Foro Energía VI: Ricardo Lagos "Hay que abordar el tema de la energía nuclear"

En preparación de nuestro próximo V Diálogo de Institucionalidad y Gestión Ambiental, que tratará la Política Enegética, reproducimos la siguiente entrevista al Ex Presidente Lagos, publicada en el Diario Financiero.

De Diario Financiero - Mejores Negocios, publicado el 22/08/07

“No se puede demonizar ni creer que es la solución a todos los problemas”, dijo el ex mandatario Ricardo Lagos: “Hay que abordar el tema de la energía nuclear”

No porque haya mucha discusión no se va a adoptar una decisión al respecto. En eso consiste el liderazgo.

Ricardo Lagos Escobar ha estado durante dos días en Santander, España, debatiendo sobre energía. Para hacerlo se ha sentado a la mesa con personalidades como el ex mandatario de Estados Unidos Jimmy Carter.En su calidad de presidente del Club de Madrid, Lagos lamenta que el mercado energético internacional se mezcle con temas políticos. Por eso, asegura que “no está en el debate” plantear la obtención de “gas por mar” en la relación con Bolivia. En ese sentido, recuerda que Rusia nunca le cortó el gas a Europa durante la guerra fría, todo lo contrario de lo que hace Argentina con Chile. “El mercado energético se estropea cuando interviene la política”, dice tajantemente.

En esta entrevista exclusiva con Diario Financiero, Ricardo Lagos también pide evaluar seriamente la producción de energía nuclear y espera que las exploraciones conjuntas anunciadas con Bolivia lleguen a buen puerto.

-Usted dice que no se debe mezclar el tema energético con el político. Eso es precisamente lo que ocurre en América Latina y lo que está sufriendo Chile.
-En el pasado conveníamos un precio y si yo lo pagaba, obtenía una fuente de energía. Ahora algunos piensan que además del precio se puede obtener algo adicional, y eso genera autosuficiencia energética, autarquía, lo que es una paradoja, porque se habla de integración en muchos ámbitos, menos en el energético. Si eso ocurre, el mercado energético no será el mejor de los sistemas. Si cada uno quiere la autarquía, tendremos costos mayores. Si se opta por la autosuficiencia y no por la integración energética, saldrá demasiado caro. El mercado energético se estropea cuando intervienen los intereses políticos.
-¿Es por esa mezcla de temas políticos y energéticos que Chile está sufriendo hoy una crisis en este ámbito?
-Hay una situación energética en el país por ciertos convenios que no se han cumplido, pero de ahí a decir que hay una crisis… Se está reemplazando el gas por petróleo y no ha faltado el gas domiciliario que es lo que siempre hemos dicho. Creo que se han tomado las medidas adecuadas.
-¿Entonces fue un buen o un mal negocio confiar en que Argentina, un país vecino, sería el proveedor de gas de Chile?
-Nadie confía, firma contratos. Lo que sí fue un buen negocio fue tener durante mucho tiempo gas y energía a precios muy baratos. Si el precio de la energía ahora está caro, pues lo está en todo el mundo. Lo que estamos haciendo es sincerar los precios.
-¿Cree que Chile debe evaluar la alternativa de la energía nuclear?
-Siempre me ha parecido que hay que abordar el tema de la energía nuclear con los suficientes conocimientos técnicos. No se puede demonizar ni creer que es la solución a todos los problemas, pero sí tenemos que reconocer que la energía nuclear, tecnológicamente hablando, está más cerca que antes: las plantas pueden ser menores y con un nivel de seguridad mayor. En Chile se ha conformado un grupo de trabajo que va a informar a la Presidenta y ese es el camino adecuado. Además, tenemos que ir viendo lo que está haciendo Brasil y Argentina. Ellos tienen la energía nuclear como parte de su matriz energética y han decidido renovar la energía nuclear en aquellos reactores que están llegando a su fin.
-¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la energía nuclear?-Está el viejo tema de la seguridad y qué hacer con los desperdicios. Esos son los dos grandes contra que tiene este tema, pero también hay un tema económico, para tener una mayor seguridad y que no se produzcan tragedias o accidentes. Desde el punto de vista de la contaminación, la energía nuclear es limpia, y eso es positivo. Y no es más cara, necesariamente.
-La discusión sobre la energía nuclear se politiza y se demoniza con facilidad.
-Yo estoy de acuerdo con eso, pero no porque haya mucha discusión no se va a adoptar una decisión al respecto. En eso consiste el liderazgo.
-¿No teme un rechazo de los ecologistas a esta discusión? -Ojo, los verdes ahora se están convirtiendo en “nucleares”, porque es una energía que no contamina.
-¿Cómo ve esta aparente lucha por el liderazgo político y energético en la región, con Brasil y su etanol por un lado y Chávez con su petróleo por el otro?
-Son posiciones absolutamente legítimas. Cada país tiene su propia matriz energética. Si usted tiene un país de la dimensión de Brasil y con sus condiciones agrícolas, estamos hablando de un continente. Es absolutamente normal que Brasil y el Presidente Lula digan que tienen tierras para producir biocombustibles y otras para producir alimentos. Probablemente otros países tienen que optar entre producir biocombustibles o alimentos, son países más pequeños y con dimensiones mayores. Si usted ve el nivel de población y de ocupación de la tierra en Europa y los compara con los de América Latina, no hay comparación, entonces la matriz energética también es distinta.
-¿Cuál es la matriz ideal para Chile entonces?-Con la matriz que nos hemos dado, tenemos la suerte de contar con un 55% de generación eléctrica que es hidroeléctrica, lo que nos coloca como un país donde las fuentes renovables y limpias son muy altas. Tenemos un muy buen estándar y por lo tanto nos podemos dar el lujo, muy importante, de la apertura de plantas de gas natural licuado en Quintero y seguramente en el Norte Grande, y eso nos va a dar mucha más seguridad energética.

Relación energética con Bolivia

-¿Cómo ve la posibilidad de iniciar exploraciones conjuntas con Bolivia?
-Eso dependerá de las condiciones económicas y políticas. Es algo abierto y me gustaría que fuera viable.
-¿Y cuando se plantea el intercambio de gas por mar no se están mezclando temas políticos y económicos?
-Eso no está en el debate. Yo creo que eso es una simplificación. Que yo sepa, nunca se ha planteado así.
-¿Cómo sigue su rol de enviado especial de Naciones Unidas sobre el cambio climático? ¿Es urgente lograr pronto un acuerdo?
-Hoy nadie discute que el calentamiento global fue producido por el ser humano. La inmensa mayoría de los informes científicos dicen que disponemos de 10 a 15 años para tomar acciones concretas porque tampoco nadie discute que el dióxido de carbono permanece en la atmósfera entre 100 y 120 años. Por lo tanto, lo que estamos sufriendo ahora es por lo que hicimos 120 años atrás. Si continuamos como ahora por los próximos 10 o 15 años, vamos a tener un nivel de contaminación en la atmósfera que puede tener efectos irreversibles. Lo que se haga después ya no tendrá ninguna importancia porque la contaminación que habrá en la atmósfera estará por 100 años. Así de concreto y así de grave es el tema.

Amenaza a las áreas protegidas II: TIERRA DE NADIE

TIERRA DE NADIE

Por Eliana Fischman
Egresada de Derecho Universidad de Chile y memorista del CDA

Recientemente El Mercurio publicó un artículo que cuestiona la existencia legal del Parque Nacional Villarrica, por no encontrarse su dominio inscrito a nombre del Fisco. (En la entrada anterior)

Dejando de lado la coyuntura que motiva el artículo, la noticia evidencia una situación que afecta a la mayoría de las unidades que integran el denominado Sistema Nacional de Áeras Silvestres Protegidas del Estado.

En efecto la tenencia fiscal de las áreas protegidas en gran parte de las unidades es residual, esto es, queda exclusivamente amparada por el artículo 590 del código civil que señala que son del Estado todas las tierras situadas en territorio nacional que carecen de otro dueño. En otras palabras, las áreas protegidas no se encuentran inscritas en los registros respectivos a nombre del fisco, sea porque derechamente no tienen inscripción, porque se encuentran inscritas en una porción de su superficie total, porque carecen de inscripciones únicas, y las comparten con más unidades (por ejemplo una misma inscripción es compartida por 11 unidades), o porque se encuentran inscritas en mayor cabida y no en sus respectivos deslindes y superficies.

Las consecuencias que se siguen de lo anterior son perturbadoras. El Decreto Ley 2.695 de 1979 sobre Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz, en su artículo octavo establece que se entienden por propiedades fiscales aquellas inscritas a nombre del fisco. Si las áreas protegidas no se encuentran inscritas a nombre del fisco, podrían no ser calificadas propiamente como bienes fiscales.

En consecuencia, les resulta aplicable el Decreto Ley recién citado y las áreas protegidas quedan expuestas a persistentes ocupaciones y regularizaciones de dominio en su interior, provocando severas disminuciones en sus superficies y modificaciones en sus deslindes. La misma reseña de El Mercurio alude a una superposición con terrenos privados en 35.000 hectáreas, más de la mitad de la superficie oficial del Parque Nacional. Esta situación se reproduce en la mayoría de las unidades sujetas a tutela. En el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el primero de Chile que continúa como tal, la superficie reclamada por terceros supera las 3.000 hectáreas.

La enorme carencia en la regulación del SNASPE (comenzando por la ausencia de un marco normativo) y la falta de información oficial y vigente relativa a sus unidades, contribuyen a la vulnerabilidad de los recursos naturales del territorio nacional.

Los objetivos de conservación y preservación de la biodiversidad que se pretenden a través del establecimiento de áreas protegidas y los bienes y servicios ambientales que generan, son amenazados puntualmente por la precaria tenencia fiscal que ampara (o desampara) las áreas protegidas del estado.

Amenaza a las áreas protegidas I: Tierra de nadie

Por Valentina Durán

Coordinadora de Investigación

Centro de Derecho Ambiental

En su edición del 16 de agosto, El Mercurio alude a una demanda entablada por empresas de turismo aventura en contra de la CONAF. Los demandantes sostienen que el cobro que la CONAF realiza por la entrada al Parque Nacional Villarrica es ilegal dado que ni la Corporación ni el Fisco contarían con títulos de dominio válidamente inscritos.
Supongo que la motivación de este grupo de empresarios no es negar la existencia jurídica del Parque sino probablemente obtener la reparación de los caminos públicos al interior de éste. Sin embargo, esta curiosa demanda hace visible el alarmante contexto de precariedad de los títulos de dominio de las áreas protegidas por el Estado de Chile, que constituye una amenaza permanente a nuestra biodiversidad.

