Esta columna fue solicitada por la Revista Ecoamérica, contestando a la pregunta siguiente:
Uno de los objetivos de la creación del Ministerio de
Medio Ambiente era insertar la variable ambiental en la discusión de las
políticas públicas sectoriales y productivas del país, y elevar la jerarquía de los asuntos ambientales dentro
de la administración del Estado. Bajo este contexto, ¿Cómo evalúa el
primer año del Ministerio de Medio Ambiente?
Por Valentina Durán, directora jurídica de GESCAM, profesora Fac. de Derecho U. de Chile y Directora de Programa CISDL

Respecto de la evaluación
ambiental estratégica (EAE), le corresponde al MMA, en primer lugar dictar, el
reglamento para su aplicación, lo cual está pendiente. Exceptuando el caso de
los instrumentos de planificación territorial, en que la Contraloría zanjó que
la EAE se aplica obligatoriamente y desde ya, usando la Ley de Procedimiento
Administrativo, la EAE aún no está vigente y por lo tanto, a un año y ocho
meses de la publicación de la ley 20.417, no existe aún una evaluación
ambiental formal y participativa de los planes y políticas sectoriales que
asegure la incorporación de la variable ambiental desde las etapas más
tempranas de la toma de decisión pública. Una vez que este instrumento comience
a operar, reglamento mediante, será el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad, presidido por la Ministra del Medio Ambiente, el órgano que
deberá proponer al Presidente los planes y políticas que serán sometidos a EAE.
Luego la EAE será realizada por Ministerio o Servicio que lleve adelante el
plan o política con la colaboración activa del Ministerio del Medio Ambiente.
En cuanto al Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad, éste fue concebido como un órgano de deliberación de
la política pública, presidido por la Ministra del Medio Ambiente e integrado
por once ministros. Tres de sus funciones, señaladas en el artículo 71 de la
Ley 20.417, tienen por objetivo lograr esta integración del medio ambiente en
las políticas sectoriales: (a) proponer al Presidente las políticas para el
manejo, uso y aprovechamiento sustentables de los recursos naturales
renovables, (b) proponer al Presidente los criterios de sustentabilidad que
deben ser incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de
planificación de los ministerios, así como en la de sus servicios dependientes
y relacionados, (f) y pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos
que se propongan al Presidente de la Republica, cualquiera sea el ministerio de
origen, que contenga normas de carácter ambiental señaladas en el artículo 70.
Valoro que en la gestión del MMA
la respuesta a mis solicitudes de información ha sido muy expedita, de modo que
pude examinar de las actas de las seis primeras sesiones del Consejo. Se muestra
un debate aún muy incipiente, con ausencia del Ministro de Hacienda, que aún no
aborda una propuesta de criterios de sustentabilidad ni ha tocado temas tan
importantes como la sustentabilidad en la modificación de la ley de pesca. En
suma, tenemos un órgano poderoso, llamado a lograr la integración del medio
ambiente en las políticas sectoriales, cuyos acuerdos son obligatorios para los
organismos de la Administración a los que se dirijan, que si bien ha sesionado
más de las dos veces al año que la ley le exige, aún no se acerca a desplegar
todo su potencial de integración.
Finalmente, en estos días ya se
discute la Ley de Presupuesto 2012 que será pronto enviada al Congreso. Sabemos
que una de las funciones del nuevo Ministerio es participar en la elaboración
de los presupuestos ambientales sectoriales, promoviendo su coherencia con la
política ambiental nacional, ejercicio que lo faculta para fijar indicadores de
gestión asociados a presupuestos, de común acuerdo con el ministerio sectorial.
Ignoro cómo se ha coordinado ese trabajo
al interior del Ejecutivo, pero supongo que es todo un desafío lograr tal
cambio en las prácticas políticas y administrativas. El equipo del MMA tiene
por delante una gran tarea legislativa y normativa: la dictación de varios
reglamentos y la tramitación de los
proyectos de ley que crean los tribunales ambientales, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas,
y próximamente, el proyecto de Ley General de Residuos.
La Ley de Presupuesto nos hablará
sobre la prioridad que el Gobierno le da a la concreción de esta gran reforma.