Sustentabilidad del proyecto de reforma de la ley de pesca, por Ximena Insunza y Valentina Durán

Esta columna fue publicada hoy en la Sección Opinión, p. 32 del diario la Tercera.

Las autoras con parte del CISDL, Montreal, mayo 2011

Ximena Insunza es Abogada de la Universidad de Chile e investigadora del Centre for International Sustainable Development Law, CISDL. Valentina Durán es Directora Jurídica de GESCAM, Académica de la Facultad de Derecho Universidad de Chile y Lead Council del CISDL.

A propósito de la “Mesa de Trabajo Pesquero” hemos sido testigos de un debate sobre la sustentabilidad del proyecto de ley que reformará nuestra legislación pesquera. La voluntad del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo es que el nuevo régimen sea de largo aliento y que aborde, entre otros, el mecanismo de adjudicación de las cuotas de captura y las medidas para asegurar la conservación de los recursos pesqueros.

¿Cuenta nuestra institucionalidad con algún mecanismo que asegure que los proyectos de ley sean revisados desde criterios de  sustentabilidad? Para sorpresa de muchos, la respuesta es que sí. El problema es que se ha ignorado en esta y otras iniciativas.

En el marco de la discusión del proyecto de ley que rediseñó la institucionalidad ambiental (Ley 20.417 de 2010), y a propósito del eterno debate de la integridad de las políticas y de la transversalidad del concepto de medio ambiente, se creó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad como un órgano de deliberación de la política pública, llamado justamente a generar y proponer al Presidente criterios de sustentabilidad en la elaboración de las políticas públicas. Once Ministros integran este Consejo: Medio Ambiente: Agricultura; Hacienda; Salud; Economía, Fomento y Turismo; Energía; Obras Públicas; Vivienda y Urbanismo; Transportes y Telecomunicaciones; Minería y Planificación.

Entre las funciones de este Consejo se establecen dos que justamente tienen una estrecha relación con esta reforma: “Proponer al Presidente las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables” y “Pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que se propongan al Presidente, cualquiera sea el ministerio de origen, que contenga normas de carácter ambiental señaladas en el artículo 70”. No cabe duda, entonces que este proyecto de ley debe ser sometido al conocimiento de este Consejo de Ministros, el que está llamado a ser el ente apropiado para garantizar que el aprovechamiento y uso de nuestros recursos pesqueros sean sustentables. En consecuencia, este órgano no deberá abordar el tema sólo desde el punto de vista del Ministerio que está a cargo del fomento productivo. Su correcta actuación supondrá evaluar el impacto que la regulación propuesta tendrá en los tres pilares del desarrollo sustentable.

La evidencia mundial nos indica que el desarrollo sustentable no se construye sólo mediante conciencia ciudadana y responsabilidad social empresarial, sino que requiere, para su concreción, de instituciones, políticas públicas y mecanismos, sujetos a accountability. Como país nos hemos dado una institucionalidad para cumplir el fin del desarrollo sustentable; el que busca equilibrar el crecimiento económico y los aspectos sociales con la protección del medio ambiente, pensando en las generaciones futuras. Este Consejo tiene, por lo tanto, una gran tarea, y no es posible pensar que a casi un año de su primera sesión, no vaya a ser parte de un proceso tan significativo que tendrá un claro impacto en uno de nuestros recursos naturales más preciados.

El principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en el cambio climático y las reglas de comercio de la OMC, por Fabio Morosini

El Cambio climático está modificando constantemente el Derecho Internacional. En el pasado, era tal vez posible separar las áreas del Derecho Internacional en diferentes compartimentos, pero en el estado actual de las cosas, se puede observar cómo el desarrollo, el medio ambiente y las políticas de salud impactan directamente en la agenda comercial y viceversa.

El ejemplo más reciente de estas interacciones se refiere al impacto de las políticas de cambio climático en la regulación del comercio multilateral.

