31 enero 2008

¿Cómo salió Chile en el ranking de desempeño ambiental de Yale?, por Valentina Durán

03/03/08: Entrada corregida y actualizada.
En el Foro Económico Mundial de Davos, Daniel Esty, profesor de la Universidad de Yale, dio a conocer hace dos semanas el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) de 2008.

El EPI es una investigación académica realizada sobre la base de la información pública disponible, que elabora un ranking de desempeño ambiental mundial. En la página del EPI 2008, más amigable que la del EPI 2006, se puede acceder a toda la información y "jugar" a comparar a los 149 países en cada uno de los 25 indicadores divididos en dos grandes áreas: Salud Ambiental y Vitalidad de los ecosistemas. Vale la pena una visita.

En el ranking del 2006, Chile ocupó el lugar 26 entre 133 países con un puntaje de 78,9%. Hoy Chile está en el lugar 29, comparado esta vez con 149 países, y obteniendo un puntaje mayor, de 83,4%, manteniéndose en el primer quintil y ocupando el quinto lugar entre los países americanos.

Pensando en la importancia de este lugar el ranking, entre autoflagelantes y autocomplacientes, recordé las palabras de Daniel Esty en la inauguración del Centro de Derecho Ambiental en junio del 2000 en la Sala de Conferencias de Santa María en la Facultad. En ese entonces, Esty acababa de dar a conocer el antecedente de este estudio, llamado ESI, y contaba que de vuelta de lanzarlo, también en Davos, tenía en su contestador 17 llamados indignados, particularmente de amigos y autoridades estadounidenses y mexicanas, desilusionados por el bajo ranking de sus países. Al poco tiempo, cuenta el autor, los ánimos se calmaron y las personas comenzaron a preguntarse por qué sus países estaban en esos lugares y cómo podían mejorar, analizando los datos presentados. (Prometo que en marzo a la vuelta de vacaciones, restauraremos el link a la transcripción de esa "conferencia fundacional").

Ciertamente el EPI nos muestra la importancia de generar y mantener información de calidad como insumo de las políticas públicas. Y es que mayor y mejor información sobre el estado del medio ambiente es ganancia para todos.
Así tuve la oportunidad de comentarlo en: Quinto lugar servirá a Chile para mejorar en medio ambiente entrevistada por Paula Molina en el programa "Lo que queda del día" realizada en la Radio Cooperativa el 23/01/08, lo que fue resumido por Comunicaciones de la Facultad de Derecho: Fiscalización y cumplimiento de las normas medioambientales siguen siendo el punto débil de Chile.

22 enero 2008

Central Termoeléctrica "Los Robles": ¿Un aporte a la seguridad energética nacional? Por Rodrigo Galleguillos, memorista del CDA



Revuelo ha causado AES Gener con el proyecto Los Robles, a desarrollarse en Punta Pacoco, Constitución (VII Región).

El proyecto contempla la construcción de una central termoeléctrica de 750 MW, que utilizará como combustible principal carbón bituminoso y sub-bituminoso. Asimismo, la empresa planea la construcción de un puerto y un rompeolas, a fin de recibir directamente el carbón necesario para la operación de la planta.

En el estudio de impacto ambiental ingresado al SEIA, AES Gener justifica el proyecto asegurando que “contribuirá a diversificar la matriz energética y aumentar la seguridad en el despacho frente a problemas de abastecimiento de otros combustibles, en el contexto del nuevo escenario energético originado por los problemas de envíos de gas natural a nuestro país”. La empresa garantiza utilizar tecnología de última generación que permitirá minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, establece que los desechos originados durante la construcción y operación serán debidamente tratados y formula un proyecto paisajístico que circundará el depósito de cenizas, a fin de disminuir el impacto visual.

