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27 abril 2006
Institucionalidad Ambiental: Opinión de Rafael Asenjo Marzo 2004
Ahora que acabamos de lanzar el Segundo Número de la Revista de Derecho Ambiental del CDA, en un acto académico marcado por el debate sobre la Institucionalidad Ambiental, hacemos justicia a don Rafael Asenjo, recordando el discurso que pronunció en el lanzamiento del Primer Número de la Revista, dos años atrás, el 31 de marzo del 2004.
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Acto de Inauguración Magister en Derecho Ambiental, lanzamiento nº2 Revista D.A. y libro "Derecho Ambiental Parte General"
El 26 de abril se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Derecho un acto que cumplía con tres objetivos: Inaugurar el primer Magister de Derecho Ambiental del país, a cargo del CDA y la Escuela de Graduados, lanzar el Segundo número de la Revista de Derecho Ambiental del CDA, y presentar el libro de Eduardo Astorga "Derecho Ambiental Parte General".
La masiva concurrencia de aprox. 100 personas, incluyó la presencia de la Ministra Secretaria de la Presidencia, Prof. Paulina Veloso, y del Ministro de Hacienda Andrés Velasco, quien asistió como parte de la familia del fallecido Prof Raúl Brañes, a quien se dedicó el segundo número de la Revista.
A continuación un extracto del discurso del Decano Prof Roberto Nahum con el que se inauguró el acto académico.
(...) Teniendo presente el público debate que se ha generado últimamente en cuanto a la necesidad de reformar la institucionalidad ambiental y sus instrumentos de gestión, como asimismo, la creciente conflictividad originada por el anuncio de grandes proyectos de inversión, las críticas a la Justicia Ambiental, y los anuncios de las autoridades del nuevo Gobierno en torno a la creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de una Superintendencia Ambiental, cumplo con informar que el Centro de Derecho Ambiental, con el apoyo de este Decanato, consciente de su posición como principal centro académico nacional en Derecho Ambiental y su vocación de servicio público, ha dado inicio, a contar de este año, al Programa “Institucionalidad y gestión ambiental para el Chile del Bicentenario”.
Mediante este Programa, el Centro referido se ha propuesto concentrar sus esfuerzos, prioritariamente, en trabajos de investigación, extensión y difusión sobre dichas áreas temáticas, acompañando y apoyando el proceso de reflexión y discusión iniciado en el país, con el objetivo de contribuir al estudio y diseño de una propuesta para la reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. Dentro de este proceso se tiene contemplado realizar una serie de “Diálogos” que permitirán a través de un análisis y discusión académica, pluralista y participativa avanzar en la elaboración de las propuestas sobre los temas bases del mencionado Programa. A dichos Diálogos se invitará a representantes de algunas de las entidades ambientales claves de nuestra institucionalidad pública, así como a representantes del sector privado y de la sociedad civil, para intercambiar opiniones y propuestas entre grupos de colegas con experiencia en Derecho Ambiental. Esta serie de encuentros coincidirán, hacia fines del año en curso, con la realización de las Terceras Jornadas de Derecho Ambiental, cuya temática en que se centra su Convocatoria versa, precisamente, sobre “Institucionalidad e Instrumentos de Gestión Ambiental: propuesta para el Chile del Bicentenario”. Con relación a estas Jornadas, puedo informar que hemos tenido una amplia acogida a la Convocatoria para presentar ponencias, habiéndose recibido, a la fecha un total de 25 propuestas de entre las cuales se seleccionarán aquellas que cumplan rigurosamente con las bases. Esperamos que el análisis y discusión que se generará en dichas Jornadas sobre las ponencias seleccionadas contribuyan al proceso de reflexión planteado por el Programa ya descrito.
NOTA DEL CDA:
Vea la noticia completa elaborada por el equipo de prensa en la web de la Facultad. "Postgrado pionero:Facultad inaugura primer Magíster de Derecho Ambiental de Chile y el Cono Sur"
Nicolo Gligo opina sobre Ministerio del Medio Ambiente
Comentario de Nicolo Gligo, académico de la Universidad de Chile, publicado en mail list Diálogo Sustentable, y reproducido acá con su autorización.
El planteamiento de Hernán Durán aporta sustantiva e inteligentemente al debate que debería ir tomando fuerza en torno al nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Cabe profundizar algunas de sus reflexiones.
Hernán afirma:
“... el objetivo económico global al que se debiera aspirar y en el cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollo sustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublemente en el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando la protección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservación para las futuras generaciones”.
En primer lugar, los que estamos en el mundo ambiental debemos tener meridianamente claro es que la afirmación de que el objetivo económico global es el desarrollo sustentable no pasa de ser, como él lo afirma, una mera aspiración. Hasta la fecha los planteamientos de los parlamentarios, salvo honrosas excepciones, de muchos profesionales, de más empresarios, y del gobierno está muy lejos de considerar el medio ambiente en sus preocupaciones. El desarrollo sustentable no pasa de ser una trampa semántica que ornamenta discursos. La adjetivación de la palabra desarrollo implica que éste es incompleto en su concepción integral y que el agregado cumple el rol de aspiración, tal cual lo cumple el desarrollo justo o el desarrollo equitativo. No me cabe la menor duda que el medio ambiente no es un invitado a la fiesta del crecimiento, sino que entró por la ventana, y que a regañadientes debe ser aceptado para no crear conflictos con algunos participantes, sobre todos extranjeros. Para pensar en una institucionalidad ambiental debemos asumir que aún un importante sector político y también
social del país está muy lejos de una preocupación ambiental profunda y verdadera.
En segundo lugar, con la actual modalidad de desarrollo que ha asumido el país, estoy seguro que es casi imposible avanzar “simultánea e indisolublemente” creciendo económicamente, mejorando la equidad social e incrementando la protección de los recursos naturales. Crecer económicamente tiene un alto costo ambiental que se ha ido incrementando con el pasar del
tiempo. Los esfuerzos de producción limpia en la industrial, las iniciativas para hacer una agricultura menos y contaminadora de recursos, aunque importantes, no han podido cambiar el signo ambiental negativo del crecimiento. Y lo más grave es que todas los debates tratan de vender la idea que vamos por buen camino, aunque las cifras digan lo contrario.
