cargo de esta complejidad. Si un Ministerio Ambiental y una Superintendencia Ambiental la tienen, serán claves para que al 2010 Chile esté en la senda del desarrollo sostenible.
10 mayo 2006
Tramitación Proyecto que Crea Ministro Pdte CONAMA
Se reproduce comunicado del Departamento de Prensa del Senado de la República.
Valparaíso 09/05/2006 Piden compromiso al Ejecutivo para fortalecer el cargo de ministro presidente de la CONAMA y acelerar la agenda ambiental
Así lo afirmó el senador Antonio Horvath, presidente de la comisión de Medioambiente en el marco del análisis de la iniciativa, en primer trámite, que crea el cargo de ministro presidente de la CONAMA
El compromiso del Ejecutivo para fortalecer mediante indicaciones el proyecto, en primer trámite, que crea el cargo de ministro presidente de la CONAMA y para acelerar la tramitación de la agenda ambiental pidió al Ejecutivo, la Comisión de Medioambiente, que preside el senador Antonio Horvath.
La instancia escuchó las exposiciones de los representantes de las fundaciones Oceana, Renace y Terram; de los Institutos Libertad, de Ecología Política, y Libertad y Desarrollo. Además asistieron los representantes de las universidades de Chile, Viña del Mar, Playa Ancha, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María.
Asimismo escuchó las opiniones de la Fiscalía del Medio Ambiente, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Corporación de Industria Sustentable y del Consejo de Desarrollo Sustentable.
El senador Antonio Horvath anunció que el acuerdo de la comisión es votar en general el proyecto, la próxima semana, pero los integrantes de la instancia coincidieron en que “la iniciativa es muy débil respecto a las funciones de este nuevo cargo de Ministro Presidente de la Comisión de Medioambiente”.
Agregó que “tampoco se le entregan los recursos necesarios para ejercer su función, ya que todo se va a hacer administrativamente a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y además el presupuesto para este nuevo cargo será sacado de los actuales fondos de la CONAMA que ya son muy exiguos”.
El legislador indicó que durante la audiencia pública, los representantes de ONG ambientales, universidades e institutos hicieron presente que “éste Consejo Directivo de la CONAMA integrado por ministros, en el fondo, no están defendiendo el medio ambiente sino que están resguardando sus propios temas dentro de esa comisión”.
Puntualizó que “también en esta oportunidad pudimos refrescar la memoria al gobierno sobre todos los compromisos ambientales asumidos durante la pasada campaña presidencial, por lo tanto, creo que hay piso político como para que esta reforma ambiental se haga”.
El senador Horvath explicó que “como el gobierno tiene el breve plazo de 4 años debe moverse en ese sentido y por eso estamos tratando de acordar un proceso legislativo expedito para que esta agenda legislativa ambiental se haga realidad”.
En ese sentido, recalcó que “creemos que la agenda legislativa medioambiental tiene que ir unida a la nueva institucionalidad y ya han llegado observaciones al proyecto que crea el cargo de ministro presidente de la CONAMA a fin de que cumpla con la misión de velar por el medioambiente”.
Valparaíso 09/05/2006 Piden compromiso al Ejecutivo para fortalecer el cargo de ministro presidente de la CONAMA y acelerar la agenda ambiental
Así lo afirmó el senador Antonio Horvath, presidente de la comisión de Medioambiente en el marco del análisis de la iniciativa, en primer trámite, que crea el cargo de ministro presidente de la CONAMA
El compromiso del Ejecutivo para fortalecer mediante indicaciones el proyecto, en primer trámite, que crea el cargo de ministro presidente de la CONAMA y para acelerar la tramitación de la agenda ambiental pidió al Ejecutivo, la Comisión de Medioambiente, que preside el senador Antonio Horvath.
La instancia escuchó las exposiciones de los representantes de las fundaciones Oceana, Renace y Terram; de los Institutos Libertad, de Ecología Política, y Libertad y Desarrollo. Además asistieron los representantes de las universidades de Chile, Viña del Mar, Playa Ancha, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María.
Asimismo escuchó las opiniones de la Fiscalía del Medio Ambiente, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Corporación de Industria Sustentable y del Consejo de Desarrollo Sustentable.
El senador Antonio Horvath anunció que el acuerdo de la comisión es votar en general el proyecto, la próxima semana, pero los integrantes de la instancia coincidieron en que “la iniciativa es muy débil respecto a las funciones de este nuevo cargo de Ministro Presidente de la Comisión de Medioambiente”.
Agregó que “tampoco se le entregan los recursos necesarios para ejercer su función, ya que todo se va a hacer administrativamente a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y además el presupuesto para este nuevo cargo será sacado de los actuales fondos de la CONAMA que ya son muy exiguos”.
El legislador indicó que durante la audiencia pública, los representantes de ONG ambientales, universidades e institutos hicieron presente que “éste Consejo Directivo de la CONAMA integrado por ministros, en el fondo, no están defendiendo el medio ambiente sino que están resguardando sus propios temas dentro de esa comisión”.
Puntualizó que “también en esta oportunidad pudimos refrescar la memoria al gobierno sobre todos los compromisos ambientales asumidos durante la pasada campaña presidencial, por lo tanto, creo que hay piso político como para que esta reforma ambiental se haga”.
El senador Horvath explicó que “como el gobierno tiene el breve plazo de 4 años debe moverse en ese sentido y por eso estamos tratando de acordar un proceso legislativo expedito para que esta agenda legislativa ambiental se haga realidad”.
En ese sentido, recalcó que “creemos que la agenda legislativa medioambiental tiene que ir unida a la nueva institucionalidad y ya han llegado observaciones al proyecto que crea el cargo de ministro presidente de la CONAMA a fin de que cumpla con la misión de velar por el medioambiente”.
03 mayo 2006
Avanza proyecto que da rango de Ministro a Pdte de CONAMA
2 de Mayo del 2006. El Mostrador
Iniciativa fue aprobada por la comisión de Gobierno del Senado y fue remitida a la de Medio Ambiente.
Un primer paso dio en el Senado el proyecto que le otorga rango de ministro al presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), luego que la comisión de Gobierno aprobara por unanimidad la iniciativa y la remitiera a su par de Medio Ambiente. El proyecto, que ingresó al Senado el pasado 11 de abril, es la primera medida legislativa que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet para avanzar con posterioridad en la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. Según explicó el senador Víctor Pérez (UDI), “aprobamos esta iniciativa en forma unánime, con las prevenciones de que esto no signifique un retroceso en el tema medio ambiental, puesto que en el proyecto no se establecen potestades para esta nueva autoridad pública”. El parlamentario agregó que la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, se comprometió a estudiar las observaciones que le hicieron los senadores durante la sesión “de manera de ver cómo se pueden incorporar ciertas potestades o facultades para esta autoridad pública, con el fin de que pueda llevar adelante un proceso de modificación o rectificación de todo lo que es la política ambiental”. En la misma línea, el senador Ricardo Núñez (PS) –también integrante de la Comisión de Gobierno- manifestó que “todos consideramos que es un buen proyecto, pero que tenía el defecto de adolecer de algunos problemas que pueden ser negativos para el ejercicio del futuro ministro del medio ambiente”. Añadió que – a su juicio- una de las falencias que tiene la iniciativa y que se puede subsanar durante la tramitación legislativa, dice relación con la poca claridad de cuáles serán las nuevas atribuciones que debe tener el presidente de la Conama en su calidad de ministro. “Independiente de que vamos a tener en el futuro un proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente y dada la urgencia que tienen algunos problemas medioambientales, nos pareció acertado que durante el resto de la tramitación de este proyecto se incorporen nuevos elementos que permitan que este ministro nazca con mucha fuerza administrativa e institucional”, estimó.
Un primer paso dio en el Senado el proyecto que le otorga rango de ministro al presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), luego que la comisión de Gobierno aprobara por unanimidad la iniciativa y la remitiera a su par de Medio Ambiente. El proyecto, que ingresó al Senado el pasado 11 de abril, es la primera medida legislativa que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet para avanzar con posterioridad en la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. Según explicó el senador Víctor Pérez (UDI), “aprobamos esta iniciativa en forma unánime, con las prevenciones de que esto no signifique un retroceso en el tema medio ambiental, puesto que en el proyecto no se establecen potestades para esta nueva autoridad pública”. El parlamentario agregó que la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, se comprometió a estudiar las observaciones que le hicieron los senadores durante la sesión “de manera de ver cómo se pueden incorporar ciertas potestades o facultades para esta autoridad pública, con el fin de que pueda llevar adelante un proceso de modificación o rectificación de todo lo que es la política ambiental”. En la misma línea, el senador Ricardo Núñez (PS) –también integrante de la Comisión de Gobierno- manifestó que “todos consideramos que es un buen proyecto, pero que tenía el defecto de adolecer de algunos problemas que pueden ser negativos para el ejercicio del futuro ministro del medio ambiente”. Añadió que – a su juicio- una de las falencias que tiene la iniciativa y que se puede subsanar durante la tramitación legislativa, dice relación con la poca claridad de cuáles serán las nuevas atribuciones que debe tener el presidente de la Conama en su calidad de ministro. “Independiente de que vamos a tener en el futuro un proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente y dada la urgencia que tienen algunos problemas medioambientales, nos pareció acertado que durante el resto de la tramitación de este proyecto se incorporen nuevos elementos que permitan que este ministro nazca con mucha fuerza administrativa e institucional”, estimó.
NOTA DEL CDA:
La tramitación del Proyecto de ley que crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y le confiere rango de Ministro de Estado, ingresado el 11 de abril a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, puede seguirse en la página web del Senado con el Número de Boletín 4148-06.
27 abril 2006
Institucionalidad Ambiental: Opinión de Rafael Asenjo Marzo 2004
Ahora que acabamos de lanzar el Segundo Número de la Revista de Derecho Ambiental del CDA, en un acto académico marcado por el debate sobre la Institucionalidad Ambiental, hacemos justicia a don Rafael Asenjo, recordando el discurso que pronunció en el lanzamiento del Primer Número de la Revista, dos años atrás, el 31 de marzo del 2004.
Descarga el discurso aqui.
Descarga el discurso aqui.
Acto de Inauguración Magister en Derecho Ambiental, lanzamiento nº2 Revista D.A. y libro "Derecho Ambiental Parte General"
El 26 de abril se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Derecho un acto que cumplía con tres objetivos: Inaugurar el primer Magister de Derecho Ambiental del país, a cargo del CDA y la Escuela de Graduados, lanzar el Segundo número de la Revista de Derecho Ambiental del CDA, y presentar el libro de Eduardo Astorga "Derecho Ambiental Parte General".