La superposición y poca claridad en los deslindes y en la propiedad de estas áreas, va generando una lenta pero progresiva disminución de su superficie por la vía administrativa, a través de la regularización de los títulos de dominio, o por medio de ocupaciones ilegales. Con esto se afectan los servicios ambientales que estas áreas prestan, al interponerse usos del suelo incompatibles con su carácter de área protegida.

Tal como lo demuestra la investigación en curso del Centro de Derecho Ambiental, a cargo de la memorista Eliana Fischman, éste es un problema que bajo distintas formas afecta a todo el territorio nacional. Un claro ejemplo de ello es la disparidad entre la superficie de las áreas protegidas informada por las cifras oficiales y la realidad.
Valorar la biodiversidad de las áreas protegidas públicas implica comprender que el cuidado de su estabilidad jurídica es parte de su gestión y no debe dejarse de lado por cuanto se trata de la existencia misma de nuestro patrimonio natural.

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Reproducimos la noticia de El Mercurio, publicada el 16/08/07 :

Polémica judicial por cobro de entrada: Cuestionan la existencia legal del Parque Nacional Villarrica

Empresas de turismo demandaron a Conaf, ya que dicen que lugar no está inscrito legalmente a su dominio.

IVÁN FREDES, TEMUCO.– El Parque Nacional Villarrica, que en las últimas semanas estuvo en la polémica debido al desastroso estado de su camino, es ahora el centro de un insólito litigio judicial que cuestiona su existencia legal.

Al menos 6 empresas de turismo-aventura demandaron a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por cobros ilegales de acceso al volcán Villarrica, situado al interior del parque nacional del mismo nombre, cuya administración de sus 65 mil hectáreas está su cargo.

Ese organismo público cobra una tarifa de $3.350 por cada turista que asciende al volcán, y $1.800 para visitar otros sectores en el área.

Las empresas, representadas por el abogado Adolfo Armanet, sostienen que el cobro es ilegal, por cuanto Conaf "no es dueña ni tiene títulos sobre el supuesto Parque Nacional Villarrica, pues no existe inscripción de dominio en su favor ni a favor del fisco que así lo acredite", sostuvo Armanet.

Efectivamente, en el Conservador de Bienes Raíces de Pucón, las 65 mil ha no están inscritas en sus registros, debido a que la inscripción fue rechazada en 1996.

Lo anterior, porque existe una superposición de títulos con propietarios particulares que inscribieron sus terrenos con anterioridad a la solicitud de la Conaf.

Del total de hectáreas, existen unas 35 mil que están inscritas por particulares, razón por la cual la superposición de títulos hace improcedente su incripción.

El director regional de Conaf, Mario Acuña, reconoció que el Parque Nacional Villarrica no está inscrito legalmente en el Conservador de Bienes Raíces y anticipó que el área jurídica está estudiando los hechos para regulizar el dominio del parque.

Foro Energía V: Proyectos de Energía y Medio Ambiente

Después de un receso, este blog está de vuelta. Volviendo al tema de la Energía, rescatamos estas declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente, publicadas en la La Nación el 10 de agosto de 2007.

Por José Miguel Jaque.
Ministra Uriarte dio lecciones de prudencia“El costo no lo va a pagar el medio ambiente”
Ana Lya Uriarte se cansó de los dimes y diretes que salen de boca de los actores que rodean el proyecto de HidroAysén. Pese a que reconoció el complejo escenario energético y golpeó la mesa afirmando que “la decisión final es de Conama”.

A la misma hora que los ejecutivos de HidroAysén daban a conocer su remozado proyecto de, ahora, cinco centrales hidroeléctricas en la XI Región, la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, aseguraba -una vez más- no conocer el proyecto mientras no ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y mantenerse al margen de “polémicas, rumores y trascendidos”.
Pero esta vez, no se quedó ahí. Mientras ella ha guardado silencio sobre el proyecto de la sociedad Endesa y Colbún, sus pares no han hecho lo mismo. El ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, visó el proyecto por la prensa en diciembre pasado y a mediados de junio advirtió a HidroAysén que debía reducir en 40% las hectáreas inundadas. Su par de Energía, Marcelo Tokman, hizo lo propio: hace dos semanas dio una señal de apoyo al plan argumentado que los 2.400 MW “se requieren y no sobran”.
Lo que colmó la paciencia de Uriarte es que el director del Sernatur, Óscar Santelices, apoyara estudios sobre energía nuclear al salir en defensa de los ríos del país. Por eso, la ministra recordó ayer las lecciones de prudencia que la Presidenta Bachelet dio a su gabinete. “Este no es el momento para hacer pronunciamiento sobre ese proyecto. Sería imprudente hacerlo”, sentenció. “¿Si el ministro de Obras Públicas lo ha sido? El ministro Bitrán ha actuado conforme a lo que estima conveniente. Esta ministra actúa prudente e imparcialmente, y con antecedentes en la mano para hacer cumplir la ley. Todo lo que ocurra informalmente no es tema que nos interese y no constituye acto de Gobierno”.
Uriarte aseguró no sentirse presionada por estos comentarios porque “la decisión medioambiental de cualquier proyecto de inversión está radicada en Conama”. Tampoco le prestó el oído a quienes disfrazan este plan como un proyecto prioritario. “Nuestro país vive un problema energético completo, pero el costo no lo va a pagar el medio ambiente. Las malas decisiones traen malas consecuencias. En materia ambiental tomaremos buenas decisiones y dentro de los procedimientos legalmente establecidos. Mi tarea es garantizar que se cumpla la normativa y el ciudadano espera de esta ministra imparcialidad”.
Esa imparcialidad está asegurada, reafirmó la ministra, porque ella no tiene ni ha tenido reuniones ni telefonazos con los titulares del proyecto de Aysén. “No tengo contactos informales con la empresa, no tengo conocimiento de proyecto que no han ingresado al SEIA y sólo me pronuncio cuando tengo antecedentes técnicos que avalen mis dichos”.
Sobre los posibles impactos que este proyecto puede tener, la titular de la cartera verde prefirió generalizar de acuerdo a lo que mandata la ley. “No hay ningún proyecto que al implementarse no genere algún tipo de impacto medioambiental. Lo importante es que dentro del SEIA los costos sean evaluados, compensados, mitigados y evitados”. LN

Medio ambiente y abastecimiento energético en la balanza

La construcción de centrales hidroeléctricas en Aysén, que inundarán kilómetros de terreno, plantea el dilema entre conservar el medio ambiente en una zona que es Reserva Natural de la Humanidad y la necesidad de abastecer de energía al país para respaldar el crecimiento económico. Desde el terreno mismo, la empresa HidroAysén, un consorcio conformado por la multinacional Endesa y por Colbún (del grupo empresarial chileno Matte), anunciaron que construirán cinco centrales, pero que disminuirán la superficie anegada. En Santiago, la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, advirtió que la decisión final sobre la construcción del complejo energético está en manos de la cartera que dirige. Precisó que todo proyecto económico altera el entorno, pero que las evaluaciones de impacto ambiental deben establecer cómo se mitigan los efectos de la actividad productiva.
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Noticia relacionada: Publicada el 2 de agosto de 2007 en EMOL: Directora Conama: Medio ambiente no pagará por crisis energética
(sic) Nota de la editora: el Mercurio todavía no se enteraba de que Ana Lya Uriarte es la Ministra de Medio Ambiente, y Alvaro Sapag el Director de la CONAMA.

Foro Energía IV: Cambio climático obliga a cambiar la visión económica, por Sergio Praus

Esta es una colaboración que nos envía desde Punta Arenas, el Blog del curso de Derecho Ambiental de la Universidad de Magallanes, editado por muestro amigo, Prof. Sergio Praus.

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"No necesitamos certeza absoluta de que el clima vaya a cambiar de cierta manera para justificar acciones, y de hecho el mundo científico ya ha evaluado que la probabilidad de que las consecuencias sean muy serias es muy grande".

Contundente, de esta forma se mostró el premio Nóbel de Química Mario Molina (1995), que reclama la puesta en marcha medidas globales que todo el mundo absorba*. Compartimos lo expuesto por el Sr. Molina. De hecho, todos los instrumentos jurídicos internacionales que abordan temas ambientales se sustentan en dos principios básicos, cuales son los principios preventivo y precautorio, los que también tiene manifestaciones explícitas en las legislaciones internas decada Estado. El reconocimiento jurídico de estos principios es una fuerte manifestación de una conciencia ética de la sociedad global. Han estado presente frente a problemas ambientales acotados y puntuales y también frente a problemas ambientales de mayor envergadura.

Es por ello que frente a un episodio condenable de daños ambientales (derrames de contaminantes, cortas ilegales de bosques, etc.), el cuerpo social repudia a las empresas, personas o grupos de personas responsables y exige sanciones drásticas. Pero también se evalúa a las autoridades públicas,.... ¿que falló?,..... ¿por qué no se fiscalizó,.... ¿como la autoridad no adopta medidas que eviten estos daños?....

En otras palabras, se exige aplicar medidas "preventivas", sancionando inclusive la "imprevisión" gubernamental, traducida en una negligencia", la cual inclusive puede ser constitutiva de cuasidelito civil, y en casos extremos en figuras penales.

Las legislaciones comparadas son exhuberantes en la cantidad de regulaciones sobre estas materias. El efecto invernadero, que está claramente afectando el ecosistema planetario, nuestro esquema de vida, fenómenos visibles y reales que han cobrado vidas humanas y lacerado dolorosamente a sociedades completas, da certidumbre al riesgo de concreción de las predicciones científicas -y ha comenzando a ser corroboradas por hechos reales-, y al menos a cambios sustanciales en los estilos de vida que actualmente conocemos.

De allí que el post de Mélanie Bourgeois, del 26 de Junio (El presidente de Estado francés, un ecologista de circunstancia?) tiene absoluto sentido. Quizás hay algo de oportunismo en el Presidente Francés, pero independiente de las intenciones, valgan las acciones. Las primeras son la antesala de las segundas y por lo mismo brindan esperanzas.