Fabio Costa Morosini es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río Grande Do Sul, e investigador del Consejo Nacional de de Desarrollo científico y Tecnológico de Brasilia. Este abogado brasileño, doctor en Derecho y master por la Universidad de Austin, Texas, y de París I, es uno de los invitados del Centro de Derecho Ambiental, a exponer como conferencista magistral con ocasión de las V Jornadas de Derecho Ambiental sobre "Derecho Ambiental en tiempos de reforma", que se realizarán entre el 27 y 29 de octubre próximos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

En su conferencia, el Profesor Morosini analizará si las políticas de cambio climático son compatibles con los acuerdos de la OMC, especialmente del GATT de 1994, sosteniendo que el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que se refleja en el sistema jurídico de la OMC y en la regulación multilateral del cambio climático, debiera ser utilizado por los órganos de solución de controversias de la OMC para ayudar a resolver las disputas comerciales y de cambio climático.

En su paper, el profesor Morosini analiza desde este enfoque un panel de la OMC referido a las restricciones al comercio en relación con el proyecto de ley de energía limpia y seguridad de 2009 de los Estados Unidos.

En su conferencia, Fabio Morosini ampliará un interesante tema que ya expuso en SIEL 2010 en un panel que compartió con los Profesores Rodrigo Polanco y Valentina Durán, en Barcelona, en julio pasado.

Tratados de Inversión y Sustentabilidad: Tensiones y Soluciones

Luis Ortiz Quiroga, Decano (s) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile junto al Centro de Derecho Ambiental de dicha Facultad, tienen el agrado de invitarle a la Conferencia "Tratados de Inversión y Sustentabilidad: Tensiones y Soluciones" que será dictada por los profesores Marie-Claire Cordonier y Markus Gehring; el día jueves 8 de abril de 2010 a las 12:30 hrs. en la Sala de Videoconferencias del Edificio Santa María, ubicada en Av. Santa María 076 piso 6.

Marie-Claire Cordonier Segger. MEM (Yale), BCL & LL.B (McGill), es Directora del Centre for International Sustainable Development Law, CISDL, centro de investigación independiente de la Facultad de Derecho de la U. de McGill. Es también, Investigadora del Lauterpacht Centre for International Law, de la Facultad de Derecho de la U. de Cambridge. Se desempeña, además, como Senior Director de Research for Sustainable Prosperity del Gobierno de Canadá. Autora/editora de más de 50 publicaciones sobre derecho y política internacional en desarrollo sostenible.


Markus Gehring. D.jur (Hamburgo), LL.M. (Yale), MA (Cantab). Vicedecano de Investigación de la Facultad de Derecho de la U. de Ottawa. Consejero en Derecho Internacional sobre Comercio, Inversión y Desarrollo Sostenible del CISDL. Conferencista en Derecho Internacional y Europeo del Centre of International Studies y profesor en la U. de Cambridge (Robinson College). Miembro del capítulo alemán de la International Law Association. Autor de numerosas publicaciones en Derecho Internacional, comercio, derecho del cambio climático internacional y europeo.

Auspician: CISDL, Universidad de Ottawa, Universidad de Cambridge

Entrada liberada
Cupos limitados
S.R.C.: 978-5354 o fquinta@derecho.uchile.cl

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Los costos de la regulación ambiental II, por Sergio Praus

Nota de la editora:
Éste es un "up grade" del comentario hecho por Sergio Praus a la columna del 24/11/08, Los Costos de la Regulación Ambiental, por Gonzalo Parot. ¡Gracias Sergio!

Gracias Gonzalo por tus reflexiones... muy acertadas y creo, igualmente, que tu opinión va en la vía correcta, a diferencia del Sr. Aznar. En verdad creo que desde la misma visión economica y desde el paradigma del derecho de propiedad, es que también puede cuestionarse la postura del "ecologismo responsable", ya que la matriz de tiempo que se usa en ciertas decisiones de carácter político/económico, al ser de corto -o bien inmediato plazo- genera la errónea percepción de un sobrecosto de implementar medidas mas allá de tal escala de tiempo. Sin embargo, la ciencia económica debe apoyarse, precisamente en aras a la optimización de la relación costo/beneficio, en matrices temporales derivadas no solo de las ciencias exactas (que establecen con rigor los tiempos de duración de fenómenos físicos, químicos o climáticos), sino que de las propias ciencias sociales. Desde la historia, por ejemplo, las escalas espacio-temporales son de una magnitud que escapa nuestras escalas de percepción de tiempo. Igual cosa ocurre, por ejemplo, con la geología.

