22 agosto 2008

Charla de Ricardo Lagos sobre Estado actual de las negociaciones de cambio climático

En el contexto del Concurso de estudiantes "De Kioto a Copenhague", al que la Facultad fue invitada por la Universidad de Copenhague, en el CDA estamos preparando a un grupo de estudiantes de la U. de Chile, seleccionado previamente, que nos representará en el concurso.

El ciclo de actividades preparatorias y formativas para los alumnos, fue inaugurado por una charla del profesor emérito y ex presidente Ricardo Lagos Escobar, quien expuso en su calidad de comisionado para el Medio Ambiente de la ONU, en una charla en el Aula Magna el lunes 18 de agosto. El decano, Prof. Roberto Nahum, dio la bienvenida al expositor, agradeciendo su colaboración en esta actididad estudiantil. Presidieron la actividad el Decano y el Director del CDA, prof. Sergio Montenegro.

En su amena charla, Ricardo Lagos expuso la enorme complejidad de las negociaciones de cambio climático, dándose el tiempo de contestar a cada una de las preguntas de los estudiantes del concurso.

El siguiente es el reporte de Comunicaciones de la Facultad de Derecho, que cuenta más detalles de la charla:

Lagos plantea que en este siglo la eficiencia energética definirá reputación e imagen de los países
En su calidad de comisionado para el Medio Ambiente de la ONU, el ex Presidente Ricardo Lagos expuso en un encuentro convocado por el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad. En la oportunidad, destacó que la eficiencia energética determinará la imagen y reputación de los países ante la comunidad internacional.

Durante la charla, realizada en el marco de la preparación de un equipo multidisciplinario de la U. de Chile, para su participación en un encuentro sobre medio ambiente que se realizará en Copenhagen, el ex mandatario llamó a poner especial atención en la producción de energía.

Y si bien la buena noticia es que la tecnología existente hoy nos permite usar nuevas y mejores fuentes de generación, lo cierto es que como no alcanza sólo con las denominadas energías alternativas no hay que descartar a priori la producción a través de hidroeléctricas. Eso sería absurdo, teniendo en cuenta que se trata de energía renovable y limpia, aseveró el profesor Lagos.

En dicho sentido, lamentó que en Chile estemos retrocediendo, considerando que en 1990 el 75% de la energía provenía de recursos hídricos y hoy, crisis del gas mediante, más del 50% se obtiene de petróleo y carbón, lo que genera más contaminación.
Cambio climático

Mostrando un amplio dominio sobre la materia, entregó datos sobre el estado actual y las proyecciones del calentamiento global. “Los problemas de hoy son consecuencia de lo que se hizo 110 años atrás. Esa es la magnitud del problema”. De ahí que hoy estamos en un punto clave. Es hoy el momento en que podemos mejorar para no entrar en una espiral irreversible.

Explicó, además, los alcances jurídicos, políticos y económicos del acuerdo de Kioto y su meta de reducción de las emisiones a nivel global de gases y contaminantes en un 5% a 2012.

El ex mandatario también se refirió a la lógica de las negociaciones sostenidas entre diversos países para alcanzar acuerdos más a largo plazo. En este sentido, señaló que los acuerdos deben ser equitativos, considerando las responsabilidades y las capacidades tecnológicas y financieras de cada país.

De ahí que“es enorme la tarea desde el punto de vista del Derecho Internacional”, concluyó.

21 agosto 2008

Publicada Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, por Valentina Durán

Ayer 20 de agosto de 2008 fue publicada en el Diario Oficial la esperada Ley 20.285 "De transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado". Ya lo adelantaba en este blog la ayudante Solange Villarroel en su entrada "Próxima Ley de Transparencia en la Función Pública y Acceso a la Información", publicada a fines de julio.
El acceso a la información pública es de gran importancia en materia ambiental , y fue reconocido en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que promueve el acceso a la información, a la participación y la justicia ambiental, como tres niveles de acceso relacionados entre sí, y muy relevantes para abordar de buena manera las cuestones ambientales, y que requieren de fortalecimiento de capacidades por parte de todos los actores involucrados. Así el convenio de Aarhus, en Europa, se gesta en torno a la aplicación de este importante principio.
Una muy buena explicación de la Ley, que entrará en vigencia 8 meses después, es decir en abril de 2008, puede encontrarse en el Documento de trabajo N° 5 - "Ley de transparencia de la función pública: garantizando el acceso a la información" elaborado por Chile Transparente.
Más información sobre los alcances de esta ley en materia ambiental, puede encontrarse en los documentos del Seminario "Gestión Ambiental Local de la información", organizado por el CDA en el Aula Magna entre el 14 y 15 de mayo pasado.
Finalmente, recomiendo consultar información y documentos de la Iniciativa Acceso.

12 agosto 2008

La dispersa fiscalización ambiental, por Paulina Gálvez

*Paulina Gálvez es ayudante y memorista del CDA

El N° 8 del artículo 19 de la Constitución Política establece como un deber del Estado el velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado, así como también tutelar la preservación de la naturaleza. En cumplimiento de este deber constitucional, se han dictado normas que tienen como finalidad dar contenido concreto a este derecho. Sin embargo, la efectividad de las disposiciones normativas que tienen por objeto la protección del medio ambiente está directamente relacionada con las capacidades fiscalizadoras que desarrolle el Estado.

En Chile, las potestades fiscalizadoras en materia ambiental se caracterizan por su dispersión, existiendo una multiplicidad de órganos con competencia ambiental y facultades de fiscalización. Esta institucionalidad se estructura de manera sectorial, en la que cada organismo fiscaliza el cumplimiento de la normativa ambiental relevante para el componente correspondiente; por ejemplo, el SAG, ejerciendo las competencias que le ha otorgado el Decreto Ley 3.557 que establece Disposiciones sobre protección agrícola, fiscaliza el cumplimiento de la normativa relativa al suelo desde la perspectiva de la actividad agrícola. Además, la gestión de cada elemento por separado tiene una orientación marcadamente productiva1.

Esta dispersión se origina en la dispersión normativa. Siguiendo con el ejemplo, existen más de 50 decretos supremos en materia forestal que otorgan competencias al SAG o a CONAF, algunos incluso entregan competencia a ambos2.

La sectorialidad en el ejercicio de la fiscalización dificulta la necesaria integración de la gestión ambiental e incide en la existencia de diversos criterios a la hora de fiscalizar, lo que finalmente repercute en que la fiscalización no sea lo suficientemente efectiva, tanto en su fase preventiva como correctora, ya que no representa un elemento determinante para el cumplimiento de la normativa ambiental, al no otorgar la suficiente seguridad jurídica respecto de qué es lo que se fiscaliza y quién lo hace, y porque la acción fiscalizadora, al constatar una infracción, no siempre tiene como consecuencia la imposición efectiva de una sanción.

El artículo 64 de la Ley 19.300 reconoce esta dispersión de organismos fiscalizadores, al señalar que Corresponderá a los organismos del Estado que, en uso de sus facultades legales, participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones... El problema es que estas “facultades legales” se encuentran repartidas de manera inorgánica en nuestro ordenamiento jurídico, lo que en principio significa una incertidumbre respecto a cuales son los organismos del Estado que efectivamente están facultados para fiscalizar. En el proyecto de investigación Institucionalidad y Fiscalización Ambiental, al comenzar la investigación contamos 35 organismos competentes, esta situación se ha uniformado en la tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental, al solicitar los permisos sectoriales a una lista base de órganos3. Sin embargo, al hacer la comparación de los órganos requeridos en la tramitación de un EIA y los órganos con competencias de fiscalización señalados anteriormente, los fiscalizadores son un número menor, y de estos fiscalizadores, sólo algunos tienen potestades sancionadoras4.

La fiscalización en el Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

En el Mensaje, se reconoce que la fiscalización es dipersa e inorgánica, y que la alta dispersión en materia de criterios de fiscalización se expresa también en grandes diferencias en las sanciones desde los distintos sectores5.

Sin embargo, se mantienen las competencias sectoriales para fiscalizar, señalando el Mensaje que la fiscalización será realizada por la Superintendencia o por los órganos sectoriales cuando corresponda. El inciso final del artículo 2 dispone que Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, conservarán sus competencias y potestades de fiscalización, de conformidad a lo establecido en la presente ley.

De esta forma, se mantienen las competencias fiscalizadoras sectoriales. En este sentido, podría pensarse que el proyecto no soluciona el problema de dispersión en la fiscalización. Por otro lado, se establecen los programas y subprogramas de fiscalización, en cuya elaboración la Superintendencia deberá solicitar a los organismos con competencia en fiscalización ambiental informes acerca de las prioridades de fiscalización que hubieren definido. Esperamos que la consideración que la Superintendencia haga de estos informes y su debida ponderación, contribuyan a desarrollar y consolidar una actividad fiscalizadora integrada y eficiente.

1Por ejemplo, el SAG y la protección agrícola, la DGA y los derechos de aguas, Sernapesca y los recursos pesqueros.