Lo anterior es coherente con lo que plantea una alumna de pregrado del curso de Derecho Ambiental de la Universidad de Magallanes, Viviana Villalobos. Señala en un post anterior, a propósito de los sarcasmos a la nominación de Ricardo Lagos como asesor del Secretario General de la ONU, que "más allá de las opiniones y tendencias políticas, el nombramiento de Ricardo Lagos como enviado especial de la ONU para el cambio climático debe ser visto como un logro para los ecologistas que critican y han criticado fervientemente la pobre gestión ambiental de su gobierno". "Porque esta aceptación hace suponer que el ex presidente se convirtió en ecologista o por lo menos hoy el tema lo conmueve más, por eso y por que es mejor para los que buscamos mejorar la catástrofe medioambiental que vivimos es que día a día es conveniente aceptar con los brazos abiertos a quienes se arrepienten de sus pasadas e irresponsables acciones y luchan por la causa del desarrollo sustentable".

Agrega que "Sólo me pregunto: si el señor Lagos volviera a ser Presidente ¿privilegiaría el medio ambiente o el desarrollo económico; buscaría conciliar ambos bienes o se pondría una venda en los ojos?..."

Dos frases propuestas y acuñadas por Viviana: "La idea es darle la oportunidad a cada individuo para que reaccione y colabore con su grano de arena para salvar la vida en la tierra, al menos omo la conocemos." "Es mejor no entrampar, ni ser mezquinos con quienes desean cambiar y tomanconciencia acerca de lo trascendente del tema. Es mejor dejar rencores y egoísmos atrás, para enfrentar con altura de miras un problema que efectivamente tenemos encima."

Punta Arenas, 28 de junio de 2007

* Los comentarios completos del Premio Nobel están disponibles en el periódico "Gara" (España, Estado Vazko), de fecha 26 de Junio

Competencias y fiscalización de ruidos molestos, por Jessica Cayupi

Jessica Cayupi es alumna de la Clínica Ambiental, primer semestre de 2007.

Nota de la Prof. Valentina Durán: Como parte de las actividades del Curso Clínico de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos, conocido como Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, los alumnos de este semestre han escrito entradas para el blog del CDA, sobre de temas de actualidad ambiental. Hemos seleccionado las mejores entradas.

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La normativa ambiental ha sido creada con la finalidad de prevenir, controlar y mitigar el deterioro ambiental; y especialmente la normativa de emisión de ruido con la finalidad de proteger a la comunidad de la llamada contaminación acústica. La regulación del ruido, sus procedimientos de medición y los criterios para clasificarlo son problemas complicados de resolver, dado la naturaleza del mismo, sus características como contaminante y las distintas respuestas de los receptores.

Sin perjuicio de lo complejo de su regulación, las formas en que su presencia perjudica a la comunidad son notorias, y van desde la pérdida de audición temporal o crónica, los trastornos del sueño, los disturbios en el rendimiento en tareas síquicas y sicomotoras, afectando en general de la calidad de vida. La presencia del ruido también puede traer otros efectos negativos, como es la pérdida del valor comercial de las propiedades afectadas por él, efecto que generalmente se verá acompañado de otros impactos que dependerán del tipo de fuente que lo genere.

El Decreto Supremo 146 de 1997 del MINSEGRES, que establece la norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas, señala que corresponde al Servicio de Salud fiscalizar la emisión de ruidos molestos, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a las municipalidades.

La SEREMI de Salud, organismos con competencia en esta materia, y me refiero en especial a la SEREMI de Salud o Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana, cuenta con agentes que poseen el conocimiento técnico adecuado para una correcta fiscalización, lo que nos hace suponer, que las denuncias por ruidos molestos interpuestas antes ella, serán eficaces.

No obstante lo anterior, la experiencia en la Clínica Ambiental me ha demostrado que las municipalidades son las entidades a la que la gente recurre en forma espontánea, al ser percibidas como socias en el esfuerzo para combatir sus problemas. Es aquí donde encontramos la mayor cantidad de denuncias sobre la materia, ya que en principio, la ciudadanía opta por dejar de lado la posibilidad de intervenir ante la SEREMI de Salud, quizás por una decisión de carácter personal, por falta de información o por problemas de distancias.

Este impulso natural de la comunidad de recurrir a los municipios, entrega a estas entidades la responsabilidad de hacerse cargo de las denuncias ciudadanas. Frente a esto, nos encontramos con la triste realidad de que los municipios no cuentan con los medios suficientes para fiscalizar la normativa de ruidos, debido a que sufren falencias tales como que los funcionarios que fiscalizan no poseen un conocimiento técnico adecuado o que los recursos económicos para tratar el tema son escasos. Asimismo, las funciones de estas instituciones son múltiples y la fiscalización de las normas ambientales es sólo una mas de ellas, por lo cual no representan una prioridad.

La experiencia también me ha demostrado que las municipalidades y la SEREMI de Salud sufren de debilidades conjuntas, que provocan que las denuncias de los vecinos pierdan el real potencial que podrían llegar a tener. Me refiero a la falta de coordinación existente entre ambos organismos en materias en que tienen competencias comunes, como es el caso de ruidos.

Entonces, ¿Qué pasa con las denuncias que las personas realizan ante los municipios? ¿Pueden tener algún grado de eficacia? Personalmente creo que la mayoría no la tiene. Los vecinos, ante la poca efectividad de sus denuncias ante el municipio, y al no recurrir ante el SEREMI de Salud por las diversas razones antes señaladas, pueden perder la fe en que sus problemas tengan solución y aprender a convivir con este tipo de contaminación. Luego, ¿dónde queda el acceso a la justicia ambiental? Ante esto, debería existir preocupación por una verdadera cooperación y coordinación entre estos organismos públicos, para lograr un resultado eficaz en menor tiempo.

Tal como señala Francois Ost, en su libro Naturaleza y Derecho, “en cuanto se adopta la lógica de la colaboración responsable, el juego se transforma y genera un beneficio mutuo: se trata de una partida con resultado positivo, en que las ganancias se suman en vez de neutralizarse”.[1]

Tal vez recurrir al municipio por ruidos molestos no sea una buena opción para la comunidad. Pero entonces, si la municipalidad tiene competencia en el tema de ruidos, y mas aún, si ha dictado una Ordenanza especial de ruidos ¿que rol cumple?

Mientras no exista una real preocupación de las autoridades por solucionar el fondo del problema, la Municipalidades, al verse imposibilitadas de cumplir con la fiscalización que la ley o sus propias ordenanzas les encomiendan, deberían guiar a la comunidad sobre otras instancias de acción, especialmente las que digan relación con el SEREMI de Salud, de igual manera, deberían derivar las denuncias recibidas a este órgano público especializado en el tema.

[1] OST, Francois. Naturaleza y Derecho, página 113.

Jefe de Estado francés ¿un ecologista de circunstancia? Por Mélanie Bourgeois

Mélanie Bourgeois, es francesa, egresada del Master de Derecho Ambiental de la Universidad de Paris I y alumna de la Clínica Ambiental en el primer semestre de 2007 como parte de su programa de movilidad estudiantil.

Nota de la Prof. Valentina Durán: Como parte de las actividades del Curso Clínico de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos, conocido como Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, los alumnos han escrito entradas para el blog del CDA, sobre de temas de actualidad ambiental. Hemos seleccionado las mejores entradas.

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Durante la campaña política del candidato Nicolas Sarkozy para las elecciones presidenciales, se pudo notar que el tema ambiental fue poco tratado. Por el contrario, Sarkozy planteo un programa que hubiera horrorizado todo ecologista. El tema laboral parecía suplantar el del medio ambiente y no se encontró ningún discurso acerca del planeta amenazado, o de la Carta del Medio Ambiente implementada por su predecesor.

Según sus asesores políticos, el tema no fue considerado como una orientación importante en su campaña, debido al hecho que sobre este tema, según ellos, la gente juzga sobre los actos y no sobre las intenciones.

Cuando Nicolas Hulot (ferviente ecologista famoso en Francia y también candidato para las elecciones) multiplicaba las presiones en favor de su Pacto Ecológico, Sarkozy fue el ultimo a firmarlo, y en la misma ocasión no ocultó su hostilidad en cuanto a la creación de un cargo de “Vice-Primer Ministro del Medio Ambiente”, prefiriendo un “gran Ministerio del Medio Ambiente, del Transporte y de la Energía”.

Limitándose a un discurso pragmático, Sarkozy ha preconizado una ecología que no dificulte lo social, ni el desarrollo económico, ni las actividades industriales. Esta síntesis pasa esencialmente por la política tributaria. Con este propósito, ha esgrimido el programa de su partido político el UMP (Unión para un Movimiento Popular) en el sentido de reformar en profundidad la “tributación verde” para incentivar los comportamientos loables. Su intención es doblar las rentas de los impuestos ecológicos, que representan actualmente 2,3% del producto nacional bruto francés. De este modo, propone instaurar un impuesto sobre los productos importados, proveniente de los países que no cumplen con las normas ambientales, y otro impuesto sobre los camiones extranjeros que cruzan Francia, para poder competir en el tránsito de carretera.

Junto con esto, Sarkozy se pronunció, durante su campaña, en favor de una disminución de la tributación de los autos limpios, los edificios con alta calidad ambiental y las construcciones de aislamiento de la residencia principal. Hay una clara opción por los instrumentos fiscales, como lo reitero Alain Juppé, el actual Ministro del Estado, Ministro de la Ecología, del Medio Ambiente y del Fomento de los Recursos Renovables.

Por otra parte, el Jefe de Estado sigue sin embargo privilegiando la energía nuclear, considerándola como “limpia”. Además, alega en favor del desarrollo de las energías de substitución y de los biocombustibles que podrían ser un futuro mercado por la agricultura francesa. Tratándose de los organismos genéticamente modificados, desea “discusiones” con los científicos, los agricultores y los industriales, pero sin moratoria previa.

A pesar de que su programa fue muy controvertido, ciertas personas han celebrado a una visión pragmática mas eficaz que lo que podrían hacer los “locos de la ecología” (esta “deep ecology” o ecología radical que François Ost mencionaba en su obra Naturaleza y Derecho).

Es así como las primeras medidas ambientales del Presidente Sarkozy parecen positivas:

Primer acto: Con gran sorpresa, los ecologistas escucharon al Presidente declarar, durante el primer día de su elección que el calentamiento global será “el primer combate de Francia”.

Segundo acto: El ex - Primer Ministro encabeza un “súper ministerio” de la ecología, del desarrollo económico y del fomento sustentable, cuyas competencias son considerablemente amplias, debido al titulo de Ministro de Estado y al rango de número dos. Cabe recordar que la ex Ministra, Nelly Olin, estaba solamente en el decimotercer rango de la jerarquía del gabinete.