Debemos en consecuencia acercarnos a un diagnóstico veraz. Si asumimos entonces este diagnóstico podemos empezar a pensar en una institucionalidad más realista y, por ende más eficaz. O bogamos por una institucionalidad ambiental abiertamente de choque o bogamos por una institucionalidad articulada con el resto de la administracción pública que busque sólo “disminuir el grado de insustentabilidad del desarrollo” . Personalmente no creo que de para más que estra última opción....
Dejo hasta aquí estas reflexiones realizadas para incentivar el debate. Para más adelante iré aterrizando mis planteamientos.
Nicolo Gligo V.
El planteamiento de Hernán Durán aporta sustantiva e inteligentemente al debate que debería ir tomando fuerza en torno al nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Cabe profundizar algunas de sus reflexiones.
Hernán afirma:
“... el objetivo económico global al que se debiera aspirar y en el cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollo sustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublemente en el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando la protección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservación para las futuras generaciones”.
En primer lugar, los que estamos en el mundo ambiental debemos tener meridianamente claro es que la afirmación de que el objetivo económico global es el desarrollo sustentable no pasa de ser, como él lo afirma, una mera aspiración. Hasta la fecha los planteamientos de los parlamentarios, salvo honrosas excepciones, de muchos profesionales, de más empresarios, y del gobierno está muy lejos de considerar el medio ambiente en sus preocupaciones. El desarrollo sustentable no pasa de ser una trampa semántica que ornamenta discursos. La adjetivación de la palabra desarrollo implica que éste es incompleto en su concepción integral y que el agregado cumple el rol de aspiración, tal cual lo cumple el desarrollo justo o el desarrollo equitativo. No me cabe la menor duda que el medio ambiente no es un invitado a la fiesta del crecimiento, sino que entró por la ventana, y que a regañadientes debe ser aceptado para no crear conflictos con algunos participantes, sobre todos extranjeros. Para pensar en una institucionalidad ambiental debemos asumir que aún un importante sector político y también
social del país está muy lejos de una preocupación ambiental profunda y verdadera.
En segundo lugar, con la actual modalidad de desarrollo que ha asumido el país, estoy seguro que es casi imposible avanzar “simultánea e indisolublemente” creciendo económicamente, mejorando la equidad social e incrementando la protección de los recursos naturales. Crecer económicamente tiene un alto costo ambiental que se ha ido incrementando con el pasar del
tiempo. Los esfuerzos de producción limpia en la industrial, las iniciativas para hacer una agricultura menos y contaminadora de recursos, aunque importantes, no han podido cambiar el signo ambiental negativo del crecimiento. Y lo más grave es que todas los debates tratan de vender la idea que vamos por buen camino, aunque las cifras digan lo contrario.
Debemos en consecuencia acercarnos a un diagnóstico veraz. Si asumimos entonces este diagnóstico podemos empezar a pensar en una institucionalidad más realista y, por ende más eficaz. O bogamos por una institucionalidad ambiental abiertamente de choque o bogamos por una institucionalidad articulada con el resto de la administracción pública que busque sólo “disminuir el grado de insustentabilidad del desarrollo” . Personalmente no creo que de para más que estra última opción....
Dejo hasta aquí estas reflexiones realizadas para incentivar el debate. Para más adelante iré aterrizando mis planteamientos.
Nicolo Gligo V.
Ministerio del Medio Ambiente, por Hernán Durán de la Fuente*
* Director gerente general Gescam S.A.
Columna Diario Financiero, 25 de abril de 2006
La presidenta Bachelet ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el cargo de presidente de Conama y le confiere rango de ministro deEstado. Consecuentemente con lo prometido en su campaña, también anunció lapronta creación del Ministerio del Medioambiente (MIMA) y una nuevaSuperintendencia Ambiental.
¿Para qué una nueva institucionalidad ambiental? y ¿qué modelo de estructura orgánica quisiéramos para el MIMA? Responderé estas preguntas mirando el tema desde las perspectivas económica e institucional o estructural.
En primer lugar, el objetivo económico global al que se debiera aspirar y enel cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollosustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublementeen el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando laprotección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservaciónpara las futuras generaciones.
En segundo lugar, para alcanzar este objetivo, el MIMA debe valorareconómicamente nuestro medio ambiente. En efecto, detrás de esta opinión nosólo hay un concepto idílico del cuidado de los recursos naturales, sinosobre todo, el convencimiento de la importancia de insertarnos adecuadamenteen el desarrollo económico presente y futuro de las industrias de alimentos y de la salud y del ecoturismo a nivel mundial, para lo cual se debecontinuar avanzando paralelamente en el conocimiento de nuestrabiodiversidad, a través del fomento de la investigación científica y en elfomento de actividades como el ecoturismo y el sendero de Chile.
En tercer lugar, el control de la contaminación para proteger el valor delmedio ambiente, natural, físico y la salud de la población, simultáneamente, es uno de los temas más complejos, para lo cual se requieren recursos,normas y fiscalización especializada, acordes con el notable incremento dela actividad económica. Aun cuando no hay muchas evidencias empíricas sesostiene que un exceso de normativas y demasiada rigidez podría inhibir lainversión productiva. En el otro extremo, un sistema muy laxo, o arbitrariocomo el actual, genera desorientación tanto en el inversionista como en lapoblación, pues hay muy poca certeza jurídica, económica, técnica yadministrativa del sustento de las resoluciones de la autoridad. Dependiendode dónde nos ubiquemos en esta amplia gama de alternativas se podrá mejorarla relación protección/inversión. Razón por la cual hay que elegir un caminoque sea capaz de asumir las peculiaridades de nuestro entorno y de losactores económicos involucrados.