La masiva concurrencia de aprox. 100 personas, incluyó la presencia de la Ministra Secretaria de la Presidencia, Prof. Paulina Veloso, y del Ministro de Hacienda Andrés Velasco, quien asistió como parte de la familia del fallecido Prof Raúl Brañes, a quien se dedicó el segundo número de la Revista.
A continuación un extracto del discurso del Decano Prof Roberto Nahum con el que se inauguró el acto académico.
(...) Teniendo presente el público debate que se ha generado últimamente en cuanto a la necesidad de reformar la institucionalidad ambiental y sus instrumentos de gestión, como asimismo, la creciente conflictividad originada por el anuncio de grandes proyectos de inversión, las críticas a la Justicia Ambiental, y los anuncios de las autoridades del nuevo Gobierno en torno a la creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de una Superintendencia Ambiental, cumplo con informar que el Centro de Derecho Ambiental, con el apoyo de este Decanato, consciente de su posición como principal centro académico nacional en Derecho Ambiental y su vocación de servicio público, ha dado inicio, a contar de este año, al Programa “Institucionalidad y gestión ambiental para el Chile del Bicentenario”.
Mediante este Programa, el Centro referido se ha propuesto concentrar sus esfuerzos, prioritariamente, en trabajos de investigación, extensión y difusión sobre dichas áreas temáticas, acompañando y apoyando el proceso de reflexión y discusión iniciado en el país, con el objetivo de contribuir al estudio y diseño de una propuesta para la reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. Dentro de este proceso se tiene contemplado realizar una serie de “Diálogos” que permitirán a través de un análisis y discusión académica, pluralista y participativa avanzar en la elaboración de las propuestas sobre los temas bases del mencionado Programa. A dichos Diálogos se invitará a representantes de algunas de las entidades ambientales claves de nuestra institucionalidad pública, así como a representantes del sector privado y de la sociedad civil, para intercambiar opiniones y propuestas entre grupos de colegas con experiencia en Derecho Ambiental. Esta serie de encuentros coincidirán, hacia fines del año en curso, con la realización de las Terceras Jornadas de Derecho Ambiental, cuya temática en que se centra su Convocatoria versa, precisamente, sobre “Institucionalidad e Instrumentos de Gestión Ambiental: propuesta para el Chile del Bicentenario”. Con relación a estas Jornadas, puedo informar que hemos tenido una amplia acogida a la Convocatoria para presentar ponencias, habiéndose recibido, a la fecha un total de 25 propuestas de entre las cuales se seleccionarán aquellas que cumplan rigurosamente con las bases. Esperamos que el análisis y discusión que se generará en dichas Jornadas sobre las ponencias seleccionadas contribuyan al proceso de reflexión planteado por el Programa ya descrito.
NOTA DEL CDA:
Vea la noticia completa elaborada por el equipo de prensa en la web de la Facultad. "Postgrado pionero:Facultad inaugura primer Magíster de Derecho Ambiental de Chile y el Cono Sur"
Nicolo Gligo opina sobre Ministerio del Medio Ambiente
Comentario de Nicolo Gligo, académico de la Universidad de Chile, publicado en mail list Diálogo Sustentable, y reproducido acá con su autorización.
El planteamiento de Hernán Durán aporta sustantiva e inteligentemente al debate que debería ir tomando fuerza en torno al nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Cabe profundizar algunas de sus reflexiones.
Hernán afirma:
“... el objetivo económico global al que se debiera aspirar y en el cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollo sustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublemente en el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando la protección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservación para las futuras generaciones”.
En primer lugar, los que estamos en el mundo ambiental debemos tener meridianamente claro es que la afirmación de que el objetivo económico global es el desarrollo sustentable no pasa de ser, como él lo afirma, una mera aspiración. Hasta la fecha los planteamientos de los parlamentarios, salvo honrosas excepciones, de muchos profesionales, de más empresarios, y del gobierno está muy lejos de considerar el medio ambiente en sus preocupaciones. El desarrollo sustentable no pasa de ser una trampa semántica que ornamenta discursos. La adjetivación de la palabra desarrollo implica que éste es incompleto en su concepción integral y que el agregado cumple el rol de aspiración, tal cual lo cumple el desarrollo justo o el desarrollo equitativo. No me cabe la menor duda que el medio ambiente no es un invitado a la fiesta del crecimiento, sino que entró por la ventana, y que a regañadientes debe ser aceptado para no crear conflictos con algunos participantes, sobre todos extranjeros. Para pensar en una institucionalidad ambiental debemos asumir que aún un importante sector político y también
social del país está muy lejos de una preocupación ambiental profunda y verdadera.
En segundo lugar, con la actual modalidad de desarrollo que ha asumido el país, estoy seguro que es casi imposible avanzar “simultánea e indisolublemente” creciendo económicamente, mejorando la equidad social e incrementando la protección de los recursos naturales. Crecer económicamente tiene un alto costo ambiental que se ha ido incrementando con el pasar del
tiempo. Los esfuerzos de producción limpia en la industrial, las iniciativas para hacer una agricultura menos y contaminadora de recursos, aunque importantes, no han podido cambiar el signo ambiental negativo del crecimiento. Y lo más grave es que todas los debates tratan de vender la idea que vamos por buen camino, aunque las cifras digan lo contrario.
Debemos en consecuencia acercarnos a un diagnóstico veraz. Si asumimos entonces este diagnóstico podemos empezar a pensar en una institucionalidad más realista y, por ende más eficaz. O bogamos por una institucionalidad ambiental abiertamente de choque o bogamos por una institucionalidad articulada con el resto de la administracción pública que busque sólo “disminuir el grado de insustentabilidad del desarrollo” . Personalmente no creo que de para más que estra última opción....
Dejo hasta aquí estas reflexiones realizadas para incentivar el debate. Para más adelante iré aterrizando mis planteamientos.
Nicolo Gligo V.
El planteamiento de Hernán Durán aporta sustantiva e inteligentemente al debate que debería ir tomando fuerza en torno al nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Cabe profundizar algunas de sus reflexiones.
Hernán afirma:
“... el objetivo económico global al que se debiera aspirar y en el cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollo sustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublemente en el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando la protección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservación para las futuras generaciones”.
En primer lugar, los que estamos en el mundo ambiental debemos tener meridianamente claro es que la afirmación de que el objetivo económico global es el desarrollo sustentable no pasa de ser, como él lo afirma, una mera aspiración. Hasta la fecha los planteamientos de los parlamentarios, salvo honrosas excepciones, de muchos profesionales, de más empresarios, y del gobierno está muy lejos de considerar el medio ambiente en sus preocupaciones. El desarrollo sustentable no pasa de ser una trampa semántica que ornamenta discursos. La adjetivación de la palabra desarrollo implica que éste es incompleto en su concepción integral y que el agregado cumple el rol de aspiración, tal cual lo cumple el desarrollo justo o el desarrollo equitativo. No me cabe la menor duda que el medio ambiente no es un invitado a la fiesta del crecimiento, sino que entró por la ventana, y que a regañadientes debe ser aceptado para no crear conflictos con algunos participantes, sobre todos extranjeros. Para pensar en una institucionalidad ambiental debemos asumir que aún un importante sector político y también
social del país está muy lejos de una preocupación ambiental profunda y verdadera.
En segundo lugar, con la actual modalidad de desarrollo que ha asumido el país, estoy seguro que es casi imposible avanzar “simultánea e indisolublemente” creciendo económicamente, mejorando la equidad social e incrementando la protección de los recursos naturales. Crecer económicamente tiene un alto costo ambiental que se ha ido incrementando con el pasar del
tiempo. Los esfuerzos de producción limpia en la industrial, las iniciativas para hacer una agricultura menos y contaminadora de recursos, aunque importantes, no han podido cambiar el signo ambiental negativo del crecimiento. Y lo más grave es que todas los debates tratan de vender la idea que vamos por buen camino, aunque las cifras digan lo contrario.
Debemos en consecuencia acercarnos a un diagnóstico veraz. Si asumimos entonces este diagnóstico podemos empezar a pensar en una institucionalidad más realista y, por ende más eficaz. O bogamos por una institucionalidad ambiental abiertamente de choque o bogamos por una institucionalidad articulada con el resto de la administracción pública que busque sólo “disminuir el grado de insustentabilidad del desarrollo” . Personalmente no creo que de para más que estra última opción....
Dejo hasta aquí estas reflexiones realizadas para incentivar el debate. Para más adelante iré aterrizando mis planteamientos.
Nicolo Gligo V.
Ministerio del Medio Ambiente, por Hernán Durán de la Fuente*
* Director gerente general Gescam S.A.
Columna Diario Financiero, 25 de abril de 2006
La presidenta Bachelet ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el cargo de presidente de Conama y le confiere rango de ministro deEstado. Consecuentemente con lo prometido en su campaña, también anunció lapronta creación del Ministerio del Medioambiente (MIMA) y una nuevaSuperintendencia Ambiental.
¿Para qué una nueva institucionalidad ambiental? y ¿qué modelo de estructura orgánica quisiéramos para el MIMA? Responderé estas preguntas mirando el tema desde las perspectivas económica e institucional o estructural.
En primer lugar, el objetivo económico global al que se debiera aspirar y enel cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollosustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublementeen el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando laprotección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservaciónpara las futuras generaciones.
En segundo lugar, para alcanzar este objetivo, el MIMA debe valorareconómicamente nuestro medio ambiente. En efecto, detrás de esta opinión nosólo hay un concepto idílico del cuidado de los recursos naturales, sinosobre todo, el convencimiento de la importancia de insertarnos adecuadamenteen el desarrollo económico presente y futuro de las industrias de alimentos y de la salud y del ecoturismo a nivel mundial, para lo cual se debecontinuar avanzando paralelamente en el conocimiento de nuestrabiodiversidad, a través del fomento de la investigación científica y en elfomento de actividades como el ecoturismo y el sendero de Chile.