Además, a las competencias tradicionales del tema ambiental, se añaden la política del transporte, del urbanismo, del mar, de la energía y de fomento del territorio. Al respecto, basta referirse al decreto de atribución publicado el 30 de mayo: siete paginas enumeran las competencias del nuevo Ministro, lo que debería en teoría, dar a Alain Juppé toda libertad para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible en el marco de las nuevas competencias otorgadas.

Empero, hay que esperar que estas palabras y esta reforma institucional no sean solamente medidas para tranquilizar los defensores de la ecología. Se comprobará en el futuro la real voluntad del Presidente de respaldar políticamente y jurídicamente el medio ambiente.

Sumarios Sanitarios: Inefectividad de las multas en materia ambiental, por Romina Chávez

Por Romina Chávez Fica, alumna de la Clínica Ambiental, primer semestre 2007.

Nota de la Prof. Valentina Durán: Como parte de las actividades del Curso Clínico de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos, conocido como Clínica Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, los alumnos han escrito entradas para el blog del CDA, sobre de temas de actualidad ambiental. Hemos seleccionado las mejores entradas. Hoy presentamos la primera contribución de esta serie, preparada por la alumna Romina Chávez Fica.

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Durante mi participación en la Clínica de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos impartida por el Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Universidad de Chile, pude comprobar que en una parte importante de los casos que se están conociendo, se han seguido sumarios sanitarios en contra de industrias contaminantes, por emisión de ruidos molestos, malos olores y material particulado, entre otros problemas. La gran mayoría de estos sumarios sanitarios termina con la imposición de multas.

Según el Código Sanitario, debe aplicarse multa a menos que la infracción de que se trate tenga asignada otra sanción especial, y excluya expresamente esta sanción pecuniaria. Las multas pueden ir desde 0,10 UTM a 1000 UTM, y en caso de reincidencia, esta multa puede duplicarse en su valor. De esta forma, nos encontramos con que la multa es la sanción de aplicación general, pero ¿es realmente efectiva para obtener el cumplimiento de la normativa sanitaria?

A mi juicio, la aplicación de multas por parte de la Autoridad Sanitaria, en la práctica no constituye un incentivo adecuado para que quien contamina deje de hacerlo. Las multas aplicadas en los casos que llevamos en la Clínica, son de montos de alrededor de 10 UTM. Esto hace que, en comparación con los costos de adaptar su tecnología de modo de mitigar el impacto ambiental, al empresario infractor puede resultarle más conveniente internalizar las multas como un costo a asumir periódicamente, en lugar de invertir en mejoras tecnológicas. De otra parte, los montos que se cobran por concepto de multas, en ocasiones no dicen relación con las proporciones de las empresas sumariadas. Así, hemos visto como a empresas que manejan negocios millonarios, se le cursan multas de 10 UTM, lo que como es de suponer no tiene el efecto disuasivo esperado.

En el Manual de Fiscalización Sanitaria publicado por el Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, en el 2005, se señala que para la determinación de la sanción a aplicar ante infracción a la normativa, deberán considerarse elementos tales como la repercusión epidemiológica y la reincidencia, considerándose que existe esta última cuando dentro de los 12 meses anteriores se haya aplicado una sanción al sumariado por sentencia sanitaria. Sin embargo, posteriormente se señala que la aplicación del concepto de reincidencia finalmente queda entregada a la discrecionalidad de la Autoridad Sanitaria Regional, la que deberá resolver teniendo en cuenta el riesgo de la actividad de que se trate. Esta discrecionalidad determina que en los casos que hemos conocido, se hayan aplicado multas de igual valor una y otra vez, en conflictos que se extienden por años, sin que la situación de la comunidad afectada mejore sustancialmente.

Otro tema relevante es que para el microempresario que contamina, y que no tiene los medios para mejorar su tecnología, el hecho de que se le cursen multas sólo empeora su situación. Si no se le ofrece una solución para adaptarse a la normativa, se ve forzado finalmente a desaparecer. En este aspecto urge que a nivel de gobierno se realicen programas destinados a crear conciencia en las entidades financieras de la importancia del otorgamiento de créditos a pequeños y medianos empresarios para inversiones en materia ambiental*.
Desde otro punto de vista, la multa tampoco es eficaz para obtener la satisfacción de los intereses de la comunidad afectada por la actividad industrial, ya que no detiene su funcionamiento, y, al ser a beneficio fiscal, no entrega ningún tipo indemnización para los vecinos por los perjuicios causados. Quizás una manera de remediar esto, sería que un porcentaje de la multa fuera en beneficio de los afectados, como ocurre con los delitos contra la propiedad intelectual, en que el denunciante tiene derecho a percibir un 50% de la multa.

Es cierto que junto con imponer multas, las sentencias sanitarias imponen la obligación al sumariado de ajustarse a la normativa, y que posteriormente se efectúa una fiscalización de la sentencia. Sin embargo, según nuestra experiencia, en esta etapa por lo general la Autoridad descubre que no se han efectuado los ajustes necesarios, y como consecuencia de ello, inicia un nuevo sumario sanitario, en un círculo vicioso en que se aplican muchas multas, pero los problemas persisten.

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* Al respecto sugiero ver “Políticas e Instrumentos para Mejorar la Gestión Ambiental en Chile y Promover su Oferta de Bienes y Servicios Ambientales”, en Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 12, CEPAL, Octubre de 2005.

Convenio CONAMA - Facultad de Derecho

El 18 de junio tuvo lugar la ceremonia de firma de un convenio amplio de colaboración entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la CONAMA.

El convenio evidencia la consolidación del trabajo conjunto que han venido realizando la Facultad, especialmente a través de su Centro de Derecho Ambiental (CDA) y la CONAMA desde que en el año 2000, iniciara sus funciones el CDA. Desde entonces, ambas instituciones han afianzado sus relaciones mediante el apoyo recíproco en labores de investigación; docencia; organización de jornadas y diálogos; y, en la edición de publicaciones académicas de gran valor.

Entre los objetivos del convenio, el CDA destaca que se facilitará el acceso de los alumnos e investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a las bases de datos con los que cuenta la CONAMA, a fin de facilitar los trabajos de investigación académica y memorias que éstos se encuentren realizando, en temas de interés de ambas instituciones.

Asimismo, se renueva el interés por parte de CONAMA de contar con el apoyo del CDA y de la Facultad, en todo lo que se refiera a perfeccionar la aplicación, interpretación y cumplimiento de la normativa ambiental en nuestro país.

Esta colaboración incluye por cierto la continuidad del Programa de Institucionalidad y Gestión Ambiental para Chile del Bicentenario, lanzado por el CDA el año pasado con el fin de contribuir al proceso de discusión de la reforma de la institucionalidad ambiental.

Histórico Fallo del caso del Plomo en Arica: Corte Suprema condena al fisco a indemnizar daño moral por 2.848 millones

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, condenando al Fisco a indemnizar el daño moral, provocado a 356 habitantes de Arica, por la internación y acopio de residuos peligrosos (plomo principalmente) autorizados por el Servicio de Salud de esa ciudad. A continuación reproducimos la noticia de El Mercurio.

Los abogados demandantes fueron el equipo de FIMA, integrado por Fernando Dougnac (Premio nacional del medio ambiente 2003), Francisco Ferrada y José Ignacio Pinochet.

NUEVO: Descargue la sentencia desde la web del CDA.

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El Mercurio. Jueves 31 de mayo de 2007

Fallo de la Corte Suprema: $2.848 millones deberá pagar el Estado a 2 poblaciones de Arica

Indemnización es por daño moral por contaminación.

Por Cinthya Carvajal

La 3ª Sala de la Corte Suprema resolvió que el Estado deberá indemnizar con $8 millones a cada uno de los 356 habitantes de las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales de Arica, por el daño moral a raíz de los "efectos tóxicos emanados del acopio de residuos peligrosos (...) plomo, zinc, arsénico, cadmio, mercurio y cobre".
En total, el fisco deberá cancelar 2.848 millones de pesos por la internación de 20.901 toneladas de desechos tóxicos, realizada en 1984 por la empresa Promel Ltda.
Fue la compañía sueca Boliden Metal AB la que envió los residuos mineros para almacenarlos en el puerto de Arica, con la autorización del Servicio de Salud.
En el fallo, dictado por los ministros Ricardo Gálvez, Milton Juica, Adalis Oyarzún, Hugo Dolmestch y Héctor Carreño, se explica que los elementos tóxicos ingresaron al organismo de la población por la respiración y los vientos, provocándoles, entre otros síntomas, "caída de cabello, desmayos, vómitos, diarreas, mareos, dolor de cabeza, erupciones en la piel, problemas mentales", lo que a juicio de los jueces es un daño moral que debe ser indemnizado.
Se determinó que el Servicio de Salud incumplió sus obligaciones legales, ya que tenía la responsabilidad de "proteger a la población" de la contaminación, tal como lo resolvió la Corte de Apelaciones de Arica.

Foro Energía III: Tres para un tango, por Julián Cárdenas

Tres para un tango es una colaboración nuestro corresponsal en Suecia, Julián Cárdenas. La entrada original está en su blog "Somos Uno". Julián es alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Actualmente está cursando un semestre de intercambio en la Universidad de Estocolmo, donde se ha interesado en el Derecho Internacional del Medio Ambiente. Más sobre el autor en las noticias de la Facultad.

REPORTAJE

Mucho se ha discutido últimamente sobre el Cambio Climático. Desde las energizantes palabras del ex Vicepresidente norteamericano Al Gore, “La hora de actuar ha llegado”, hasta las continuas menciones a sus efectos y consecuencias en los noticieros y periódicos de todo el Orbe; desde las numerosas críticas por la designación de nuestro ex Presidente Lagos al cargo de Enviado Especial de la ONU, hasta aquel desesperado llamado de Jacques Chirac a la creación de una Organización de las Naciones Unidas para el Medioambiente (mientras aun ostentaba la presidencia de Francia); desde la falta de lluvia en la Capital, hasta los movimientos telúricos en Aisén; desde el cambio de las temperaturas este año, hasta los altos niveles del ‘smog’; en fin, desde las múltiples repercusiones a nivel planetario, hasta cómo nos afecta en nuestro diario vivir, el calentamiento global dejó de ser un temor de algunos para convertirse, definitivamente, en una realidad para todos.

¿Qué más se puede esperar de un tema que amenaza con alterar, irremediablemente, el ordenamiento del Mundo tal y cual lo conocemos? Pues, sin ir muy lejos, nuestra vida cotidiana pareciera verse invariablemente afectada por el calentamiento global en todos sus sentidos. Así, desde el retiro de la nieve de la cordillera hasta el urgente cambio en los cultivos y en los sistemas de pastoreo, el Mundo entero se ve modificado por esta nueva realidad que se avecina.

