Publicada en cartas al director de la Tercera el 22 de marzo bajo el título "institucionalidad ambiental".
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Al día siguiente de asumir el mando, la nueva Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, modificó el instructivo de aplicación de las modificaciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente introducidas por la Ley 20.417, que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.
Esta ley de reforma a la institucionalidad ambiental contiene disposiciones que rigen desde la publicación de la ley, el 26 de enero pasado, y otras cuya vigencia queda sujeta a la dictación de reglamentos, así como a la promulgación de la ley que crea el Tribunal Ambiental. Los criterios de entrada en vigencia para cada disposición fueron definidos por el Ejecutivo en su instructivo del 25 de enero. Así, una de las disposiciones que la administración anterior consideraba de aplicación inmediata en su instructivo, es aquella del artículo 30 bis inciso primero, que permite a la autoridad abrir un proceso de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental de proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas, cuando esto haya sido solicitado por dos organizaciones ciudadanas o al menos diez personas naturales directamente afectadas.
Al modificar el instructivo, el gobierno entrante condiciona la aplicación de esta norma a la entrada en vigencia del reglamento, sin que ello muestre, a mi parecer, consistencia con otros criterios contenidos en el mismo instructivo.
La ampliación de los espacios de participación ciudadana es una de las más sentidas demandas del movimiento ambientalista, a la vez que una de las clásicas aprensiones del mundo empresarial, como ha quedado demostrado en la reciente discusión legislativa.
Esta decisión, junto con el preocupante anuncio de simplificación de trámites ambientales para hacer frente a la reconstrucción, nos lleva a preguntarnos cómo el gobierno del Presidente Piñera abordará la importante reforma a la institucionalidad ambiental que le toca ejecutar.
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1 comentario:
Me parece una mala señal, pero para ser franca creo que es sólo una más. Quizás el tema medio ambiental, es uno ámbito en el cual la falta de participación ciudadana se hace evidente y por lo mismo preocupante, pero son múltiples los ámbitos sociales y sobre todo regulatorios en la que el sesgo en la toma de decisiones provoca una fuerte sensación de ilegitimidad.
Hora bien, el cambio en este tema no se habría producido con la entrada en vigencia o no de esta norma. No será un cambio radical, en la medida que la nueva legislación e institucionalidad no consagra en ningún sentido una participación ciudadana vinculante, lo que al parecer se ve como una consigna casi radical del ambientalismo, pero teniendo presente que todos los grandes procesos de empoderamiento ciudadano en el plano ambiental han sido 'pisoteados' no parece tan ilógica. Así lo pueden evidenciar movimientos como los que se levantaron contra Celco en Valdivia, o en Peñalolen con la plata de Gas, o el caso de la Termoeléctrica Campiche en Puchuncaví.
Quisiera exponer respecto a este último caso y en relación a la participación ciudadana, (que a mi parecer es casi un drama a esta altura), que la defensa del territorio y el medio ambiente promovido desde la ciudadanía fue desoído en el proceso de evaluación ambiental, para luego ser atendido por la contraloría, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema...increíble pero se frenó la construcción, hubo sensación de éxito, de haber llegado a una inflexión en las problemáticas medio ambientales, sin embargo el golpe vendría desde la administración central cuando siendo 31 de diciembre se modifica la OGUC (tal como ocurrio en Peñalolen), lo que desencadenó en el actual acuerdo de aprobación a la central Termoeléctrica ... entonces me pregunto, quizás sea más sensato la omisión de ideas como la participación ciudadana en nuestro ordenamiento, tal vez asi tendríamos más coherencia...
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