En tercer lugar, el control de la contaminación para proteger el valor delmedio ambiente, natural, físico y la salud de la población, simultáneamente, es uno de los temas más complejos, para lo cual se requieren recursos,normas y fiscalización especializada, acordes con el notable incremento dela actividad económica. Aun cuando no hay muchas evidencias empíricas sesostiene que un exceso de normativas y demasiada rigidez podría inhibir lainversión productiva. En el otro extremo, un sistema muy laxo, o arbitrariocomo el actual, genera desorientación tanto en el inversionista como en lapoblación, pues hay muy poca certeza jurídica, económica, técnica yadministrativa del sustento de las resoluciones de la autoridad. Dependiendode dónde nos ubiquemos en esta amplia gama de alternativas se podrá mejorarla relación protección/inversión. Razón por la cual hay que elegir un caminoque sea capaz de asumir las peculiaridades de nuestro entorno y de losactores económicos involucrados.
En cuarto lugar, para avanzar hacia el desarrollo sustentable, la actualestructura institucional requiere cambios profundos que privilegien losaspectos técnicos por sobre los políticos, pasando las resolucionesambientales del SEIA al MIMA, con lo que se podría esperar que las coremaspierdan su razón de existir. En este sentido, la nueva estructura tendrá queser capaz de reflejar toda la complejidad de la función pública en su rol deprotección del medio ambiente, tanto en la gestión, como en la definición depolíticas, normas y, finalmente, en la fiscalización, actuandoindependientemente de la coyuntura.
En la búsqueda de un paradigma institucional, el Ministerio de Hacienda esel que mejor refleja esta definición de funciones de protección de unrecurso determinado, en este caso, el monetario, por cuanto gestiona ycontrola estrictamente el gasto público y regula el gasto privado. También tiene una capacidad ilimitada para ejercer iniciativas legales para cumplircon su función normativa; dispone de un ente externo y autónomo, el BancoCentral, que se encarga de velar por la estabilidad del valor del dinero; y, finalmente, tiene un conjunto de superintendencias que se encargan de lafiscalización de todas las entidades reguladas que participan en el negocio:bancos, AFP, seguros, etc. La obsesión, en el caso de Hacienda, es que eldinero no pierda su valor, para lo cual se despliegan simultáneamente todaslas funciones propias de la gestión pública. ¿Para nosotros, llegará a ser una obsesión el que nuestro patrimonio ambiental no pierda su valor?
Columna Diario Financiero, 25 de abril de 2006
La presidenta Bachelet ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el cargo de presidente de Conama y le confiere rango de ministro deEstado. Consecuentemente con lo prometido en su campaña, también anunció lapronta creación del Ministerio del Medioambiente (MIMA) y una nuevaSuperintendencia Ambiental.
¿Para qué una nueva institucionalidad ambiental? y ¿qué modelo de estructura orgánica quisiéramos para el MIMA? Responderé estas preguntas mirando el tema desde las perspectivas económica e institucional o estructural.
En primer lugar, el objetivo económico global al que se debiera aspirar y enel cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollosustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublementeen el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando laprotección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservaciónpara las futuras generaciones.
En segundo lugar, para alcanzar este objetivo, el MIMA debe valorareconómicamente nuestro medio ambiente. En efecto, detrás de esta opinión nosólo hay un concepto idílico del cuidado de los recursos naturales, sinosobre todo, el convencimiento de la importancia de insertarnos adecuadamenteen el desarrollo económico presente y futuro de las industrias de alimentos y de la salud y del ecoturismo a nivel mundial, para lo cual se debecontinuar avanzando paralelamente en el conocimiento de nuestrabiodiversidad, a través del fomento de la investigación científica y en elfomento de actividades como el ecoturismo y el sendero de Chile.
En tercer lugar, el control de la contaminación para proteger el valor delmedio ambiente, natural, físico y la salud de la población, simultáneamente, es uno de los temas más complejos, para lo cual se requieren recursos,normas y fiscalización especializada, acordes con el notable incremento dela actividad económica. Aun cuando no hay muchas evidencias empíricas sesostiene que un exceso de normativas y demasiada rigidez podría inhibir lainversión productiva. En el otro extremo, un sistema muy laxo, o arbitrariocomo el actual, genera desorientación tanto en el inversionista como en lapoblación, pues hay muy poca certeza jurídica, económica, técnica yadministrativa del sustento de las resoluciones de la autoridad. Dependiendode dónde nos ubiquemos en esta amplia gama de alternativas se podrá mejorarla relación protección/inversión. Razón por la cual hay que elegir un caminoque sea capaz de asumir las peculiaridades de nuestro entorno y de losactores económicos involucrados.
En cuarto lugar, para avanzar hacia el desarrollo sustentable, la actualestructura institucional requiere cambios profundos que privilegien losaspectos técnicos por sobre los políticos, pasando las resolucionesambientales del SEIA al MIMA, con lo que se podría esperar que las coremaspierdan su razón de existir. En este sentido, la nueva estructura tendrá queser capaz de reflejar toda la complejidad de la función pública en su rol deprotección del medio ambiente, tanto en la gestión, como en la definición depolíticas, normas y, finalmente, en la fiscalización, actuandoindependientemente de la coyuntura.
En la búsqueda de un paradigma institucional, el Ministerio de Hacienda esel que mejor refleja esta definición de funciones de protección de unrecurso determinado, en este caso, el monetario, por cuanto gestiona ycontrola estrictamente el gasto público y regula el gasto privado. También tiene una capacidad ilimitada para ejercer iniciativas legales para cumplircon su función normativa; dispone de un ente externo y autónomo, el BancoCentral, que se encarga de velar por la estabilidad del valor del dinero; y, finalmente, tiene un conjunto de superintendencias que se encargan de lafiscalización de todas las entidades reguladas que participan en el negocio:bancos, AFP, seguros, etc. La obsesión, en el caso de Hacienda, es que eldinero no pierda su valor, para lo cual se despliegan simultáneamente todaslas funciones propias de la gestión pública. ¿Para nosotros, llegará a ser una obsesión el que nuestro patrimonio ambiental no pierda su valor?
24 abril 2006
Política Ambiental en teoría y práctica, por Gonzalo Medina Vogel
por Gonzalo Medina Vogel M.V.Ph.D.
Director Escuela Medicina Veterinaria
Universidad Andrés Bello
Estamos en víspera de un posible cambio en nuestra política ambiental, como también del potencial comienzo de una generalizada política energética que modificará los ecosistemas fluviales más importantes de nuestro país. Así creo se debe intentar explicar a la opinión pública la diferencia que existe entre teoría y práctica en gestión ambiental.
Un argumento recurrente en nuestra política ambiental al momento de tomar las decisiones es: que los recursos, el tiempo y la información científica son escasos. Por lo que generalmente nos concentramos en modelos, normas o ideas, basados en experiencias, observaciones, valores, intereses y en estudios de línea base que en el fondo representan sólo una fotografía del momento. Pero que nos facilitan argumentos en que fundarnos para influir, tomar la decisión o simplemente apoyarnos sobre los enormes beneficios económicos de un determinado proyecto. Sin embrago, lo que generalmente queda en el olvido, es el probar si aquel modelo, norma o ideas en que nos basamos para aceptar el proyecto fue el correcto, y el resultado el que se predijo. Cuando estos modelos fallan, las controversias sobre las responsabilidades del impacto sobre ecosistemas o personas de determinados proyectos terminan en discusiones con argumentos que cuestionan la veracidad de los resultados de las investigaciones, la calidad de los estudios de impacto ambiental realizados, la política ambiental o los beneficios.
En la lógica de la ciencia, el método científico comienza con la formulación de una hipótesis que se pueda probar. El diseño experimental es el medio por el cual se prueba la hipótesis, con el propósito de producir un resultado lo más objetivo posible en la presencia de incertidumbre. En contraste están las observaciones sobre fenómenos ecológicos o sociales de los cuales poseemos un entendimiento incompleto, como son los estudios de línea base como parte de los estudios de impacto ambiental. Cuando la hipótesis nula es aquella que el efecto sobre una especie o ecosistema será mínimo, el aceptar esta hipótesis nula cuando en realidad es falsa, puede resultar en mayores costos ambientales y económicos para el país, que los esperados beneficios del proyecto planteado. Costos muy superiores a los que resultarían de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es correcta. Aspecto básico para entender la importancia del criterio precautorio.
El comprender el método científico y la diferencia entre teoría y práctica en conservación de la biodiversidad o los recursos naturales renovables, reducirá significativamente la probabilidad de equivocarnos al aceptar la hipótesis nula. Este es un desafío no menor para Chile, es una discusión país que debemos asumir: el como integramos la ciencia y el conocimiento en nuestra política y forma de hacer gestión ambiental.
Director Escuela Medicina Veterinaria
Universidad Andrés Bello
Estamos en víspera de un posible cambio en nuestra política ambiental, como también del potencial comienzo de una generalizada política energética que modificará los ecosistemas fluviales más importantes de nuestro país. Así creo se debe intentar explicar a la opinión pública la diferencia que existe entre teoría y práctica en gestión ambiental.
Un argumento recurrente en nuestra política ambiental al momento de tomar las decisiones es: que los recursos, el tiempo y la información científica son escasos. Por lo que generalmente nos concentramos en modelos, normas o ideas, basados en experiencias, observaciones, valores, intereses y en estudios de línea base que en el fondo representan sólo una fotografía del momento. Pero que nos facilitan argumentos en que fundarnos para influir, tomar la decisión o simplemente apoyarnos sobre los enormes beneficios económicos de un determinado proyecto. Sin embrago, lo que generalmente queda en el olvido, es el probar si aquel modelo, norma o ideas en que nos basamos para aceptar el proyecto fue el correcto, y el resultado el que se predijo. Cuando estos modelos fallan, las controversias sobre las responsabilidades del impacto sobre ecosistemas o personas de determinados proyectos terminan en discusiones con argumentos que cuestionan la veracidad de los resultados de las investigaciones, la calidad de los estudios de impacto ambiental realizados, la política ambiental o los beneficios.
En la lógica de la ciencia, el método científico comienza con la formulación de una hipótesis que se pueda probar. El diseño experimental es el medio por el cual se prueba la hipótesis, con el propósito de producir un resultado lo más objetivo posible en la presencia de incertidumbre. En contraste están las observaciones sobre fenómenos ecológicos o sociales de los cuales poseemos un entendimiento incompleto, como son los estudios de línea base como parte de los estudios de impacto ambiental. Cuando la hipótesis nula es aquella que el efecto sobre una especie o ecosistema será mínimo, el aceptar esta hipótesis nula cuando en realidad es falsa, puede resultar en mayores costos ambientales y económicos para el país, que los esperados beneficios del proyecto planteado. Costos muy superiores a los que resultarían de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es correcta. Aspecto básico para entender la importancia del criterio precautorio.