Pero más allá de eso, más allá de cómo el Cambio Climático amenaza con cambiar nuestras formas de vida, resalta el cómo este ‘fenómeno humano’ anuncia un nuevo Orden Mundial donde la seguridad internacional se verá comprometida y las “Guerras del Nuevo Siglo” (tales como la contra Iraq) puede que dejen de ser una excepción.

Producto del Cambio Climático, las fuentes primarias esenciales para la existencia de vida en el Planeta (como el alimento, los lugares adecuados para su cultivo, y el agua) escasearán. A ello se suma la falta de idoneidad de algunos lugares para el desarrollo de energía hidroeléctrica como consecuencia directa de la disminución de las aguas lluvias, y las grandes pérdidas en el rubro del petróleo producto de los incendios naturales producidos por las altas temperaturas. Algunas naciones pequeñas pareciera están condenadas a desaparecer (como es el caso de los llamados ‘Estados Islas’), mientras muchas fronteras de países colindantes temen ser nuevamente cuestionadas cuando los ríos que las determinan modifiquen sus cursos. En fin, numerosas situaciones catalizadoras de conflictos internacionales surgen como consecuencia indirecta del tan renombrado calentamiento global. Y no son pocos los que dan cuenta de ello.

En un reciente debate de las Naciones Unidas sobre energía, seguridad y clima, la Secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Margaret Beckett, con el respaldo de sus colegas europeos, apuntó que la competencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cual comprende la protección de la paz y la seguridad internacional, es lo suficientemente extensa como para incluir al Cambio Climático dentro de sus amenazas.

La razón es simple: el Cambio Climático se ha convertido ya no sólo en una amenaza para la vida cotidiana y cómoda del ser humano (y para la existencia de la biodiversidad en el Planeta, valga decir), sino también para su existencia entera en cuanto deteriora la cantidad y calidad de los recursos naturales disponibles para una humanidad consumista, fomentando y alentando los mismos y numerosos catalizadores que a lo largo de la historia han derivado irremediablemente en guerra.

Pareciera ser verdad entonces que la paz y la seguridad internacional sí se verán comprometidas por el aumento de las temperaturas y por sus consecuencias directas e indirectas. Pareciera ser verdad que sí se puede argumentar que el Consejo de Seguridad tiene ‘algo que decir’ en este asunto del Cambio Climático. Y lo que es más, pareciera ser verdad que existe precedente que lo ratifique:

- En 1991 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó e hizo responsable a Iraq por, entre otras cosas, “los daños ambientales y el agotamiento de los recursos naturales” producidos luego de la invasión a Kuwait (Resolución 687/1991).

- En 1992, el Presidente del Consejo de Seguridad señaló que la inestabilidad en los campos económicos, sociales, humanitarios y ‘ecológicos’ se han vuelto efectivamente amenazas a la paz y la seguridad mundial (Doc. S/23500).

- Finalmente en 2001, luego de vincular la explotación ilegal de recursos naturales en la República Democrática del Congo con la continuación del conflicto armado en dicha nación, el Consejo de Seguridad reafirmó “(…) que asigna suma importancia a que se ponga fin a la explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del Congo y (…) que está dispuesto a considerar las medidas necesarias para poner fin a esa explotación” (S/RES/1355 (2001), nº 22), con lo que de plano extendió sus atribuciones para poder interceder y regular la forma en que fuese llevada a cabo la explotación de los recursos naturales cuestionados en dicho país, con motivo de reestablecer así la paz y la seguridad en la región.

Este último caso revela que sí existe precedente inmediato para una intervención del Consejo de Seguridad regulando directamente la actividad que ha generado el conflicto. Mas, conviene apuntar que el planteamiento de la Secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido ha encontrado una fuerte réplica: los países en desarrollo comúnmente identificados como G-77 (el Grupo de los 77), han respondido duramente a este planteamiento alegando lo que para muchos resultará evidente: mediante un mecanismo tan poco democrático (como lo es el Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes con derecho a veto, cuales además vienen siendo los principales responsables del calentamiento global…) es posible que los intereses de unos pocos prevalezcan por sobre los de la Comunidad Internacional en su conjunto, protegiendo así a los ricos y poderosos a expensas de los débiles y corrompibles. Con ello, el debate volvería a ‘punto cero’ y la supuesta alternativa del Consejo de Seguridad dejaría de ser tal. Pero, si ya una vez el Organismo expandió su competencia (¿de pleno derecho?) para incluir consideraciones ambientales (la explotación de recursos naturales), ¿qué impide lo vuelva a hacer? Es más, ¿qué actitud debemos tener frente a esa posibilidad? ¿Será el Consejo de Seguridad, en caso de ser invocado, utilizado como una herramienta de bien o será, como teme el G-77, utilizado como un medio antidemocrático para proteger la estabilidad económica de unos pocos? Invariable ante estas respuestas, la gravedad del asunto radica en que el calentamiento global sí puede atentar contra la paz y la seguridad en el Mundo, especialmente si consideramos las (por fortuna aun débiles...) ‘enemistades’ que está generando entre las naciones que colaboran y aquellas que no lo hacen, por lo que el llamado a encontrar un consenso internacional al menos respecto de la oportunidad y el foro para discutir el tema, resulta imperante.

Es así como el debate surge con nuevos aires para encarar el Cambio Climático: ¿cuál es el escenario adecuado, idóneo, para discutir y combatir los efectos del calentamiento global, con miras a evitar resultados nefastos que amenacen la paz mundial? El Protocolo de Kyoto ya demostró ser una noble herramienta pero con escaso poder fáctico y coercitivo. Un nuevo texto internacional amenaza padecer las mismas falencias. La Asamblea General de las Naciones Unidas, quizá más democrática que el discutido Consejo de Seguridad, no representa la realidad contaminante internacional por lo que dista de ser el escenario preferido por todos los países involucrados. Y finalmente, el Consejo de Seguridad, aun con el precedente indicado en el área de la protección de los recursos naturales para mantener la paz y la seguridad internacional, ha sido acusado de ser una ‘posible herramienta para el beneficio de unos pocos’.

A veces, lamentablemente pareciera ser que sólo la buena voluntad de algunas naciones podrá impedir el colapso del Orden Mundial actual y el desencadenamiento de un conflicto bélico de proporciones. Mientras por un lado Estados Unidos continúe siendo el ‘rebelde sin causa’ en la protección ambiental (reparando en que sus supuestas ‘causas económicas’ se demuestran injustificadas a largo plazo al considerar el ejemplo de otras naciones desarrolladas que sí han introducido cambios y sí han realizado disminuciones), contrariando la voluntad y desesperación de la mayoría internacional, y por el otro, China mantenga su ruta contaminadora ‘necesaria’ (¿?) para el sostén de sus millones de habitantes, el deseo Mundial de encontrar una fórmula capaz de resolver este problema, de encontrar un consenso, se mantendrá latente sólo como una utopía. Ante este paradigma de “Gigantes Ausentes en la Batalla contra el calentamiento global”, incluso aquellas propuestas (que parecieran ser…) tan nobles como la reciente de Japón, “Enfriar la Tierra 50”, resultarán inocuas e ineficaces por no contar con la debida atención y participación de los grandes involucrados.

Recapitulando, el escenario vuelve a ser borroso y las soluciones siguen siendo complicadas. La idea del Consejo de Seguridad, si bien dinámica y quizá efectiva al momento de emprender acción, pareciera ser una nueva excusa para proteger las economías de los grandes involucrados. ¿Existe alguna posibilidad concreta de remediar esta gran falencia para habilitar este foro de discusión y acción? Sino, ¿qué alternativas reales nos quedan? ¿Cómo conciliar los intereses internacionales con los intereses nacionales, en aras de alcanzar un consenso capaz de enfrentar el calentamiento global? ¿Cómo moldear este escenario en donde la realidad climática actual y la urgencia que significa, los intereses de la Comunidad Internacional y su constante deseo de actuar, y los intereses de las diferentes superpotencias contaminantes que aun no asumen su verdadera responsabilidad, colisionan constantemente? ¿Cómo moldear este Tango para que los tres grandes involucrados lo puedan bailar en perfecta armonía? En esta batalla, en esta guerra por evitar futuras guerras, ésta es la única (y enorme) interrogante que nos queda por resolver.

Bienvenidas sean todas las sugerencias.

Foro Energía II: Desarrollo sostenible y energía en la ONU, Por Pilar Moraga Sariego

En el contexto de la línea de investigación y extensión sobre Cambio climático y Energía del CDA, y en preparación del V Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental, que tratará sobre la Política Energética Nacional, presentamos un breve informe de lo ocurrido en la última sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible en Nueva York.

Pilar Moraga Sariego es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, e investigadora del CDA

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El 15º período de sesiones de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible desarrollado en Nueva York entre el 30 de abril y el 11 de mayo, destinado a implementar el Plan de Acción de Johannesburgo de 2002, finalizó sin acuerdo, en razón del rechazo de la Unión Europea (UE) (con el apoyo de Suiza) a los compromisos adoptados.
El Plan de Acción de Johannesburgo comprometió a los Estados participantes en la Cumbre del Desarrollo Sostenible del año 2002, a trabajar en favor de la utilización de la energía para el desarrollo sostenible, en el ámbito del cambio climático, del acceso a la energía, de la eficiencia energética, de la implementación de nuevas tecnologías y tecnologías alternativas, del aumento de la producción de energías renovables, del mercado energético (en miras a aumentar su transparencia) y de la cooperación internacional (Párrafo 20).
El Ministro alemán de Medio Ambiente, Sigmar Gabriel, en representación de la UE, expresó que el texto elaborado durante esta conferencia “no sólo no cumple con nuestras expectativas, sino que además debilita los compromisos de la comunidad internacional en Johannesburgo, de hace ni siquiera cinco años” y agregó que “aceptar el documento habría enviado un mensaje equivocado al mundo”.
Las expectativas de la Unión Europea buscaban responder no sólo a los compromisos adquiridos en África del Sur en 2002, sino al contexto mundial actual marcado por el fenómeno del calentamiento global. En esta perspectiva la Unión Europea esperaba mayores compromisos, entre los cuales destaca la integración de políticas energéticas en las agendas nacionales de aquí a 2010 y la firma de un Tratado Internacional de Eficiencia Energética.
Los 130 países en desarrollo del grupo de los 77 (G77) y China apoyaron el texto final de esta Sesión, rechazando las pretensiones europeas, las que a su juicio implicaban un control de su política energética por parte de las naciones industrializadas
Este desacuerdo refleja no sólo las diferencias (justificadas) de intereses y perspectivas entre el Mundo desarrollado y en desarrollo, sino también las dificultades de concebir el problema energético, como un problema “urgente”, cierto, como la mayoría de los problemas de los países en desarrollo, pero a la vez de “largo plazo”. En este contexto los altos costos de hoy pueden significar el gran ahorro y tranquilidad de las generaciones futuras.