En cuarto lugar, para avanzar hacia el desarrollo sustentable, la actualestructura institucional requiere cambios profundos que privilegien losaspectos técnicos por sobre los políticos, pasando las resolucionesambientales del SEIA al MIMA, con lo que se podría esperar que las coremaspierdan su razón de existir. En este sentido, la nueva estructura tendrá queser capaz de reflejar toda la complejidad de la función pública en su rol deprotección del medio ambiente, tanto en la gestión, como en la definición depolíticas, normas y, finalmente, en la fiscalización, actuandoindependientemente de la coyuntura.
En la búsqueda de un paradigma institucional, el Ministerio de Hacienda esel que mejor refleja esta definición de funciones de protección de unrecurso determinado, en este caso, el monetario, por cuanto gestiona ycontrola estrictamente el gasto público y regula el gasto privado. También tiene una capacidad ilimitada para ejercer iniciativas legales para cumplircon su función normativa; dispone de un ente externo y autónomo, el BancoCentral, que se encarga de velar por la estabilidad del valor del dinero; y, finalmente, tiene un conjunto de superintendencias que se encargan de lafiscalización de todas las entidades reguladas que participan en el negocio:bancos, AFP, seguros, etc. La obsesión, en el caso de Hacienda, es que eldinero no pierda su valor, para lo cual se despliegan simultáneamente todaslas funciones propias de la gestión pública. ¿Para nosotros, llegará a ser una obsesión el que nuestro patrimonio ambiental no pierda su valor?
Columna Diario Financiero, 25 de abril de 2006
La presidenta Bachelet ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el cargo de presidente de Conama y le confiere rango de ministro deEstado. Consecuentemente con lo prometido en su campaña, también anunció lapronta creación del Ministerio del Medioambiente (MIMA) y una nuevaSuperintendencia Ambiental.
¿Para qué una nueva institucionalidad ambiental? y ¿qué modelo de estructura orgánica quisiéramos para el MIMA? Responderé estas preguntas mirando el tema desde las perspectivas económica e institucional o estructural.
En primer lugar, el objetivo económico global al que se debiera aspirar y enel cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollosustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublementeen el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando laprotección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservaciónpara las futuras generaciones.
En segundo lugar, para alcanzar este objetivo, el MIMA debe valorareconómicamente nuestro medio ambiente. En efecto, detrás de esta opinión nosólo hay un concepto idílico del cuidado de los recursos naturales, sinosobre todo, el convencimiento de la importancia de insertarnos adecuadamenteen el desarrollo económico presente y futuro de las industrias de alimentos y de la salud y del ecoturismo a nivel mundial, para lo cual se debecontinuar avanzando paralelamente en el conocimiento de nuestrabiodiversidad, a través del fomento de la investigación científica y en elfomento de actividades como el ecoturismo y el sendero de Chile.
En tercer lugar, el control de la contaminación para proteger el valor delmedio ambiente, natural, físico y la salud de la población, simultáneamente, es uno de los temas más complejos, para lo cual se requieren recursos,normas y fiscalización especializada, acordes con el notable incremento dela actividad económica. Aun cuando no hay muchas evidencias empíricas sesostiene que un exceso de normativas y demasiada rigidez podría inhibir lainversión productiva. En el otro extremo, un sistema muy laxo, o arbitrariocomo el actual, genera desorientación tanto en el inversionista como en lapoblación, pues hay muy poca certeza jurídica, económica, técnica yadministrativa del sustento de las resoluciones de la autoridad. Dependiendode dónde nos ubiquemos en esta amplia gama de alternativas se podrá mejorarla relación protección/inversión. Razón por la cual hay que elegir un caminoque sea capaz de asumir las peculiaridades de nuestro entorno y de losactores económicos involucrados.
En cuarto lugar, para avanzar hacia el desarrollo sustentable, la actualestructura institucional requiere cambios profundos que privilegien losaspectos técnicos por sobre los políticos, pasando las resolucionesambientales del SEIA al MIMA, con lo que se podría esperar que las coremaspierdan su razón de existir. En este sentido, la nueva estructura tendrá queser capaz de reflejar toda la complejidad de la función pública en su rol deprotección del medio ambiente, tanto en la gestión, como en la definición depolíticas, normas y, finalmente, en la fiscalización, actuandoindependientemente de la coyuntura.
En la búsqueda de un paradigma institucional, el Ministerio de Hacienda esel que mejor refleja esta definición de funciones de protección de unrecurso determinado, en este caso, el monetario, por cuanto gestiona ycontrola estrictamente el gasto público y regula el gasto privado. También tiene una capacidad ilimitada para ejercer iniciativas legales para cumplircon su función normativa; dispone de un ente externo y autónomo, el BancoCentral, que se encarga de velar por la estabilidad del valor del dinero; y, finalmente, tiene un conjunto de superintendencias que se encargan de lafiscalización de todas las entidades reguladas que participan en el negocio:bancos, AFP, seguros, etc. La obsesión, en el caso de Hacienda, es que eldinero no pierda su valor, para lo cual se despliegan simultáneamente todaslas funciones propias de la gestión pública. ¿Para nosotros, llegará a ser una obsesión el que nuestro patrimonio ambiental no pierda su valor?
24 abril 2006
Política Ambiental en teoría y práctica, por Gonzalo Medina Vogel
por Gonzalo Medina Vogel M.V.Ph.D.
Director Escuela Medicina Veterinaria
Universidad Andrés Bello
Estamos en víspera de un posible cambio en nuestra política ambiental, como también del potencial comienzo de una generalizada política energética que modificará los ecosistemas fluviales más importantes de nuestro país. Así creo se debe intentar explicar a la opinión pública la diferencia que existe entre teoría y práctica en gestión ambiental.