El comprender el método científico y la diferencia entre teoría y práctica en conservación de la biodiversidad o los recursos naturales renovables, reducirá significativamente la probabilidad de equivocarnos al aceptar la hipótesis nula. Este es un desafío no menor para Chile, es una discusión país que debemos asumir: el como integramos la ciencia y el conocimiento en nuestra política y forma de hacer gestión ambiental.
22 abril 2006
Descentralización y Vigilancia: Claves de la Reforma Ambiental por Luis Mariano Rendón
Descentralización y Vigilancia: Claves de la Reforma Ambiental
Existe un consenso unánime en la necesidad de modificar la institucionalidad ambiental chilena, ante las serias falencias que ha evidenciado durante sus doce años de existencia. El actual gobierno se comprometió a ello y en cumplimiento de esa promesa envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el cargo de Ministro del Medio Ambiente. Igualmente, se espera la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, como un órgano con autonomía suficiente para hacer efectiva la fiscalización en materia ambiental. Las iniciativas señaladas parecen ir por el buen camino, pero no abordan problemas claves existentes. La Reforma Ambiental debe avanzar, a nuestro juicio, en dos direcciones fundamentales: La descentralización de las decisiones ambientales y una fuerte vigilancia sobre la autoridad ambiental, aspectos que hasta hoy no son asumidos.
Descentralización Ambiental
En efecto, parece que existe mayor posibilidad que la naturaleza sea usada sabiamente si quienes toman las decisiones sobre ella representan a los mismos que la habitan permanentemente. Menos probable es un uso sabio, si quienes deciden sobre la destrucción o la preservación están a veces a miles de kilómetros de distancia. He ahí el vínculo entre descentralización y sustentabilidad.
En la actual institucionalidad ambiental se señala que hay un grado importante de descentralización, al existir las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, Coremas. Pero en la práctica, ha quedado de manifiesto que estas instancias no poseen la autonomía para resolver en su ámbito de atribuciones, mirando a los intereses regionales. Están integradas por el intendente, los gobernadores, los seremis (hasta ahí, todos funcionarios de confianza presidencial) y cuatro consejeros regionales. En diversas oportunidades, las Coremas han sido intervenidas desde el poder central, para viabilizar determinadas iniciativas cuestionadas a nivel regional. La muestra más evidente de ello ha sido la remoción de secretarios regionales ministeriales que no obedecieron la voluntad de su respectivo ministro. Uno de los casos más renombrados fue la destitución del Seremi de Bienes Nacionales de la región de Valparaíso, Edmundo Bustos, al manifestar un voto contrario a la voluntad del ministro de la época, en un determinado proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para enfrentar esta carencia, proponemos que las atribuciones que hoy tienen las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, pasen derechamente a los Consejos Regionales, órganos normativos, resolutivos y fiscalizadores de los Gobiernos Regionales. Estos Consejos, debidamente asesorados por los comités técnicos ambientales correspondientes, podrían asumir con propiedad la labor de representar a la ciudadanía de cada región a la hora de decidir sobre cómo usar responsablemente su territorio y como aprovechar sustentablemente los dones que la naturaleza ofrece en esa zona. Actualmente, las Coremas toman decisiones políticas, en el marco de la normativa ambiental existente. Nos parece mucho más legítimo que esas decisiones, que siempre seguirán siendo políticas, las tome un órgano que se deba a la gente que vive y seguirá viviendo en esa región, y no uno cuyos integrantes deben pleitesía al poder central. Si la Reforma Regional avanza paralelamente y los consejeros regionales crecen en representatividad, esta alternativa se potencia.
Vigilancia Ambiental
Por otra parte, la idea de la Superintendencia Ambiental, en cuanto un órgano dependiente del gobierno llamado a fiscalizar al sector privado, si bien puede ser un aporte, deja un gran problema sin solución: Muchos de los mayores problemas ambientales se deben precisamente a la acción o inacción gubernamental, más que al incumplimiento del sector privado. Grandes crisis se han originado en permisos que nunca debieron otorgarse o en incumplimientos de las propias autoridades ambientales a sus obligaciones. En el primer caso, destaca la autorización que permitió el vertido de desechos tóxicos de Celulosa Arauco en un Santuario de la Naturaleza. En el segundo, el caso más grave es el masivo incumplimiento de las medidas establecidas por el Plan de Descontaminación de Santiago, incumplimiento certificado por sucesivas auditorías ambientales internacionales.
De lo que se trata entonces, es de asegurar el debido control del actuar del propio gobierno. Es decir, vigilar a los vigilantes. Aquí el modelo de Superintendencia no sirve.
Nuestra propuesta es que en vez de crear nuevas burocracias, se debiese fortalecer normativa y presupuestariamente al órgano que tradicionalmente ha tenido la labor de vigilar a los gobiernos en Chile: La Contraloría General de la República. Esta, organizada en divisiones especializadas, vigila a la administración pública chilena, centralizada y descentralizada. Por ejemplo, posee una división encargada de vigilar a los municipios. No se percibe ninguna razón para no crear una “división ambiental”, que se encargue de vigilar a los distintos órganos del estado con competencia ambiental. Aún con las serias restricciones que debe enfrentar actualmente, ya la Contraloría ha logrado impedir una aún más masiva violación de la normativa ambiental por la administración. Posee la fuerza constitucional, la cultura organizacional y el prestigio necesario para esa nada fácil misión. Ha abierto sus puertas para atender las denuncias de las organizaciones ciudadanas y al menos durante un período, demostró tener la voluntad de que el Derecho Ambiental chileno dejara de ser meramente declarativo, como al parecer lo pensaban muchas autoridades de gobierno.
Fundiendo descentralización por una parte, con una estricta vigilancia al cumplimiento de la ley ambiental, por otra, podremos acercarnos un poco más a la idea de habitar más sustentablemente esta tierra.
Por Luis Mariano Rendón E. (Abogado, profesor de Derecho Ambiental y Ética Ecológica, coordinador del movimiento Acción Ecológica)
Columna publicada en El Mostrador el 21 de Abril del 2006Existe un consenso unánime en la necesidad de modificar la institucionalidad ambiental chilena, ante las serias falencias que ha evidenciado durante sus doce años de existencia. El actual gobierno se comprometió a ello y en cumplimiento de esa promesa envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el cargo de Ministro del Medio Ambiente. Igualmente, se espera la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, como un órgano con autonomía suficiente para hacer efectiva la fiscalización en materia ambiental. Las iniciativas señaladas parecen ir por el buen camino, pero no abordan problemas claves existentes. La Reforma Ambiental debe avanzar, a nuestro juicio, en dos direcciones fundamentales: La descentralización de las decisiones ambientales y una fuerte vigilancia sobre la autoridad ambiental, aspectos que hasta hoy no son asumidos.
Descentralización Ambiental
En efecto, parece que existe mayor posibilidad que la naturaleza sea usada sabiamente si quienes toman las decisiones sobre ella representan a los mismos que la habitan permanentemente. Menos probable es un uso sabio, si quienes deciden sobre la destrucción o la preservación están a veces a miles de kilómetros de distancia. He ahí el vínculo entre descentralización y sustentabilidad.
En la actual institucionalidad ambiental se señala que hay un grado importante de descentralización, al existir las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, Coremas. Pero en la práctica, ha quedado de manifiesto que estas instancias no poseen la autonomía para resolver en su ámbito de atribuciones, mirando a los intereses regionales. Están integradas por el intendente, los gobernadores, los seremis (hasta ahí, todos funcionarios de confianza presidencial) y cuatro consejeros regionales. En diversas oportunidades, las Coremas han sido intervenidas desde el poder central, para viabilizar determinadas iniciativas cuestionadas a nivel regional. La muestra más evidente de ello ha sido la remoción de secretarios regionales ministeriales que no obedecieron la voluntad de su respectivo ministro. Uno de los casos más renombrados fue la destitución del Seremi de Bienes Nacionales de la región de Valparaíso, Edmundo Bustos, al manifestar un voto contrario a la voluntad del ministro de la época, en un determinado proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para enfrentar esta carencia, proponemos que las atribuciones que hoy tienen las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, pasen derechamente a los Consejos Regionales, órganos normativos, resolutivos y fiscalizadores de los Gobiernos Regionales. Estos Consejos, debidamente asesorados por los comités técnicos ambientales correspondientes, podrían asumir con propiedad la labor de representar a la ciudadanía de cada región a la hora de decidir sobre cómo usar responsablemente su territorio y como aprovechar sustentablemente los dones que la naturaleza ofrece en esa zona. Actualmente, las Coremas toman decisiones políticas, en el marco de la normativa ambiental existente. Nos parece mucho más legítimo que esas decisiones, que siempre seguirán siendo políticas, las tome un órgano que se deba a la gente que vive y seguirá viviendo en esa región, y no uno cuyos integrantes deben pleitesía al poder central. Si la Reforma Regional avanza paralelamente y los consejeros regionales crecen en representatividad, esta alternativa se potencia.
Vigilancia Ambiental
Por otra parte, la idea de la Superintendencia Ambiental, en cuanto un órgano dependiente del gobierno llamado a fiscalizar al sector privado, si bien puede ser un aporte, deja un gran problema sin solución: Muchos de los mayores problemas ambientales se deben precisamente a la acción o inacción gubernamental, más que al incumplimiento del sector privado. Grandes crisis se han originado en permisos que nunca debieron otorgarse o en incumplimientos de las propias autoridades ambientales a sus obligaciones. En el primer caso, destaca la autorización que permitió el vertido de desechos tóxicos de Celulosa Arauco en un Santuario de la Naturaleza. En el segundo, el caso más grave es el masivo incumplimiento de las medidas establecidas por el Plan de Descontaminación de Santiago, incumplimiento certificado por sucesivas auditorías ambientales internacionales.
De lo que se trata entonces, es de asegurar el debido control del actuar del propio gobierno. Es decir, vigilar a los vigilantes. Aquí el modelo de Superintendencia no sirve.
Nuestra propuesta es que en vez de crear nuevas burocracias, se debiese fortalecer normativa y presupuestariamente al órgano que tradicionalmente ha tenido la labor de vigilar a los gobiernos en Chile: La Contraloría General de la República. Esta, organizada en divisiones especializadas, vigila a la administración pública chilena, centralizada y descentralizada. Por ejemplo, posee una división encargada de vigilar a los municipios. No se percibe ninguna razón para no crear una “división ambiental”, que se encargue de vigilar a los distintos órganos del estado con competencia ambiental. Aún con las serias restricciones que debe enfrentar actualmente, ya la Contraloría ha logrado impedir una aún más masiva violación de la normativa ambiental por la administración. Posee la fuerza constitucional, la cultura organizacional y el prestigio necesario para esa nada fácil misión. Ha abierto sus puertas para atender las denuncias de las organizaciones ciudadanas y al menos durante un período, demostró tener la voluntad de que el Derecho Ambiental chileno dejara de ser meramente declarativo, como al parecer lo pensaban muchas autoridades de gobierno.