Enfin, el paradigma de evaluar la eficiencia social de las decisiones sobre la base de nuestra simplista escala de tiempo "una generación humana" (a lo sumo dos) transforma en "costo" inaceptable aquello que debiera ser un "costo razonable", y en el mejor de los casos, una "inversión". Finalmente, me parece pertinente también considerar que nuestra sociedad debe encarar, independientemente de sus orígenes, el cambio climático, al costo que sea, inclusive pensando en la actual generación (Nº 1) y en la que viene (Nº 2), en una muy cortoplacista visión, ya que los costos de no actuar ya están comenzando a ser mayores que los de actual, en muchos casos. Con todo, me quedo con una aproximación ética y valórica, que nos impone hacernos cargo y asumir los costos de nuestro propio bienestar y sobrevivencia, y de las generaciones venideras.

Sergio Praus
Centro Froward de Derecho Ambiental
Universidad de Magallanes
Punta Arenas.

Los Costos de la Regulación Ambiental, por Gonzalo Parot*

Nota de la editora: como en años anteriores publicamos las mejores entradas de los alumnos de la clínica ambiental.

*Gonzalo Parot es estudiante de 5º año de Derecho de la Universidad de Chile y alumno del curso clínico de derecho ambiental y resolución de conflictos.

Hace algunos días, al presentar el libro del Presidente checo Václav Klaus, el ex Presidente español José María Aznar realizó controvertidas declaraciones en las cuales criticaba el ecologismo extremo. De acuerdo con sus dichos, no existe suficiente evidencia científica como para corroborar la influencia del hombre en el fenómeno del calentamiento global. Acusó a los defensores de esta cruzada mundial ecológica de defender su tesis como un dogma que conlleva el malgasto de miles de millones de dólares que podrían tener un mejor destino[1] [2].

Más allá de las cuestiones científicas involucradas, esta postura es reflejo del antiguo debate entre propiedad y medio ambiente. Tras la mutación del Estado interventor concebido a mediados del siglo XX, la controversia sobre la extensión y la profundidad de las medidas de protección ambiental incluye posturas que cuestionan los costos derivados de las trabas puestas a la producción[3].

Es claro que la reducción de emanaciones implica el desarrollo de nuevas tecnologías sin duda más caras y el sacrificio de niveles de productividad potencialmente superiores. La legislación ambiental juega un rol fundamental en la definición de los costos sobrellevados por los países en la lucha contra el calentamiento global.

Desde el punto de vista económico, los dichos de Aznar se basan en la definición de políticas públicas desde la perspectiva de los costos sociales en el corto plazo. El costo de permitir que el riesgo persista debe ser contrarrestado directamente por la medida específica que se adopte. Muchas políticas públicas pueden generar rendimientos muy satisfactorios en este sentido, como en las campañas de inmunización de la población ante ciertas enfermedades o los subsidios habitacionales, por ejemplo.

Observado desde un foco costo-beneficio, la regulación ambiental suele ser cuestionada en tanto no produce resultados tangibles en el corto plazo en términos de salud pública. El problema reside en que el calentamiento global escapa al enfoque microeconómico. La eficiencia sólo permite asignar recursos escasos en el panorama presente, no incide de modo alguno en su aumento o disminución en el tiempo[4].

Un debate ambiental responsable requiere de argumentos que trasciendan el presente estático de la oferta y la demanda. Es perentorio aplicar un enfoque dinámico que incorpore la disponibilidad y generación de los recursos en el futuro. Por lo mismo, la discusión debe evitar cerrarse a la contingencia, garantizando un flujo constante de información científica que avale las medidas adoptadas.

