Ministerio del Medio Ambiente, por Hernán Durán de la Fuente*

* Director gerente general Gescam S.A.
Columna Diario Financiero, 25 de abril de 2006

La presidenta Bachelet ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el cargo de presidente de Conama y le confiere rango de ministro deEstado. Consecuentemente con lo prometido en su campaña, también anunció lapronta creación del Ministerio del Medioambiente (MIMA) y una nuevaSuperintendencia Ambiental.
¿Para qué una nueva institucionalidad ambiental? y ¿qué modelo de estructura orgánica quisiéramos para el MIMA? Responderé estas preguntas mirando el tema desde las perspectivas económica e institucional o estructural.
En primer lugar, el objetivo económico global al que se debiera aspirar y enel cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollosustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublementeen el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando laprotección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservaciónpara las futuras generaciones.
En segundo lugar, para alcanzar este objetivo, el MIMA debe valorareconómicamente nuestro medio ambiente. En efecto, detrás de esta opinión nosólo hay un concepto idílico del cuidado de los recursos naturales, sinosobre todo, el convencimiento de la importancia de insertarnos adecuadamenteen el desarrollo económico presente y futuro de las industrias de alimentos y de la salud y del ecoturismo a nivel mundial, para lo cual se debecontinuar avanzando paralelamente en el conocimiento de nuestrabiodiversidad, a través del fomento de la investigación científica y en elfomento de actividades como el ecoturismo y el sendero de Chile.
En tercer lugar, el control de la contaminación para proteger el valor delmedio ambiente, natural, físico y la salud de la población, simultáneamente, es uno de los temas más complejos, para lo cual se requieren recursos,normas y fiscalización especializada, acordes con el notable incremento dela actividad económica. Aun cuando no hay muchas evidencias empíricas sesostiene que un exceso de normativas y demasiada rigidez podría inhibir lainversión productiva. En el otro extremo, un sistema muy laxo, o arbitrariocomo el actual, genera desorientación tanto en el inversionista como en lapoblación, pues hay muy poca certeza jurídica, económica, técnica yadministrativa del sustento de las resoluciones de la autoridad. Dependiendode dónde nos ubiquemos en esta amplia gama de alternativas se podrá mejorarla relación protección/inversión. Razón por la cual hay que elegir un caminoque sea capaz de asumir las peculiaridades de nuestro entorno y de losactores económicos involucrados.
En cuarto lugar, para avanzar hacia el desarrollo sustentable, la actualestructura institucional requiere cambios profundos que privilegien losaspectos técnicos por sobre los políticos, pasando las resolucionesambientales del SEIA al MIMA, con lo que se podría esperar que las coremaspierdan su razón de existir. En este sentido, la nueva estructura tendrá queser capaz de reflejar toda la complejidad de la función pública en su rol deprotección del medio ambiente, tanto en la gestión, como en la definición depolíticas, normas y, finalmente, en la fiscalización, actuandoindependientemente de la coyuntura.
En la búsqueda de un paradigma institucional, el Ministerio de Hacienda esel que mejor refleja esta definición de funciones de protección de unrecurso determinado, en este caso, el monetario, por cuanto gestiona ycontrola estrictamente el gasto público y regula el gasto privado. También tiene una capacidad ilimitada para ejercer iniciativas legales para cumplircon su función normativa; dispone de un ente externo y autónomo, el BancoCentral, que se encarga de velar por la estabilidad del valor del dinero; y, finalmente, tiene un conjunto de superintendencias que se encargan de lafiscalización de todas las entidades reguladas que participan en el negocio:bancos, AFP, seguros, etc. La obsesión, en el caso de Hacienda, es que eldinero no pierda su valor, para lo cual se despliegan simultáneamente todaslas funciones propias de la gestión pública. ¿Para nosotros, llegará a ser una obsesión el que nuestro patrimonio ambiental no pierda su valor?