Presentación de Prof. Valentina Durán ante comisión del Senado
Académica cree necesario que Superintendencia de Medio Ambiente pueda aplicar sanciones y realizar inspecciones autónomamente
Publicado / Lunes 10 de agosto de 2009, por Comunicaciones Facultad de Derecho U. de Chile
No hay motivos para que la Superintendencia de Medio Ambiente, que crea el proyecto de ley sobre nueva institucionalidad ambiental que se discute en el Senado, no posea la facultad para aplicar sanciones y realizar inspecciones sin previa orden judicial, sostiene la profesora de Derecho U. de Chile, Valentina Durán.
La investigadora y coordinadora académica del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad expuso sus planteamientos sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, ante la comisión del Senado encargada de examinar dicha temática.
En la oportunidad, dijo que “El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación requiere que los poderes públicos tengan una actitud vigilante”, lo que pasa por el reconocimiento de potestades destinadas a materializar el control del Estado sobre el mencionado bien jurídico.
Superintendencia robusta
Pero existe inquietud en el sector empresarial sobre las facultades que tendría la Superintendencia del Medio Ambiente, en especial en la aplicación de sanciones y la posibilidad de hacer inspecciones sin necesidad de orden judicial. Sobre el particular, la profesora respondió citando la experiencia en otros países y en otras áreas.
En este sentido, sostuvo que, siendo el Medio Ambiente un bien jurídico de igual importancia que la salud pública, la transparencia de los mercados y la seguridad fitosanitaria; no hay razones para que no se siga el modelo de otras Superintendencias o servicios públicos que tienen facultades de inspección y también para aplicar sanciones disuasivas a quienes infringen la normativa.
Teniendo presente la recomendación de la OCDE a Chile, en orden a fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización en el ámbito ambiental, la profesora Durán sostuvo ante la comisión del Senado que la Superintendencia debe ser robusta, “dotada de atribuciones adecuadas, con credibilidad y la posibilidad de imponer sanciones disuasivas”.
La investigadora destacó también, entre otros alcances del proyecto de ley, el trabajo de investigación, análisis y difusión que está desarrollado permanentemente el Centro de Derecho Ambiental sobre los aspectos que atañen a la nueva institucionalidad y gestión ambiental.
comunicaciones@derecho.uchile.cl
Académica cree necesario que Superintendencia de Medio Ambiente pueda aplicar sanciones y realizar inspecciones autónomamente
Publicado / Lunes 10 de agosto de 2009, por Comunicaciones Facultad de Derecho U. de Chile
No hay motivos para que la Superintendencia de Medio Ambiente, que crea el proyecto de ley sobre nueva institucionalidad ambiental que se discute en el Senado, no posea la facultad para aplicar sanciones y realizar inspecciones sin previa orden judicial, sostiene la profesora de Derecho U. de Chile, Valentina Durán.La investigadora y coordinadora académica del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad expuso sus planteamientos sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, ante la comisión del Senado encargada de examinar dicha temática.
En la oportunidad, dijo que “El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación requiere que los poderes públicos tengan una actitud vigilante”, lo que pasa por el reconocimiento de potestades destinadas a materializar el control del Estado sobre el mencionado bien jurídico.
Superintendencia robusta
Pero existe inquietud en el sector empresarial sobre las facultades que tendría la Superintendencia del Medio Ambiente, en especial en la aplicación de sanciones y la posibilidad de hacer inspecciones sin necesidad de orden judicial. Sobre el particular, la profesora respondió citando la experiencia en otros países y en otras áreas.
En este sentido, sostuvo que, siendo el Medio Ambiente un bien jurídico de igual importancia que la salud pública, la transparencia de los mercados y la seguridad fitosanitaria; no hay razones para que no se siga el modelo de otras Superintendencias o servicios públicos que tienen facultades de inspección y también para aplicar sanciones disuasivas a quienes infringen la normativa.
Teniendo presente la recomendación de la OCDE a Chile, en orden a fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización en el ámbito ambiental, la profesora Durán sostuvo ante la comisión del Senado que la Superintendencia debe ser robusta, “dotada de atribuciones adecuadas, con credibilidad y la posibilidad de imponer sanciones disuasivas”.
La investigadora destacó también, entre otros alcances del proyecto de ley, el trabajo de investigación, análisis y difusión que está desarrollado permanentemente el Centro de Derecho Ambiental sobre los aspectos que atañen a la nueva institucionalidad y gestión ambiental.
comunicaciones@derecho.uchile.cl
1 comentario:
La CONAMA y COREMA DE COQUIMBO SIGUEN DANDO JUGO.
Pérdida de credibilidad es lo que inunda a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), se supone una institucionalidad que considera el estudio de impacto ambiental de las empresas de acuerdo a la Ley 19.300 la que incorpora las observaciones ciudadanas. Cuento similar a la caperucita roja, en cuanto a camuflaje, ya que ha probado proyectos productivos con resultados catastróficos al medio ambiente y a las comunidades locales.
Ahora bien, dicen considerar las opiniones ciudadanas, como se explican que daban salir a la calle para intentar ser escuchadas y lo que logran es una fuerte represión policial y a esto le llaman participación.
Todos estos episodios han contribuido largamente ha que esta institucionalidad ambiental tocara fondo y fuera desacreditada por el Presidente de la República, decisión que celebro, no tanto en realidad, porque se desconoce cual fue el acuerdo con el que llegó con los empresarios, por lo que crea otra alerta roja.
se espera el surgimiento de otra institucionalidad como los Tribunales Ambientales, claro que si estuvieran en manos de los mismos 15 funcionarios de gobierno que votaron a favor de las termoeléctricas, el resultado sería predecible, sería como dejar en la Superintendencia Ambiental a la misma multinacional franco-belga Suez Energy , todos cumplirían con la normativa ambiental, tal cual lo expresa la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) de Coquimbo la que aprobó el proyecto termoeléctrico Barrancones en la comuna de la Higuera, por cumplir con altos estándares ambientales y aportaría una inversión de US$ 1.100 millones y generaría 540 MW.
Era tanto la confianza de la multinacional que no tendría problema de hacer funcionar una planta a carbón a unos 25 kilómetros del sector de Punta de Choros, conocido por su diversidad ecológica marina. Es decir una vez que esto se logrará no tendrían limitación alguna para instalarse si lo desean en el living de nuestra casa.
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