Más información sobre la reciente sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU

Foro Energía I: Incentivos para las fuentes de energía renovable en la Unión Europea y en Estados Unidos

En el contexto de la línea de investigación y extensión sobre Cambio climático y Energía del CDA, y en preparación del V Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental, que tratará sobre la Política Energética Nacional, presentamos a continuación un breve resumen de un documento de trabajo publicado en febrero de 2007 por Wilson Rickerson and Robert C. Grace para The Heinrich Böll Foundation, titulado “The Debate over Fixed Price Incentives for Renewable Electricity in Europe and the United States: Fallout and Future Directions”.

Preparado por el ayudante de investigación del CDA, Sebastián Santamaría bajo la dirección de la Prof. Valentina Durán.

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La discusión acerca de las políticas de fomento de las energías renovables ha motivado el análisis de los beneficios comparados de los distintos esquemas de políticas energéticas. Los dos esquemas más relevantes en orden a integrar nuevas energías renovables son las variaciones del esquema de feed-in tariffs y el Renewable Portfolio Standards (RPS).

Las “feed-in tariffs” o “tarifas de alimentación”, ofrecen un pago a largo plazo y a un precio prefijado a los generadores de energía renovable por parte de las empresas distribuidoras. En tanto, los “RPS” (también conocidos como certificados verdes transables, u obligaciones de cuotas de energía renovable), buscan crear una competencia de precios entre los generadores de energía renovable para, de este modo, alcanzar objetivos predefinidos al más bajo costo posible.

La Unión Europea tiene experiencia con ambos esquemas de política energética. Sin embargo, es gracias a las “feed-in tariffs”, y no a los antiguos RPS, que ha logrado promover la expansión de la capacidad de energía renovable en diversos Estados miembros de la Unión Europea. El éxito de este esquema ha promovido su difusión a países como Noruega, Brasil, Suiza e Israel.

En cambio, la experiencia con las “feed-in tariffs” en Estados Unidos es bastante limitada, por cuanto la política energética norteamericana de los últimos años se ha basado, principalmente, en el desarrollo de los “RPS”, que requieren o la existencia de utilidades (en territorios que presentan un monopolio integrado de servicios), o bien la existencia de una amplia gama de generadores (en aquellos estados en que haya competencia libre) para que un porcentaje mínimo de su energía provenga de fuentes naturales renovables.

En Europa ha existido un amplio debate acerca de la “RPS” y las “feed-in tariffs”, en anticipo a una probable expansión mundial del modelo europeo de política energética. En Estados Unidos, en cambio, este debate se ha visto limitado, sencillamente por cuanto las “feed-in tariffs” no han sido vistas como una opción accesible en cuanto a política energética se refiere. El debate se centra, principalmente, en si acaso las “feed-in tariffs”, ya sea aquel esquema utilizado en la Unión Europea, o bien otras variantes creadas por los propios estados norteamericanos, pueden ser adaptadas de tal forma de hacer posible su coexistencia con las políticas norteamericanas de energía y la tan particular estructura de su mercado eléctrico.

En lo que respecta la relación con el medio ambiente que cada uno de estos esquemas de política energética presenta, constituye este vínculo un argumento más que determinante. De hecho, el argumento principal por el cual Estados Unidos no ha implementado, dentro de su política energética, la estructura impuesta por las “feed-in tariffs” es que dicha estructura no puede coexistir con un mercado de electricidad competitivo. De esta forma, se ha hecho difícil la expansión de las energías renovables en Estados Unidos, ya que el predominio de las “RPS” ha resultado en una constante competencia en la cual únicamente los generadores de energía renovable de más bajo costo pueden ingresar al mercado eléctrico, a diferencia de lo que ocurre en Europa, en que las “feed-in tariffs” han permitido, mediante los pagos a largo plazo que las caracterizan, una diversificación de la matriz de energías renovables.

Es por ello que, sin duda, la diversificación de las energías renovables en Estados Unidos no se ha llevado a cabo de la misma forma que en Europa, con las consecuencias ambientales que conlleva el uso indiscriminado de recursos naturales no renovables, circunstancia que, mediante una regulación más favorable a la diversificación de la matriz energética, ha disminuido en Europa.

Para concluir, el texto de Rickerson y Grace analiza los diversos matices que la implementación de uno u otro esquema de política energética ofrece, a la luz de estadísticas recopiladas durante años, y que permiten concluir que el esquema de política energética que se adopte acarrea consecuencias distintas no sólo en el ámbito económico de la energía, sino además en su repercusión en el medio ambiente, cuestionando la factibilidad de implementar el esquema energético europeo en los Estados Unidos, sin que ello signifique un cambio significativo en las condiciones de suministro de energía de los norteamericanos.

Al Gore, una visita conveniente para Chile, por Eduardo Sanhueza

Publicado en El Mercurio, Miércoles 9 de mayo de 2007
Autor: Dr. José Eduardo Sanhueza, Consultor Internacional Cambio Climático y Desarrollo

Ya en 1896, el científico sueco Svante Arrenhius predecía que, como resultado de los gases emanados de las grandes chimeneas que proliferaban en los albores de la era industrial, se exacerbaría la propiedad de la atmósfera de retener calor y el planeta se calentaría, calculando que de doblarse la concentración de dióxido de carbono en ella, la temperatura podría incrementarse en 6 º C.
Esa sentencia quedó en silencio por 83 años.En 1979, la Organización Meteorológica Mundial convocó a una Conferencia sobre el Clima, donde por primera vez se consideró, a nivel internacional, el calentamiento global en curso como una amenaza para el planeta.
Desde esa fecha, los acontecimientos se sucedieron más rápidamente, comenzando por la instalación, en 1988, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático -el foro que reúne a los científicos del mundo que trabajan en el tema-, seguido por el acuerdo de Naciones Unidas en 1990 de iniciar negociaciones a fin de establecer una Convención para enfrentar este problema de características globales, firmada en Río en 1992. Finalmente, como las transformaciones tecnológicas varían según la matriz energética de cada país, se adoptó en 1997 un Protocolo, en Kyoto, que cuantifica los esfuerzos diferenciados que los países industrializados deben realizar hasta el año 2012 para modificar sus patrones de emisiones de gases de efecto invernadero.
Desde esa fecha se han producido importantes avances: la incorporación de nuevos contingentes de científicos al estudio del tema, entre los cuales se cuentan chilenos, la mayoría del sector privado de los países industrializados está en pleno proceso de readecuación de sus sistemas productivos para que sus emisiones sean compatibles con los compromisos adoptados en Kyoto, y en el mundo en desarrollo aumenta el interés de sus empresarios, incluidos los nuestros, para participar de los beneficios económicos del denominado Mercado del Carbono, establecido en ese acuerdo internacional. No obstante, el cambio climático y sus consecuencias han permanecido en la esfera de conocimiento de un pequeño grupo "de iniciados", ajeno a la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluida, en los países del tercer mundo, su clase política.
Esta situación ha variado radicalmente en los últimos meses. Hay razones para ello, como las manifestaciones evidentes de los impactos resultantes del calentamiento global que vive el planeta. Pero, indudablemente, ha contribuido un mensaje exitosamente amplificado a través del cine, enunciado por una figura internacional como es Al Gore, quien ha creado las bases para la inédita cobertura que la prensa ha dado a los informes que en estos primeros meses del año han publicado los tres grupos de trabajo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
Se ha argumentado que el mensaje de Al Gore es alarmista, pero ninguno de los escenarios con que ejemplifica su argumentación está descartado en esos informes. Lo realmente importante es que hoy, como nunca antes, se han leído los pronósticos que han estado haciendo los estudiosos de estos temas en el mundo desde 1990 y que, en lo sustancial, sólo reiteran hoy.
Y de esa lectura hay sólo una gran conclusión: como consecuencia del calentamiento global inducido por el hombre y que afecta al planeta, no es posible planificar el desarrollo económico futuro de las naciones descontando las pronunciadas alteraciones que este hecho producirá sobre la economía mundial tal como la conocemos hoy, tanto por los impactos directos y diferenciados que éste tendrá sobre las diversas regiones del mundo como por aquellos que se derivan de las medidas de respuesta para intentar aminorar este aumento de temperatura.
En estas circunstancias, es de esperar que cuando caiga el telón los que tuvieron la posibilidad de asistir a esta cita con Al Gore se retiren motivados a profundizar sus conocimientos en estos temas, para adquirir la capacidad de ver el mundo que se ha estado construyendo desde 1997, que les permita, por ejemplo, entender la razón de la existencia hoy de un G8 ampliado. Asimismo, que las autoridades gubernamentales asistentes se sientan motivadas a leer la Ley de la República publicada en el Diario Oficial del 13 de abril de 1995, para que comiencen, aunque fuere con retraso, a dar cumplimiento a lo que se establece en su Artículo 4, y comprendan que es hora de corregir errores, dándole a esta materia la relevancia que tiene y reinstalando su tratamiento en su lugar natural: en la esfera de gobierno donde se planifica el desarrollo nacional.

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Nota de la editora: Haciendo click en las etiquetas de esta entrada, pueden encontrar todo lo que hemos publicado en esos temas, como energía y cambio climático. Por ahí también el informe Stern y la synopsis de la película "la verdad incómoda".

Capitán Planeta

La designación de Ricardo Lagos como enviado especial de la ONU ha despertado cierta discusión en el ámbito nacional, entre quienes cuestionan su legitimidad para asumir ese cargo, por cuestionamientos a su gestión ambiental como ex presidente, y quienes, con una mirada más optimista, celebran la oportunidad de que su liderazgo sirva a la causa del cambio climático. Rescatando esta dicusión, presentamos dos opiniones distintas, de Patricio Navia y de Sergio Montenegro.

Más allá de esta polémica, en las próximas semanas invitaremos a nuestros visitantes a debatir sobre la política energética nacional y el cambio climático, en preparación del V Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental del CDA, que abordará el tema de la Política Energética en Chile, y del Programa Domeyko sobre Energía de la Universidad de Chile, que cuenta con la participación del CDA.