Las acusaciones de Aznar, en tal sentido, acarrean la pretensión muy respetable de abrir el debate a posiciones hoy criticadas que cuestionan legítimamente las creencias actuales. El “ecologismo responsable” que él plantea, sin embargo, lleva hoy día a aceptar los costos actuales de la legislación ambiental de acuerdo al estado actual del conocimiento científico. La prioridad otorgada al fenómeno del calentamiento global se justifica, a pesar de las posibles dudas, en el riesgo generalizado que se cierne respecto del sistema productivo mundial, que escapa a las consideraciones inmediatas pero cuyas repercusiones pueden trascender con creces los costos sociales más graves enfrentados en la actualidad.

[1] http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=327222
[2] http://www.rtve.es/noticias/20081022/aznar-cuestiona-calentamiento-global-pese-los-inquisidores-del-apocalipsis-climatico/181504.shtml
[3] OST, François, Naturaleza y derecho, Para un debate ecológico en profundidad, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1996, pp. 85-136.
[4] DRIESEN, David, The economic dynamics of environmental law: Cost-benefit analysis, emisions trading and priority setting, Conferencia Syracuse University College of Law. http://www.bc.edu/schools/law/lawreviews/meta-elements/journals/bcealr/31_3/01_FMS.htm

La Otra Crisis Mundial, por Jorge Aranda Ortega.

* Jorge Aranda Ortega es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y ayudante del CDA

Es recurrente oir de una crisis financiera mundial acarreada por la especulación de las llamadas hipotecas “de papel”, mas los diversos gobiernos de los países del primer mundo han adoptado rápidamente medidas para detener los efectos de ésta, que bien podrían ser peores.

Ante lo vertiginoso de los mercados se requiere de respuestas rápidas para hacer cortafuegos a la llama del pesimismo, pero... ¿Qué pasa con la rapidez que se requiere para afrontar los problemas ambientales, donde los ecosistemas son esencialmente dinámicos? ¿Cómo debemos afrontar este dinamismo en la constante presión, y consecuencial deterioro, en el aprovechamiento de nuestro entorno? Esto es algo que no es tratado abiertamente, pues parece carecer de las prepercusiones mediáticas de la crisis subprime.

Para abordar este tema, la World Wildlife Fund en conjunto con la Sociedad Zoológica de Londres han creado el llamado Informe Planeta Vivo 2008, donde mediante cietos indicadores se estima un índice de crédito o débito ambiental, en razón de cuanto impacto ambiental promedio, o huella ambiental, generado por una persona puede ser absorbido por una hectárea promedio de terreno de biodiversidad relevante, llamada hectárea global, con miras a la regeneración del planeta en su conjunto. El resultado global es aterrador: de todas la áreas disponibles en el planeta, 2,1 hectáreas globales pueden ser destinadas para absorver los impactos ambientales generados por una persona, mientras que cada persona promedio genera un impacto tal que se requieren 2,7 hectáreas globales para ser absorbido, o dicho de otro modo, hay un margen de 0,6 hectareas globales que deberían existir para hecer sustantable nuestra vida en planeta y no existen, destruyendo nuestro entorno de modo acelerado.

La lista de países más insustentables la encabezan China y EE.UU., necesitando cada ciudadano estadounidense 9,4 hectáreas globales para asbsorber los impactos ambientales de su forma de vida. Chile es el quinto país en la región (luego de Paraguay, Panamá, México y Uruguay), con una huella ecológica de 3 hectáreas globales por persona, superando por 0,9 el margen actual de sustentabilidad.

Así, voces como la de Christoph Heinrich, director de WWF Alemania, advierten con justa razón que “la crisis ecológica nos afectará mucho más que la crisis financiera y pondrá en peligro tarde o temprano el bienestar y el desarrollo de todas las naciones”. El mensaje es claro: no podemos seguir despilfarrando nuestros recursos naturales, y consecuencialmente, el entorno al cual están indisolublemente ligados.