Un argumento recurrente en nuestra política ambiental al momento de tomar las decisiones es: que los recursos, el tiempo y la información científica son escasos. Por lo que generalmente nos concentramos en modelos, normas o ideas, basados en experiencias, observaciones, valores, intereses y en estudios de línea base que en el fondo representan sólo una fotografía del momento. Pero que nos facilitan argumentos en que fundarnos para influir, tomar la decisión o simplemente apoyarnos sobre los enormes beneficios económicos de un determinado proyecto. Sin embrago, lo que generalmente queda en el olvido, es el probar si aquel modelo, norma o ideas en que nos basamos para aceptar el proyecto fue el correcto, y el resultado el que se predijo. Cuando estos modelos fallan, las controversias sobre las responsabilidades del impacto sobre ecosistemas o personas de determinados proyectos terminan en discusiones con argumentos que cuestionan la veracidad de los resultados de las investigaciones, la calidad de los estudios de impacto ambiental realizados, la política ambiental o los beneficios.
En la lógica de la ciencia, el método científico comienza con la formulación de una hipótesis que se pueda probar. El diseño experimental es el medio por el cual se prueba la hipótesis, con el propósito de producir un resultado lo más objetivo posible en la presencia de incertidumbre. En contraste están las observaciones sobre fenómenos ecológicos o sociales de los cuales poseemos un entendimiento incompleto, como son los estudios de línea base como parte de los estudios de impacto ambiental. Cuando la hipótesis nula es aquella que el efecto sobre una especie o ecosistema será mínimo, el aceptar esta hipótesis nula cuando en realidad es falsa, puede resultar en mayores costos ambientales y económicos para el país, que los esperados beneficios del proyecto planteado. Costos muy superiores a los que resultarían de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es correcta. Aspecto básico para entender la importancia del criterio precautorio.
El comprender el método científico y la diferencia entre teoría y práctica en conservación de la biodiversidad o los recursos naturales renovables, reducirá significativamente la probabilidad de equivocarnos al aceptar la hipótesis nula. Este es un desafío no menor para Chile, es una discusión país que debemos asumir: el como integramos la ciencia y el conocimiento en nuestra política y forma de hacer gestión ambiental.
Director Escuela Medicina Veterinaria
Universidad Andrés Bello
Estamos en víspera de un posible cambio en nuestra política ambiental, como también del potencial comienzo de una generalizada política energética que modificará los ecosistemas fluviales más importantes de nuestro país. Así creo se debe intentar explicar a la opinión pública la diferencia que existe entre teoría y práctica en gestión ambiental.
Un argumento recurrente en nuestra política ambiental al momento de tomar las decisiones es: que los recursos, el tiempo y la información científica son escasos. Por lo que generalmente nos concentramos en modelos, normas o ideas, basados en experiencias, observaciones, valores, intereses y en estudios de línea base que en el fondo representan sólo una fotografía del momento. Pero que nos facilitan argumentos en que fundarnos para influir, tomar la decisión o simplemente apoyarnos sobre los enormes beneficios económicos de un determinado proyecto. Sin embrago, lo que generalmente queda en el olvido, es el probar si aquel modelo, norma o ideas en que nos basamos para aceptar el proyecto fue el correcto, y el resultado el que se predijo. Cuando estos modelos fallan, las controversias sobre las responsabilidades del impacto sobre ecosistemas o personas de determinados proyectos terminan en discusiones con argumentos que cuestionan la veracidad de los resultados de las investigaciones, la calidad de los estudios de impacto ambiental realizados, la política ambiental o los beneficios.
En la lógica de la ciencia, el método científico comienza con la formulación de una hipótesis que se pueda probar. El diseño experimental es el medio por el cual se prueba la hipótesis, con el propósito de producir un resultado lo más objetivo posible en la presencia de incertidumbre. En contraste están las observaciones sobre fenómenos ecológicos o sociales de los cuales poseemos un entendimiento incompleto, como son los estudios de línea base como parte de los estudios de impacto ambiental. Cuando la hipótesis nula es aquella que el efecto sobre una especie o ecosistema será mínimo, el aceptar esta hipótesis nula cuando en realidad es falsa, puede resultar en mayores costos ambientales y económicos para el país, que los esperados beneficios del proyecto planteado. Costos muy superiores a los que resultarían de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es correcta. Aspecto básico para entender la importancia del criterio precautorio.
El comprender el método científico y la diferencia entre teoría y práctica en conservación de la biodiversidad o los recursos naturales renovables, reducirá significativamente la probabilidad de equivocarnos al aceptar la hipótesis nula. Este es un desafío no menor para Chile, es una discusión país que debemos asumir: el como integramos la ciencia y el conocimiento en nuestra política y forma de hacer gestión ambiental.
22 abril 2006
Descentralización y Vigilancia: Claves de la Reforma Ambiental por Luis Mariano Rendón
Descentralización y Vigilancia: Claves de la Reforma Ambiental
Existe un consenso unánime en la necesidad de modificar la institucionalidad ambiental chilena, ante las serias falencias que ha evidenciado durante sus doce años de existencia. El actual gobierno se comprometió a ello y en cumplimiento de esa promesa envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el cargo de Ministro del Medio Ambiente. Igualmente, se espera la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, como un órgano con autonomía suficiente para hacer efectiva la fiscalización en materia ambiental. Las iniciativas señaladas parecen ir por el buen camino, pero no abordan problemas claves existentes. La Reforma Ambiental debe avanzar, a nuestro juicio, en dos direcciones fundamentales: La descentralización de las decisiones ambientales y una fuerte vigilancia sobre la autoridad ambiental, aspectos que hasta hoy no son asumidos.
Descentralización Ambiental
En efecto, parece que existe mayor posibilidad que la naturaleza sea usada sabiamente si quienes toman las decisiones sobre ella representan a los mismos que la habitan permanentemente. Menos probable es un uso sabio, si quienes deciden sobre la destrucción o la preservación están a veces a miles de kilómetros de distancia. He ahí el vínculo entre descentralización y sustentabilidad.