Lagos, el ecologista. Por Patricio Navia

Publicado en la Tercera, el 3/05/07. Disponible en Expansiva.

Cuando más lo necesitaba, Ricardo Lagos fue nombrado enviado especial del Secretario General de la ONU para el cambio climático. El ex presidente tendrá un tema permanente de agenda que le permita resaltar sus fortalezas y le ayude a desarrollar credenciales en un tema de futuro.
El propio Lagos señaló que los ex presidentes son como los jarrones valiosos. Todos los aprecian, pero nadie sabe qué hacer con ellos. Porque el suyo fue un gobierno con más aciertos que errores (su popularidad al dejar el poder así lo evidenció), muchos temen que Lagos quiera volver a buscar la presidencia. Su constante preocupación con el bicentenario (que se celebrará después que Bachelet deje el poder) siempre alimentó rumores sobre un posible retorno.
Si bien algunas de sus iniciativas inconclusas han sido cuestionadas o no han logrado ver la luz, los logros bajo su sexenio son evidentes. Incluso sus detractores aceptan que el Transantiago no hubiera tenido tantos problemas de implementación si Lagos hubiera estado en La Moneda.
Pero su condición de ex presidente presenta más problemas que ventajas. Si Lagos calla es criticado por la oposición, pero si habla es acusado de opacar al gobierno actual. Por eso, la invitación de la ONU le viene como anillo al dedo. Lagos podrá hacerse cargo de un tema de creciente importancia mundial. Eso le permitirá demostrar su vigencia profesional, su influencia internacional y su capacidad para abordar temas de futuro. Además, podrá hablar sin tener que referirse a la política cotidiana chilena.
El legado ecológico de Lagos es mixto. Hubo avances importantes, pero se pudo hacer más. Pero algunos ecologistas que han criticado el nombramiento equivocan tanto la forma como el fondo. Ellos están inmejorablemente posicionados para influir en las políticas que promueva Lagos. Precisamente porque han tratado con él (Sara Larraín lo ayudó a ganar la elección en 2000), los ecologistas chilenos serán ahora más influyentes que sus colegas en otros países. Tácticamente, es lo mejor que le pudo haber pasado al movimiento ecologista chileno. Lagos no fue nombrado por ser un combativo ecologista (perfil que hubieran preferido algunos activistas), sino por el respeto mundial que genera como un hombre de principios, razonable y hacedor. Es más fácil lograr que un líder respetado se sume a la causa ecologista que lograr que un activista sea efectivamente escuchado por otros gobiernos.
Ahora Lagos tendrá una inmejorable oportunidad para reinventarse como un líder de futuro comprometido con la causa del medioambiente, pero también consciente de que hay que forjar compromisos difíciles para avanzar. Si tiene éxito, su reputación internacional seguirá creciendo. Mejor aún, Lagos finalmente podrá dar vuelta la hoja y hablar más de futuro. No tendrá que seguir, rodeado de nostálgicos asesores más preocupados de sus propias desperfiladas carreras que del ex Presidente, obligado a defender el legado de un gobierno con muchas más luces que sombras.

Independencia de la ciencia y estudios de impacto ambiental, por Gonzalo Medina Vogel*

Un aspecto importante que afecta la objetividad de los estudios de impacto ambiental, es la participación de académicos, contratados en las universidades, para la realización de estudios de impacto ambiental. Esto ha generado una falta de independencia en la discusión ambiental, y ha degenerado la opinión pública respecto de la ciencia. Hemos visto en varias conferencias cómo la opinión pública es crítica y negativa hacia académicos que han participado de estudios de impacto ambiental, cuestionando la independiencia de sus opiniones.

Muchos académicos ven esta posibilidad como un segundo ingreso, y las empresas los buscan como una manera de respaldar sus proyectos y así contrarrestar las posibilidades de opiniones discrepantes. Un ejemplo es la discusión surgida entre académicos de la PUC y la UACH por el problema de Celco, en que la empresa y los medios afines aprovecharon esa situación para anular la opinión científica del problema. Otro ejemplo es la reciente discusión del proyecto de la hidroeléctrica de pasada en el Río San Pedro, en que la empresa COLBUN llevó a los académicos del EULA de la Universidad de Concepción a presentar el proyecto en la UACH, llevando la evaluación ambiental de un proyecto productivo a la discusión académica. Estos son elementos absolutamente diferentes, una discusión científica no puede surgir de estudios de impacto ambiental, pues estos estudios están lejos de ser científicos. El incluir científicos en los estudios no los transforma en ciencia. En el fondo es el lobby de la empresa para evitarse opiniones discrepantes.

Creo sería muy importante para el futuro que los estudios de impacto ambiental sean llevados a cabo por solo personal calificado no académico y no contratado por la empresa, sino que por el Estado, con fondos traspasados por las empresas. Por supuesto con concurso abierto e informado. Los académicos deberían participar sólo como árbitros en caso de conflicto y por consultoría directa al Estado.

La situación actual está haciendo un grave daño a la credibilidad de los científicos por parte del publico, los políticos y las organizaciones con base ciudadana (ONGs). También esta provocando una falta de objetividad científica en la discusión. Por último está produciendo una falta de independencia de la opinión de los científicos, pues éstos ven los proyectos como una fuente secundaria de financiamiento.

Un científico activo no está preparado para hacer un estudio de impacto ambiental, pues éstos son de gestión, no de ciencia. Ahora la ciencia puede ir de mano de la gestión, pero la gestión deben hacerla los gestores, no los científicos. El separar los estudios de impacto ambiental y contratar a los académicos como árbitros frente a discrepancias entre las empresas y los ciudadanos o el Estado, ayudaría a la objetividad de los proyectos, generaría más empleo a un sinnúmero de profesionales con postgrado, y haría todo más ético.

Por supuesto muchos académicos se opondrán a esta iniciativa, pero recordemos que en las primeras clases de cualquier ramos de ciencias ambientales, sobre análisis crítico de conflictos, debemos tomar en cuenta la independencia de la opiniones, los académicos que no apoyarán esta moción son aquellos que ya han perdido su independencia debido ha que han hecho de los estudios de impacto ambiental una muy atractiva segunda entrada económica.

Gonzalo Medina Vogel es Director de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello

Foro del IV Diálogo: A decisiones infundadas, instructivo de CONAMA

Reportaje publicado el 20/04 en Sustentable.cl

A decisiones infundadas, instructivo de Conama

"No debería existir una normativa para recordarle a la autoridad cómo debe actuar", Rodrigo Guzmán, director ejecutivo (s) de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en el marco del IV Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental.

Durante el IV Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental para el Chile del Bicentenario, organizado por el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, el director ejectutivo (s) de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), Rodrigo Guzmán, expuso sobre el "Instructivo para la adecuada fundamentación de los Informes Sectoriales, de los Acuerdos y de las Resoluciones de Calificación Ambiental adoptados en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", despachado el 14 de marzo de este año por la actual ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
Guzmán participó en la elaboración de este material en su puesto anterior, como fiscal de Conama, pero ahora en su cargo de director subrogante, le tocó analizarlo. En conversación con Sustentable.cl profundizó sobre la necesidad de crear un instructivo como éste.
Sobre el instructivo
El objetivo principal del texto elaborado por la Conama es recalcar a los actores correspondiente, ya sean las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (Coremas) u organismos del Estado, que las decisiones que adopten en materia ambiental sean "debidamente fundadas y razonadas", tal como expresa en su introducción.
A la hora de analiza el documento, Rodrigo Guzmán señala que las motivaciones que originaron su creación fueron fundamentalmente tres: proveer de transparencia, reglas claras y razonabilidad. "Pero además tiene por objetivo reforzar las ideas de la Ley 19.300", agrega el profesional.
Pero ¿por qué fue necesario redactar un instructivo como éste?
No debería existir una normativa para recordarle a la autoridad cómo debe actuar. Pero hubo ocasiones en que se adoptaron decisiones que iban en contra a los informes presentados a las Coremas. Lo que estamos diciendo con este documento es que los acuerdos de las Comisiones Regionales deben tener una adecuada fundamentación técnica y jurídica y emitidas por las entidades competentes.
Los informes deben contener las opiniones de los órganos competentes y la adopción de las decisiones deben ser fundadas o razonadas. Esto para que las resoluciones, aunque vayan en contra de los informes técnicos, sean adecuadamente fundamentadas.
¿Hay algún caso emblemático que haya gatillado la creación del instructivo?
No hay nada en particular. Tampoco tenemos estadísticas de las veces en que se falló de manera inadecuada, pero sí sabemos que hay un gran número de casos en que las decisiones carecían de peso. No es comprensible que llegado el momento de la determinación, cuando todos los antecedentes marcan una tendencia, la decisión sea contraria.
¿Cómo ha sido recibido este instructivo por las Coremas?
Ha tenido gran aceptación, principalmente porque los beneficiados con un documento como éste somos todos. Actualmente se están ejecutando planes de capacitación para los organismos correspondientes, y esto ha sido muy bien recibido.
¿Este instructivo espera eliminar el factor político de las decisiones de las Coremas?
No, la política estará presente siempre, como lo está a nivel jurisdiccional o administrativo y como en todas las cosas.

Descargue el instructivo y otros documentos relacionados desde la página del CDA.

Foro del IV DIÁLOGO. Comentario al Instructivo sobre la fundamentación en el SEIA.

Por Valentina Durán Medina

CDA

En su discurso de promulgación de la Ley 20.173 que Crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y le confiere rango de Ministro de Estado, la entonces Ministra de la SEGPRES, Paulina Veloso, se refirió al plan de mejoramiento de gestión del SEIA iniciado en enero. En ese contexto anunció una serie de medidas, para, por un lado, orientar a los inversionistas en la entrega de información para la obtención de permisos ambientales, y por otro, uniformar los criterios de los organismos estatales con competencia ambiental. Estas medidas, señaló la Ministra, son parte del trabajo del Estado para "cumplir con su rol de cuidar el medioambiente y al mismo tiempo incentivar la inversión".
Es así como el 14 de marzo, siendo aún Directora Ejecutiva de la CONAMA, Ana Lya Uriarte despachó un oficio ordinario conteniendo el "Instructivo para la adecuada fundamentación de los Informes Sectoriales, de los Acuerdos y de las Resoluciones de Calificación Ambiental adoptados en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". En los antecedentes, el documento se refiere al objeto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, otorgando a la Resolución de Calificación Ambiental que le pone fin, el carácter de acto administrativo terminal, regido como tal por la Ley 19.880 de Procedimiento Administrativo. Luego de referirse al contenido de los informes sectoriales y su relación con las competencias de los órganos de la Administración del Estado, distinguiendo si se trata de DIA o EIA, el texto se refiere largamente a la necesidad de fundamento y motivación de las decisiones de las COREMA en aplicación de los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo en el SEIA.

