Por Valentina Durán Medina
Coordinadora de Investigación CDA
El Proyecto de Ley despachado por el Gobierno la semana pasada, crea el cargo de Presidente del Consejo Directivo de la CONAMA, hasta ahora desempeñado por el titular del Ministerio Secretario General de la Presidencia, y le confiere rango de Ministro de Estado a este nuevo funcionario. El principal responsable de hacer cumplir las funciones de la CONAMA, y de proponer políticas y normas ambientales, será un Ministro de exclusiva confianza de la Presidenta, que deberá conducir la tramitación de los proyectos anunciados, que crearían el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental.
El itinerario trazado no debiera encontrar obstáculos en la oposición que ha presentado propuestas en la misma línea. Es valioso este consenso sobre la necesidad de reforma de la institucionalidad ambiental, pero es indispensable que la preparación de los proyectos se funde en un proceso participativo, abierto y en antecedentes sólidos. No se trata de repetir palabras de buena crianza para estar en sintonía con la formación de comisiones que auxilien al Ejecutivo en la elaboración de propuestas, lo que por lo demás apoyaría con entusiasmo en este caso. Estamos jugando con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con garantías constitucionales como la vida y la salud, el derecho a un aire limpio, y a un adecuado acceso a la justicia. También se ven involucradas la igualdad ante la ley y la certeza jurídica para la inversión que los voceros del empresariado tanto valoran.
Al mezclarse, en torno a iniciativas determinadas, las inquietudes genuinamente ambientales con la disputa entre distintos sectores de la economía por el uso del espacio y de los recursos naturales, el pragmatismo y la coincidencia de intereses generan alianzas nuevas. Si a ello le agregamos otros factores, como la necesidad de financiamiento de los Municipios, la mirada escrutadora de nuestros potenciales socios comerciales y las normales disputas de competencia entre servicios públicos, podemos ver elefantes volar: alianzas entre actores tan distintos como un exportador de vinos, una ONG, y pobladores, como hemos visto en los últimos días, entre un ecologista profundo y la industria salmonera, todos acompañados de asesores comunicacionales, abogados y consultores.
Al mezclarse, en torno a iniciativas determinadas, las inquietudes genuinamente ambientales con la disputa entre distintos sectores de la economía por el uso del espacio y de los recursos naturales, el pragmatismo y la coincidencia de intereses generan alianzas nuevas. Si a ello le agregamos otros factores, como la necesidad de financiamiento de los Municipios, la mirada escrutadora de nuestros potenciales socios comerciales y las normales disputas de competencia entre servicios públicos, podemos ver elefantes volar: alianzas entre actores tan distintos como un exportador de vinos, una ONG, y pobladores, como hemos visto en los últimos días, entre un ecologista profundo y la industria salmonera, todos acompañados de asesores comunicacionales, abogados y consultores.
Pero así como un día el empresario, con una acertada estrategia logra inclinar la balanza en favor de su proyecto, o en contra de aquél que le perjudica, al otro día, en medio del fuego electoral, su competencia directa logrará un trato más favorable ante similares condiciones, o será sancionado con una multa ejemplar, afectando esta vez gravemente sus garantías y su competitividad. Los Gobiernos, sin dejar de seguir atentamente el people meter para saber reconocer los límites, han tendido la mano a la empresa, especialmente en períodos de crisis económica: reformando el reglamento de evaluación de impacto ambiental para agilizarlo, o fijando metas de reducción de emisiones a partir del curso normal de los negocios.
Volviendo al diseño de la institucionalidad ambiental ¿Cuál es entonces el interés que debiera motivar al Gobierno en sus propuestas, y luego a los parlamentarios en su análisis? Reforzar el Estado de Derecho, cumplir con el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y velar por que no se afecte el derecho a un medio ambiente sano. Para ello se deben buscar las fórmulas que entreguen mayor gobernabilidad, aunque esto implique pérdida de poder y de los amplios espacios de discrecionalidad administrativa.
Volviendo al diseño de la institucionalidad ambiental ¿Cuál es entonces el interés que debiera motivar al Gobierno en sus propuestas, y luego a los parlamentarios en su análisis? Reforzar el Estado de Derecho, cumplir con el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y velar por que no se afecte el derecho a un medio ambiente sano. Para ello se deben buscar las fórmulas que entreguen mayor gobernabilidad, aunque esto implique pérdida de poder y de los amplios espacios de discrecionalidad administrativa.
Hacerse cargo de las grandes dificultades operativas que arrastra el actual modelo requiere por una parte de una Autoridad Política con estatus y recursos: un Ministerio, a cargo de diseñar y llevar adelante una Política Ambiental coherente y sólida, y de proponer las modificaciones legales y reglamentarias que la sustenten. Sin embargo las autorizaciones, la ejecución de los planes y la fiscalización, requieren de un ente autónomo, también con recursos suficientes, que asegure que criterios técnicos y objetivos primen por sobre las consideraciones políticas.
1 comentario:
Reproducimos acá la carta titulada "Ministro de Medio Ambiente" publicada en la misma edición de La Tercera por Gonzalo Medina Vogel M.V. PhD. Director de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello.
Señor director:
La Presidenta Bachelet acaba de firmar el proyecto de ley que entrega rango de ministro al presidente de la Conama. Se ha dado un gran paso. Según precisó la Presidenta, "quien asuma el ministerio deberá rediseñar toda la estructura que existe actualmente en materia ambiental". Un desafío enorme para un país acostumbrado a un discurso de costos o beneficios económicos inmediatos. Ahora habrá un ministro que podrá defender sus planteamientos en igual situación que los otros ministros.
Sin embargo, probablemente la tarea más difícil que tendrá este ministro será la de demostrar la necesidad de que la nueva institucionalidad ambiental debe basarse en antecedentes y estudios sólidos y en una diversificación de la discusión objetiva. Pues los microorganismos, las especies silvestres y los ecosistemas no entienden de límites geopolíticos ni del comportamiento de la sociedad, simplemente los humanos interactuamos con éstos.
En la nueva institucionalidad será imprescindible la diversificación de las investigaciones de campo sobre los efectos del quehacer de nuestra sociedad en el ambiente y la biodiversidad, pues es imposible pretender tener alguna comprensión básica de qué efectos tendrá un proyecto de desarrollo si no exisiste alguna experiencia nacional en el ecosistema o las especies que serán afectadas. El caso de Celco es un ejemplo claro, así como pretender que podamos reducir la incertidumbre sobre la base de la opinión de "expertos" de un par de centros avanzados de investigación. La experiencia internacional avala que la incertidumbre en las decisiones disminuye cuando existe una mayor diversidad de opiniones basadas en estudios sólidos, lo que, a su vez, disminuye la influencia de los intereses particulares.
Este nuevo ministro deberá impulsar nuevos proyectos de ley y reformas a las normativas actuales. Es de esperar que dentro de estas propuestas sea incluida una de apoyo a la diversificación y financiamiento de centros de investigaciones de campo en todas las regiones del país.
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