En la actual institucionalidad ambiental se señala que hay un grado importante de descentralización, al existir las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, Coremas. Pero en la práctica, ha quedado de manifiesto que estas instancias no poseen la autonomía para resolver en su ámbito de atribuciones, mirando a los intereses regionales. Están integradas por el intendente, los gobernadores, los seremis (hasta ahí, todos funcionarios de confianza presidencial) y cuatro consejeros regionales. En diversas oportunidades, las Coremas han sido intervenidas desde el poder central, para viabilizar determinadas iniciativas cuestionadas a nivel regional. La muestra más evidente de ello ha sido la remoción de secretarios regionales ministeriales que no obedecieron la voluntad de su respectivo ministro. Uno de los casos más renombrados fue la destitución del Seremi de Bienes Nacionales de la región de Valparaíso, Edmundo Bustos, al manifestar un voto contrario a la voluntad del ministro de la época, en un determinado proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para enfrentar esta carencia, proponemos que las atribuciones que hoy tienen las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, pasen derechamente a los Consejos Regionales, órganos normativos, resolutivos y fiscalizadores de los Gobiernos Regionales. Estos Consejos, debidamente asesorados por los comités técnicos ambientales correspondientes, podrían asumir con propiedad la labor de representar a la ciudadanía de cada región a la hora de decidir sobre cómo usar responsablemente su territorio y como aprovechar sustentablemente los dones que la naturaleza ofrece en esa zona. Actualmente, las Coremas toman decisiones políticas, en el marco de la normativa ambiental existente. Nos parece mucho más legítimo que esas decisiones, que siempre seguirán siendo políticas, las tome un órgano que se deba a la gente que vive y seguirá viviendo en esa región, y no uno cuyos integrantes deben pleitesía al poder central. Si la Reforma Regional avanza paralelamente y los consejeros regionales crecen en representatividad, esta alternativa se potencia.
Vigilancia Ambiental
Por otra parte, la idea de la Superintendencia Ambiental, en cuanto un órgano dependiente del gobierno llamado a fiscalizar al sector privado, si bien puede ser un aporte, deja un gran problema sin solución: Muchos de los mayores problemas ambientales se deben precisamente a la acción o inacción gubernamental, más que al incumplimiento del sector privado. Grandes crisis se han originado en permisos que nunca debieron otorgarse o en incumplimientos de las propias autoridades ambientales a sus obligaciones. En el primer caso, destaca la autorización que permitió el vertido de desechos tóxicos de Celulosa Arauco en un Santuario de la Naturaleza. En el segundo, el caso más grave es el masivo incumplimiento de las medidas establecidas por el Plan de Descontaminación de Santiago, incumplimiento certificado por sucesivas auditorías ambientales internacionales.
De lo que se trata entonces, es de asegurar el debido control del actuar del propio gobierno. Es decir, vigilar a los vigilantes. Aquí el modelo de Superintendencia no sirve.
Nuestra propuesta es que en vez de crear nuevas burocracias, se debiese fortalecer normativa y presupuestariamente al órgano que tradicionalmente ha tenido la labor de vigilar a los gobiernos en Chile: La Contraloría General de la República. Esta, organizada en divisiones especializadas, vigila a la administración pública chilena, centralizada y descentralizada. Por ejemplo, posee una división encargada de vigilar a los municipios. No se percibe ninguna razón para no crear una “división ambiental”, que se encargue de vigilar a los distintos órganos del estado con competencia ambiental. Aún con las serias restricciones que debe enfrentar actualmente, ya la Contraloría ha logrado impedir una aún más masiva violación de la normativa ambiental por la administración. Posee la fuerza constitucional, la cultura organizacional y el prestigio necesario para esa nada fácil misión. Ha abierto sus puertas para atender las denuncias de las organizaciones ciudadanas y al menos durante un período, demostró tener la voluntad de que el Derecho Ambiental chileno dejara de ser meramente declarativo, como al parecer lo pensaban muchas autoridades de gobierno.
Fundiendo descentralización por una parte, con una estricta vigilancia al cumplimiento de la ley ambiental, por otra, podremos acercarnos un poco más a la idea de habitar más sustentablemente esta tierra.
Por Luis Mariano Rendón E. (Abogado, profesor de Derecho Ambiental y Ética Ecológica, coordinador del movimiento Acción Ecológica)
Columna publicada en El Mostrador el 21 de Abril del 2006Existe un consenso unánime en la necesidad de modificar la institucionalidad ambiental chilena, ante las serias falencias que ha evidenciado durante sus doce años de existencia. El actual gobierno se comprometió a ello y en cumplimiento de esa promesa envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el cargo de Ministro del Medio Ambiente. Igualmente, se espera la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, como un órgano con autonomía suficiente para hacer efectiva la fiscalización en materia ambiental. Las iniciativas señaladas parecen ir por el buen camino, pero no abordan problemas claves existentes. La Reforma Ambiental debe avanzar, a nuestro juicio, en dos direcciones fundamentales: La descentralización de las decisiones ambientales y una fuerte vigilancia sobre la autoridad ambiental, aspectos que hasta hoy no son asumidos.
Descentralización Ambiental
En efecto, parece que existe mayor posibilidad que la naturaleza sea usada sabiamente si quienes toman las decisiones sobre ella representan a los mismos que la habitan permanentemente. Menos probable es un uso sabio, si quienes deciden sobre la destrucción o la preservación están a veces a miles de kilómetros de distancia. He ahí el vínculo entre descentralización y sustentabilidad.