Fundiendo descentralización por una parte, con una estricta vigilancia al cumplimiento de la ley ambiental, por otra, podremos acercarnos un poco más a la idea de habitar más sustentablemente esta tierra.
21 abril 2006
Intereses en Aysén, por Ezio Costa
Por Ezio Costa Cordella
(Ayudante Litigación Ambiental y CDA Facultad de Derecho Universidad de Chile)
Tratando de restar validez a quienes defienden el medio ambiente se han creado algunas estrategias que ya parecen sacadas de manual.
Una de ellas es argüir que los defensores tienen intereses creados y que por tanto sus opiniones debieran carecen de validez en la discusión sobre los reales alcances que tienen proyectos como el que quiere Endesa llevar a cabo en Aysén.
Este argumento de manual cae en un doble equívoco.
El primero dice relación con la importancia de los intereses. El hecho de tener intereses (patrimoniales) en que un proyecto no se lleve a cabo no es un motivo de descrédito, sino que por el contrario, constituye uno de los requisitos que nuestras Cortes muchas veces han estimado necesarios para interponer acciones judiciales en contra de estos.
El segundo se produce a la hora de obviar que hay muchas más personas intentando defender el medio ambiente, y en este caso intentando detener el desastre ecológico y económico que significaría inundar miles de kilómetros en Aysén, que sólo aquellas que tienen estos intereses.
Se produce, por lo ya expuesto, que aquellos de nosotros que no contamos con estos intereses económicos necesitamos de aquellos que si los poseen para tener alguna posibilidad de ser escuchados por las autoridades ejecutivas y los tribunales de justicia.
Por último, sospecho que la única diferencia entre los intereses del señor Tompkins y otros propietarios de tierras en Aysén por un lado y los de Endesa y del grupo Matte por el otro, es que los intereses de los primeros no poseen las influencias suficientes para ser calificados como “proyecto país”, mientras que los intereses de los segundos sí parecen tenerlas.
(Ayudante Litigación Ambiental y CDA Facultad de Derecho Universidad de Chile)
Tratando de restar validez a quienes defienden el medio ambiente se han creado algunas estrategias que ya parecen sacadas de manual.
Una de ellas es argüir que los defensores tienen intereses creados y que por tanto sus opiniones debieran carecen de validez en la discusión sobre los reales alcances que tienen proyectos como el que quiere Endesa llevar a cabo en Aysén.
Este argumento de manual cae en un doble equívoco.
El primero dice relación con la importancia de los intereses. El hecho de tener intereses (patrimoniales) en que un proyecto no se lleve a cabo no es un motivo de descrédito, sino que por el contrario, constituye uno de los requisitos que nuestras Cortes muchas veces han estimado necesarios para interponer acciones judiciales en contra de estos.
El segundo se produce a la hora de obviar que hay muchas más personas intentando defender el medio ambiente, y en este caso intentando detener el desastre ecológico y económico que significaría inundar miles de kilómetros en Aysén, que sólo aquellas que tienen estos intereses.
Se produce, por lo ya expuesto, que aquellos de nosotros que no contamos con estos intereses económicos necesitamos de aquellos que si los poseen para tener alguna posibilidad de ser escuchados por las autoridades ejecutivas y los tribunales de justicia.
Por último, sospecho que la única diferencia entre los intereses del señor Tompkins y otros propietarios de tierras en Aysén por un lado y los de Endesa y del grupo Matte por el otro, es que los intereses de los primeros no poseen las influencias suficientes para ser calificados como “proyecto país”, mientras que los intereses de los segundos sí parecen tenerlas.
13 abril 2006
Medio Ambiente e Institucionalidad, por Valentina Durán
Por Valentina Durán Medina
Coordinadora de Investigación CDA
El Proyecto de Ley despachado por el Gobierno la semana pasada, crea el cargo de Presidente del Consejo Directivo de la CONAMA, hasta ahora desempeñado por el titular del Ministerio Secretario General de la Presidencia, y le confiere rango de Ministro de Estado a este nuevo funcionario. El principal responsable de hacer cumplir las funciones de la CONAMA, y de proponer políticas y normas ambientales, será un Ministro de exclusiva confianza de la Presidenta, que deberá conducir la tramitación de los proyectos anunciados, que crearían el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental.
El itinerario trazado no debiera encontrar obstáculos en la oposición que ha presentado propuestas en la misma línea. Es valioso este consenso sobre la necesidad de reforma de la institucionalidad ambiental, pero es indispensable que la preparación de los proyectos se funde en un proceso participativo, abierto y en antecedentes sólidos. No se trata de repetir palabras de buena crianza para estar en sintonía con la formación de comisiones que auxilien al Ejecutivo en la elaboración de propuestas, lo que por lo demás apoyaría con entusiasmo en este caso. Estamos jugando con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con garantías constitucionales como la vida y la salud, el derecho a un aire limpio, y a un adecuado acceso a la justicia. También se ven involucradas la igualdad ante la ley y la certeza jurídica para la inversión que los voceros del empresariado tanto valoran.
Al mezclarse, en torno a iniciativas determinadas, las inquietudes genuinamente ambientales con la disputa entre distintos sectores de la economía por el uso del espacio y de los recursos naturales, el pragmatismo y la coincidencia de intereses generan alianzas nuevas. Si a ello le agregamos otros factores, como la necesidad de financiamiento de los Municipios, la mirada escrutadora de nuestros potenciales socios comerciales y las normales disputas de competencia entre servicios públicos, podemos ver elefantes volar: alianzas entre actores tan distintos como un exportador de vinos, una ONG, y pobladores, como hemos visto en los últimos días, entre un ecologista profundo y la industria salmonera, todos acompañados de asesores comunicacionales, abogados y consultores.
Al mezclarse, en torno a iniciativas determinadas, las inquietudes genuinamente ambientales con la disputa entre distintos sectores de la economía por el uso del espacio y de los recursos naturales, el pragmatismo y la coincidencia de intereses generan alianzas nuevas. Si a ello le agregamos otros factores, como la necesidad de financiamiento de los Municipios, la mirada escrutadora de nuestros potenciales socios comerciales y las normales disputas de competencia entre servicios públicos, podemos ver elefantes volar: alianzas entre actores tan distintos como un exportador de vinos, una ONG, y pobladores, como hemos visto en los últimos días, entre un ecologista profundo y la industria salmonera, todos acompañados de asesores comunicacionales, abogados y consultores.
Pero así como un día el empresario, con una acertada estrategia logra inclinar la balanza en favor de su proyecto, o en contra de aquél que le perjudica, al otro día, en medio del fuego electoral, su competencia directa logrará un trato más favorable ante similares condiciones, o será sancionado con una multa ejemplar, afectando esta vez gravemente sus garantías y su competitividad. Los Gobiernos, sin dejar de seguir atentamente el people meter para saber reconocer los límites, han tendido la mano a la empresa, especialmente en períodos de crisis económica: reformando el reglamento de evaluación de impacto ambiental para agilizarlo, o fijando metas de reducción de emisiones a partir del curso normal de los negocios.
Volviendo al diseño de la institucionalidad ambiental ¿Cuál es entonces el interés que debiera motivar al Gobierno en sus propuestas, y luego a los parlamentarios en su análisis? Reforzar el Estado de Derecho, cumplir con el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y velar por que no se afecte el derecho a un medio ambiente sano. Para ello se deben buscar las fórmulas que entreguen mayor gobernabilidad, aunque esto implique pérdida de poder y de los amplios espacios de discrecionalidad administrativa.
Volviendo al diseño de la institucionalidad ambiental ¿Cuál es entonces el interés que debiera motivar al Gobierno en sus propuestas, y luego a los parlamentarios en su análisis? Reforzar el Estado de Derecho, cumplir con el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y velar por que no se afecte el derecho a un medio ambiente sano. Para ello se deben buscar las fórmulas que entreguen mayor gobernabilidad, aunque esto implique pérdida de poder y de los amplios espacios de discrecionalidad administrativa.
Hacerse cargo de las grandes dificultades operativas que arrastra el actual modelo requiere por una parte de una Autoridad Política con estatus y recursos: un Ministerio, a cargo de diseñar y llevar adelante una Política Ambiental coherente y sólida, y de proponer las modificaciones legales y reglamentarias que la sustenten. Sin embargo las autorizaciones, la ejecución de los planes y la fiscalización, requieren de un ente autónomo, también con recursos suficientes, que asegure que criterios técnicos y objetivos primen por sobre las consideraciones políticas.
07 abril 2006
El nuevo escenario ambiental, por Valentina Durán
Por Valentina Durán Medina
Coordinadora de Investigación CDA
(Texto completo de la carta publicada el día 7 de abril de 2006 en "El Mercurio" y como columna en el Diario Financiero el 12 de abril y en el Mostrador)
Señor Director:
Los últimos dos años han estado marcados por señales que muestran la urgencia de una reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. Casos como CELCO nos han revelado la atención pública que despierta el impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión, y la desconfianza existente entre los actores públicos, privados y la ciudadanía. Esta desconfianza se ve motivada especialmente por las debilidades del diseño y estructura operacional de una CONAMA en la que coexisten, en desequilibrio, criterios técnicos y políticos. El deterioro a veces impune de valiosos ecosistemas, las debilidades en el acceso a la justicia ambiental, y la aparición, relacionada con estos tiempos mediáticos y globalizados, de nuevos foros, nuevas alianzas, y nuevos actores que intervienen en los conflictos ambientales, son sólo algunas de las señales de una crisis de gobernabilidad ambiental.
La Presidenta Bachelet acaba de firmar el proyecto de ley que da rango de Ministro al Presidente de la CONAMA. De aprobarse el proyecto, se entregará a un Nuevo Ministro del Medio Ambiente la presidencia del Consejo Directivo de la CONAMA, papel que actualmente la Ley 19.300 entrega al Ministro Secretario General de la Presidencia.