2Ej: Decreto Supremo 26 de 1978, que autoriza la comercialización de árboles y ramas de especies forestales bajo las condiciones que indica.

3www.e-seia.cl

4Conaf tiene competencia para fiscalizar, pero quien sanciona la infracción es el Juez de Policía Local, de acuerdo al Decreto Ley 701 de Fomento Forestal.

5Caso del derrame de aguas servidas en playa de Concón, en el cual la Seremi de Salud impuso una multa de 1.000 UTM, siendo también competente para sancionar la SISS, con la posibilidad de imponer una multa máxima de 1.000 UTA.

05 agosto 2008

Consideraciones a propósito del control de la discrecionalidad administrativa en las RCA, por Alberto Barros*

* Alberto Barros es ayudante y memorista del CDA.

Tanto en el Derecho Administrativo como en el Derecho Ambiental, las discusiones relativas a la discrecionalidad son fuente de grandes pasiones[1]. Considerando lo anterior, la presente intervención busca levantar algunos puntos de reflexión respecto a la discrecionalidad que va envuelta en el otorgamiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

En brevísimas palabras, el quid de conflictividad que radica en la discrecionalidad administrativa puede resumirse en dos palabras, a saber: control judicial. En efecto. Desde que se entiende que la discrecionalidad implica una libertad de apreciación para la Administración del Estado, se abre un frente de conflicto con el principio de “legalidad” y el control que pueden llegar a hacer de este último, los tribunales de justicia.

En el contexto de la afirmación anterior, y para estimar lo lejos que se puede llegar en esta materia, un excelente ejemplo está constituido por el fallo pronunciado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso a propósito, justamente, de una RCA: "[...] los miembros de la Comisión Regional del Medio Ambiente ejercitan el derecho arbitrario de votar en favor o en contra -de la aprobación ambiental de un proyecto- pues la composición de sus miembros es indiciaria que se trata de aunar voluntades de diverso origen y por ello la decisión es política [...][2]. El trasfondo es, entonces evidente: De acuerdo a la sentencia referida, no correspondería a un tribunal de justicia pronunciarse sobre ningún aspecto referido a la aprobación o rechazo de una RCA, toda vez que la decisión involucrada sería política.

En el contexto del Derecho Administrativo actual, resulta inconcebible formular declaraciones como la anterior. Al respecto y, en primer lugar, las potestades discrecionales tienen per-se un componente reglado que siempre será fiscalizable. En ese sentido, autores tan distinguidos como Eduardo García de Entería Tomás Ramón Fernández han señalado que toda potestad discrecional contempla al menos cuatro elementos normados que son plenamente fiscalizables, a saber: I) la existencia misma de la facultad; II) su extensión; III) la competencia para actuarla y; IV) el fin con que se instituyó[3].

Ahora bien, no puede desatenderse la circunstancia que la potestad discrecional conlleva, efectivamente, un ámbito de libre apreciación para la autoridad. En ese sentido, el también autor español Luciano Parejo sostiene que, “[…] no puede perderse de vista el hecho radical de la estricta necesidad de zonas, planos, momentos y grados de libertad de apreciación y decisión en el poder ejecutivo y más concretamente, en la Administración […]”[4].

En definitiva, el control de la discrecionalidad debe ponderarse en su justa medida. Al efecto, sin descartar el control judicial hay que reconocer que, en ciertas materias, la Administración del Estado es libre de tomar la decisión que mejor le parezca.

Ahora bien, sin perjuicio a que la potestad discrecional otorga un margen de acción a la Administración del Estado, es indudable que la decisión jamás podrá ser arbitraria. En ese sentido, cobra un sentido especial el control respecto de la motivación del acto administrativo que, desde la publicación de la Ley 19.880, es obligatorio en nuestro país (Vid artículo 41º Ley 19.880). Esto último que, en el caso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tuvo que venir a ser reforzada por un instructivo de la propia CONAMA (Ord N°70983/87 CONAMA “Instruye para la adecuada fundamentación de los Informes Sectoriales, de los Acuerdos y Resoluciones de Calificación Ambiental adoptados en el contexto del SEIA", comentado en el IV Diálogo del CDA, sin lugar a dudas abre una interesante herramienta de control judicial respecto al ejercicio de las facultades discrecionales envueltas en el pronunciamiento de las RCA.

La obligación de fundamentar los actos administrativos es de carácter material y no formal, lo que tiene mucho sentido. En efecto; de sostenerse lo contrario cualquier expresión de motivos sería suficiente para garantizar la legalidad del acto. Así, concordamos con lo señalado por Igartua respecto a que, “[…] la no arbitrariedad es la garantía de una motivación bien cumplida. Por eso, al juez no sólo le corresponde (aunque también) controlar que el deber legal de motivar se cumple, como si este fuera un requisito formal, sino le incumbe igualmente el deber de comprobar si las razones que transporta la motivación están dotadas de vigor suficiente como para desterrar la arbitrariedad […]”[5]. Es así como identificamos en la fundamentación de las RCA, el elemento necesario para ahondar en las posibilidades de un control judicial efectivo.

Ahora bien. Lamentablemente en nuestro país no existen tribunales contencioso administrativos así como tampoco se ha desarrollado un procedimiento de esa naturaleza. Es, entonces, bastante fácil de entender porque los tribunales de justicia han estado alejados, en general, de generar conceptos a propósito del control de la discrecionalidad administrativa y en especial, a propósito del control de las RCA. Al efecto, basta recordar que la Ley 19.300 contempla un contencioso administrativo especial, únicamente, para el caso del titular de proyecto cuyo proyecto haya sido rechazado o aprobado con condiciones distintas a las propuestas (En estos casos, la práctica hace que lo más conveniente sea reingresar al sistema, corrigiendo los puntos elevados por la autoridad como causal de rechazo). Respecto de terceros afectados, como aquellos que tomaron parte en la participación ciudadana, la ley no contempla recurso alguno.

En ese escenario las únicas alternativas restantes son el recurso de protección y la acción de nulidad de derecho público. Respecto del primero y, tal como ha sido expuesto por Juan Carlos Ferrada, “[…] la justificación del papel del Recurso de Protección como proceso contencioso administrativo supletorio ante la ausencia de un procedimiento ordinario general y común de este tipo no se sostiene histórica ni doctrinalmente […]”[6].

Por su parte, la acción de nulidad de derecho público es un procedimiento que por sus largos plazos de tramitación vuelve difícil que alguien esté en condiciones de asumir sus costos.

Al efecto, estimamos que en este tiempo de reformas, el control de la Administración del Estado requiere ser enfatizado. En efecto, estimamos que es un paso imprescindible para democratizar (en el sentido de respeto efectivo a las normas) las actuaciones de la Administración del Estado.
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[1] No en vano se ha señalado que, “[…] la discrecionalidad, es el caballo de Troya dentro del Estado de Derecho […] y “[…] refleja de forma bien perceptible el antiguo modo de gobernar, que parece prescindir de la Ley y consagra la voluntad de los gobernantes como criterio único y último de decisión […]”. GARCÍA de Entería, Eduardo y FERNÁNDEZ Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. 11 ed. Edit Civitas. Madrid (I). P 457.
[2] Sentencia citada en: GALINDO Villarroel, Mario. "El caso Itata: Sobre el Control Jurisdiccional de la Discrecionalidad Técnica a Través del Recurso de Portección". En: Revista de Derecho Ambiental. (1). 2003. 146-186. La cita corresponde a una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, referida por el autor: Corte de Apelaciones de Valparaíso, sentencia 11 de julio de 2001, rol 192-2001. Confirmada por la Exma. Corte Suprema, sentencia de 30 de julio de 2001, rol 2813-2001.
[3] GARCÍA de Entería Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Ibid. P
[4] PAREJO, Luciano. Derecho Administrativo. Edit Ariel Derecho. Barcelona. 2003. P 624.
[5] IGARTUA Salaverría, Juan. “Discrecionalidad técnica, motivación y control jurisdiccional. Edit Civitas. Madrid. 1998. P 85.
[6] FERRADA, Juan Carlos. “El recurso de protección como mecanismo de control contencioso administrativo” En: La Justicia Administrativa. Edit Lexis Nexis. Santiago. 2005. p 164.
-----MÁS INFORMACIÓN-----

Concurso para estudiantes "De Kyoto a Copenhagen"

Nuestra Universidad ha sido invitada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Copenhagen, a una competencia estudiantil de negociación de los compromisos post-Kyoto, en el marco de las actividades preparatorias de la COP16 de Cambio Climático. Los seleccionados deberán viajar a Dinamarca a representar a la Universidad.
En CDA de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile convoca a estudiantes y egresados (de preferencia memoristas) de la Facultad de Derecho y de otras (en especial Ingeniería o Ciencias), a participar en el equipo que nos represente en este concurso. Se organiza un ciclo de charlas para preparar al equipo que participe. El plazo para presentar antecedentes vence el lunes 11/08.

28 julio 2008

Próxima Ley de Transparencia en la Función Pública y Acceso a la Información. Por Solange Villarroel R.

