Nueva legislación Ambiental: el camino a la verdadera protección, por Francisca Soto*

Nota de la editora

*Francisca Soto Monteverde es alumna de Derecho de la Universidad de Chile. Esta columna la escribió en abril en el contexto del módulo "el conflicto ambiental" que imparto en el curso clínico de derecho ambiental y resolución de conflictos. Este esta columna Francisca comenta el proyecto de ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Foto de la editora en Saltos del Huilo Huilo

La publicación de la Ley Nº 20.417, que reforma la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, rediseñó completamente nuestra institucionalidad ambiental. Una de las grandes críticas a la antigua institucionalidad era que la percepción ciudadana en torno a la aprobación de proyectos que ingresaban al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se fundamentaba en aspectos políticos y no técnicos. A raíz de lo anterior es que la nueva institucionalidad quiso restarle méritos y competencias a los entes políticos para la toma de decisiones de índole ambiental, y quiso reforzar a los entes técnicos. Las ventajas de esta nueva institucionalidad son, entre otras, que por fin, se distinguen autoridades con sus respectivas competencias, para las tareas de política y regulación (ahora a cargo del Ministerio del Medio Ambiente), de gestión (a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental), y de fiscalización (a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente).

En este contexto, el artículo 8 transitorio de la mencionada Ley dispuso que “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado”. De esta forma, Chile se hace cargo del problema de gestionar a través de un organismo público la administración de las áreas y especies protegidas, asunto que estaba (y está hasta que no publique la respectiva Ley) a cargo de la Corporación Nacional Forestal. Asimismo, los instrumentos legales en que se abordaba esta temática eran cuerpos dispersos, como la Ley de Bosques de 1931, la Convención de Washington de 1967, y el D.L. Nº 1.939 de 1977 sobre adquisición y administración de bienes del Estado.

Por lo tanto, era urgente contar con una legislación marco que se hiciera cargo de la protección y conservación del patrimonio ambiental chileno.

Así las cosas, el pasado 1 de marzo el Presidente Sebastián Piñera despachó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, el que tiene por objeto “proteger la diversidad biológica, preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental del país”. Este Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas posee amplias competencias, una entre las tantas, está en proponer como ente técnico al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad la creación de las áreas silvestres protegidas del Estado.

Asimismo, en su artículo 34, el Proyecto de Ley crea un Comité Técnico que tiene como atribución resolver sobre las concesiones o permisos dentro de las áreas silvestres protegidas. Respecto de estos permisos y concesiones, es curioso que la ley no elabore un programa taxativo de actividades que el concesionado pueda realizar. Es decir, el plan de actividades de cada concesión será un acto administrativo emanado de este Comité para cada caso en concreto. La ley no específica nada respecto de qué tipo de actividades pueden realizar los concesionados en las áreas donde asuman.  Y, además, será el Comité el que deba resolver sobre las mismas, tomando en consideración el plan de manejo respectivo del área, por lo tanto no existirá un marco legal de actividades prohibidas para el concesionado. Dado esto ¿se puede esperar cualquier cosa de parte del Comité Técnico?

La cuestión aquí es ¿de qué atribuciones para organismos técnicos estamos hablando, si, finalmente, quienes deciden sobre creación de las áreas silvestres protegidas y las Concesiones y permisos para las mismas áreas, están atribuidas a entes políticos que son personas designadas por el gobierno de turno y cuyos cargos son de exclusiva confianza del Presidente de la República?

A mi juicio, esto se agrava aun más, si consideramos que es el mismo Servicio el que administra las áreas protegidas, como el que fiscaliza el cumplimiento de los planes de manejo. Aquí surge otra pregunta: si uno de los idearios de la Reforma Institucional Ambiental fue asignar competencias para fiscalizar a un solo ente independiente del Ministerio del Medio Ambiente, es decir, la Súper intendencia del Medio Ambiente ¿por qué no es ésta la que fiscaliza el cumplimiento de estos planes de manejo?

Además, el Proyecto de ley señala que el juez competente para conocer de las infracciones a la ley será el Juez de Policía Local letrado con competencia en la respectiva comuna en que se haya producido la infracción. ¿Por qué no es competente para conocer de las infracciones el Tribunal Ambiental? Mediante oficio Nº 55-2011, la Excma. Corte Suprema de Chile informó al Congreso que la ley no es clara en designar juez competente respecto de aquellas comunas en que el Juez de Policía Local no es letrado, lo que parece correcto. Asimismo, dice que la ley mantiene silencio respecto del derecho del sancionado a recurrir en segunda instancia y de la inexistencia del recurso de casación.

Además, una de las ideas para crear la nueva institucionalidad ambiental era que los Magistrados de las Cortes no se pronunciaran respecto de temas ambientales, con el objetivo de quedar éstos en manos del Tribunal Ambiental. Por lo que se estima que es aquél Tribunal el competente para conocer infracciones de la Ley.

Para nadie ya es sorpresa que para un país como Chile, inmensamente rico en diversidad climática, áreas silvestres, y biodiversidad sea beneficioso contar con este tipo de recursos, lo que genera más de US $2.500 millones al año sólo en turismo, además, genera actividades económicas en comunidades locales. Es más, las pérdidas medidas en pesos son incuantificables respecto de todas aquellas especies y áreas que Chile ha perdido y puede perder por ignorancia e irresponsabilidad en el manejo de este tipo de recursos. Por lo tanto, es imprescindible contar con una legislación que realmente se haga cargo de una real protección a la biodiversidad y todo aquel patrimonio ambiental chileno.