Como era de esperar, la comunidad ha resistido la materialización del proyecto, originándose una interesante discusión sobre la necesidad de instalar una central termoeléctrica, y sobre los efectos ambientales que ésta tendría en la Región del Maule. Entre ellos, se cuenta el impacto que tendría la planta en la fauna marina, a causa de la descarga de efluentes al Pacífico; el efecto que tendría el viento en el depósito de cenizas y, por sobre todo, la conveniencia de autorizar una central termoeléctrica, dado su carácter altamente contaminante. Si bien la etapa de Participación Ciudadana concluyó el pasado 31 de diciembre, la comunidad ha seguido organizándose para frenar el desarrollo del proyecto: numerosos blogs dan fe de ello.

De lo que no hay dudas, es que el proyecto Los Robles ha traído a Chile una discusión contingente a nivel mundial: la idoneidad de ésta vía de generación eléctrica frente la crisis global de energía.

El carbón, como combustible para generar electricidad, produce más gases invernadero que el petróleo o el gas natural, pero su ventaja radica en el costo: el carbón es barato y abundante. De acuerdo a “The Economist”, ésta vía de generación de electricidad goza de buena salud, tanto en países que no tienen límites de emisiones de gases invernadero (países en desarrollo) como aquellos que sí cuentan con ellos (normalmente países desarrollados). Entre los primeros, resulta paradigmático el caso de China, donde se inaugura una central termoeléctrica a la semana.

Lo que resulta sorprendente es que el carbón también ha ganado terreno en algunos países desarrollados, que cuentan con límites de emisión de gases invernadero. De acuerdo a la misma fuente, se están desarrollando tres nuevas centrales termoeléctricas a carbón en Alemania, que debiesen estar operando el 2012, con una inversión de €6.2 billones de euros. En Italia, también se están gestando nuevos proyectos termoeléctricos, bajo la justificación de la implementación de nuevas tecnologías, que permiten generar electricidad contaminando menos que las centrales del pasado.

De lo expuesto, podría desprenderse que en atención a razones económicas, tecnológicas y especialmente, por procurar seguridad energética en tiempos de escasez, Chile también debiese apostar por diversificar su matriz energética incluyendo proyectos a carbón, cómo el de Los Robles.

Mas, existen razones vinculadas al principio “el que contamina paga” y - especialmente - al principio de seguridad energética, que debiesen ser tenidas en consideración.

Primero, si bien es cierto que el carbón es el combustible más barato, un cálculo racional no debe esconder sus externalidades negativas: es un combustible altamente contaminante, y no existe central termoeléctrica alguna capaz de reducir y capturar totalmente los gases que produce, fruto de su combustión.

En segundo lugar, un sistema energético debiese apuntar a la eficiencia en todas sus partes, desde la generación hasta la transmisión. No hay que olvidar que por cada unidad de energía utilizada, hubo un gasto de trabajo y energía para producirla. El análisis de eficiencia del sistema energético a carbón debiese incluir el proceso de extracción, transporte, utilización y manejo de residuos. La valoración energética total del proceso completo nos llevaría muy lejos pero, con los conocimientos actuales, es posible aproximarse bastante a la realidad. Un análisis de este tipo es lo que se conoce con el nombre de análisis del ciclo de vida de un proceso o producto, necesario al momento de establecer la viabilidad económica de un proyecto. Las fuentes renovables de energía, bajo un análisis de ciclo de vida, resultan económicamente más eficientes que proyectos aparentemente más baratos, como la generación termoeléctrica a carbón.

Por último, la seguridad energética está estrechamente vinculada al acceso a las fuentes primarias de energía (fuentes renovables y no renovables). En un escenario ideal, la seguridad energética de un país se materializa en no depender de otro para su desarrollo, en contar con sus propias fuentes energéticas. Los Robles operará con carbón importado, principalmente de Australia, el que será recibido en el puerto adyacente a la central termoeléctrica. Nada garantiza un acceso futuro, continuo y económico a este recurso, teniendo en especial consideración el aumento en la demanda por carbón a nivel global.

