( este artículo, realizado por la dirección de prensa de la Universidad de Chile, fue publicado por ella en Primavera de 2005)
A raíz de los últimos conflictos ecológicos y a resoluciones judiciales cuestionadas –léase caso Celco-, la justicia ambiental chilena está en la mira. La inmadurez que presenta el sistema y la falta de preparación de los actores que intervienen en éste amenazan con seguir generando polémicas. Así lo prevén especialistas de Derecho U. de Chile.Las interpretaciones de los jueces se hacen de una perspectiva netamente Civil, más que ambiental, asegura el investigador del Centro de Derecho Ambiental (CDA), José Ignacio Pinochet. Ejemplifica señalando que “muchas veces, los tribunales deniegan o postergan la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente sólo porque los antecedentes no les permiten determinar de quién es la responsabilidad o la culpa”, no cumpliendo con el “Principio Precautorio”.Del mismo modo, el principio de “El que contamina paga” los tribunales tienden a interpretarlo como que el que causó contaminación debe pagar una indemnización, pero el principio se refiere a que el contaminador debe asumir los costos de "prevenir" y "reducir" la contaminación que actualmente causa, dice Pinochet.”Otra gran falencia la constituye la reglamentación del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual es ineficiente y, a pesar de contemplar un procedimiento técnico, posibilita decisiones totalmente políticas y la aprobación de proyectos, incluso cuando ellos contrarían la ley. Además, establece mecanismos de participación ciudadana que son más bien formales, sirviendo sólo para causar más frustración en la población”, argumenta. Para el profesor Patricio Leyton, quien dicta el curso de Derecho Ambiental, el sistema de justicia ambiental es muy joven y recién esta empezando a madurar. Además, cree que, tal vez, falta difundir más conocimientos en los jueces para evitar que se recurra con tanta frecuencia a la deferencia en los organismos administrativos. “Si bien es cierto que los organismos de la Administración del Estado son aquellos que tienen un mejor conocimiento técnico de la materia, esto no puede ser excusa para que los tribunales no revisen el merito con el cual estos cumplen sus funciones”.Un ambiente de problemasAsí las cosas, el panorama no se ve exento de problemas. Leyton dice que si por conflicto se entiende que existen ciertos aspectos de la legislación ambiental que pueden ser cuestionados, “es evidente que hay áreas que debiesen ser revisadas. Es necesario evaluar el rol de las comunidades en el proceso de participación ciudadana, así como los recursos disponibles por parte de éstas para intervenir adecuadamente en la defensa de sus intereses frente al desarrollo de proyectos productivos”.Si bien muchos de los problemas o polémicas ecológicas están directamente relacionadas con la institucionalidad de la justicia ambiental, ya sea por las funciones o medidas que los organismos pertinentes tomen, el académico sostiene que “nunca he sido partidario de propender la modificación de las estructuras existentes sin que realmente se las hayan dotado de los recursos necesarios para su normal funcionamiento”.El director del CDA, Sergio Montenegro, sostiene que a corto plazo varios proyectos, que deberán ser evaluados según las regulaciones vigentes, provocarán reacciones por parte de los diversos actores involucrados. “En el ámbito minero, el proyecto Pascua Lama (alta cordillera III Región), exigirá la remoción de dos glaciares. En el área energética, la ampliación de algunas termoeléctricas (San Isidro, Quillota) y la instalación de nuevas de estas centrales, emplazadas en lugares de producción agro-frutales y/o cercanas a poblaciones, como San Vicente de TaguaTagua. Existen las primeras manifestaciones de interés de Endesa por explorar las posibilidades de instalar centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua (XI –Región), señala”A todo ello se agregan proyectos inmobiliarios, dice el profesor Montenegro, como la transformación de la plaza Las Lilas, en Providencia, y el túnel de conexión de El Salto con Pedro de Valdivia Norte. En zonas rurales, están las expansiones de áreas residenciales en desmedro de tierras de valor agrícola.“Conviene dejar en claro que, indudablemente, el desarrollo socio-económico del país requerirá de muchos proyectos como los señalados, los que deberán ajustarse a las regulaciones ambientales y, por sobre todo, tomar en consideración, en forma anticipada, las naturales inquietudes y observaciones que formulen las poblaciones vecinas, las organizaciones de defensa ambiental, el mundo académico, los políticos y otros actores, advierte el director del CDA.
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