Este proyecto no crea todavía el esperado Ministerio del Medio Ambiente, ni la anunciada Superintendencia Ambiental, y eso podría leerse como una mala noticia, si no fuera por los anuncios de los siguientes proyectos de ley, que crearían un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia Ambiental para mejorar la fiscalización. Se ha dado un gran paso: La principal función del Consejo Directivo de la CONAMA es ejercer y hacer cumplir las funciones de la CONAMA, entre las que se cuenta la responsabilidad de proponer al Presidente de la República las políticas ambientales del gobierno. A su vez, al Consejo Directivo le corresponde velar por la coordinación en materia ambiental entre los ministerios, organismos y servicios públicos y, algo muy importante: Proponer al Presidente de la República proyectos de ley en materias ambientales. Será este nuevo Ministro entonces el principal encargado de cumplir con el deber que la Constitución le entrega al Estado de velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y de tutelar por la preservación de la naturaleza. Al Ministro del Medio Ambiente, funcionario de exclusiva confianza de la Presidenta, y con dedicación exclusiva, le corresponderá asumir el desafío de llevar adelante los proyectos de ley y las reformas necesarias para crear una institucionalidad funcional a las sólidas políticas ambientales que el país espera.
Quienes conocen la complejidad del problema ambiental saben que el éxito de este desafío requiere de un proceso inclusivo, participativo y abierto, fundado en antecedentes y estudios sólidos. La buena noticia es que las dos candidaturas que pasaron a segunda vuelta presidencial coincidieron en sus compromisos de fortalecer la institucionalidad ambiental, con lo cual podemos esperar que se honren las palabras empeñadas, que el debate sea fructífero y que el tema ambiental sea, al fin, prioritario.
Coordinadora de Investigación CDA
(Texto completo de la carta publicada el día 7 de abril de 2006 en "El Mercurio" y como columna en el Diario Financiero el 12 de abril y en el Mostrador)
Señor Director:
Los últimos dos años han estado marcados por señales que muestran la urgencia de una reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. Casos como CELCO nos han revelado la atención pública que despierta el impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión, y la desconfianza existente entre los actores públicos, privados y la ciudadanía. Esta desconfianza se ve motivada especialmente por las debilidades del diseño y estructura operacional de una CONAMA en la que coexisten, en desequilibrio, criterios técnicos y políticos. El deterioro a veces impune de valiosos ecosistemas, las debilidades en el acceso a la justicia ambiental, y la aparición, relacionada con estos tiempos mediáticos y globalizados, de nuevos foros, nuevas alianzas, y nuevos actores que intervienen en los conflictos ambientales, son sólo algunas de las señales de una crisis de gobernabilidad ambiental.
La Presidenta Bachelet acaba de firmar el proyecto de ley que da rango de Ministro al Presidente de la CONAMA. De aprobarse el proyecto, se entregará a un Nuevo Ministro del Medio Ambiente la presidencia del Consejo Directivo de la CONAMA, papel que actualmente la Ley 19.300 entrega al Ministro Secretario General de la Presidencia.
Este proyecto no crea todavía el esperado Ministerio del Medio Ambiente, ni la anunciada Superintendencia Ambiental, y eso podría leerse como una mala noticia, si no fuera por los anuncios de los siguientes proyectos de ley, que crearían un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia Ambiental para mejorar la fiscalización. Se ha dado un gran paso: La principal función del Consejo Directivo de la CONAMA es ejercer y hacer cumplir las funciones de la CONAMA, entre las que se cuenta la responsabilidad de proponer al Presidente de la República las políticas ambientales del gobierno. A su vez, al Consejo Directivo le corresponde velar por la coordinación en materia ambiental entre los ministerios, organismos y servicios públicos y, algo muy importante: Proponer al Presidente de la República proyectos de ley en materias ambientales. Será este nuevo Ministro entonces el principal encargado de cumplir con el deber que la Constitución le entrega al Estado de velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y de tutelar por la preservación de la naturaleza. Al Ministro del Medio Ambiente, funcionario de exclusiva confianza de la Presidenta, y con dedicación exclusiva, le corresponderá asumir el desafío de llevar adelante los proyectos de ley y las reformas necesarias para crear una institucionalidad funcional a las sólidas políticas ambientales que el país espera.
Quienes conocen la complejidad del problema ambiental saben que el éxito de este desafío requiere de un proceso inclusivo, participativo y abierto, fundado en antecedentes y estudios sólidos. La buena noticia es que las dos candidaturas que pasaron a segunda vuelta presidencial coincidieron en sus compromisos de fortalecer la institucionalidad ambiental, con lo cual podemos esperar que se honren las palabras empeñadas, que el debate sea fructífero y que el tema ambiental sea, al fin, prioritario.
21 septiembre 2005
Conflictos en la Justicia Ambiental Chilena,Dirección Prensa U. de Chile
( este artículo, realizado por la dirección de prensa de la Universidad de Chile, fue publicado por ella en Primavera de 2005)
A raíz de los últimos conflictos ecológicos y a resoluciones judiciales cuestionadas –léase caso Celco-, la justicia ambiental chilena está en la mira. La inmadurez que presenta el sistema y la falta de preparación de los actores que intervienen en éste amenazan con seguir generando polémicas. Así lo prevén especialistas de Derecho U. de Chile.Las interpretaciones de los jueces se hacen de una perspectiva netamente Civil, más que ambiental, asegura el investigador del Centro de Derecho Ambiental (CDA), José Ignacio Pinochet. Ejemplifica señalando que “muchas veces, los tribunales deniegan o postergan la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente sólo porque los antecedentes no les permiten determinar de quién es la responsabilidad o la culpa”, no cumpliendo con el “Principio Precautorio”.Del mismo modo, el principio de “El que contamina paga” los tribunales tienden a interpretarlo como que el que causó contaminación debe pagar una indemnización, pero el principio se refiere a que el contaminador debe asumir los costos de "prevenir" y "reducir" la contaminación que actualmente causa, dice Pinochet.”Otra gran falencia la constituye la reglamentación del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual es ineficiente y, a pesar de contemplar un procedimiento técnico, posibilita decisiones totalmente políticas y la aprobación de proyectos, incluso cuando ellos contrarían la ley. Además, establece mecanismos de participación ciudadana que son más bien formales, sirviendo sólo para causar más frustración en la población”, argumenta. Para el profesor Patricio Leyton, quien dicta el curso de Derecho Ambiental, el sistema de justicia ambiental es muy joven y recién esta empezando a madurar. Además, cree que, tal vez, falta difundir más conocimientos en los jueces para evitar que se recurra con tanta frecuencia a la deferencia en los organismos administrativos. “Si bien es cierto que los organismos de la Administración del Estado son aquellos que tienen un mejor conocimiento técnico de la materia, esto no puede ser excusa para que los tribunales no revisen el merito con el cual estos cumplen sus funciones”.Un ambiente de problemasAsí las cosas, el panorama no se ve exento de problemas. Leyton dice que si por conflicto se entiende que existen ciertos aspectos de la legislación ambiental que pueden ser cuestionados, “es evidente que hay áreas que debiesen ser revisadas. Es necesario evaluar el rol de las comunidades en el proceso de participación ciudadana, así como los recursos disponibles por parte de éstas para intervenir adecuadamente en la defensa de sus intereses frente al desarrollo de proyectos productivos”.Si bien muchos de los problemas o polémicas ecológicas están directamente relacionadas con la institucionalidad de la justicia ambiental, ya sea por las funciones o medidas que los organismos pertinentes tomen, el académico sostiene que “nunca he sido partidario de propender la modificación de las estructuras existentes sin que realmente se las hayan dotado de los recursos necesarios para su normal funcionamiento”.El director del CDA, Sergio Montenegro, sostiene que a corto plazo varios proyectos, que deberán ser evaluados según las regulaciones vigentes, provocarán reacciones por parte de los diversos actores involucrados. “En el ámbito minero, el proyecto Pascua Lama (alta cordillera III Región), exigirá la remoción de dos glaciares. En el área energética, la ampliación de algunas termoeléctricas (San Isidro, Quillota) y la instalación de nuevas de estas centrales, emplazadas en lugares de producción agro-frutales y/o cercanas a poblaciones, como San Vicente de TaguaTagua. Existen las primeras manifestaciones de interés de Endesa por explorar las posibilidades de instalar centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua (XI –Región), señala”A todo ello se agregan proyectos inmobiliarios, dice el profesor Montenegro, como la transformación de la plaza Las Lilas, en Providencia, y el túnel de conexión de El Salto con Pedro de Valdivia Norte. En zonas rurales, están las expansiones de áreas residenciales en desmedro de tierras de valor agrícola.“Conviene dejar en claro que, indudablemente, el desarrollo socio-económico del país requerirá de muchos proyectos como los señalados, los que deberán ajustarse a las regulaciones ambientales y, por sobre todo, tomar en consideración, en forma anticipada, las naturales inquietudes y observaciones que formulen las poblaciones vecinas, las organizaciones de defensa ambiental, el mundo académico, los políticos y otros actores, advierte el director del CDA.