Creemos que la política energética nacional debiese apuntar a la auto generación. El proyecto Los Robles, si bien disminuye la atávica dependencia en hidroelectricidad, no constituye un aporte sustancial a la seguridad energética del país. El Gobierno debiese apuntar al desarrollo de fuentes energéticas que permitan un desarrollo sustentable y que garantice un suministro continuo y eficiente.

15 enero 2008

Proyecto de investigación energía, medio ambiente y regulación, Programa Domeyko Energía

Por Pilar Moraga
Investigadora CDA

Durante el año 2007 la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile lanzó una convocatoria a los grupos de investigación de nuestra institución a presentar propuestas para la adjudicación del Programa de Investigación Domeyko en las áreas de: salud, alimentos, sociedad y equidad, biodiversidad y recursos naturales, y energía. El objetivo era fortalecer la capacidad de la Universidad de Chile para enfrentar los temas de relevancia nacional mediante la agrupación orgánica de un conjunto de proyectos sustentados en un trabajo colaborativo amplio y multidisciplinario, con una clara orientación a la obtención de impactos a nivel nacional. Los Programas se orientan principalmente a: la elaboración de publicaciones (ISI o equivalente de acuerdo a la naturaleza de la disciplina); solicitudes de patente (cuando corresponda); asesorías a entidades gubernamentales en el diseño y evaluación de políticas públicas, entre otros. Estos están destinados a fortalecer la capacidad de recursos humanos de la Universidad mediante la atracción e inserción de académicos jóvenes así como estudiantes de postgrado bajo la modalidad de becas, contrataciones u otras formas que aseguren este objetivo.
El Centro de Derecho Ambiental (CDA) estimó pertinente participar a la convocatoria abierta por el Programa Domeyko Energía a objeto de acercar la investigación jurídica a las problemáticas planteadas por el desarrollo energético, desde una óptica global que apuesta por un tipo de desarrollo capaz de conciliar nuestros objetivos económicos y el ingreso a los mercados internacionales, con las necesidades de protección de nuestro entorno, siempre considerando los intereses sociales presentes en este proceso.
El proyecto del CDA "Energía, Medio Ambiente y Regulación" fue adjudicado y cuenta actualmente con fondos utilizables en dos años para financiar: seminarios, memorias y publicaciones. La dirección de dicho proyecto está a cargo de la Profesora Pilar Moraga quien trabajará en su ejecución junto a un equipo integrado por los Profesores de la Facultad de Derecho: Francisco Agüero y Mauricio Tapia y en coordinación con el equipo de la Facultad de Ingeniería, dirigido por el Profesor Rodrigo Palma. El día 6 de diciembre se lanzó oficialmente este programa en la Casa Central de la Universidad de Chile, ocasión en la que participaron diversos representantes del ejecutivo, legislativo, de la sociedad civil y del mundo académico: Sr. Claudio Huepe (Jefe Área de Estudios de la Comisión Nacional de Energía CNE), Senador Ricardo Nuñez (Presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado), Sr. Rodrigo García en representación de la Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas (ACERA), Sr. Pedro Barría, Director de Energías Renovables, ENAP y el Profesor Peter Zuurbier, Universidad de Wageningen, Holanda.
Este encuentro sirvió al representante de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Señor Claudio Huepe, para exponer de manera muy sucinta y concreta cuáles han sido los objetivos fijados por el Ministro Tokman respecto del rol de la CNE en la elaboración de políticas de innovación, investigación y desarrollo, en el área energética.
En materia de investigación, el representante del ejecutivo señaló que la preocupación actual se centra en: el fomento de: las energías renovables convencionales y no convencionales, la eficiencia energética y la sostenibilidad del desarrollo energético.