En consideración a que éste es un problema de dimensiones globales, se requiere de respuestas globales, tal como lo plantea fervientemente, y desde una perspectiva jurídica, el profesor Bob Percival de la universidad de Maryland. Así, de alguna manera resulta alentador que el recién electo presidente de los EE.UU. Barack Obama haya anunciado en su campaña presidencial un plan de reducir para el año 2050 un 80% de las emisiones de su país respecto a las de 1990. Además, estima que es necesario una actuación global para combatir el calentamiento global, proponiendo el retorno de EE.UU. al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Igualmente... ¿Que puede hacer Chile en este escenario global tan complejo? Primero que todo, deberían adoptarse medidas serias y concretas, tanto políticas como legislativas, respecto al déficit existente en materias de áreas silvestres protegidas, que tan necesarias son para perseverar en la conservación de hectáreas relevantes para la absorción de la huella global de cada ciudadano chileno y del mundo. No es un misterio que Chile esté atrasado en esta materia, tal como Paulina Gálvez lo delata con sobresaliente acertividad.

Desde esta perspectiva, las áreas silvestres protegidas deberían ser concebidas no sólo con fines paísajisticos o de conservación de especies relevantes, sino también con la finalidad superior de absorber nuestros impactos ambientales, y posibilitar la regeneración de los ecosistemas.

Sobre las características de esta crisis hay quienes van más allá. Por ejemplo, Enrique Leff, quién recientemente dictó una clase magistral en nuestra facultad, el día 7 de noviembre del presente año, asevera que esta crisis pasa por deficiencias en la actual teoría del conocimiento, donde el actual planteamiento de las ciencias desde una perspectiva especializada en lugar de una integrada, y donde el centro de atención de los estudios se centra en los meros objetos y no en las relaciones dinámicas que entre ellos se verifican, redunda en una incapacidad metodológica para comprender el medio ambiente, y de ahí el fracaso en como las distintas ramas del conocimiento tratan de abordar el problema sin entregar soluciones concluyentes.

Finalmente, estimo que como seres concientes debemos ser sumamente autocríticos con nuestras conductas de consumo. Alcanzar y mantener el nivel de vida de países desarrollados nos llevará impajaritablemente, y de forma acelerada, a una crisis ambiental, crisis donde cada estado no podrá invertir de golpe inusuales cantidades de dinero para frenar la debacle tal como lo han hecho con la bullada crisis subprime, y justamente ahí, en las nulas posibilidades de frenarla o mitigarla cuando parezca inevitable, es donde radica la eventual calamidad de esta otra crisis.

Las aguas y el desafío de su racional uso, por Jorge Aranda*

*Jorge Aranda Ortega es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Ayudante del CDA

La presión sobre el uso de las aguas, y la benigna racionalidad del mismo, dista de ser un tema novedoso. La contaminación del recurso, su escasez, y la falta de disponibilidad de agua potable en el tercer mundo son temas recurrentes en diversos foros ecónomicos y sociales. Así, en las metas del milenio, por ejemplo, la meta número 7 A, referente a incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente, usa como uno de sus indicadores la proporción del total de recursos hídricos utilizada, y la meta 7 C atingente a reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, utiliza como indicadores la proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable y la proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento.

En relación al mismo tema, cerca de 2400 científicos discutieron sobre el alcance de estas metas, del 18 al 22 del presente mes en la World WaterWeek de Estocolmo, aseverando que estas metas se alejan en la medida que no se mejoren las condicones de saneamiento de los países más pobres. Esto no hace sino demostrar la urgencia del tema, pese a su recurrencia.

Igualmente, la OECD en el Environmental Outlook to 2030 ha dado a este tema una prioridad mayor de “luz roja”, enfatizando en la escasez de agua, en la calidad de la aguas subterráneas, y tambien en el uso y contaminación del agua en la agricultura, como temas que deben ser abordados urgentemente. También cabe agregar a este elenco de sedes de discusión el recién pasado 15° Foro de Montreal, celebrado el mes de junio recién pasado, donde Angel Gurría, secreatrio General de la OECD, pronunció un discurso titulado Water: an Under-Delivered Promise, poniendo de manifiesto la urgencia de los temas ya citados.