Francisca Soto Monteverde.

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Sustentable Sol, por Antonia Schneider

Nota de la editora

Esta columna fue escrita en abril, en medio de la crisis nuclear originada por el terremoto en Japón. Su autora es la alumna de la clínica ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Antonia Schneider Brandes.

Fukushima  vuelve a hacer historia. Hasta esa provincia llegaban los emisarios durante los siglos XVIII  y XIX a comprar huevos de gusanos de seda. Atravesaban Europa Central en dirección al este, dejando atrás los Urales, el Lago Baikal, la estepa siberiana hasta Kamtchatka, para finalmente cruzar por mar hasta Japón. Esas pequeñas larvas, transportadas desde Fukushima en un viaje largo y penoso, surtieron el lujo de los poderosos durante siglos.  

¿Cuántos de nuestros artículos cotidianos- por cierto no tan exclusivos como la seda de antaño- se fabricaron con la energía de Fukushima? Un porcentaje no menor de nuestros autos y computadores es hijo de la central nuclear que hoy, después del terremoto y tsunami del 11 de marzo, se ha convertido en una amenaza radioactiva aterradora. 

53 reactores nucleares integran la matriz energética japonesa y son el corazón de su industria, por lo que su clausura se hace impensable en el corto plazo.

Sin embargo, la tragedia de Fukushima pone nuevamente en tela de juicio a la energía nuclear. El mundo entero está enfrentado al dilema de proveer la energía que requieren los 6.775.000.000 de habitantes del planeta, prescindiendo de esta energía limpia, barata y potencialmente mortal. 

En Alemania, uno de los países que más ha invertido en investigación de energías alternativas, el partido" verde" acaba de ganar (por primera vez en su historia), las elecciones de gobernador en la provincia más industrializada del país. Con los verdes en las barricadas, y con la opinión pública cada vez más escéptica frente a la energía nuclear, las autoridades están frente a una inmensa encrucijada. Alemania prácticamente no tiene fuentes propias de energía, y el desmantelamiento de solo parte de sus 25 reactores, no solo sería fatal para la industria, sino que aumentaría dramáticamente su dependencia de países extranjeros. Solo el invierno pasado, Alemania debió importar 50 billones de metros cúbicos de gas desde Rusia, a través de un gaseoducto que recorre miles de kilómetros. El temor a un atentado o a un desacuerdo diplomático que impida la llegada del gas al país, están siempre presentes, y de una u otra forma condicionan las relaciones bilaterales entre ambos países. Por más que los electores alemanes quisieran  cerrar uno a uno los reactores nucleares, ese escenario se ve distante.

En lo que respecta a energías alternativas, se requieren 80.000 molinos de viento para reemplazar un solo reactor nuclear. Los 25.000 molinos,  que como bosques de gigantes pueblan las colinas alemanas, generan una energía inconstante, que no se puede almacenar, y que tiene a los pueblos aledaños sometidos a un stress permanente por el ruido y la contaminación de paisajes que solían ser idílicos. A esto se agrega una gran mortandad de pájaros que perecen enredados en las aspas de los molinos. El total de la energía generada por fuentes alternativas, no supera el 20% de las necesidades alemanas, y sin los millonarios subsidios estatales sería inviable.

Al igual que Japón y Alemania, Chile no tiene fuentes de energías fósiles, y depende del suministro extranjero que ha probado ser inestable. Por otra parte, las consecuencias del terremoto y tsunami en Japón, hacen que en un país sísmico-costero como el nuestro, la energía nuclear prácticamente se descarte como alternativa. Por otra parte, la energía termoeléctrica es resistida por contaminante, y la generación hidroeléctrica genera rechazo, porque altera el paisaje y los ecosistemas en zonas de un patrimonio natural de belleza inigualable. Pero en este escenario poco auspicioso, nos queda nuestro sol. 

Este gran patrimonio debe llevar a la autoridad a generar una política de Estado que comprometa una inversión permanente y a largo plazo, en investigación, innovación e infraestructura relacionada con la generación energética solar. Más allá del problema que significa ser un país sin energía, podemos mirar la oportunidad que se nos abre. Debemos convertirnos en líderes de la generación solar y partir cuanto antes. Cooperación  e interés de países desarrollados no va a faltar, considerando que el problema energético es el talón de Aquiles del desarrollo mundial. 

Lo que falta, es una voluntad nacional del sector público y del privado, por capturar y transformar la luz del desierto, convirtiéndola en el motor de nuestro crecimiento. Para esto, el Estado debe no sólo destinar fondos directos al desarrollo de nuevas tecnologías, sino crear también los instrumentos tributarios que permitan que una inversión pionera en nuevas tecnologías sea un negocio rentable. En el plano académico debiera existir un énfasis en el estudio de los temas relacionados a la energía solar, procurando formar una generación de ingenieros, arquitectos, ingenieros agrónomos, abogados, diseñadores, artistas, profesores etc., comprometidos con la transformación de la luz del sol. 

Con un compromiso a la vez práctico y emocional, que involucre al país entero, daremos el paso que se requiere para contener la energía que se regala desde el cielo y transformarla en bienestar de nuestra gente.

Nueva etapa

Luego de unas semanas de silencio, retomo la edición de este blog, poniéndome al día con mis alumnos de la clínica ambiental de la Universidad de Chile, cuyas columnas empezaré a publicar a continuación.

Han sido meses movidos, nunca la preocupación ambiental había estado más presente en la opinión pública, en los diarios, en las redes sociales y en la política. Una oportunidad para el cambio, desde todo punto de vista. Y para volver a bloggear.