*Solange Villarroel R, es ayudante del Centro de Derecho Ambiental y de la Clínica Ambiental y de Resolución de Conflictos, ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además es memorista del Programa Domeyko Energía y Regulación, dirigido por la Profesora Pilar Moraga.

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En los próximos días nuestro país presenciará el más importante hito en materia de acceso a la información que hayamos visto nunca. El día 10 de julio recién pasado, terminó el trámite Constitucional de la Ley de Transparencia en la Función Pública y Acceso a la Información, impulsada por los senadores Larraín y Gazmuri en colaboración con el gobierno, a fin de modificar la regulación de acceso a la información y así cumplir con nuestros compromisos internacionales de transparencia y lucha contra la corrupción. Esta nueva ley viene a concretar la obligación Constitucional de transparencia de los órganos de la administración del Estado, tomando en cuenta que este derecho constituye un elemento fundamental para alcanzar el grado de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, y que a la vez que facilita la formación de una mayor y más efectiva participación ciudadana.

Algunas de las novedades es ésta ley son las siguientes:

1. En relación a la publicidad de los actos de la administración, plasma a nivel legal el principio de “transparencia activa” que consiste en la obligación de los órganos de la Administración del Estado de mantener ciertos antecedentes a disposición permanente en su sitio electrónico, entre los que cuentan los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el diario oficial.

2. En relación a la legitimación activa, consagra a nivel legal el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, de la forma y condiciones que la ley establece. Además de lo anterior establece una serie de principios, entre los que destacan los de relevancia (presunción de relevancia de la información que se solicita), libertad de información (sólo puede limitar el derecho una ley de quórum calificado), divisibilidad (si algo de lo requerido no es público, se entregará todo lo que no se encuentra en dicha circunstancia), facilitación (lo órganos deben facilitar el acceso, excluyendo exigencias), oportunidad (la información debe entregarse dentro de los plazos legales), control (el cumplimiento de estas normas será fiscalizado, con posibilidad de reclamo ante un órgano externo), responsabilidad (el incumplimiento de estas normas origina responsabilidades y sanciones) y gratuidad (el acceso a la información es gratuito salvo disposiciones legales).

3. En relación a la legitimación pasiva, ésta ley se hace aplicable a los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Gobiernos Regionales, Municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública y a los órganos y servicios creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se hace aplicable a la Contraloría General de la República y al Banco Central, de la forma que la misma ley lo determina. Respecto a éste ultimo organismo es que el Tribunal Constitucional sentenció la inconstitucionalidad estableciendo que por su carácter esencialmente autónomo no podría verse “obligado a adoptar las disposiciones que determine el Consejo para la Transparencia”. Como la norma de la que hablamos no esta publicada, desconocemos como finalmente habrá quedado esta disposición. Por último, lo que más llama la atención en este acápite, es que se le aplican las disposiciones de esta ley a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que el Estado tenga una participación accionaría superior a un 50% o mayoría en su directorio (EFE, TVN, Banco Estado, CODELCO, ENAP, Metro).

4. Respecto al procedimiento de respuestas, en primer lugar se destaca la obligación de la autoridad de derivar a quien tenga la información requerida (si lo sabe), si es que la información no esta en su poder. De esto subyace la necesidad de que el acceso a la información sea un derecho “popular” y que no requiera la intervención de un letrado ni personal especializado para su ejercicio. En relación al procedimiento de respuesta, la autoridad cuenta con 20 días (hábiles administrativos) extendible a 10 más para contestar a la solicitud de información. Si la información solicitada, pudiese afectar los derechos de terceros la autoridad deberá darle aviso al posible afectado dentro de 2 días hábiles desde la recepción de la solicitud. El tercero tendrá tres días desde su notificación para responder fundadamente si la entrega de información afecta sus derechos. Deducida dicha oposición el órgano queda impedido entregar la información, salvo resolución del Consejo de la Transparencia.

5. En relación a las causales de secreto o reserva, la ley reitera las establecidas en la CPR (artículo 8), detallando algunos criterios.

6. La reclamación ante el incumplimiento de las disposiciones de este cuerpo normativo, se realiza ante el Consejo de la Transparencia y ante su resolución procede un Reclamo de Ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, pudiendo ser interpuesto tanto por la administración o por el solicitante y no procede recurso alguno ante dicha sentencia. El Consejo para la Transparencia será una corporación autónoma de derecho público que tendrá por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la administración y garantizar el derecho a la información. La dirección y administración superior del consejo corresponderá al consejo directivo, integrado por 4 consejeros designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado con acuerdo de dos tercios de sus miembros en ejercicio. La propuesta de los miembros serán en una sola unidad e igualmente su aprobación. Las sanciones que dicho consejo puede aplicar van desde un 20% a un 50% de las remuneraciones de la autoridad o jefe de servicio y podrán ser aplicadas previa instrucción de un sumario administrativo.

7. Finalmente en sus disposiciones transitorias ésta ley establece que se entenderán que tienen el carácter de quórum calificado los preceptos legales, actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la dictación de la reforma constitucional de 2005. En este sentido y para facilitar el conocimiento de cuáles son las reservas y secretos vigentes, la ley ordena la creación de un índice actualizado con esta información.

Comentarios

1. A pesar que el concepto de transparencia activa ya se encuentra bastante incorporado en algunos organismos (SISS, Banco Central por ejemplo), por la importancia que esto tiene, es de esperar que existan los mecanismos para que alcance toda la administración, en especial a los municipios.

2. Dada las características del órgano de reclamo, que establece una especie de contencioso administrativo, es imperativa la legitimidad e idoneidad que deberá tener el organismo dado que estará en sus manos interpretar los conceptos indeterminados que la ley le encomienda. A su vez la Corte de Apelaciones deberá encausar su actuar entre la deferencia debida al órgano especializado y una interpretación correcta de ésta legislación y los principios que la inspiran.

3. Llama la atención la posibilidad de solicitar información a determinadas empresas. Aún así queda pendiente la necesidad de poder incluir dentro de éstas, a empresas privadas que realizan servicios de utilidad pública (sanitarias, eléctricas, gas), donde la función de las Superintendencia, no siempre satisface los intereses de la ciudadanía y donde ésta última podría colaborar activamente en la fiscalización.

4. Desde el punto de vista procedimental, se establecen plazos más laxos para contestar las solicitudes de información que las establecidas en la LGBAE, pero esperamos que éstos sean más realistas y realmente se cumplan.

5. Es de esperar que las sanciones pecuniarias que se podrán establecer previo sumario administrativo al Jefe de Servicio requerido, constituyan un aliciente para el cumplimiento.

6. Se entiende que toda la proliferación de resoluciones de reserva o secreto que se produjo hasta el DS Nº134 de MINSEGPRES de 12 de diciembre de 2005, no tienen carácter de ley de quórum calificado, debido a que dicho decreto deroga a todos los anteriores, por lo tanto no se encontrarían vigentes.

Por último, aparte de ésta iniciativa necesitamos más capacitación tanto para los ejecutores del sistema, como para los usuarios. Como un aporte en este sentido, se calificó la experiencia del Centro de Derecho Ambiental en el Curso de Capacitación a Funcionarios Municipales en Manejo de Información Ambiental que realizó en conjunto a la CONAMA y financiado por la Unión Europea (marzo y mayo recién pasados), debido a que mientras existan más posibilidades de acceso a la información, se motiva a ciudadanos a solicitarla y a tener el mejor sistema de fiscalización que un país puede tener.

Para seguir paso a paso la tramitación de esta ley pronta a ser publicada ver boletín 3773-06

Para ver el texto del proyecto de ley antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, presione aquí.

18 julio 2008

Defensor del ciudadano y su rol en los conflictos ambientales, por Antonio Morales*

*Antonio Morales Manzo es alumno de la Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (primer semestre 2008)
Nota de la Editora:
Como parte de la evaluación del curso, dentro del módulo "el conflicto ambiental" los alumnos escriben una columna de opinión sobre algún tema ambiental de actualidad. Como en semestres anteriores, publicamos en este blog una selección de las mejores contribuciones.
......

Reflexiones acerca de la eventual incorporación de la figura del Defensor del Ciudadano al sistema jurídico chileno, y su rol en los conflictos de carácter ambiental.


El desarrollo histórico de la idea de Estado, entendida como unidad político-administrativa bajo la cual se sitúa y gobierna una comunidad determinada, ha tenido giros diversos en las sociedades occidentales durante el transcurso del siglo XX y comienzos del presente milenio. Así, es posible observar que el rol que esta institución ha cumplido en el entramado de procesos económicos, políticos, sociales y culturales a nivel global, ha variado ostensiblemente dependiendo de los contextos dentro de los cuales se encuentre inmersa.