En la actual institucionalidad ambiental se señala que hay un grado importante de descentralización, al existir las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, Coremas. Pero en la práctica, ha quedado de manifiesto que estas instancias no poseen la autonomía para resolver en su ámbito de atribuciones, mirando a los intereses regionales. Están integradas por el intendente, los gobernadores, los seremis (hasta ahí, todos funcionarios de confianza presidencial) y cuatro consejeros regionales. En diversas oportunidades, las Coremas han sido intervenidas desde el poder central, para viabilizar determinadas iniciativas cuestionadas a nivel regional. La muestra más evidente de ello ha sido la remoción de secretarios regionales ministeriales que no obedecieron la voluntad de su respectivo ministro. Uno de los casos más renombrados fue la destitución del Seremi de Bienes Nacionales de la región de Valparaíso, Edmundo Bustos, al manifestar un voto contrario a la voluntad del ministro de la época, en un determinado proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para enfrentar esta carencia, proponemos que las atribuciones que hoy tienen las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, pasen derechamente a los Consejos Regionales, órganos normativos, resolutivos y fiscalizadores de los Gobiernos Regionales. Estos Consejos, debidamente asesorados por los comités técnicos ambientales correspondientes, podrían asumir con propiedad la labor de representar a la ciudadanía de cada región a la hora de decidir sobre cómo usar responsablemente su territorio y como aprovechar sustentablemente los dones que la naturaleza ofrece en esa zona. Actualmente, las Coremas toman decisiones políticas, en el marco de la normativa ambiental existente. Nos parece mucho más legítimo que esas decisiones, que siempre seguirán siendo políticas, las tome un órgano que se deba a la gente que vive y seguirá viviendo en esa región, y no uno cuyos integrantes deben pleitesía al poder central. Si la Reforma Regional avanza paralelamente y los consejeros regionales crecen en representatividad, esta alternativa se potencia.
Vigilancia Ambiental
Por otra parte, la idea de la Superintendencia Ambiental, en cuanto un órgano dependiente del gobierno llamado a fiscalizar al sector privado, si bien puede ser un aporte, deja un gran problema sin solución: Muchos de los mayores problemas ambientales se deben precisamente a la acción o inacción gubernamental, más que al incumplimiento del sector privado. Grandes crisis se han originado en permisos que nunca debieron otorgarse o en incumplimientos de las propias autoridades ambientales a sus obligaciones. En el primer caso, destaca la autorización que permitió el vertido de desechos tóxicos de Celulosa Arauco en un Santuario de la Naturaleza. En el segundo, el caso más grave es el masivo incumplimiento de las medidas establecidas por el Plan de Descontaminación de Santiago, incumplimiento certificado por sucesivas auditorías ambientales internacionales.
De lo que se trata entonces, es de asegurar el debido control del actuar del propio gobierno. Es decir, vigilar a los vigilantes. Aquí el modelo de Superintendencia no sirve.
Nuestra propuesta es que en vez de crear nuevas burocracias, se debiese fortalecer normativa y presupuestariamente al órgano que tradicionalmente ha tenido la labor de vigilar a los gobiernos en Chile: La Contraloría General de la República. Esta, organizada en divisiones especializadas, vigila a la administración pública chilena, centralizada y descentralizada. Por ejemplo, posee una división encargada de vigilar a los municipios. No se percibe ninguna razón para no crear una “división ambiental”, que se encargue de vigilar a los distintos órganos del estado con competencia ambiental. Aún con las serias restricciones que debe enfrentar actualmente, ya la Contraloría ha logrado impedir una aún más masiva violación de la normativa ambiental por la administración. Posee la fuerza constitucional, la cultura organizacional y el prestigio necesario para esa nada fácil misión. Ha abierto sus puertas para atender las denuncias de las organizaciones ciudadanas y al menos durante un período, demostró tener la voluntad de que el Derecho Ambiental chileno dejara de ser meramente declarativo, como al parecer lo pensaban muchas autoridades de gobierno.
Fundiendo descentralización por una parte, con una estricta vigilancia al cumplimiento de la ley ambiental, por otra, podremos acercarnos un poco más a la idea de habitar más sustentablemente esta tierra.
21 abril 2006
Intereses en Aysén, por Ezio Costa
Por Ezio Costa Cordella
(Ayudante Litigación Ambiental y CDA Facultad de Derecho Universidad de Chile)
Tratando de restar validez a quienes defienden el medio ambiente se han creado algunas estrategias que ya parecen sacadas de manual.
Una de ellas es argüir que los defensores tienen intereses creados y que por tanto sus opiniones debieran carecen de validez en la discusión sobre los reales alcances que tienen proyectos como el que quiere Endesa llevar a cabo en Aysén.
Este argumento de manual cae en un doble equívoco.
El primero dice relación con la importancia de los intereses. El hecho de tener intereses (patrimoniales) en que un proyecto no se lleve a cabo no es un motivo de descrédito, sino que por el contrario, constituye uno de los requisitos que nuestras Cortes muchas veces han estimado necesarios para interponer acciones judiciales en contra de estos.
El segundo se produce a la hora de obviar que hay muchas más personas intentando defender el medio ambiente, y en este caso intentando detener el desastre ecológico y económico que significaría inundar miles de kilómetros en Aysén, que sólo aquellas que tienen estos intereses.
Se produce, por lo ya expuesto, que aquellos de nosotros que no contamos con estos intereses económicos necesitamos de aquellos que si los poseen para tener alguna posibilidad de ser escuchados por las autoridades ejecutivas y los tribunales de justicia.
Por último, sospecho que la única diferencia entre los intereses del señor Tompkins y otros propietarios de tierras en Aysén por un lado y los de Endesa y del grupo Matte por el otro, es que los intereses de los primeros no poseen las influencias suficientes para ser calificados como “proyecto país”, mientras que los intereses de los segundos sí parecen tenerlas.
(Ayudante Litigación Ambiental y CDA Facultad de Derecho Universidad de Chile)
Tratando de restar validez a quienes defienden el medio ambiente se han creado algunas estrategias que ya parecen sacadas de manual.
Una de ellas es argüir que los defensores tienen intereses creados y que por tanto sus opiniones debieran carecen de validez en la discusión sobre los reales alcances que tienen proyectos como el que quiere Endesa llevar a cabo en Aysén.
Este argumento de manual cae en un doble equívoco.
El primero dice relación con la importancia de los intereses. El hecho de tener intereses (patrimoniales) en que un proyecto no se lleve a cabo no es un motivo de descrédito, sino que por el contrario, constituye uno de los requisitos que nuestras Cortes muchas veces han estimado necesarios para interponer acciones judiciales en contra de estos.