Además, destacó la importancia de contar con una ventanilla única para el ingreso de los proyectos y de generar información respecto de lo que se está haciendo en esta área. En esta perspectiva se refirió a la necesidad de efectuar un catastro en materia de inversiones y formaciones, así como de los equipos de investigación relacionados con esta temática.
Subrayó asimismo el interés de la CNE de invertir en formación y recordó ciertas iniciativas adoptadas conjuntamente con Conicyt para la creación de diplomados y formación técnica en el ámbito energético.
En este contexto, el Senador Ricardo Nuñez se refirió el poco diálogo existente hasta la fecha, entre el mundo académico y el Senado y aprovechó de felicitar la iniciativa de la Universidad de Chile, de trabajar en este tema “País”. El Senador tuvo la oportunidad de anunciar la aprobación del proyecto de ley sobre fomento de energías renovables no convencionales en el Senado y destacó las cuatro falencias de este texto legal:
1. El ritmo de crecimiento de las ERNC es muy bajo y la ley no lo incentiva suficientemente.
2. El bajo monto de las multas en caso de incumplimiento.
3. El igual tratamiento legal existente para las diversas regiones del país, las cuales poseen características radicalmente diferentes en materia de potencial energético. El límite fijado para las centrales de pasada equivalente a 20 mw puede ser una muy buena meta en el norte, pero puede ser irrisorio en la zona sur, dadas las características hídricas de este lugar.
4. Las dificultades de acceso de las ERNC al sistema interconectado central (SIC) y la falta de incentivos suficientes.
A este propósito el representante de la Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas (Acera), Sr. Rodrigo García, precisó cuáles son dichas barreras de entrada.
1. La existencia de un sistema económico que no internaliza los costos ambientales. A su parecer esto favorecería el ingreso al sistema de energías sucias, las que gozarían, gracias a dicho sistema, de un verdadero subsidio estatal, en desmedro de la generación de ERNC. A modo de ejemplo señaló que la internalización de dichos costos, significaría aumentar al doble el precio del carbón y a un tercio el del gas.
2. La ubicación de las plantas de generación de ERNC, las cuales se sitúan, en general, muy alejadas del centro del país.
3. Las dificultades de acceso a los sitios de exploración y explotación en materia eólica, en un contexto legal que sujeta la posibilidad de efectuar estas actividades, a la voluntad del propietario de los predios en los cuales pudiera instalarse eventualmente un parque eólico.
4. Las ERNC inyectarían una potencia variable al sistema, siendo que los centros de despacho de economía de carga están estructurados para recibir potencia regular o corriente.
En materia de combustibles, el representante de Enap realizó un llamado a centrar la investigación en los sustitutos del diesel (biodisel), más que en el de la gasolina (etanol) pues a su juicio la demanda del primero iría en constante aumento, mientras que la de la segunda tiende a disminuir.
El mundo académico representado por el prof. Zuurbier, hizo un llamado a generar una base científica a la sustentabilidad y a las normas legales que regulen esta área.
La conclusión general de los diversos expositores llevó a subrayar la necesidad de establecer vínculos, redes entre los diversos actores que trabajan en materia energética (mundo académico, empresa, gobierno) en miras a articular y así potenciar, las iniciativas existentes en el sector para ofrecer una alternativa energética sustentable a nuestro país.
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Más información
Proyecto Energía, Medio Ambiente y Regulación
Programas Domeyko Universidad de Chile