Con posterioridad a la caída del Muro de Berlin, atendiendo a los cambios geopolíticos y al marco ideológico que ya previamente fundamentaba el discurso de las democracias occidentales de los países desarrollados, el rol del Estado ha transitado desde ser ente productor, regulador, y garante de la asignación de recursos a los particulares, hacia la comprensión del mismo como una institución reguladora de las actividades de los privados, interviniendo como generador de bienes o prestador directo de servicios sólo en aquellas áreas de la economía donde resulte ineficiente para los particulares inmiscuirse. Este proceso de rescate de la iniciativa privada para suplir los espacios que la actividad estatal dejó vacíos, se forjó en virtud de una reestructuración normativa de carácter jurídica, la cual fue adoptada, entre otros, por el ordenamiento jurídico chileno, el cual se reelaboró en torno a la pretensión de sistematizar los planteamientos de inspiración liberal predominantes, siguiendo la tendencia mundial. Dicha reestructuración recibió en la doctrina nacional la denominación de “Orden Público Económico”, constituyendo el discurso hegemónico desde entonces y hasta la fecha en la que se escriben estas líneas.

La comprensión imperante de la función del Estado en la sociedad mundial actual, nos lleva a plantearnos cómo deben entenderse sus potestades regulatorias y su auctoritas en el desenvolvimiento presente de las actividades que ejecuta, y en su interacción con las personas, naturales y jurídicas, que conforman la sociedad civil o grupos intermedios de la comunidad. La presente columna intentará desentrañar cuál es el rol que le corresponde a la institución del Ombudsman en la resolución de conflictos de tipo ambiental en el contexto actual, a partir del análisis general ya expuesto. Lo anterior, con motivo de la tramitación en el congreso del proyecto de ley que crea la Defensoría del Ciudadano en Chile.

Existen distintas disposiciones constitucionales y legales que establecen ciertas garantías para los ciudadanos, con respecto al actuar de la administración del Estado. Normas relevantes son las que se desprenden de la Constitución en sus artículos 6 (sujeción del actuar de la administración a la normativa vigente), 8 (Principio de probidad y publicidad de los actos administrativos), 19N°1 (derecho a la integridad física y psíquica), N° 4 (derecho a la honra de la persona y su familia) y N°8 (derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación). Respecto de las normas contenidas en otros cuerpos legales, procede señalar que se establecen principios que complementan las garantías constitucionales ya citadas; la ley 19.880 expresa en su artículo 4 una serie de principios que informan el actuar de la administración, los que son desarrollados en los artículos que le suceden, mientras que la Ley 18.575 establece las bases de la administración del Estado, indicando los principios que deben orientar el actuar de sus funcionarios y autoridades.
Se ha comprendido que respecto de estas garantías se configuran derechos correlativos frente a los actos de la administración, que permiten impugnar su desempeño y obtener con ello la protección de la esfera de autonomía de la que disponen los ciudadanos. Dentro de este entendimiento, la función del Ombudsman como organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, sería ejercer la auctoritas (mas no la potestas), sobre los actos administrativos que lesionen los derechos y vulneren las garantías de los sujetos regulados. De esta forma, el defensor del ciudadano actuaría como un ente que controlaría la corrección jurídica de la administración en su actividad de regulación de los privados, a cuya potestad éstos se encuentran sometidos. Como señala el proyecto de ley que crea al Defensor del Ciudadano, esta institución “es una magistratura de disuasión y no de imposición coercitiva”, por lo que el control que ejercería se limitaría a cumplir con su rol tutelar bajo este prisma, a través de investigaciones e informes, ejercicio de acciones judiciales, sugerencias y /o recomendaciones.

La dificultad conceptual que se avizora ante la inclusión de la figura del defensor del ciudadano en el sistema jurídico vigente, radica en determinar a los sujetos pasivos objetos de su control. La concepción tradicional retratada en el párrafo anterior, requiere de una cierta reformulación que incluya los matices que nos otorga la actual dinámica del Estado según la descripción de su función actual, retratada al comienzo de esta columna. En este sentido, resulta importante aseverar que una vez que el Estado se retira de la dimensión productiva de la economía (o la desempeña solo en forma excepcional), los particulares que en su lugar cumplen con la producción y otorgamiento de servicios de carácter público o que prestan utilidad pública a la comunidad, deben ser sometidos a instancias regulatorias, de modo de establecer mecanismos de control que permitan contrapesar los desequilibrios de poder entre el prestador y el consumidor del servicio público brindado. Esta “acepción amplia” de lo que la expresión “administración pública” significa, ha sido incorporada en el proyecto de ley presentado en el parlamento. La limitación del control a los roles productivos que el Estado desarrolle directamente, representaría una reducción del rol tutelar de la institución estudiada, dejando espacios no regulados en dimensiones que son de central interés para el pleno respeto de las garantías que el ordenamiento establece en favor de los individuos que se encuentran sometidos a su Imperio.

En definitiva, el ámbito de definición de los sujetos pasivos sobre los cuales el defensor del ciudadano ejercería control con el objeto de intervenir en base a su función disuasoria (auctoritas), tiene que tomar en consideración los cambios de perspectiva en la comprensión del rol del Estado en las distintas fases de la actividad económica. Dado lo anterior, el proyecto de ley, al establecer esta acepción amplia de la expresión “administración pública” toma en cuenta las variables antedichas. Sin embargo, la indeterminación queda dada por la extensión del concepto “utilidad pública”, pues si bien el proyecto es explícito al declarar que “no se extiende su competencia a otros ámbitos de la administración ni de la economía nacional”, no es suficientemente preciso en referir en qué consisten estos ámbitos limitantes de dicha competencia. En consonancia con el principio N°10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo acerca del “Acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en materia ambiental”, la versión chilena del Ombudsman podría constituirse como una vía adecuada para corregir disparidades entre privados en relación al acceso a la justicia para la resolución de conflictos ambientales.

11 julio 2008

Hacia un Nuevo Concepto de Contaminación, por Alberto Acuña Barros

Alberto Acuña fue alumno de la Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (promer semestre 2008).
Nota de la editora: Como en semestres anteriores publicamos las mejores columnas que los alumnos del curso elaboran dentro del módulo "el conflicto ambiental". Ésta es una de ellas.
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He visto, no con poca preocupación, que la garantía que nuestra Constitución Política establece en su artículo 19 Nº 8 que consiste en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ha quedado consagrada en el papel, pero no se traduce en un derecho subjetivo público en la práctica. Ello, por cuanto, el concepto de contaminación que establece la Ley 19.300 es insuficiente, ya que básicamente éste consiste en que existirá contaminación en el caso que sustancias, elementos, energía o combinación de ellos se presenten en el ambiente en concentraciones y permanencia superior o inferior a lo establecido en la legislación. A nuestro entender, aplicando las normas de interpretación de los artículos Nº 19 y siguientes del Código Civil, el tenor claro de la disposición se refiere a todas las normas de emisión y calidad ambiental.

Por lo anterior surge el problema de ¿qué ocurre en los casos en que no existe norma? Ante ello, el Profesor Javier Vergara Fisher expuso en el Congreso Internacional de Derecho Ambiental organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (lo que se encuentra recogido en las páginas 535 a 543 de la obra que aúna todas las presentaciones), que en ésta situación debería aplicarse lo que él ha denominado la Teoría del Riesgo, la que consiste, resumidamente, en que en el caso de ausencia de norma de emisión o calidad, ha de verse sí con la emisión se afecta o no la salud de las personas o a la naturaleza de modo perjudicial para el desarrollo de la vida, afectación que de ocurrir generaría contaminación.

Por otro lado, existen en nuestra legislación otras fuentes que tratan la contaminación de forma diversa a la ley 19.300, como por ejemplo el Decreto Supremo Nº 12 del Ministerio de Minería Sobre Transporte Seguro de Materiales Radioactivos, que define contaminación básicamente como la presencia de sustancias radioactivas en cantidades superiores a 0.4 Bq/cm2 y 00.4 Bq/cm2, en el caso de emisores beta, gamma y alfa, respectivamente, y que también define lo que entiende por “contaminación fija”, señalándola como la que no es transitoria, y por “contaminación transitoria”, definiéndola como la que puede eliminarse. Esto cobra relevancia, ya que el artículo Nº 1 de la Ley 19.300, señala que la garantía constitucional del 19 Nº 8 se regulará por esa ley, sin perjuicio de lo que establezcan leyes especiales.

Ello da origen a varios problemas. En primer lugar pueden, entonces, existir tantos tipos de contaminación como leyes especiales se redacten sobre el tema, y por ello tantas garantías del 19 Nº 8 como leyes especiales, lo que ciertamente generará antinomias, y en definitiva, le resta seguridad a las personas y eficacia a la ley. Por ejemplo, en el caso anterior el concepto de contaminación, que está dado por la propia norma, es a la vez la disposición que establece el máximo de emisión de Bq/cm2, y por eso podríamos preguntarnos ¿puede haber otra contaminación por materiales radioactivos que escapen a la definición? y de ser así ¿a qué concepto de contaminación acudimos, al de la ley especial o al de la ley de bases?