El segundo se produce a la hora de obviar que hay muchas más personas intentando defender el medio ambiente, y en este caso intentando detener el desastre ecológico y económico que significaría inundar miles de kilómetros en Aysén, que sólo aquellas que tienen estos intereses.
Se produce, por lo ya expuesto, que aquellos de nosotros que no contamos con estos intereses económicos necesitamos de aquellos que si los poseen para tener alguna posibilidad de ser escuchados por las autoridades ejecutivas y los tribunales de justicia.
Por último, sospecho que la única diferencia entre los intereses del señor Tompkins y otros propietarios de tierras en Aysén por un lado y los de Endesa y del grupo Matte por el otro, es que los intereses de los primeros no poseen las influencias suficientes para ser calificados como “proyecto país”, mientras que los intereses de los segundos sí parecen tenerlas.
13 abril 2006
Medio Ambiente e Institucionalidad, por Valentina Durán
Por Valentina Durán Medina
Coordinadora de Investigación CDA
El Proyecto de Ley despachado por el Gobierno la semana pasada, crea el cargo de Presidente del Consejo Directivo de la CONAMA, hasta ahora desempeñado por el titular del Ministerio Secretario General de la Presidencia, y le confiere rango de Ministro de Estado a este nuevo funcionario. El principal responsable de hacer cumplir las funciones de la CONAMA, y de proponer políticas y normas ambientales, será un Ministro de exclusiva confianza de la Presidenta, que deberá conducir la tramitación de los proyectos anunciados, que crearían el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental.
El itinerario trazado no debiera encontrar obstáculos en la oposición que ha presentado propuestas en la misma línea. Es valioso este consenso sobre la necesidad de reforma de la institucionalidad ambiental, pero es indispensable que la preparación de los proyectos se funde en un proceso participativo, abierto y en antecedentes sólidos. No se trata de repetir palabras de buena crianza para estar en sintonía con la formación de comisiones que auxilien al Ejecutivo en la elaboración de propuestas, lo que por lo demás apoyaría con entusiasmo en este caso. Estamos jugando con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con garantías constitucionales como la vida y la salud, el derecho a un aire limpio, y a un adecuado acceso a la justicia. También se ven involucradas la igualdad ante la ley y la certeza jurídica para la inversión que los voceros del empresariado tanto valoran.
Al mezclarse, en torno a iniciativas determinadas, las inquietudes genuinamente ambientales con la disputa entre distintos sectores de la economía por el uso del espacio y de los recursos naturales, el pragmatismo y la coincidencia de intereses generan alianzas nuevas. Si a ello le agregamos otros factores, como la necesidad de financiamiento de los Municipios, la mirada escrutadora de nuestros potenciales socios comerciales y las normales disputas de competencia entre servicios públicos, podemos ver elefantes volar: alianzas entre actores tan distintos como un exportador de vinos, una ONG, y pobladores, como hemos visto en los últimos días, entre un ecologista profundo y la industria salmonera, todos acompañados de asesores comunicacionales, abogados y consultores.
Al mezclarse, en torno a iniciativas determinadas, las inquietudes genuinamente ambientales con la disputa entre distintos sectores de la economía por el uso del espacio y de los recursos naturales, el pragmatismo y la coincidencia de intereses generan alianzas nuevas. Si a ello le agregamos otros factores, como la necesidad de financiamiento de los Municipios, la mirada escrutadora de nuestros potenciales socios comerciales y las normales disputas de competencia entre servicios públicos, podemos ver elefantes volar: alianzas entre actores tan distintos como un exportador de vinos, una ONG, y pobladores, como hemos visto en los últimos días, entre un ecologista profundo y la industria salmonera, todos acompañados de asesores comunicacionales, abogados y consultores.
Pero así como un día el empresario, con una acertada estrategia logra inclinar la balanza en favor de su proyecto, o en contra de aquél que le perjudica, al otro día, en medio del fuego electoral, su competencia directa logrará un trato más favorable ante similares condiciones, o será sancionado con una multa ejemplar, afectando esta vez gravemente sus garantías y su competitividad. Los Gobiernos, sin dejar de seguir atentamente el people meter para saber reconocer los límites, han tendido la mano a la empresa, especialmente en períodos de crisis económica: reformando el reglamento de evaluación de impacto ambiental para agilizarlo, o fijando metas de reducción de emisiones a partir del curso normal de los negocios.
Volviendo al diseño de la institucionalidad ambiental ¿Cuál es entonces el interés que debiera motivar al Gobierno en sus propuestas, y luego a los parlamentarios en su análisis? Reforzar el Estado de Derecho, cumplir con el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y velar por que no se afecte el derecho a un medio ambiente sano. Para ello se deben buscar las fórmulas que entreguen mayor gobernabilidad, aunque esto implique pérdida de poder y de los amplios espacios de discrecionalidad administrativa.
Volviendo al diseño de la institucionalidad ambiental ¿Cuál es entonces el interés que debiera motivar al Gobierno en sus propuestas, y luego a los parlamentarios en su análisis? Reforzar el Estado de Derecho, cumplir con el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y velar por que no se afecte el derecho a un medio ambiente sano. Para ello se deben buscar las fórmulas que entreguen mayor gobernabilidad, aunque esto implique pérdida de poder y de los amplios espacios de discrecionalidad administrativa.
Hacerse cargo de las grandes dificultades operativas que arrastra el actual modelo requiere por una parte de una Autoridad Política con estatus y recursos: un Ministerio, a cargo de diseñar y llevar adelante una Política Ambiental coherente y sólida, y de proponer las modificaciones legales y reglamentarias que la sustenten. Sin embargo las autorizaciones, la ejecución de los planes y la fiscalización, requieren de un ente autónomo, también con recursos suficientes, que asegure que criterios técnicos y objetivos primen por sobre las consideraciones políticas.
