26 febrero 2016

Ombudsman o defensor del pueblo en materia ambiental, por Izaskun Linazasoro

Nota de la editora:
Izaskun Linazasoro es hoy egresada de Derecho de nuestra Facultad y escribió esta columna como parte de las actividades de la clínica ambiental, segundo semestre de 2015. Izaskun en twitter.


Ombudsman o defensor del pueblo en materia ambiental: La necesidad de reformar nuestra institucionalidad para reducir la desigualdad

El conflicto ambiental es necesariamente un conflicto que nos convoca a todos los ciudadanos y es por ello que la legitimación procesal no puede ser una traba en el acceso a la justicia ambiental como tampoco lo puede ser la falta de recursos económicos. 

La desigualdad social se expresa en el medio ambiente: la contaminación y los grandes proyectos de inversión suelen afectar principalmente a la población más vulnerable de un país. Por ello, es necesario hacer frente a ese desequilibrio. El compromiso general que los Estados han adoptado respecto a la sustentabilidad en la COP21 en Paris, se refiere no sólo a compensar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente sino que también tiene que tener un corleado con la equidad social.

Necesitamos como país una nueva institucionalidad que solucione conflictos, que se plantee como una forma de acceso a la justicia ambiental y que no sólo rompan con las barreras de la desigualdad económica sino también con la legitimación procesal de los conflictos ambientales. Son conflictos que nos afectan a todos, directa o indirectamente, por lo que barreras de legitimación activa no parecen justificables en este tipo de acciones. Por lo anterior, me parece que un Ombudsman  o defensor del pueblo, especialista en derecho ambiental podría dar una solución eficiente y eficaz a las debilidades que nos plantea la actual institucionalidad ambiental, no sólo en términos de acceso a la justicia sino también respecto a la posibilidad de incidir en las políticas ambientales.

En esto, Chile tiene una deuda con la ciudadanía, ya que no sólo en Europa existen defensores del pueblo, en países de Latino América ya se han producido cambios sociales destinados a disminuir la inequidad social que produce la justicia ambiental: en países como Argentina y México existen procuradurías ambientales que se encargan de generar un vínculo entre los sectores más vulnerables y la institucionalidad. Casos de relevancia pública como Bajos de Mena o EFE, no podrían tramitarse sin la intervención de agentes independientes que ofrecen sus servicios a personas que no tienen como financiar el costo de reclamar sus derechos. 

Necesitamos que la justicia no dependa de buenas voluntades, de ONG’s o de abogados que ven grandes oportunidades, necesitamos una política de Estado destinada a proteger a los ciudadanos más vulnerables que no tienen los recursos necesarios. Necesitamos la representación de las voces de los afectados y mantener el tema ambiental en la agenda pública.


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