En segundo lugar, y lo más importante, es que el relegar la existencia de la contaminación a un criterio normativo, permite que existan casos de emisiones claramente dañinas para la salud de las personas, pero como hay normas que las autorizan, ellas, en principio, serían plenamente legales. Por ejemplo, el Decreto Nº 146 que establece la norma de emisión (inmisión) de ruidos molestos para fuentes fijas, tiene como mejor y máximo estándar de nivel permisible de presión sonora los 45 decibeles, lo que a todas luces no es suficiente. Es tal la envergadura de los problemas que se pueden suscitar con estas normas, que puede ser preferible que no existan para así poder acogerse a la teoría del riesgo, ya que las autoridades encargadas de su fiscalización nada pueden hacer si no se vulneran, en éste caso si se emiten 44,9 decibeles. Otra cuestión que ocurre, es que en la práctica puede ser más efectiva la protección que otorga una ordenanza municipal de ruidos, de carácter general, que la que provee la norma específica encargada de regularla.

Todo ello nos hace cuestionarnos la actual definición de contaminación, la que debiese rediscutirse y así lograr el tratamiento integrador y sistémico de la legislación ambiental que destaca el mensaje de la ley 19300. Desde ya, consideramos que un concepto como la contaminación debe estar orientado por la salud y seguridad de las personas, la conservación del medio ambiente y sus elementos, y finalmente tomando en cuenta criterios técnicos a la hora de definir políticamente cual es el riesgo que la sociedad esta dispuesta a asumir, en vez de meramente normativos, para así lograr revalidar la garantía del artículo 19 Nº 8 de la CPR.

04 julio 2008

Tribunal Constitucional y CONAF: el costo de la indefinición, por Valentina Durán

(versión actualizada al 05/07/08)
Luego de 6 meses, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció finalmente sobre la constitucionalidad de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, que contenía la difícil cuestión de la CONAF, que como es sabido, es una entidad privada, creada por decreto, que ejerce funciones públicas.

Haciendo un paralelo con la situación de las corporaciones municipales, y por razones de seguridad jurídica y de prudencia, el TC opta por declarar constitucionales las disposiciones del proyecto de ley que asignan a la CONAF funciones que, estima, envuelven ciertamente el ejercicio de potestades públicas.


No obstante, en su considerando 24º, el TC hace una importante advertencia: "Sin embargo, esta declaración exige a esta Magistratura hacer presente a los Poderes Colegisladores la inconveniencia de la mantención de situaciones constitucionalmente anómalas como las aludidas y, especialmente en el presente caso, exhortar a S.E. la Presidenta de la República para que regularice la naturaleza jurídica de la CONAF, procediendo a la dictación del Decreto Supremo a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 18.348, publicada el año 1984, o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado."

Adicionalmente, el voto de minoría de los Ministros Bertelsen, Vodanovic y Correa, estaba por declarar insconstitucionales algunos preceptos del proyecto, en cuanto CONAF no forme parte de la Admnistración del Estado, concluyendo que "las atribuciones que el proyecto de ley otorga a la Corporación Nacional Forestal (...) corresponden a potestades públicas que, conforme lo exige la Carta Fundamental, sólo podrá ejercitar CONAF cuando ella forme parte de la Administración del Estado, sea por aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 18.348 o lo que la legislación disponga en el futuro."

El Proyecto de Ley que Crea el Ministerio y la Superintendencia Ambiental, finalmente no incluyó modificación esencial a la CONAF. El Mensaje del proyecto de ley del Ejecutivo se limita a manifestar la decisión de modificar los Estatutos de la Corporación, en el sentido de integrar al Ministro de Medio Ambiente en su Consejo Directivo y de que la CONAF, en materias asociadas a las áreas protegidas, se someta a las políticas definidas por el Ministerio de Medio Ambiente. Así el propuesto artículo 70 (b) de la Ley 19.300 entrega al Ministerio de Medio Ambiente la supervigilancia del SNASPE y de otras áreas protegidas.

El problema dela CONAF, advertido esta vez por el Tribunal Constitucional, se arrastra increíblemente desde hace décadas, manteniendo la precariedad de las instituciones y definiciones políticas.

Curiosamente, hasta ahora, nadie lo aborda al interior del Ejecutivo, y el costo lo paga, finalmente, nuestra Biodiversidad.

03 julio 2008

Represas y torres de alta tensión, por Sergio Montenegro

Ésta es una carta al director que el Mercurio no publicó:

Sr. Director:

En edición del 30 de junio, Genaro Arriagada aborda este tema por la sorpresa que le produjo la publicidad “Patagonia sin represas “ en que se advierte que torres de alta tensión serían inaceptables en la Isla de Pascua como también en Aysén. En primer término, debatir sobre este tema aún es prematuro ya que ningún proyecto de este tipo ha sido elaborado ni menos presentado al procedimiento que señala la Ley 19.300 y su Reglamento. Luego, me sorprende sus razonamientos para justificar no sólo las represas sino los tendidos de alta tensión, según él inevitables, sin atender a la contaminación visual y alteración de la estética o valor del paisaje, ya que desde el cargo que ocupara hace algún tiempo como Ministro Secretario de la SEGPRES, y por derecho propio, Presidente del Consejo Directivo de la CONAMA (art.71, Ley 19.300), debiera haber incorporado a su acervo ambiental dichos valores, cuya protección deben ser asegurados obligando a que un proyecto que los amenace debe presentar Estudio de Impacto Ambiental (art.11,Ley 19.300,literales b), d) y e).
Estos valores han sido hace mucho tiempo respetados en países más avanzados que el nuestro. Incluso la conservación de su riqueza de recursos naturales han sido motores determinantes de su alto desarrollo (Costa Rica, España). En países de la UE y en EE.UU. ya no se construyen represas hidroeléctricas. Incluso en algunos países de Europa minicentrales de energía eléctrica la obtienen a partir de la incineración de residuos domésticos.
La intervención de la Patagonia para construir tales represas no se justifica bajo ninguna consideración. El mito de que generar 1 kw/hora por hidroelectricidad/represa, es de menor costo comparativo con otras alternativas (eólica, solar, geotérmica,biomasa) no es más que eso. Nadie hasta la fecha ha logrado demostrar, con estudios imparciales, científico-técnicos – ambientales, por organismos de alta calificación y prestigio, que ello es efectivo, considerando no sólo los costos económicos sino los sociales y ambientales.
Dada la urgencia de cubrir la futura demanda de energía, que en el hipotético caso de insistir en represas en Aysén, ellas estarían operables alrededor de 2015, todo aconseja de una vez por todas fomentar y encarar el desarrollo de las energías no tradicionales las que podrían localizarse en diversas regiones del país, atendiendo las necesidades de poblaciones cercanas.

Prof. Sergio Montenegro A.
Director del Centro de Derecho Ambiental
Facultad de Derecho, U.Chile

02 julio 2008

Perspectivas globales acerca del uso de la energía nuclear en Chile, por Jorge Aranda Ortega*

*Jorge Aranda Ortega es egresado de Derecho de la Universidad de Chile, y ayudante del CDA.

De un tiempo hasta ahora, la viabilidad del uso de la energía nuclear en la matriz energética es un tema relevante. Algo que parecía lejano en la década pasada, hoy hace ecos en un contexto doméstico de problemas de abastecimiento de energía, y en un contexto global de combate contra el efecto invernadero. Chile, insertada ya en la OECD, debe pensar ineludiblemente en un contexto global; ergo, el aporte de Chile en la solución del calentamiento global es tema obligado, más allá de nuestro problemas locales.

Entonce, prima facie, esta parece una tecnología idónea dado su gran potencial energético, y su baja emisión de gases promotores del calentamiento global.

En este sentido, en el 2006 se acordó la formación de una comisión de estudios sobre la viabilidad de la energía nuclear en Chile[1]. Hoy existen voces contradictorias en nuestras cúpulas sobre la adopción de esta forma de generación: por una parte, la presidenta Michelle Bachelet anunció el 10 de junio recién pasado que no apoyará esta energía nuclear, considerando que no es la opción adecuada a nuestras necesidades, estimando que el esfuerzo se hará en la instauración de formas de generación de energía por medio de recursos renovables[2]; Con divergente opinión, el 12 de junio los parlamentarios Ricardo Núñez y Jorge Pizarro por parte del oficialismo, y Juan Antonio Coloma, Jaime Orpis, Pablo Longueira, y Baldo Prokurica por la oposición, han presentado, de común acuerdo, una petición a la presidenta de impulsar el desarrollo de un programa nuclear en Chile, con miras pacíficas, centrado en la generación de energía. Ellos argumentan que solucionaría, a bajo costo, los problemas de abastecimiento energético en el norte, y alimentaría plantas desalinizadoras que abastecerían agua potable a la industria minera[3].

Lo cierto es que, más allá de las vicisitudes locales, en los países industrializados persevera hoy la discusión sobre fomentar o no la industria de la generación de la energía nuclear, teniendo en cuenta tanto cuestiones domésticas, como el común denominador del calentamiento global, estando lejos de ser esta discusión privativa de países en vías de desarrollo. Así, descontando a Francia que ha sido por antonomasia la mayor promotora de esta industria, la Rusia postsoviética, aun a cuestas con el terrorífico legado de Chernobyl[4], Italia[5], e incluso Alemania dentro de su plan de diversificación de su matriz energética[6], han dado señales positivas de apoyo a la generación de energía nuclear.