11 enero 2008

Disuasión y delito ambiental, por Valentina Durán

En días recientes hemos leído en la prensa sobre el desarrollo de los procesos penales en dos casos ambientales que involucran a la misma empresa. Uno es el caso del Ex-Gerente de la Planta Licancel de Celulosa Arauco, que el 8 de enero pasado fue formalizado por el Fiscal de Licantén por su presunta participación en el delito de contaminación de las aguas previsto en el artículo 136 de la Ley de Pesca, por el derrame en el río Mataquito, arriesgando penas de presidio menor en su grado mínimo y multas. Otro es el caso de las querellas por los daños ocurridos en el Santuario Carlos Andwanter en el Río Cruces que está siendo investigado con dedicación exclusiva por 45 días por la Fiscal de San José de la Mariquina, Paola Varela.
En relación con la posibilidad de tipificación del delito penal ambiental, que se trató en el seminario del 03/12/07 en el Palacio Ariztía, existen algunos temas que son tradicionalmente debatidos en la doctrina.

Por una parte, un daño ambiental de envergadura que amerite tal reproche social como para perseguirse penalmente, es provocado en la mayoría de los casos por la acción u omisión de una empresa, más que por una persona natural. Esto plantea el punto de si debe establecerse la responsabilidad penal de la persona jurídica en materia ambiental, que ha sido la opción de algunos países y que es lo propuesto en uno de los proyectos de ley en discusión en la Cámara de Diputados.

Responsabilizar penalmente a una persona jurídica requiere adaptar las sanciones: No se priva de libertad a una empresa, pero sí le puede cancelar su personalidad jurídica a modo de "pena de muerte", o publicar una condena en medios de prensa a su costa. También se plantea el problema de la determinación subjetiva del dolo o de la culpa en una persona jurídica.

Por otra parte se plantea que la mayoría de las hipótesis de daños ambientales de significación coinciden con infracción de normas, y que existiendo para ello sanciones administrativas en contra de la empresa, si aceptamos la responsabilidad penal de la persona jurídica, nos podemos encontrar con que un mismo hecho es sancionado dos veces por el Estado, lo que no sería aceptable (non bis in idem).

Si bien en Chile no tenemos un tipo penal ambiental general, existen delitos como los del artículo 291 del Código Penal que sanciona "la propagación indebida de sustancias tóxicas que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal" y el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura que sanciona "al que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños", que son aquellos cuya comisión investigó el fiscal José Alcaíno de Licantén en el caso del ex-ejecutivo de Licancel. Existen otros delitos, relacionados con otros bienes jurídicos protegidos, como el tráfico ilícito de determinadas especies o la asociación ilícita, que son investigados cuando se asocian a conductas que afectan al medio ambiente.

Se presenta en todos estos casos el problema de la subjetividad ¿Podrá un fiscal acreditar el dolo, esto es, la intención de dañar a otro, de la persona natural formalizada?

Ante estas dificultades, desde una perspectiva de política criminal, cabe preguntarse cuan disuasiva es para las empresas la existencia y publicidad de procesos penales en contra de ejecutivos, sea que éstos culminen en condenas o no... del mismo modo que nos preguntamos cuan disuasivas están siendo hoy las sanciones administrativas por infracciones a normas ambientales.

Como señala El Diario Financiero el 09/01/08 en su artículo Formalizan a ex gerente de planta Licancel de Arauco la empresa eventualmente "reincidente", Celulosa Arauco, que en su momento había despedido al ex-ejecutivo formalizado, se abstuvo de hacer declaraciones, por tratarse de un proceso llevado en contra de una persona natural y no en contra de la empresa.

Valentina Durán Medina

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Más información:

08/01/08 Cooperativa Escuche la noticia de la formalización del ex ejecutivo de Licancel.

08/01/08 La Tercera 08/01/08 Formalizan investigación criminal contra ex gerente de planta Licancel por contaminación del río Mataquito

07/12/07

03 enero 2008

Competencias ambientales de Carabineros de Chile

Nota de la Editora
Siguiendo con la serie de contribuciones de los alumnos de la Clínica Ambiental del segundo semestre de 2007, presentamos esta reflexión personal del alumno, ya egresado, Sebastián Leyton, sobre las competencias ambientales de Carabineros de Chile.
Busca más entradas relacionadas siguiendo la etiqueta clínica ambiental.

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Por Sebastián Leyton Pérez

El artículo 101 de la Constitución Política de la República establece que las fuerzas de orden y seguridad “…existen para dar eficacia al derecho,…” y se reitera en la LOC 18.961 de Carabineros de Chile. Carabineros de Chile, en lo pertinente a nuestra área de estudio, debe dar eficacia a las normas medioambientales, dispersas en diversas leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas. Sin embargo, por alguna razón, no consideramos en una primera ocasión a Carabineros como un ente con facultades referentes al Derecho Ambiental o cuando las realiza no nos percatamos. Las herramientas de las cuales está dotada esta institución podrían llegar a ser más efectivas que a las que normalmente recurrimos.

