Presentamos esta colaboración de Juan Alberto Salas, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Es un hecho conocido que existen múltiples desafíos en torno al tema del Mercado Financiero y el Desarrollo Sustentable, también, que existen para los críticos más extremos, diferencias irreconciliables entre los principios y teorías rectoras del Sector Financiero y las preocupaciones por el Desarrollo Sostenible, hecho por excelencia de las últimas décadas.
Sin embargo, y siendo bastante más optimistas, se debe reconocer que en la última década el Mercado Financiero se ha inclinado por la adopción de prácticas de gestión ambiental, social y económica que reflejen su responsabilidad social corporativa, enfocando sus negocios en la filosofía del “Triple Resultado”. Desde otra perspectiva, no sólo se busca la maximización de los recursos desde una visión económica clásica sino que la creación de valor en relación con un desarrollo responsable y sostenible.
Es en este contexto, y en parte como respuesta a la Declaración de Collevecho firmada por más de 100 ONG’s, que el 4 de Junio de 2003, diez bancos de siete países adoptaron de forma voluntaria los Principios de Ecuador, una serie de directrices en función de las políticas de la CFI (Corporación Financiera Internacional), que buscan asegurar que los temas sociales y ambientales reciban atención desde el mercado financiero cuando se atiende el negocio de la financiación de proyectos. A la fecha los Principios han sido adoptados por 54 instituciones financieras, incluyendo una institución que otorga créditos de exportación y tres bancos de países en desarrollo, al tiempo que han afrontado una revisión durante 2006 que elevo el nivel de exigencias establecidas.
El objetivo central de los Principios, que fueron elaborados por las propias instituciones involucradas bajo la amplia asesoría y orientación de la CFI, rama del Banco Mundial dedicada a la inversión del sector privado, es que la financiación de proyectos se produzca si se demuestra que los mismos reflejan responsabilidad social y ambiental. Se establece de este modo un estándar en materia de financiamiento de proyectos donde el patrocinador debe demostrar a satisfacción del banco su capacidad y disposición para asegurar que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y de acuerdo con prácticas de gestión ambientalmente aceptadas.
Los Principios se aplican a proyectos con costo de capital igual o superior a 10 millones de dólares y sin distinción respecto del sector industrial o el lugar físico en que vayan a ser desarrollados, incluyéndose incluso proyectos de carácter minero, petrolero, de gas y de explotación forestal. Bajo los Principios un proyecto se clasifica en categoría A, B o C según si el riesgo social o ambiental es alto, medio o bajo respectivamente, esta primera calificación busca que los patrocinadores demuestren que los proyectos cumplen con las leyes del país receptor y con las directrices de mitigación y prevención del Banco Mundial y la CFI.
A su vez, el estudio, debe abordar todos los temas ambientales y sociales identificados durante el proceso de clasificación, y realizar y tener en consideración consultas a las partes interesadas. Adicionalmente, y en especial en los proyectos clasificados dentro de las categorías A y B, se deberá preparar si es necesario planes de gestión ambiental que ayuden a la mitigación y monitoreo de los riesgos ambientales o sociales identificados. En los mercados emergentes, también, deberá darse cumplimiento con políticas de salvaguarda elaboradas por la CFI que entregan guías referentes a los habitats naturales, pueblos indígenas, reasentamiento voluntario, seguridad de represas, explotación forestal y propiedad cultural entre otros.
En este proceso, las instituciones no han estado solas, la CFI ofrece capacitación a los bancos respecto de sus políticas y procedimientos, a la vez que también ofrece una guía en asuntos generales cuando lo requieran y asesorarlos cuando corresponda. De esta manera se ha asumido un liderazgo responsable, comprometido y verdadero en un tema que produjo debate desde el comienzo ya que los medios de prensa y los mismos representantes de la entidades opinaban que los bancos estaban haciendo algo que rara vez las instituciones financieras hacen.