07 abril 2006
El nuevo escenario ambiental, por Valentina Durán
Por Valentina Durán Medina
Coordinadora de Investigación CDA
(Texto completo de la carta publicada el día 7 de abril de 2006 en "El Mercurio" y como columna en el Diario Financiero el 12 de abril y en el Mostrador)
Señor Director:
Los últimos dos años han estado marcados por señales que muestran la urgencia de una reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. Casos como CELCO nos han revelado la atención pública que despierta el impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión, y la desconfianza existente entre los actores públicos, privados y la ciudadanía. Esta desconfianza se ve motivada especialmente por las debilidades del diseño y estructura operacional de una CONAMA en la que coexisten, en desequilibrio, criterios técnicos y políticos. El deterioro a veces impune de valiosos ecosistemas, las debilidades en el acceso a la justicia ambiental, y la aparición, relacionada con estos tiempos mediáticos y globalizados, de nuevos foros, nuevas alianzas, y nuevos actores que intervienen en los conflictos ambientales, son sólo algunas de las señales de una crisis de gobernabilidad ambiental.
La Presidenta Bachelet acaba de firmar el proyecto de ley que da rango de Ministro al Presidente de la CONAMA. De aprobarse el proyecto, se entregará a un Nuevo Ministro del Medio Ambiente la presidencia del Consejo Directivo de la CONAMA, papel que actualmente la Ley 19.300 entrega al Ministro Secretario General de la Presidencia.
Este proyecto no crea todavía el esperado Ministerio del Medio Ambiente, ni la anunciada Superintendencia Ambiental, y eso podría leerse como una mala noticia, si no fuera por los anuncios de los siguientes proyectos de ley, que crearían un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia Ambiental para mejorar la fiscalización. Se ha dado un gran paso: La principal función del Consejo Directivo de la CONAMA es ejercer y hacer cumplir las funciones de la CONAMA, entre las que se cuenta la responsabilidad de proponer al Presidente de la República las políticas ambientales del gobierno. A su vez, al Consejo Directivo le corresponde velar por la coordinación en materia ambiental entre los ministerios, organismos y servicios públicos y, algo muy importante: Proponer al Presidente de la República proyectos de ley en materias ambientales. Será este nuevo Ministro entonces el principal encargado de cumplir con el deber que la Constitución le entrega al Estado de velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y de tutelar por la preservación de la naturaleza. Al Ministro del Medio Ambiente, funcionario de exclusiva confianza de la Presidenta, y con dedicación exclusiva, le corresponderá asumir el desafío de llevar adelante los proyectos de ley y las reformas necesarias para crear una institucionalidad funcional a las sólidas políticas ambientales que el país espera.
Quienes conocen la complejidad del problema ambiental saben que el éxito de este desafío requiere de un proceso inclusivo, participativo y abierto, fundado en antecedentes y estudios sólidos. La buena noticia es que las dos candidaturas que pasaron a segunda vuelta presidencial coincidieron en sus compromisos de fortalecer la institucionalidad ambiental, con lo cual podemos esperar que se honren las palabras empeñadas, que el debate sea fructífero y que el tema ambiental sea, al fin, prioritario.
Coordinadora de Investigación CDA
(Texto completo de la carta publicada el día 7 de abril de 2006 en "El Mercurio" y como columna en el Diario Financiero el 12 de abril y en el Mostrador)
Señor Director:
Los últimos dos años han estado marcados por señales que muestran la urgencia de una reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. Casos como CELCO nos han revelado la atención pública que despierta el impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión, y la desconfianza existente entre los actores públicos, privados y la ciudadanía. Esta desconfianza se ve motivada especialmente por las debilidades del diseño y estructura operacional de una CONAMA en la que coexisten, en desequilibrio, criterios técnicos y políticos. El deterioro a veces impune de valiosos ecosistemas, las debilidades en el acceso a la justicia ambiental, y la aparición, relacionada con estos tiempos mediáticos y globalizados, de nuevos foros, nuevas alianzas, y nuevos actores que intervienen en los conflictos ambientales, son sólo algunas de las señales de una crisis de gobernabilidad ambiental.
La Presidenta Bachelet acaba de firmar el proyecto de ley que da rango de Ministro al Presidente de la CONAMA. De aprobarse el proyecto, se entregará a un Nuevo Ministro del Medio Ambiente la presidencia del Consejo Directivo de la CONAMA, papel que actualmente la Ley 19.300 entrega al Ministro Secretario General de la Presidencia.
Este proyecto no crea todavía el esperado Ministerio del Medio Ambiente, ni la anunciada Superintendencia Ambiental, y eso podría leerse como una mala noticia, si no fuera por los anuncios de los siguientes proyectos de ley, que crearían un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia Ambiental para mejorar la fiscalización. Se ha dado un gran paso: La principal función del Consejo Directivo de la CONAMA es ejercer y hacer cumplir las funciones de la CONAMA, entre las que se cuenta la responsabilidad de proponer al Presidente de la República las políticas ambientales del gobierno. A su vez, al Consejo Directivo le corresponde velar por la coordinación en materia ambiental entre los ministerios, organismos y servicios públicos y, algo muy importante: Proponer al Presidente de la República proyectos de ley en materias ambientales. Será este nuevo Ministro entonces el principal encargado de cumplir con el deber que la Constitución le entrega al Estado de velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y de tutelar por la preservación de la naturaleza. Al Ministro del Medio Ambiente, funcionario de exclusiva confianza de la Presidenta, y con dedicación exclusiva, le corresponderá asumir el desafío de llevar adelante los proyectos de ley y las reformas necesarias para crear una institucionalidad funcional a las sólidas políticas ambientales que el país espera.
Quienes conocen la complejidad del problema ambiental saben que el éxito de este desafío requiere de un proceso inclusivo, participativo y abierto, fundado en antecedentes y estudios sólidos. La buena noticia es que las dos candidaturas que pasaron a segunda vuelta presidencial coincidieron en sus compromisos de fortalecer la institucionalidad ambiental, con lo cual podemos esperar que se honren las palabras empeñadas, que el debate sea fructífero y que el tema ambiental sea, al fin, prioritario.
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