La principal ventaja de Carabineros es su capital humano, que le permite tener una cobertura casi total a nivel nacional, además de un gran número de efectivos. No es que les sobre personal, ya que tienen una infinidad de deberes que cumplir, y siempre vemos en las noticias policiales que se solicita mayor personal policial, pero claramente tienen mayor dotación en la Región Metropolitana que por ejemplo la Autoridad Sanitaria. Es cierto, que no están dotados de las mismas facultades que esta institución, pero podemos lograr el mismo objetivo por Carabineros. Un ejemplo de esto es lograr la clausura de una discoteca por infracción a la Ley de Alcoholes, en vez de las normas relativas a contaminación acústica.

Además Carabineros como institución, es una autoridad, real, es decir es respetada y quizás un poco más temida por el común de los ciudadanos que alguna autoridad administrativa, con facultades fiscalizadoras ambientales. Quizás se deberá a que existe el temor a que Carabineros pueda tomar detenidos a las personas (facultad que no tienen directamente la autoridad administrativa). Al gozar de esta autoridad, creo que es más difícil la evasión, ya que la gente normal no tiende cuestionar a Carabineros, dotando aún de mayor eficacia su accionar.

Creo que debo remarcar el hecho de la existencia de autoridades con competencias ambientales, que lamentablemente no tienen la capacidad para fiscalizar y que Carabineros, por vocación de servicio, tiende a suplirlos. En la protección de los bosques nativos y de la tala ilegal, ya se ha comentado en reiteradas ocasiones las falencias de CONAF por su composición jurídica. Ante esto, Carabineros suple dichas ineficacias de éste, mediante un departamento especializado.

La desventaja es que un Carabinero común y corriente, no está dotado de la instrucción y conocimientos necesarios para desempeñarse en este campo de acción, pues se debe reconocer que la protección del medioambiente no es la prioridad de Carabineros, sino que hoy en día la seguridad de la población, prevención y persecución de hechos delictuales, como la prevención de accidentes automovilísticos. Para un Carabinero en Santiago, la tala ilegal de árboles protegidos como el Boldo, por ejemplo en el Cerro Manquehue, no va a ser prioridad si en los barrios circundantes hay delitos contra la propiedad. Asimismo, la utilización de sus recursos va a estar marcado por las políticas y hechos noticiosos contingentes, ante lo cual debe responder como institución de manera eficiente para mantener la confianza de la ciudadanía. Los conflictos ambientales, salvo hechos o situaciones momentáneas no generan noticias, y por ende no serán prioridad.

Otra desventaja, es que está institución no fue creada inicialmente para proteger el medioambiente y solo por el hecho como señala OST (Naturaleza y Derecho), que frecuentemente a la administración le faltan medios de control y fiscalización, ya sea por una inadecuada construcción de la ley o por carencia de recursos, Carabineros debe asumir para lograr la eficacia en la aplicación de la ley. Pero esto no quiere decir que tenga más medios, o sea humanos tendrá, pero carecerá del instrumental técnico o como ya lo mencioné antes, de conocimientos.

También se debe reconocer que las policías están sobrecargadas y siempre escuchamos la necesidad de mayores recursos. El problema radica en que mientras no dotemos a los órganos con competencias fiscalizadoras en material ambiental, de mayores recursos y liberemos las trabas que sufren, tendremos que seguir recurriendo a Carabineros, que con la mejor disposición anímica, tratará de ayudarnos, pero pensemos que tienen otras cosas que hacer, que son mas importantes para nuestra sociedad actual, que no da prioridad al medioambiente. Mientras sigamos encontrándonos en la situación actual, debemos seguir recurriendo a Carabineros, por ser a veces la mejor opción actual, pero no es la opción ideal.