La gestión de los recursos hidricos, según Gurría, ha de ser abordada desde tres aristas: una económica, que mira a la disponibilidad del recurso para las industrias; una social, asociada al acceso de la población a agua potable y alcantarillado; y una ambiental, afín a la limpieza de las aguas, su descontaminación, y el rol que los servicios ambientales puedan jugar en estas tareas.

De estos aspectos, la contaminación de las aguas desde el aspecto económico es relevante en países cuya industria es o fue muy contaminante, indistintamente si son o no países desarrollados. Por ejemplo, la contaminación de las aguas es el principal problema de Rusia, pese a disponer del recurso en abundancia tal que muchos envidian. Por otra parte, en Chile, donde la disponibilidad del recurso hídrico es buena desde el valle del Aconcagua al sur, la minería es una industria que debería ser seguida muy de cerca. Al menos, según lo informado por CONAMA, durante los últimos años se ha intentado mejorar la tecnología en los distintos procesos de la minería (en relación a reducir la contaminación de las aguas y en su monitoreo). Sin embargo, aún no se cuenta con suficientes datos para determinar si se ha avanzado en esta materia o no. En este sentido, es posible aseverar que este tipo de contaminación de las aguas no es privativa del norte, pues en Santiago, tanto el río Mapocho como el río Maipo están contaminados con resdiuos mineros, junto a las descargas de contaminación domiciliaria.

Sobre la arista social del problema, correspondiente a la disponibilidad de agua potable y alcantarillado, el panorama general no es alentador. Al menos se ha estimado conjuntamente por la UNICEF y la OMS que 1.200 millones de personas no disponen de sistemas de alcantarillado, encontrándose el mayor déficit en el sur de Asia, con cerca de 778 millones que los carecen, y en América Latina al rededor de 125 millones.

Con todo cabe señalar, conforme a lo afirmado por The Lancet, que es importantísimo mejorar las condiciones de salubridad para la población, considerando que las enfermedades causadas por una pobre sanitización representan una tasa del 10% aproximadamente de la morbilidad mundial. Adicionalmente, es una pésima señal la falta de manifestaciones claras al respecto por parte de la cumbre del G8, celebrada el mes pasado. O dicho de otra manera, según la UNICEF, cada euro invertido en saneamiento puede significar un ahorro de hasta 34 en costos de salud, educación y desarrollo económico.

Sin apoyo suficiente, la pobreza generada por el mal uso de las aguas alenta la contaminación de ésta en usos industriales solo para conseguir benificios económicos al corto plazo, detonando la precariedad de la tercera arista del problema: la ambiental.

Sobre este punto, la mencionada reunión World Water Week de Estocolmo, frente a la debilidad política, la mala gestión, el aumento de los residuos y la explosión de la demanda de agua están que empujando al planeta hacia el punto de inflexión de la crisis mundial del agua, recomienda, entre otras cosas: Incrementar las inversiones en saneamiento ambiental mediante el Fondo Global del Saneamiento, incentivar desarrollo sostenible de las ciudades, y la adaptación del sector de los recursos hídricos al cambio climático.

Con todo, un último aspecto que fomenta debilidades tanto en la arista ecónomica, social y ambiental, es la corrupción, conforme al lo señalado por Huguette Labelle, directora de Transparencia Internacional. La corrupción determina que en los países más pobres el agua sea proporcionalmente más cara; igualmente, de este problema no se salvan los países ricos, donde en ciudades como Grenoble, Milán y Nueva Orleans han sucedido casos de corrupción en las licitaciones de prestación de servicios, es decir, tanto humildes como opulentos no deben descuidar este punto.

Chile, sin ser el paraíso de las soluciones, parece encaminarse por buen sendero. Al menos, la OECD estima que somos un país pionero en el comercio de derechos de agua para promover el uso racional. Si sumamos a esto la reciente dictación de la ley 20.285, comentada en otra entrada por la profesora Valentina Durán, es un avance en materia de combate a la corrupción.

En fin, pese a que avanzamos, queda muchísimo por hacer.