A raíz de los últimos conflictos ecológicos y a resoluciones judiciales cuestionadas –léase caso Celco-, la justicia ambiental chilena está en la mira. La inmadurez que presenta el sistema y la falta de preparación de los actores que intervienen en éste amenazan con seguir generando polémicas. Así lo prevén especialistas de Derecho U. de Chile.Las interpretaciones de los jueces se hacen de una perspectiva netamente Civil, más que ambiental, asegura el investigador del Centro de Derecho Ambiental (CDA), José Ignacio Pinochet. Ejemplifica señalando que “muchas veces, los tribunales deniegan o postergan la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente sólo porque los antecedentes no les permiten determinar de quién es la responsabilidad o la culpa”, no cumpliendo con el “Principio Precautorio”.Del mismo modo, el principio de “El que contamina paga” los tribunales tienden a interpretarlo como que el que causó contaminación debe pagar una indemnización, pero el principio se refiere a que el contaminador debe asumir los costos de "prevenir" y "reducir" la contaminación que actualmente causa, dice Pinochet.”Otra gran falencia la constituye la reglamentación del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual es ineficiente y, a pesar de contemplar un procedimiento técnico, posibilita decisiones totalmente políticas y la aprobación de proyectos, incluso cuando ellos contrarían la ley. Además, establece mecanismos de participación ciudadana que son más bien formales, sirviendo sólo para causar más frustración en la población”, argumenta. Para el profesor Patricio Leyton, quien dicta el curso de Derecho Ambiental, el sistema de justicia ambiental es muy joven y recién esta empezando a madurar. Además, cree que, tal vez, falta difundir más conocimientos en los jueces para evitar que se recurra con tanta frecuencia a la deferencia en los organismos administrativos. “Si bien es cierto que los organismos de la Administración del Estado son aquellos que tienen un mejor conocimiento técnico de la materia, esto no puede ser excusa para que los tribunales no revisen el merito con el cual estos cumplen sus funciones”.Un ambiente de problemasAsí las cosas, el panorama no se ve exento de problemas. Leyton dice que si por conflicto se entiende que existen ciertos aspectos de la legislación ambiental que pueden ser cuestionados, “es evidente que hay áreas que debiesen ser revisadas. Es necesario evaluar el rol de las comunidades en el proceso de participación ciudadana, así como los recursos disponibles por parte de éstas para intervenir adecuadamente en la defensa de sus intereses frente al desarrollo de proyectos productivos”.Si bien muchos de los problemas o polémicas ecológicas están directamente relacionadas con la institucionalidad de la justicia ambiental, ya sea por las funciones o medidas que los organismos pertinentes tomen, el académico sostiene que “nunca he sido partidario de propender la modificación de las estructuras existentes sin que realmente se las hayan dotado de los recursos necesarios para su normal funcionamiento”.El director del CDA, Sergio Montenegro, sostiene que a corto plazo varios proyectos, que deberán ser evaluados según las regulaciones vigentes, provocarán reacciones por parte de los diversos actores involucrados. “En el ámbito minero, el proyecto Pascua Lama (alta cordillera III Región), exigirá la remoción de dos glaciares. En el área energética, la ampliación de algunas termoeléctricas (San Isidro, Quillota) y la instalación de nuevas de estas centrales, emplazadas en lugares de producción agro-frutales y/o cercanas a poblaciones, como San Vicente de TaguaTagua. Existen las primeras manifestaciones de interés de Endesa por explorar las posibilidades de instalar centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua (XI –Región), señala”A todo ello se agregan proyectos inmobiliarios, dice el profesor Montenegro, como la transformación de la plaza Las Lilas, en Providencia, y el túnel de conexión de El Salto con Pedro de Valdivia Norte. En zonas rurales, están las expansiones de áreas residenciales en desmedro de tierras de valor agrícola.“Conviene dejar en claro que, indudablemente, el desarrollo socio-económico del país requerirá de muchos proyectos como los señalados, los que deberán ajustarse a las regulaciones ambientales y, por sobre todo, tomar en consideración, en forma anticipada, las naturales inquietudes y observaciones que formulen las poblaciones vecinas, las organizaciones de defensa ambiental, el mundo académico, los políticos y otros actores, advierte el director del CDA.
31 agosto 2005
Medio Ambiente, certeza jurídica e inversión, por Valentina Durán CDA
Valentina Durán Medina, Coordinadora de Investigación CDA
(Publicada como carta en el Diario Financiero y como columna en el Diario "El mostrador", agosto-sept 2005)
La certeza jurídica es un elemento fundamental para la adecuada toma de decisiones del inversionista. En estos meses en que el caso CELCO ha llevado el tema ambiental a las portadas de los diarios, es un lugar común pedir reglas claras en materia ambiental. En el reciente seminario del Círculo legal de ICARE, Fernando Agüero, consejero de la SOFOFA, señaló que es crucial saber si se pueden modificar los términos de un acuerdo sin el beneplácito de la contraparte, lamentando la precariedad de las resoluciones de calificación ambiental (RCA). En la misma línea, el destacado abogado Javier Vergara relató que los inversionistas lo consultan con la misma sensación de quien va a una sesión de tarot.
Comparto parcialmente tales inquietudes. La complejidad de los proyectos de inversión plantea a las autoridades ambientales desafíos que exceden a veces su capacidad de respuesta, tanto en la evaluación como en la fiscalización de los proyectos en su desarrollo. Ello ocurre por ejemplo cuando se plantean intervenciones complejas en ecosistemas poco estudiados, o cuando el estado del arte no permite prever ni evaluar con precisión el impacto de una determinada tecnología en un medio o en condiciones climáticas en las que nunca se ha empleado.
Esta situación implica algún grado de precariedad de las RCA para quienes esperan que ellas les otorguen un certificado verde indefinido. La RCA certifica que el proyecto, tal como se aprueba y verificándose las medidas previstas, es sustentable y cumple con la normativa ambiental, pero en ningún caso congela la normativa aplicable a una determinada actividad. La Contraloría General de la República ha precisado que las COREMA y la CONAMA no pueden modificar discrecionalmente las RCA, que son el resultado de un proceso reglado, y que deben considerar tanto la eventual buena fe de los titulares de los proyectos como las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la actuación de la autoridad administrativa. Sin embargo la misma Contraloría reconoce las situaciones, perfectamente legítimas, que permiten que la autoridad modifique los términos de la autorización e incluso la revoque, como son la ocurrencia de impactos ambientales adversos no previstos y la infracción a la resolución por parte del titular.El ejercicio legítimo de sus facultades no constituye en modo alguno un acto arbitrario ni expropiatorio de la autoridad, ni mucho menos puede compararse con una modificación unilateral de los términos de un acuerdo. Es cierto que en el proceso de evaluación de impacto ambiental existe un fuerte componente de negociación, pero asimilar la RCA a un simple acuerdo entre privados es un error. Recordemos que la Constitución, así como asegura a todas las personas el derecho a desarrollar actividades económicas, nos asegura también el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y obliga a los organismos del Estado a “velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Lo dice la Constitución, y no el tarot.
En materia de inversión y de evaluación de impacto ambiental existe una responsabilidad compartida entre quien propone el proyecto y la autoridad que autoriza su funcionamiento aprobando, cuando corresponde, determinadas medidas de mitigación, reparación o compensación. Ésta es una de las consideraciones que debe hacer el que ve afectado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al decidir si es más eficaz dirigir su acción en contra de la autoridad o en contra de la empresa.Aunque un cierto nivel de inseguridad jurídica puede ser rentable para consultores y tarotistas, se debe avanzar hacia una mayor certeza jurídica para disminuir los factores de riesgo de la inversión. Existen aún impactos que no han sido reglamentados, vías de intervención que no han sido probadas, y competencias que se superponen. Nada dice el Reglamento del SEIA frente a la ocurrencia de impactos ambientales adversos no previstos, quedando esta situación entregada al criterio de la jurisprudencia de la Contraloría. Y existe también un importante porcentaje de proyectos aprobados que no son fiscalizados, lo que genera en algunos la temeraria certeza de que sus incumplimientos no serán sancionados.
Bienvenido entonces el debate acerca de cómo mejorar la gestión y la fiscalización ambiental. Debatamos por ejemplo si conviene instaurar auditorias privadas que certifiquen el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental (RCA), y en ese caso fijemos desde ya, en términos razonables, tal se hace en España y Alemania, la forma en que se regularán las obligaciones y la responsabilidad eventual del proponente, el auditor y la autoridad en distintos escenarios.
La inversión necesita certeza jurídica, y también necesita una ciudadanía informada con acceso a la participación, y una autoridad provista de los medios legales y políticos para ejercer sus competencias de forma clara e independiente. Discutamos también la creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de una Superintendencia Ambiental. Pero no olvidemos la lección: la inversión necesita empresarios responsables que enfrenten el tema ambiental en toda su dimensión. Lo barato cuesta caro.
(Publicada como carta en el Diario Financiero y como columna en el Diario "El mostrador", agosto-sept 2005)
La certeza jurídica es un elemento fundamental para la adecuada toma de decisiones del inversionista. En estos meses en que el caso CELCO ha llevado el tema ambiental a las portadas de los diarios, es un lugar común pedir reglas claras en materia ambiental. En el reciente seminario del Círculo legal de ICARE, Fernando Agüero, consejero de la SOFOFA, señaló que es crucial saber si se pueden modificar los términos de un acuerdo sin el beneplácito de la contraparte, lamentando la precariedad de las resoluciones de calificación ambiental (RCA). En la misma línea, el destacado abogado Javier Vergara relató que los inversionistas lo consultan con la misma sensación de quien va a una sesión de tarot.
Comparto parcialmente tales inquietudes. La complejidad de los proyectos de inversión plantea a las autoridades ambientales desafíos que exceden a veces su capacidad de respuesta, tanto en la evaluación como en la fiscalización de los proyectos en su desarrollo. Ello ocurre por ejemplo cuando se plantean intervenciones complejas en ecosistemas poco estudiados, o cuando el estado del arte no permite prever ni evaluar con precisión el impacto de una determinada tecnología en un medio o en condiciones climáticas en las que nunca se ha empleado.
Esta situación implica algún grado de precariedad de las RCA para quienes esperan que ellas les otorguen un certificado verde indefinido. La RCA certifica que el proyecto, tal como se aprueba y verificándose las medidas previstas, es sustentable y cumple con la normativa ambiental, pero en ningún caso congela la normativa aplicable a una determinada actividad. La Contraloría General de la República ha precisado que las COREMA y la CONAMA no pueden modificar discrecionalmente las RCA, que son el resultado de un proceso reglado, y que deben considerar tanto la eventual buena fe de los titulares de los proyectos como las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la actuación de la autoridad administrativa. Sin embargo la misma Contraloría reconoce las situaciones, perfectamente legítimas, que permiten que la autoridad modifique los términos de la autorización e incluso la revoque, como son la ocurrencia de impactos ambientales adversos no previstos y la infracción a la resolución por parte del titular.El ejercicio legítimo de sus facultades no constituye en modo alguno un acto arbitrario ni expropiatorio de la autoridad, ni mucho menos puede compararse con una modificación unilateral de los términos de un acuerdo. Es cierto que en el proceso de evaluación de impacto ambiental existe un fuerte componente de negociación, pero asimilar la RCA a un simple acuerdo entre privados es un error. Recordemos que la Constitución, así como asegura a todas las personas el derecho a desarrollar actividades económicas, nos asegura también el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y obliga a los organismos del Estado a “velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Lo dice la Constitución, y no el tarot.
En materia de inversión y de evaluación de impacto ambiental existe una responsabilidad compartida entre quien propone el proyecto y la autoridad que autoriza su funcionamiento aprobando, cuando corresponde, determinadas medidas de mitigación, reparación o compensación. Ésta es una de las consideraciones que debe hacer el que ve afectado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al decidir si es más eficaz dirigir su acción en contra de la autoridad o en contra de la empresa.Aunque un cierto nivel de inseguridad jurídica puede ser rentable para consultores y tarotistas, se debe avanzar hacia una mayor certeza jurídica para disminuir los factores de riesgo de la inversión. Existen aún impactos que no han sido reglamentados, vías de intervención que no han sido probadas, y competencias que se superponen. Nada dice el Reglamento del SEIA frente a la ocurrencia de impactos ambientales adversos no previstos, quedando esta situación entregada al criterio de la jurisprudencia de la Contraloría. Y existe también un importante porcentaje de proyectos aprobados que no son fiscalizados, lo que genera en algunos la temeraria certeza de que sus incumplimientos no serán sancionados.