Finalmente, luego de una larga introducción, el texto dispone una instrucción muy escueta, que consiste básicamente en recordarle a los órganos sectoriales con competencia ambiental que participan de la evaluación de impacto ambiental, que en virtud de la Ley 19.300 y del Reglamento del SEIA, deben fundamentar sus informes sectoriales que conocen de un estudio o declaración de impacto ambiental. Así, las COREMA, en la elaboración de los Informes Consolidados de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA) deben recoger sólo aquellos pronunciamientos de estos órganos sectoriales que se encuentren adecuadamente fundados y dentro de sus competencias. Se dispone también que en caso de que una COREMA se pronuncie en sentido diverso de lo contemplado en el Informe Técnico, los Seremis deberán fundamentar su voto.

Ahora bien, cuanto aporta y cuanto impacta este instructivo en las decisiones de los funcionarios que integran las COREMA, es algo que habrá que ver, y que estará determinado por la continuidad de las acciones en este sentido. El interés de este instructivo, a mi entender, tiene que ver con un intento loable y necesario de iluminar y transparentar las decisiones administrativas, en un ámbito conocido por el exceso de discrecionalidad y de consideraciones políticas o de oportunidad por sobre criterios técnicos. Es ahí, entre otras instancias, donde se producen los actos administrativos que generan aquella sensación de falta de certeza juridica para la inversión o bien de desprotección de la garantía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Es posible que con motivo de una reforma a la institucionalidad ambiental por venir, se modifique la composición del órgano que decide sobre la calificación ambiental de los proyectos de inversión, pero mientras eso no suceda, y aunque suceda, tan importante como revisar la institucionalidad, es revisar los procesos de decisión, tal como se hace por medio de este instructivo, que intenta ejercer el rol coordinador que le corresponde a la CONAMA.

Foro del IV DIALOGO: Supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo en materia ambiental

Alcance de las modificaciones introducidas por la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos en el marco regulatorio ambiental chileno; y especialmente, en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental

El presente documento, preparado por la Coordinadora de Investigación del CDA, Prof. Valentina Durán Medina, y el ayudante de investigación Alberto Barros Bordeu, tiene por objeto enmarcar el IV Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental organizado por el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que tendrá lugar el 18 de abril de 2007, en torno al tema “La supletoriedad de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo en materia ambiental”. Los invitamos a participar de este foro abierto.

1.- Planteamiento general
La Ley 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración (en adelante LPA) constituye un hito muy positivo en nuestro ordenamiento jurídico , ya que por primera vez entre nosotros se estableció un procedimiento general que regula la actividad de la Administración Pública. Lo anterior, conlleva un evidente beneficio de certeza jurídica en el tratamiento de todas aquellas materias que no estaban regladas por procedimientos administrativos especiales y, que en muchas ocasiones, estaban entregadas a la discrecionalidad de la autoridad, que, a través de la LPA, hoy conoce límites más precisos.
La LPA no sólo se reconoce y valora por otorgar mayor certeza jurídica en nuestro ordenamiento, sino que por su carácter marcadamente garantista de los derechos de los particulares. Esto se refleja en los principios del procedimiento tales como los de contradictoriedad, imparcialidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad, así como en el la imposición del sometimiento de la Administración Pública a criterios de eficiencia y rapidez.
Sin embargo y pese a los beneficios señalados, puede señalarse que la Ley 19.880 ha generado incertidumbre en algunos aspectos relativos a su aplicación. Al respecto, la interrelación de sus disposiciones con las de procedimientos administrativos especiales, vigentes a la época de su publicación, ha resultado ser uno de los aspectos más conflictivos.
En este escenario, la interacción de la Ley 19.880 con los procedimientos contemplados en la Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, particularmente el que está establecido a propósito del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es un asunto plenamente vigente, así como lo es la aplicación de la LPA en otros procedimientos de relevancia ambiental como el sumario sanitario y los procedimientos que generan actos públicos en el ámbito municipal.
2.- Relación entre la Ley 19.880 y la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en especial en el marco del procedimiento establecido en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La interrelación de la Ley 19.880 con el procedimiento establecido a propósito del SEIA está marcada por el principio de supletoriedad adoptado por la Ley 19.880. En este escenario, podría afirmarse que la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos sólo tendrá aplicación en la medida que el procedimiento del SEIA omita la regulación de alguna de las instituciones contempladas por el primero. Sin embargo, no debemos olvidar el carácter de “Ley de Bases” que tiene la Ley 19.880. En virtud de esto, se ha señalado que dicho cuerpo legal establece “estándares mínimos unificadores” y que en consideración de esto, “una ley de bases debe tener un cierto efecto derogatorio para asegurar la preservación del núcleo mínimo de garantías que pretende instaurar ”.
¿Cómo deberán interactuar entonces ambos criterios que parecen apuntar hacia direcciones distintas?
Al respecto, parece necesario precisar que el “efecto derogatorio” de la Ley 19.880 se sustenta principalmente en los principios que informan el procedimiento contenido en dicho cuerpo legal. Luego, los conflictos entre principios no se resuelven mediante la aplicación excluyente de alguno de ellos (como sí sucede en el caso de conflicto de reglas), sino que éstos deben pesarse de acuerdo a las circunstancias del caso concreto .
La respuesta, en todo caso, no es suficiente para predecir con exactitud el desarrollo que puedan tener los casos conflictivos, lo cual sin duda atenta tanto contra la pretensión, por parte de los inversionistas, de mayor certeza jurídica para la inversión, como contra la existencia de adecuados niveles de Acceso a la Justicia Ambiental. Un buen ejemplo del problema, lo presenta el siguiente caso:
En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y, dentro del procedimiento establecido a propósito de la tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la Ley 19.300 (artículo 28°) contempla un regla restrictiva respecto de aquellos que pueden “formular observaciones al proyecto”. Por su parte, la Ley 19.880 contempla un concepto muy amplio de titularidad (artículo 21°). Tenemos entonces un conflicto entre ambas regulaciones y dos soluciones posibles: a) Entender que en virtud del principio de supletoriedad, la Ley 19.300 debe primar en todo caso o; b) Entender que la Ley 19.880, al inclinarse por el principio de que todos los que tengan “interés” en el objeto del procedimiento pueden intervenir en él, derogó en esta parte a la Ley 19.300.
Desde luego que el anterior, no es el único punto problemático. Así, y a modo de resumen no exhaustivo podemos mencionar los siguientes focos de conflicto:
- Pertinencia, en el marco del SEIA, de las “Medidas Provisionales” que contempla el artículo 32° de la Ley 19.880;
- Pertinencia, en el marco del SEIA, de algunos de los recursos que contempla la Ley 19.880 (especialmente de los recursos de reposición y extraordinario de revisión).
- Aplicación de la Ley 19.880 al procedimiento de modificación de la Resolución de Calificación Ambiental en consideración a impactos ambientales no previstos.
Los temas referidos son de la mayor importancia y, sin perjuicio de las convicciones que cada uno pueda tener al respecto, aún se encuentran abiertos dada la “juventud” de la Ley 19.880. De allí deriva la importancia de instancias de encuentro entre los distintos actores del derecho ambiental, para discutir estos temas en busca de consensos.

Ministra de Medio Ambiente

El 27 de marzo de 2007, tras casi un año de tramitación que este blog siguió minuto a minuto, se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.173 que Crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y le confiere rango de Ministro de Estado. Descargue el texto de la ley.

El mismo día, Ana Lya Uriarte, abogada de la Universidad de Chile, profesora de nuestro Magister de Derecho Ambiental y hasta entronces Directora Ejecutiva de la CONAMA, juró ante la Presidenta Bachelet como nueva Ministra de Medio Ambiente.

El Centro de Derecho Ambiental saluda la designación de Ana Lya Uriarte deseándole gran éxito en su gestión.

Promulgada Ley 20.173 que crea el cargo de Presidente de la CONAMA con rango de Ministro

El 15 de marzo de 2007, la Presidenta Bachelet promulgó la Ley 20.173 que crea el cargo de Presidente del Consejo Directivo de la CONAMA con rango de Ministro. Una vez publicada la ley, luego de la toma de razón por la Contraloría General de la República, la Presidenta tendrá un término de 30 días para designar a la nueva autoridad.

Fuente: Nota de prensa del MINSEGPRES

“Este es el primer paso de un proceso gradual de perfeccionamiento de la institucionalidad ambiental, proceso que deberá considerar todas las opiniones de expertos y de la comunidad organizada en la materia”, afirmó la Ministra Paulina Veloso en el discurso presentado en la ceremonia de promulgación de la Ley que crea el cargo de Presidente de la Comisión del Medio Ambiente con rango de Ministro, y que fue encabezada por la Presidenta de la República.

La Ministra Veloso, hizo un recuento de lo avanzado por la Concertación en este ámbito, a partir de la entrada en vigencia (en 1994), de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, así como de las medidas que se están adoptando para mejorar el ordenamiento, y el acceso a la información de las normas ambientales, y para agilizar la evaluación y aprobación de los proyectos de inversión.

Entre los logros, citó la creación de una institucionalidad que fijó una normativa, procedimientos y responsables para trabajar en la materia; la disminución de la contaminación atmosférica de Santiago; el importante aumento en el porcentaje de tratamiento de las aguas servidas y en la adecuada eliminación de residuos domiciliarios; el establecimiento de normas de calidad ambiental como las referidas al plomo; al ozono; a la contaminación acústica, y a las aguas superficiales.

La Ministra, se refirió a la creación de un Ministro de Medio Ambiente como “el primer paso para la creación de un Ministerio de Medioambiente y una Superintendencia Ambiental que permita separar con nitidez el diseño de política, lo normativo y regulatorio por una parte; de la ejecución, control y fiscalización de los estándares”, “Así construimos nuestra política de desarrollo sustentable, esto es, lograr un equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y equidad social” puntualizó.

La autoridad, destacó en su discurso la prontitud con que este proyecto fue tramitado en el Congreso y agradeció el apoyo y voto mayoritario de los parlamentarios de la Concertación y de la oposición. También hizo un reconocimiento al trabajo realizado por Ana Lya Uriarte, Directora de Conama y, a través de ella, a todo su personal.