Para ordenar esta discusión, en el foro de la OECD realizado el 3 y 4 de Junio, que trató las reformas y aspectos económicos del cambio climático[7], se efectuó una mesa de discusión acerca del aporte de la energía nuclear en la lucha contra el calentamiento global[8]. En este contexto, han identificado cuatro aspectos elementales que todo gobierno debe tomar en cuenta a la hora de impulsar o rechazar la energía nuclear:
1. El impacto que traerá en el calentamiento global y el menor costo que implicaría este tipo de generación al largo plazo;
2. Los peligros de los desechos nucleares, y la seguridad de las plantas;
3. La cantidad de las reservas uranio que podrá ser utilizado en este tipo de generación, determinando la viabilidad al largo plazo, y;
4. La posibilidad que estas tecnologías sean usados con finalidades bélicas[9].

A favor de la utilización de la energía nuclear, se ha argumentado que estas cuestiones pueden ser superadas, y que lo usos civiles de la energía nuclear son seguros, y por ende, ser una contribución real e el combate del efecto invernadero, siempre que:
1. Se logre determinar su competitividad en el mercado de la generación eléctrica, en relación a otras fuentes;
2. Respeto a las reglamentaciones internacionales de seguridad y almacenamiento;
3. Estricta aplicación del tratado de no proliferación de armas nucleares, de 1968.
4. Tener en cuenta la capacidad de extender estos recursos al largo plazo, y
5. Un sistema de cooperación internacional para el desarrollo nuclear[10].

En contra de la postura anterior, es posible aseverar los siguientes argumentos:
1. La energía nuclear no es significativa para frenar el efecto invernadero, por los costos que implica poner en marcha una central, y el tiempo que tarda en funcionar, considerando que al 2020 las emisiones deben reducirse en, al menos, un 15%;
2. El precio del uranio se elevará a causa de su uso explosivo, y a causa de la especulación en su comercialización;
3. Su real aporte es cuestionable en comparación con la efectividad demostrada en los programas de eficiencia energética, cuyo costo es mucho menor;
4. Las reservas de uranio son limitadas, lo que nada asegura que haya disponibilidad amplia en el futuro.
5. Pese a que la seguridad se ha mejorado, es un riesgo a considerar la posibilidad de accidentes nucleares, más los riesgos asociados al tratamiento de residuos[11].
Luego, el hincapié debe efectuarse en el desarrollo del uso de energía de fuentes renovables, como el sol, o el viento.
Personalmente pienso que, y siguiendo la opinión de Helga Kromp-Kolb, la energía nuclear está lejos de ser una solución viable. Rescato de su discurso que la verdadera discusión no debemos centrarla en que forma de generación energética es la más idónea para frenar el calentamiento global, a bajo costo, sin comprometer el desarrollo económico, sino que los actuales niveles de vida a los que la población mundial aspira, y que son los mantenidos por los países del primer mundo, son ecológicamente insostenibles. El esfuerzo, creo yo, debe ser centrado en como racionalizar el uso de los recursos naturales, y como cada región debe producir energía conforme a sus recursos renovables de mayor disponibilidad.
Finalmente, creo que sin importar la decisión que Chile adopte, rescato la necesidad de cooperación internacional es fundamental en estas materias, pues se afronta la necesidad de aplicación de tecnologías poco desarrolladas en el medio nacional. En este sentido, la apertura de Chile al exterior, es indudablemente un atisbo optimista en la superación de nuestros problemas energéticos, y más aún su incorporación a la OECD.

[1] http://www.aminera.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=1409&Itemid=2 ; y http://www.cchen.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=490&Itemid=2
[2] http://www.iepe.org/econoticias/ver_econoticia.php?id=825
[3] http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/6429870.html
[4] http://sp.rian.ru/analysis/20080430/106295400.html
[5]http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=122137&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
[6] http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3399405,00.html
[7] http://www.oecd.org/document/56/0,3343,en_2649_37465_40778872_1_1_1_37465,00.html
[8] http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_21571361_39644413_40757561_1_1_1_1,00.html
[9]Jeremy Webb, Editor-in-Chief, New Scientist, United Kingdom http://www.oecd.org/dataoecd/23/31/40763136.pdf
[10]Philippe Esper, President, Eurotradia International, France http://www.oecd.org/dataoecd/57/46/40858363.pdf
[11]Helga Kromp-Kolb, Professor, BOKU University, Austria http://www.oecd.org/dataoecd/23/44/40764069.pdf

26 junio 2008

Invalidación sobreviniente de RCA por modificación de sus supuestos de hecho determinantes. Por Doris Sepúlveda*

Nota de la Editora:
*Doris Sepúlveda Solar es egresada de nuestra Facultad, donde cursó con éxito todos los ramos de Derecho Ambiental ofrecidos, incluída la Clínica Ambiental. Hoy realiza su memoria (bajo la dirección del Prof. de Derecho Público e Investigador adjunto del Centro de Derecho Ambiental, Luis Cordero) en el tema de esta entrada, que es también el tema de su ponencia.
Ésta se presenta en las IV Jornadas de Derecho Ambiental el viernes 27 de junio a las 15:00 hrs. según el programa, en un panel sobre Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que estará integrado también por las exposiciones de Alejandra Precht, sobre “Aspectos Legales, Jurisprudenciales y Prácticos de la Fiscalización de Proyectos Aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” y Felipe Guzmán, quien expone sobre “El Sistema de Fiscalización Ambiental. Situación Actual y Propuestas para Mejorar su eficiencia” , y el comentario final de Rodrigo Guzmán, Jefe de la División Jurídica de la CONAMA.
A continuación un adelanto de la ponencia de Doris Sepúlveda.
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Cuestión previa: Bastante conocidas resultan por todos las deficiencias que en la actualidad presentan las normas procedimentales del SEIA, que a fin de cuentas impiden una adecuada canalización del interés público que subyace bajo la aprobación de un proyecto o actividad determinada. Esto se aprecia particularmente en el caso que se modifique la situación material que sirvió de base para la dictación de una RCA favorable, puesto que el control de las situaciones que evolucionen de un modo distinto al previsto, o de las que derechamente no se evaluaron, queda entregado tanto a la voluntad del titular del proyecto, quien debiera informar la ocurrencia de dichos impactos, asumiendo las acciones necesarias según corresponda; como a la discrecionalidad de la autoridad ambiental al ejercer su potestad sancionatoria. Esto se da ya que no siempre en el caso de un incumplimiento total de la RCA, como acontece si el proyecto descrito en la evaluación no concuerda con el ejecutado, se reprime dicha infracción con la sanción que es procedente para aquellas de extrema gravedad, y que de conformidad al Instructivo sobre aplicación de sanciones en el Marco del SEIA, es la Revocación de la Aprobación de un EIA o la Aceptación de una DIA.

Y si al escenario anteriormente descrito le sumamos la tendencia creciente de nuestra jurisprudencia en relación al control de legalidad de la actividad administrativa desarrollada por la autoridad ambiental, que sostiene la improcedencia de los Tribunales de Justicia para referirse a las conclusiones a que hayan arribado los órganos idóneos o expertos sobre la materia en que incide un proyecto, nos encontramos ante una situación agraviante al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que hace necesario encontrar otras vías para destruir la permanencia de un acto ilegal.

Y es la invalidación la herramienta que surge dentro de una formula restrictiva, como la posibilidad de impugnación de la RCA, para no dejar a terceros afectados por un proyecto, en una indefensión que no consiente la Constitución Política de la República (Art. 19 n° 3). Pues esta revisión del acto, parece ser en teoría para el supuesto que hemos planteado la más eficiente y eficaz, en cuanto a que la Administración se encontraría mejor equipada, en comparación con el Poder Legislativo o Judicial, para enfrentarse con complejos problemas técnicos, y porque admite dentro del concepto de “interesados” a otros actores del SEIA para instar a la Administración en el ejercicio de su potestad invalidatoria.

25 junio 2008

El surgimiento del Derecho Ambiental Global, por Robert Percival

Robert Percival es Director del Programa de Derecho Ambiental de la Universidad de Maryland.

Esta columna es un resumen de su Conferencia Magistral, pronunciada con ocasión de la inauguración de las IV Jornadas de Derecho Ambiental el 25 de junio a las 10:00 AM.

Los ordenamientos jurídicos están respondiendo a las cuestiones ambientales de maneras novedosas y sorprendentes. En la actualización de sus estándares ambientales, algunas naciones trasplantan innovaciones legales y regulatorias desde otras naciones, aunque éstas tengan tradiciones legales y culturales muy diferentes. Tanto los gobiernos como las organizaciones privadas han asumido nuevas iniciativas a nacionales, regionales e internacionales. La política ambiental se ve moldeada por una mayor colaboración transfronteriza entre funcionarios de gobierno, organizaciones no-gubernamentales, empresas multinacionales y otras entidades, de modo tal que las distinciones tradicionales entre lo privado y lo público, lo doméstico y lo internacional, se tornan difusas. El resultado ha sido la aparición de una especie de “Derecho Ambiental global”: un derecho que, en sus orígenes y alcance, no es ni puramente doméstico ni puramente internacional.

