Desafíos Medio Ambientales para el Bicentenario

Por Raúl O’Ryan.
Prof Centro de Economía Aplicada, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.
Columna publicada en La Segunda el 12/05/06.

La discusión sobre la futura creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de la Superintendencia Ambiental a veces hacen perder de vista el para qué se necesitan estos cambios institucionales. Recordemos que la reciente evaluación del desempeño ambiental de Chile realizada por la OECD y CEPAL señala que ha habido desde 1990 “un mayor énfasis en la protección ambiental”, pero luego hace 52 recomendaciones específicas para fortalecer el progreso hacia un desarrollo sustentable. Se concluye que hay un largo camino por recorrer hasta alcanzar la “convergencia ambiental con la mayoría de los países de la OECD”.
Claramente es necesario profundizar la intervención en ciertos ámbitos específicos, en particular en el manejo de recursos naturales y de la diversidad biológica. La institucionalidad debe hacerse cargo de problemas recurrentes tales como la mantención de un subsidio que incentiva la sustitución de bosque nativo, problemas de contaminación del aire urbano, regulación de sustancias tóxicas, calidad de aguas en ríos y lagos y asociados a plantaciones. Pero además debe ser flexible y abordar en forma rápida problemas nuevos que requieren atención urgente, ya sea para proteger la salud, una especie o ecosistema, o un mercado de exportación amenazado por acusaciones con poco fundamento. Una deficiencia relevante en la gestión de la biodiversidad es que el estado de conservación y el funcionamiento de los ecosistemas continúan siendo poco conocidos y muchos ecosistemas y habitats significativos están subrepresentados en el sistema de áreas protegidas.
Lo anterior exige aumentar la capacidad del Estado para identificar las acciones prioritarias –no se puede hacer todo- y asignar los recursos necesarios para hacerse cargo de éstas. Por ejemplo, en el programa priorizado de normas hay cerca de 20 propuestas sobre las que no se ha podido avanzar debido a la falta de recursos técnicos, humanos e información para hacerlo. Se están discutiendo nuevas normas, pero ello no tiene sentido si no están los recursos para hacerse cargo. A nivel regional se requieren mejores recursos humanos para apoyar la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. Sin priorización y sin recursos, cualquier nueva institucionalidad no es creíble.
Los problemas que se deben abordar son de una mayor complejidad que hace 15 años. El medio ambiente se ve afectado por el desarrollo del transporte, el sector energético, el desarrollo urbano y múltiples decisiones individuales que en el agregado tienen efectos importantes (por ejemplo, el creciente uso del automóvil). Las recetas simples por tanto no son aplicables. Se necesita una visión integral de la relación entre las actividades productivas y el deterioro ambiental. Es clave disponer de información de base y modelos confiables. Es preciso diseñar instrumentos que puedan hacerse cargo de la complejidad del problema. Por ejemplo, el manejo de cuencas hidrográficas exige ir más allá que la simple definición de normas de calidad. La evaluación proyecto a proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe complementarse con estudios más amplios, por ejemplo aplicando evaluaciones ambientales estratégicas que se relacionan con objetivos societales mayores.
Se necesita articular a las diversas instituciones públicas y privadas afectadas por decisiones que cruzan a varios sectores y componentes ambientales. Es preciso que ellas cooperen entre sí y se desarrollen confianzas. Es fundamental que la autoridad sea capaz de hacer cumplir la legislación, normas y acuerdos vigentes, lo que hasta ahora ha sido un talón de Aquiles del sistema. Finalmente, es necesario facilitar la penetración de los mercados internacionales asegurando que el tema ambiental no será un obstáculo. Una tarea primordial en este sentido es mejorar el desempeño ambiental de las pequeñas y medianas empresas que sirven a empresas exportadoras, o que se dedican ellas al negocio exportador.
Hay aquí por cierto un rol del Estado, pero además la necesidad de fortalecer a la sociedad civil y los mecanismos de participación ciudadanos. Para que la nueva institucionalidad sea creíble, debe tener la capacidad de hacerse cargo de esta complejidad. Si un Ministerio Ambiental y una Superintendencia Ambiental la tienen, serán claves para que al 2010 Chile esté en la senda del desarrollo sostenible.