Bienvenido entonces el debate acerca de cómo mejorar la gestión y la fiscalización ambiental. Debatamos por ejemplo si conviene instaurar auditorias privadas que certifiquen el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental (RCA), y en ese caso fijemos desde ya, en términos razonables, tal se hace en España y Alemania, la forma en que se regularán las obligaciones y la responsabilidad eventual del proponente, el auditor y la autoridad en distintos escenarios.
La inversión necesita certeza jurídica, y también necesita una ciudadanía informada con acceso a la participación, y una autoridad provista de los medios legales y políticos para ejercer sus competencias de forma clara e independiente. Discutamos también la creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de una Superintendencia Ambiental. Pero no olvidemos la lección: la inversión necesita empresarios responsables que enfrenten el tema ambiental en toda su dimensión. Lo barato cuesta caro.
23 julio 2005
Caso Celco: Comentarios al fallo de la Corte Suprema, por V. Durán, S. Montenegro yJ. Pinochet
Por Sergio Montenegro, Valentina Durán y José I. Pinochet, CDA
Publicado en El Mostrador, 23/07/05.
El polémico fallo emitido por los Ministros Ortiz, Rodríguez y Kokisch en el caso CELCO Valdivia, ha llamado la atención del CDA (Centro de Derecho Ambiental)* en tres aspectos primordiales relacionados con el acceso a la justicia ambiental. 1. En el considerando 10º de la sentencia del pasado 30 de mayo, que revoca el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia en el caso contra Celulosa Arauco, la Excma. Corte Suprema declara improcedente que los tribunales reemplacen a la autoridad ambiental en el ejercicio de sus funciones, precisando que la misión de los tribunales en el recurso de protección se limita a determinar si los actos recurridos han sido arbitrarios o ilegales y han afectado alguno de los derechos fundamentales amparados por este recurso. Pero en el mismo fallo la Corte no se pronuncia sobre si la actuación de Celco fue arbitraria e ilegal y opta, en cambio, por declarar extemporáneo el recurso para luego señalar por qué, a su juicio, igualmente habría debido rechazarlo, utilizando para ello una débil y equívoca argumentación. Parece razonable que los tribunales no puedan dictar una resolución de calificación ambiental (RCA) de reemplazo, sin embargo sí pueden ordenar otras medidas para restablecer el imperio del derecho. Del fallo se desprende que los sentenciadores le atribuyen a la autoridad administrativa ambiental el monopolio de la determinación de la legalidad de los actos contaminantes que cuenten con una autorización de funcionamiento como es la RCA. Si así fuese, la garantía constitucional del 19 Nº 8, que consagra no sólo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino también el deber del Estado de velar para que este derecho no sea afectado y de tutelar la preservación de la naturaleza, se tornaría en letra muerta. Agrava este caso el hecho público de que la COREMA de la Xª Región, organismo técnico que la Corte no quiso “reemplazar”, no sólo había sometido a la empresa a procesos sancionatorios por numerosos incumplimientos, sino que había entregado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que éste demandara a CELCO por daño ambiental. 2. En cuanto a la supuesta extemporaneidad del recurso, ella no fue advertida ni por la Sala Tramitadora de la Corte de Valdivia, que estimó que había sido interpuesto en tiempo y forma, ni por la defensa de CELCO, que no utilizó este argumento en ninguna instancia. A pesar de ser usual que, en protecciones, la Corte Suprema se pronuncie sobre su extemporaneidad aún cuando ella no sea alegada por la recurrida, al hacerlo esta vez contradijo su propia jurisprudencia reiterada durante a lo menos veinte años, según la cual en aquellos actos de desarrollo permanente y continuo, como son los que causan contaminación actual, un recurso de protección no puede ser extemporáneo mientras la acción contaminante persista. 3. Por otra parte, la Corte Suprema estimó que “no hay prueba suficiente para convencer a los sentenciadores que sea la planta Valdivia la que esté causando la muerte o emigración de las referidas aves acuáticas”. Respecto a la prueba, es grave que la Corte se haya fundado en un informe que CELCO atribuyó erróneamente al EULA, como también lo es que la Corte Suprema haya apoyado su conclusión en los “dichos de los investigadores de la Convención Ramsar”, que no constaban en el expediente ni configuraban una verdad evidente. Si bien aceptamos que es difícil para un jurista comprender a cabalidad los informes técnicos, que con diferencias de método y profundidad se referían a la causalidad entre la actividad de la planta y los graves cambios en el ecosistema, es fácil apreciar la metodología y mérito científico de las conclusiones del informe de la Universidad Austral. A pesar de ello, los sentenciadores obviaron la clara y contundente conclusión de este informe: “que las actividades de la planta Valdivia de Celco han incidido de forma significativa en los cambios ambientales que han ocurrido en el humedal del río Cruces durante el último año”. Por mucha libertad que la ley otorgue a los jueces para apreciar la prueba “en conciencia”, ello nunca los facultará para hacerlo de forma arbitraria. Es cierto que se requiere una urgente revisión de nuestra institucionalidad ambiental y de nuestras vías de intervención tanto administrativas como jurisdiccionales; también los jueces necesitan una mejor capacitación en aspectos técnicos y legales del problema ambiental. Pero nada de ello puede servir de pretexto para que nuestros jueces se inhiban de cumplir con su deber constitucional de restablecer el imperio del derecho cuando actos ilegales y arbitrarios afecten el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
* Sergio Montenegro (Director), Valentina Durán (Coordinadora de Investigación) y José Ignacio Pinochet (investigador). Centro de Derecho Ambiental. Facultad de Derecho. Universidad de Chile.
Publicado en El Mostrador, 23/07/05.
El polémico fallo emitido por los Ministros Ortiz, Rodríguez y Kokisch en el caso CELCO Valdivia, ha llamado la atención del CDA (Centro de Derecho Ambiental)* en tres aspectos primordiales relacionados con el acceso a la justicia ambiental. 1. En el considerando 10º de la sentencia del pasado 30 de mayo, que revoca el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia en el caso contra Celulosa Arauco, la Excma. Corte Suprema declara improcedente que los tribunales reemplacen a la autoridad ambiental en el ejercicio de sus funciones, precisando que la misión de los tribunales en el recurso de protección se limita a determinar si los actos recurridos han sido arbitrarios o ilegales y han afectado alguno de los derechos fundamentales amparados por este recurso. Pero en el mismo fallo la Corte no se pronuncia sobre si la actuación de Celco fue arbitraria e ilegal y opta, en cambio, por declarar extemporáneo el recurso para luego señalar por qué, a su juicio, igualmente habría debido rechazarlo, utilizando para ello una débil y equívoca argumentación. Parece razonable que los tribunales no puedan dictar una resolución de calificación ambiental (RCA) de reemplazo, sin embargo sí pueden ordenar otras medidas para restablecer el imperio del derecho. Del fallo se desprende que los sentenciadores le atribuyen a la autoridad administrativa ambiental el monopolio de la determinación de la legalidad de los actos contaminantes que cuenten con una autorización de funcionamiento como es la RCA. Si así fuese, la garantía constitucional del 19 Nº 8, que consagra no sólo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino también el deber del Estado de velar para que este derecho no sea afectado y de tutelar la preservación de la naturaleza, se tornaría en letra muerta. Agrava este caso el hecho público de que la COREMA de la Xª Región, organismo técnico que la Corte no quiso “reemplazar”, no sólo había sometido a la empresa a procesos sancionatorios por numerosos incumplimientos, sino que había entregado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que éste demandara a CELCO por daño ambiental. 2. En cuanto a la supuesta extemporaneidad del recurso, ella no fue advertida ni por la Sala Tramitadora de la Corte de Valdivia, que estimó que había sido interpuesto en tiempo y forma, ni por la defensa de CELCO, que no utilizó este argumento en ninguna instancia. A pesar de ser usual que, en protecciones, la Corte Suprema se pronuncie sobre su extemporaneidad aún cuando ella no sea alegada por la recurrida, al hacerlo esta vez contradijo su propia jurisprudencia reiterada durante a lo menos veinte años, según la cual en aquellos actos de desarrollo permanente y continuo, como son los que causan contaminación actual, un recurso de protección no puede ser extemporáneo mientras la acción contaminante persista. 3. Por otra parte, la Corte Suprema estimó que “no hay prueba suficiente para convencer a los sentenciadores que sea la planta Valdivia la que esté causando la muerte o emigración de las referidas aves acuáticas”. Respecto a la prueba, es grave que la Corte se haya fundado en un informe que CELCO atribuyó erróneamente al EULA, como también lo es que la Corte Suprema haya apoyado su conclusión en los “dichos de los investigadores de la Convención Ramsar”, que no constaban en el expediente ni configuraban una verdad evidente. Si bien aceptamos que es difícil para un jurista comprender a cabalidad los informes técnicos, que con diferencias de método y profundidad se referían a la causalidad entre la actividad de la planta y los graves cambios en el ecosistema, es fácil apreciar la metodología y mérito científico de las conclusiones del informe de la Universidad Austral. A pesar de ello, los sentenciadores obviaron la clara y contundente conclusión de este informe: “que las actividades de la planta Valdivia de Celco han incidido de forma significativa en los cambios ambientales que han ocurrido en el humedal del río Cruces durante el último año”. Por mucha libertad que la ley otorgue a los jueces para apreciar la prueba “en conciencia”, ello nunca los facultará para hacerlo de forma arbitraria. Es cierto que se requiere una urgente revisión de nuestra institucionalidad ambiental y de nuestras vías de intervención tanto administrativas como jurisdiccionales; también los jueces necesitan una mejor capacitación en aspectos técnicos y legales del problema ambiental. Pero nada de ello puede servir de pretexto para que nuestros jueces se inhiban de cumplir con su deber constitucional de restablecer el imperio del derecho cuando actos ilegales y arbitrarios afecten el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
* Sergio Montenegro (Director), Valentina Durán (Coordinadora de Investigación) y José Ignacio Pinochet (investigador). Centro de Derecho Ambiental. Facultad de Derecho. Universidad de Chile.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)