Este artículo** comenzará por describir el concepto de “Derecho global,” explicando por qué es diferente al derecho doméstico o internacional, y las áreas del derecho en las se está desarrollando. El Derecho Ambiental es uno de los muchos campos en que las formas de “Derecho global” están emergiendo mientras los sistemas legales se enfrentan con las consecuencias de la globalización en áreas como las regulaciones de valores, la propiedad intelectual, las políticas de comercio y de competencia. Después de describir ejemplos de este fenómeno, examinaremos cómo las fuerzas de la globalización están empujando el surgimiento de un “Derecho global” en el campo del Derecho Ambiental.

Estas fuerzas incluyen el crecimiento espectacular del comercio global, que ha creado poderosos incentivos para la armonización de los estándares legales, empujando sistemas legales divergentes hacía una mayor convergencia. Aún donde los estándares legales divergen sustancialmente, se hace cada vez más difícil para las corporaciones multinacionales emplear prácticas menos protectoras en países en desarrollo, cuando estás prácticas se encuentran bajo la mirada de los medios internacionales y de las organizaciones interesadas en la justicia ambiental. Hoy, las compañías se dan cuenta que sus actividades en cualquier lugar del mundo se pueden convertir rápidamente en foco de protestas globales por activistas ambientales y de derechos humanos.

Las mejoras en la transferencia global de información también han facilitado que se tomen prestadas innovaciones legales y políticas de otras naciones. Tal como elementos del Derecho Ambiental nacional han sido “elevados” a convenios internacionales, las normas del derecho internacional han sido a su vez “descargadas” en los sistemas jurídicos ambientales regionales y nacionales. Aunque este fenómeno no es nuevo, ahora está ocurriendo a niveles sin precedentes. Mientras los países aprenden de las experiencias de las políticas de los demás, se produce una convergencia en los enfoques de normativa ambiental que se adoptan alrededor del mundo. La convergencia de los estándares ambientales es más pronunciada con respecto a la regulación de productos, pero los países, al actualizar sus estándares de control de la contaminación, también están tomando prestados, libremente, las estrategias regulatorias de otras jurisdicciones.

El crecimiento de la preocupación global por el medio ambiente también ha conducido a varias iniciativas público-privadas que promueven políticas de desarrollo más sustentable. El Derecho Ambiental global ha evolucionado desde un sistema controlado únicamente por actores estatales hacia un sistema en que los grupos de interés público y las corporaciones multinacionales también juegan un papel importante en la articulación e implementación de normas globales. Esto se logra a través de una variedad de entidades regionales y globales, algunas de ellas creadas por tratados.
Ciertas corporaciones especialmente lúcidas, han asumido iniciativas puramente privadas que también están jugando un papel cada vez más importante en la formación de una política ambiental global. Los avances en la comunicación y transporte global también han contribuido al crecimiento de las redes internacionales de activistas ambientales. Esta tendencia continuará incrementando la presión sobre las corporaciones multinacionales que operan en el mundo en desarrollo para que mejoren su comportamiento, aún en los países donde no están legalmente obligados a hacerlo.

** En el libro de las Actas de las IV Jornadas de Derecho Ambiental puede leerse el artículo completo.

24 junio 2008

Ejecución de proyectos en áreas protegidas: ¿Cuánta protección y Cuánto desarrollo? por Eduardo Correa

Nota de la Editora:
El siguiente es el resumen de la ponencia que presentará el expositor Eduardo Correa con ocasión de las IV Jornadas de Derecho Ambiental
Su exposición será parte de la Mesa 1 Titulada "Biodiversidad y Gestión Ambiental" según el programa del día miércoles 25 de junio. La Mesa será moderada por Valentina Durán, y contará además con las exposiciones “Manejo de la Biodiversidad en Chile. ¿Cuánto hemos Avanzado y Cuanto nos Falta?” de Ricardo Serrano y Claudio Nilo de CONAMA; “Manejo adaptativo y SEIA, o como conciliar la incerteza ecológica y certeza jurídica” de Cristián Estades, Prof de la Facultad de Ciencias Forestales de la U. de Chile, y “Áreas Protegidas y Minería” de Raúl Campusano.
Hará un comentario final el Profesor Eugenio Figueroa, como Director del Programa Domeyko de Biodiversidad de la Universidad de Chile, que auspicia las IV Jornadas.
.........
Uno de los temas históricamente postergados en la discusión ambiental nacional dice relación con el estatuto de protección de las áreas protegidas, a todo nivel. Baste recordar como ejemplo la situación de la ley que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), cuya entrada en vigencia ha estado suspendida por más de veinte años.

En este escenario, históricamente han existido una serie de conflictos entre intereses públicos de conservación y protección de estas áreas, frente a iniciativas productivas (tanto privadas como del Estado) que han mostrado interés en desarrollarse en ellas. En general, estos conflictos se han resuelto en forma casuística y sin una doctrina uniforme, lo que en definitiva demuestra la carencia de una política pública clara y definida en materia de protección. Por otro lado, la falta de un estatuto claro, que permita establecer con precisión los niveles de protección de estas áreas, ha generado, por una parte, la posibilidad de que se puedan desarrollar iniciativas claramente incompatibles con estos estatutos de protección, y por otra, el intento de subsanar esta falta de protección mediante iniciativas que a veces carecen de un adecuado fundamento normativo. Esta tensión normalmente se expresa durante la evaluación ambiental de los proyectos en cuestión, lo que a su vez, por las limitaciones propias del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha consolidado la lógica de soluciones casuísticas, con criterios dispares entre las diversas regiones y entre éstas y el nivel central, y que en definitiva generan una sensación de incertidumbre para los interesados en la protección efectiva de este tipo de áreas, para quienes quieren desarrollar actividades productivas, para la propia autoridad, etc.

En particular, durante el año recién pasado se observaron al menos dos discusiones con trascendencia pública relativas a este tema en el marco del SEIA: uno, la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental para un proyecto de exploración minera en la Reserva Nacional “Las Vicuñas”, en la Región de Tarapacá, y el otro, la discusión del proyecto de la planta de gas propano en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana. En ambos casos, uno de los aspectos más controvertidos decía precisamente relación con la compatibilidad o incompatibilidad, en su caso, de estas actividades con los respectivos estatutos de protección de las zonas donde se pretendían emplazar (reserva nacional en un caso, área de preservación ecológica en el otro)

Finalmente, cabe señalar dos elementos de contexto: uno, que cuando estos temas han llegado a tribunales, en general la tendencia de las Cortes ha sido resolver por la vía formal respecto de la competencia o no de un órgano (generalmente, la Contraloría General de la República), sin pronunciarse derechamente sobre el fondo del tema. Dos, que la discusión se ve agravada por la existencia de tratados internacionales vigentes en Chile (como la Convención de Washington) que incorporan al derecho nacional normas aparentemente contradictorias en algunas materias, lo que en definitiva complejiza aún más la discusión.

En razón de lo anterior, la ponencia busca poder entender el necesario equilibrio que debiera existir entre el desarrollo de actividades productivas, y la necesaria protección de ciertas zonas o ambientes que, por sus características intrínsecas, merecen ser conservados, actualizando de esa manera el concepto de desarrollo sustentable. En consecuencia, el punto es determinar ese punto de equilibrio según nuestro sistema normativo.

Por ello, la ponencia busca establecer algunos criterios básicos para poder entender este problema y analizar las actuaciones de la autoridad a la luz de estos criterios. Para conseguir lo anterior, en primer lugar se realizará un análisis de las distintas normativas jurídicas, tanto constitucional, legales y reglamentarias, que determinan el estatuto general de las áreas protegidas en el derecho chileno, con un análisis particular de las normas emanadas de la Convención de Washington y como debieran, a juicio del autor, armonizarse dentro de la normativa nacional. En segundo lugar, se hará un análisis de casos, para ver la forma en que las autoridades (ambientales, administrativas y judiciales) han interpretado el estatuto de protección para las distintas categorías de áreas protegidas, con especial énfasis en el SEIA y los conflictos que ahí se han generado. Finalmente, se hará un análisis crítico de esta situación, para terminar con unas breves conclusiones respecto de la situación actual y algunas propuestas para mejorarla, las cuales pueden incluir modificaciones de tipo legal.

23 junio 2008

Proyecto de ley: Se acaban las COREMAS

En las Jornadas de Derecho Ambiental que se inauguran el miércoles 25 de junio a las 9:00 AM en el Aula Magna de nuestra Facultad, tendremos ocasión de asistir a la primera presentación en el ámbito académico del Proyecto de ley que crea el Ministerio, el Servicio y la Superintendencia ambientales, ingresado el jueves pasado al Congreso, y de sus fundamentos. El texto será distribuido a todos los inscritos en las Jornadas. Quedan muy pocos cupos para inscribirse.
A continuación, nos permitimos reproducir una noticia publicada hoy en el Mercurio, medio que titula en su portada "Gobierno elimina COREMAS para evitar politización de decisiones ambientales".
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Artículo de Víctor Zuñiga, página C6.
Consultar artículo original en EMOL.

