¿Al borde de la crisis? Racionamiento energético preventivo

Por Pilar Moraga

Investigadora Centro de Derecho Ambiental

Directora Proyecto Domeyko Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático

En momentos en que muchos aprovechamos del descanso estival desconectados de la contingencia política, el gobierno adopta decisiones relevantes en el ámbito energético, no exentas de suspicacias.

Asumiendo como telón de fondo la inminente sequía que experimenta el país, se ha emitido un”decreto de racionamiento preventivo”, el cual permitirá a la autoridad adoptar medidas excepcionales tales como: bajas de voltaje, ahorro del agua de los embalses, modificación de parámetros técnicos de transmisión, entre otras.

Parece insólito que luego de la crisis energética ocurrida en 1998 que sometió a la población a inéditos cortes de energía que paralizaron las actividades cotidianas, la autoridad reconozca la actual precariedad del sistema eléctrico nacional, la cual amenaza con reproducir dicha situación 13 años más tarde.

Las suspicacias se fundan en la posibilidad de que tal crisis sirva para justificar, de ahora en adelante, las decisiones políticas que se adopten en el sector respecto de proyectos emblemáticos y de la composición de la futura matriz energética. La autoridad sectorial representada por el biministro Golborne y el recién nombrado Subsecretario Sergio Campos, ex gerente de la Central Termoeléctrica Barrancones, ha identificado en este sentido las principales definiciones energéticas entre las cuales destaca: el nivel de participación de carbón en la matriz, avance en los estudios de energía nuclear, desarrollo del proyecto Hidroaysén e integración regional.

El mencionado decreto ha servido además de fundamento para llamar a la población a “utilizar la energía disponible con responsabilidad y prudencia”, para así evitar los “indeseados” cortes de energía, siendo que el porcentaje de consumo energético del sector residencial y comercio representa sólo el 26% frente al 38% del sector industrial y minero y al 36% del transporte. La proyecciones al 2030 respetan esta tendencia.

Paralelamente el bi-ministro Golborne ha anunciado que su prioridad será el desarrollo e implementación de “una política energética integral”, fundada en estudios técnicos y que genere consensos. El biministro propone generar una discusión amplia para definir: 1: Qué matriz energética queremos y 2. Cuál estamos dispuesta a financiar. Al mismo tiempo define ciertos caracteres de dicha matriz: segura, estable, amigable con el medio ambiente, integrada por distintas fuentes.

La definición de una política energética en el tiempo real, en que Chile está inserto en los mercados internacionales y en la OCDE requiere mirar los estándares fijados por los países desarrollados, los cuales trabajan en la instalación de economías verdes, competitivas, fuertes en la utilización de tecnologías de punta y bajas en carbono. En esta perspectiva Chile puede limitarse a resolver el nivel de participación de cada fuente en la matriz, conforme a los costos que podamos asumir o bien dar un salto tecnológico mayor con una fuerte inversión inicial que permita contar en el mediano plazo con una economía competitiva respetuosa de los más altos estándares económicos, ambientales y sociales.

Por el momento, la política actual definida proyecto a proyecto, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, no brinda seguridad en el abastecimiento, ni permite contar con energía a bajo costo. Tampoco permite evitar el aumento progresivo de las emisiones de carbono del sector, ni la alta conflictividad en materia ambiental, todo lo cual permite celebrar la preocupación del gobierno por priorizar la elaboración de una política sectorial. Es de esperar que ésta se proyecte más allá de la contingencia y considere el largo plazo, de manera a respetar los intereses de las generaciones actuales y futuras.