Un aspecto importante que afecta la objetividad de los estudios de impacto ambiental, es la participación de académicos, contratados en las universidades, para la realización de estudios de impacto ambiental. Esto ha generado una falta de independencia en la discusión ambiental, y ha degenerado la opinión pública respecto de la ciencia. Hemos visto en varias conferencias cómo la opinión pública es crítica y negativa hacia académicos que han participado de estudios de impacto ambiental, cuestionando la independiencia de sus opiniones.
Muchos académicos ven esta posibilidad como un segundo ingreso, y las empresas los buscan como una manera de respaldar sus proyectos y así contrarrestar las posibilidades de opiniones discrepantes. Un ejemplo es la discusión surgida entre académicos de la PUC y la UACH por el problema de Celco, en que la empresa y los medios afines aprovecharon esa situación para anular la opinión científica del problema. Otro ejemplo es la reciente discusión del proyecto de la hidroeléctrica de pasada en el Río San Pedro, en que la empresa COLBUN llevó a los académicos del EULA de la Universidad de Concepción a presentar el proyecto en la UACH, llevando la evaluación ambiental de un proyecto productivo a la discusión académica. Estos son elementos absolutamente diferentes, una discusión científica no puede surgir de estudios de impacto ambiental, pues estos estudios están lejos de ser científicos. El incluir científicos en los estudios no los transforma en ciencia. En el fondo es el lobby de la empresa para evitarse opiniones discrepantes.
Creo sería muy importante para el futuro que los estudios de impacto ambiental sean llevados a cabo por solo personal calificado no académico y no contratado por la empresa, sino que por el Estado, con fondos traspasados por las empresas. Por supuesto con concurso abierto e informado. Los académicos deberían participar sólo como árbitros en caso de conflicto y por consultoría directa al Estado.
La situación actual está haciendo un grave daño a la credibilidad de los científicos por parte del publico, los políticos y las organizaciones con base ciudadana (ONGs). También esta provocando una falta de objetividad científica en la discusión. Por último está produciendo una falta de independencia de la opinión de los científicos, pues éstos ven los proyectos como una fuente secundaria de financiamiento.
Un científico activo no está preparado para hacer un estudio de impacto ambiental, pues éstos son de gestión, no de ciencia. Ahora la ciencia puede ir de mano de la gestión, pero la gestión deben hacerla los gestores, no los científicos. El separar los estudios de impacto ambiental y contratar a los académicos como árbitros frente a discrepancias entre las empresas y los ciudadanos o el Estado, ayudaría a la objetividad de los proyectos, generaría más empleo a un sinnúmero de profesionales con postgrado, y haría todo más ético.
Por supuesto muchos académicos se opondrán a esta iniciativa, pero recordemos que en las primeras clases de cualquier ramos de ciencias ambientales, sobre análisis crítico de conflictos, debemos tomar en cuenta la independencia de la opiniones, los académicos que no apoyarán esta moción son aquellos que ya han perdido su independencia debido ha que han hecho de los estudios de impacto ambiental una muy atractiva segunda entrada económica.
Gonzalo Medina Vogel es Director de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello
3 comentarios:
Gonzalo Medina,
¿Piensa usted que sería bueno crear una agencia independiente del medio ambiente, donde participen científicos, que apoye a la conama o futuro ministerio? en qué podrían apoyar a la conama?
Espero pueda contestarme a través de este blog.
HFR
No creo que se necesite de la creación de otra agencia, ya existen muchas. Simplemente que los estudios o declaraciones de impacto ambiental los realicen profesionales no académicos, es decir alejar de los estudios o declaraciones de impacto ambiental a los académicos o investigadores con contrato permanente en universidades o instituciones científicas. Sin embargo, en el caso que por parte de CONAMA o el organismo del Estado que lo amerite, se necesite de la opinión de terceros para la resolución de conflictos sobre la base de estudios o declaraciones de impacto ambiental ya realizados o en proceso, creo ahí la opinión objetiva de académicos o investigadores expertos sería de mucha utilidad.
Gonzalo Medina Vogel
Escribo para ver, si es que sinceramos la discusión entorno al sistema de evaluación ambiental, en efecto, parece ser un sistema configurado con el objeto de que la empresa encuentre el menor traspié para su desarrollo, en efecto sobre la bahía de quintero (zona que presenta una carga industrial, impresionante que para el ojo de cualquier persona con un criterio racional está absolutamente saturada de residuos) la empresa "Termoeléctrica Nueva ventana" tras una resolución de la DOM de la Municipalidad de Puchuncaví a propuesto, el desplazamiento de las intalaciones a una distancia de la comunidad de 50 mts (existiendo antes la prohibición de acercarce a la población contigua a más de 340 mts norma que fue transgredida con anterioridad pero que parece no existir sanción alguna entorno a ella), ante esto la empresa presenta una declaración de impacto ambiental hecho que transgrede evidentemente el Art 10 letra a) de la ley 19300, y que además limita la participación ciudadana y la información a la que puedan acceder . La inquietud es debemos seguir sintiéndonos satisfechos con un sistema de evaluación de impacto, que no rechaza nada que se ciega y pareciera solamente responder a un problema burocrático donde los órganos del estado emanen resoluciones sin mirar la afectación tanto de las comunidades, como al medio ambiente...
Publicar un comentario