Proyecto enviado al Congreso las reemplaza por comisiones sin intendentes, gobernadores ni consejeros regionales:

Ministra Uriarte afirma que las Coremas serán eliminadas para terminar con su politización
Actual esquema afecta la credibilidad del sistema, dice titular del Medio Ambiente.

La Presidenta Michelle Bachelet y su ministra Ana Lya Uriarte decidieron reformar uno de los estamentos más criticados de la legislación ambiental chilena: las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), que serán eliminadas debido a que la politización de sus decisiones afectó, en muchos casos, la credibilidad del sistema.
Se trata del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental -enviado el jueves a la Cámara de Diputados-, el que propone terminar con las instancias que hasta ahora evalúan y califican ambientalmente los proyectos de empresas públicas y privadas en las distintas regiones del país.
Según la ministra Uriarte, eliminar estos consejos ha sido una de las principales demandas para la reforma ambiental en marcha. Lo han pedido diversos sectores, precisa, desde los ambientalistas hasta los empresarios, pasando por las comunidades y los parlamentarios.
"Ello, fundamentalmente por la circunstancia de que en un órgano de 20 miembros (Corema) concurrían sujetos con competencia pública, pero también con decisión política, lo que para muchos genera en la aprobación y rechazo de proyectos la consideración de aspectos diversos a los regulados, dando origen a confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectando la credibilidad del sistema", admite.
Uriarte recalca que a la hora de calificar un proyecto debe primar el mérito técnico, por lo que la reforma en marcha apunta a perfeccionar el marco institucional, dando claridad y eficacia a las reglas del juego, para lo cual se estructuran incentivos que promueven conductas deseadas y establecen el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollarán en cada región.
En lugar de las actuales Coremas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo crea comisiones de Seremis en cada una de las 15 regiones del país. La nueva instancia estará integrada por el seremi del Medio Ambiente, quien la presidirá, y otros nueve seremis.
"En consecuencia, no forman parte del órgano que decidirá proyectos ambientales los intendentes ni los gobernadores ni los consejeros regionales", acota Uriarte.
Aunque la idea de la ministra es descomprimir de factores políticos las decisiones que toman las Coremas, cabe hacer notar que los seremis también son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. La idea, así, de la reforma es que opere el criterio técnico de los seremis, sin que éste sea contaminado por el factor político que puedan introducir sus jefes a nivel regional, que son los intendentes.
El rediseño de la institucionalidad ambiental se basa en la necesidad de distinguir tres ámbitos: la dictación de las políticas y normas ambientales, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; la gestión ambiental, que reside en el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización, centrada en la Superintendencia del Medio Ambiente.
Consultado sobre el proyecto que lo excluye de la posibilidad de decidir qué proyectos se realizan o no en su región, el intendente Metropolitano, Álvaro Erazo, dijo que había recibido el texto sólo el jueves, por lo que declinó pronunciarse: "Voy a estudiar la propuesta y luego mandaré mi respuesta al Gobierno".
En cambio, su colega de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, se mostró partidario de la modificación legal. "Creo que ello implicará que las Comisiones de Seremis puedan adoptar decisiones en forma más ágil", acotó desde Puerto Montt.
Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, los bullados casos de la planta de gas propano en Peñalolén y de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia son dos ejemplos que revelan el deficiente cometido de las Coremas. "Hay un consenso transversal de que esos órganos simplemente no dan para más", sostiene."La propuesta es positiva y más transparente. Este paso va a dar garantías a todos los sectores. Las decisiones tienen que ser técnicas para terminar con eso de que no le gustó al intendente, al partido político de turno o el lobby que tuvieron los distintos sectores", concluye Sara Larraín.
CONDICIÓN
OCDE: Este rediseño ambiental le permitiría a Chile entrar al club de naciones industrializadas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Quiénes integran las comisiones
Cada Corema está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la región; los secretarios regionales de los ministerios que forman el consejo directivo de Conama (Economía, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia); cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo consejo, y el director regional de la Conama, que actúa como secretario.Hay además un comité técnico de Corema, integrado por el director regional de Conama, que lo preside, y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materias ambientales.
Un ejemplo de cómo el factor político influye en el análisis técnico de una Corema ocurrió en 2006, cuando la correspondiente a la Región Metropolitana rechazó la instalación de una planta de transferencia de basura en Quilicura, propuesta por la empresa Gersa.
En la época, el representante de Gersa era el abogado DC Clemente Pérez -hoy presidente de Metro-, quien acusó una operación política para negar el permiso ambiental a la planta pese a que ésta contaba con evaluaciones favorables de los organismos técnicos. "En este caso hubo una concertación o alianza, o acuerdo político de todos los sectores, entre el PPD y la UDI, por el rechazo al proyecto", reclamó Pérez, aludiendo al entonces intendente Víctor Barrueto (PPD).
El abogado de Gersa opinaba con conocimiento de causa, ya que anteriormente ejerció como director ejecutivo de la Conama.
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19 junio 2008

Falta de acceso a la justicia: el problema del peritaje ambiental, por María de los Angeles Fernández*

*María de los Ángeles Fernández es alumna de la Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Nota de la Editora:
Como parte de la evaluación del Módulo sobre "Conflicto Ambiental" del Curso Clínico sobre Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos, los estudiantes deben elaborar una columna de opinión sobre un tema de actualidad ambiental. Como en semestres anteriores, publicamos en este blog una selección de las mejores contribuciones de los alumnos.

Como todos bien sabrán, los conflictos medio ambientales que se suscitan a diario tienen un componente técnico gigantesco que significa más de una dificultad para una real solución de los mismos, sobretodo a la hora de ser resueltos en sede jurisdiccional, donde la tecnificación de los sentenciadores no es precisamente la más apropiada.

En nuestro sistema, en que una acción bastante corriente en esta área es la acción civil indemnizatoria ordinaria, la complejidad y profundidad técnica de los conflictos repercute en todos los elementos que han de probarse para su procedencia, es decir, la existencia de un daño y la magnitud del mismo, la acción u omisión imputable a un sujeto determinado, la relación de causalidad entre ambos, e incluso la valorización económica del daño que permita una justa indemnización.

Si consideramos que los efectos que un determinado hecho pueda tener en el medio ambiente son múltiples y difusos, muchas veces impredecibles, llegamos a la evidente y desalentadora conclusión que tanto su estudio, previsión y reparación a cabalidad es dificultosa, y a menudo -incluso teóricamente-, imposible.

Esta realidad es tal vez la razón por la cual el artículo 62 de la Ley 19.300 permite explícitamente cualquier medio de prueba y establece que su apreciación será según las reglas de la sana crítica. A su vez, esto hace que los informes periciales adquieran un carácter determinante (asimismo las figuras en la práctica bastante similares a los peritos, como los “testigos expertos” o los informes proporcionados por funcionarios públicos competentes). Sólo a través de ellos es posible abordar los conflictos judiciales sobre el medio ambiente.

Sin embargo, claramente, el acceso a peritajes, testigos expertos o informes de organismos públicos, no siempre es posible para los afectados por un conflicto ambiental (menos aún si resulta que el Estado apoya a -o sencillamente es- la contraparte). Se suma entonces un nuevo problema, situado en los bolsillos de las personas, cuya solución debería ser más asequible que la anterior. Es conocido el caso de las 360 familias de poblaciones de Arica afectadas por la contaminación de plomo y arsénico provocada por el abandono de 19 mil toneladas de residuos tóxicos por Promel, en que el juez pidió la realización de pruebas médicas cuyo costo aproximado era de 284 millones, entrabando el juicio por varios años. Independiente de lo que haya o no sucedido después, el que se exija una diligencia como ésa resulta ser una burla para las víctimas. No obstante, dicha prueba era necesaria para poder resolver correctamente un conflicto jurídico como aquél ¿Cómo conciliar estos dos aspectos?

Es innegable en este sentido el valor del trabajo que realizan algunas ONGs y otras organizaciones que se las ingenian para conseguir fondos y financiar diligencias como la del caso anterior, permitiendo que algunos grupos de personas a veces accedan a la justicia. Sin embargo, un gran número de víctimas de casos menos emblemáticos no corren la misma suerte, sin poder acceder a justas indemnizaciones por no tener los medios para financiar los peritajes. Esto hace que la sede jurisdiccional para la resolución de conflictos ambientales no sea más que una solución de papel para un amplio sector de los chilenos. No se puede pretender que sea la filantropía la que dé realidad y sustento a la solución jurisdiccional de los conflictos medioambientales. Por ello, la urgencia de un debate que permita determinar cómo, en qué medida, a través de qué mecanismo, institución o fondo público, sea el Estado el que garantice la posibilidad de financiar algunos de estos peritajes cuando los afectados no posean los recursos para ello, de modo de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de daños ambientales que no puedan costearlo y que por cierto, suelen ser las más comunes.