En conclusión, se deja de percibir la responsabilidad social y ambiental como un riesgo de negocio para la industria bancaria, lo que trae buenos resultados a los mismos mercados dado que se dieron cuenta que se hacían participes de un mundo globalizado y que creaban transparencia al relacionarse directamente con el desarrollo sostenible, al tiempo que se generalizan resultados para la sociedad en su conjunto, ventajas con una triple consecuencia materializada en los ámbitos económico, social y ambiental.
Sin embargo, y siendo bastante más optimistas, se debe reconocer que en la última década el Mercado Financiero se ha inclinado por la adopción de prácticas de gestión ambiental, social y económica que reflejen su responsabilidad social corporativa, enfocando sus negocios en la filosofía del “Triple Resultado”. Desde otra perspectiva, no sólo se busca la maximización de los recursos desde una visión económica clásica sino que la creación de valor en relación con un desarrollo responsable y sostenible.
Es en este contexto, y en parte como respuesta a la Declaración de Collevecho firmada por más de 100 ONG’s, que el 4 de Junio de 2003, diez bancos de siete países adoptaron de forma voluntaria los Principios de Ecuador, una serie de directrices en función de las políticas de la CFI (Corporación Financiera Internacional), que buscan asegurar que los temas sociales y ambientales reciban atención desde el mercado financiero cuando se atiende el negocio de la financiación de proyectos. A la fecha los Principios han sido adoptados por 54 instituciones financieras, incluyendo una institución que otorga créditos de exportación y tres bancos de países en desarrollo, al tiempo que han afrontado una revisión durante 2006 que elevo el nivel de exigencias establecidas.
El objetivo central de los Principios, que fueron elaborados por las propias instituciones involucradas bajo la amplia asesoría y orientación de la CFI, rama del Banco Mundial dedicada a la inversión del sector privado, es que la financiación de proyectos se produzca si se demuestra que los mismos reflejan responsabilidad social y ambiental. Se establece de este modo un estándar en materia de financiamiento de proyectos donde el patrocinador debe demostrar a satisfacción del banco su capacidad y disposición para asegurar que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y de acuerdo con prácticas de gestión ambientalmente aceptadas.
Los Principios se aplican a proyectos con costo de capital igual o superior a 10 millones de dólares y sin distinción respecto del sector industrial o el lugar físico en que vayan a ser desarrollados, incluyéndose incluso proyectos de carácter minero, petrolero, de gas y de explotación forestal. Bajo los Principios un proyecto se clasifica en categoría A, B o C según si el riesgo social o ambiental es alto, medio o bajo respectivamente, esta primera calificación busca que los patrocinadores demuestren que los proyectos cumplen con las leyes del país receptor y con las directrices de mitigación y prevención del Banco Mundial y la CFI.
A su vez, el estudio, debe abordar todos los temas ambientales y sociales identificados durante el proceso de clasificación, y realizar y tener en consideración consultas a las partes interesadas. Adicionalmente, y en especial en los proyectos clasificados dentro de las categorías A y B, se deberá preparar si es necesario planes de gestión ambiental que ayuden a la mitigación y monitoreo de los riesgos ambientales o sociales identificados. En los mercados emergentes, también, deberá darse cumplimiento con políticas de salvaguarda elaboradas por la CFI que entregan guías referentes a los habitats naturales, pueblos indígenas, reasentamiento voluntario, seguridad de represas, explotación forestal y propiedad cultural entre otros.
En este proceso, las instituciones no han estado solas, la CFI ofrece capacitación a los bancos respecto de sus políticas y procedimientos, a la vez que también ofrece una guía en asuntos generales cuando lo requieran y asesorarlos cuando corresponda. De esta manera se ha asumido un liderazgo responsable, comprometido y verdadero en un tema que produjo debate desde el comienzo ya que los medios de prensa y los mismos representantes de la entidades opinaban que los bancos estaban haciendo algo que rara vez las instituciones financieras hacen.
En conclusión, se deja de percibir la responsabilidad social y ambiental como un riesgo de negocio para la industria bancaria, lo que trae buenos resultados a los mismos mercados dado que se dieron cuenta que se hacían participes de un mundo globalizado y que creaban transparencia al relacionarse directamente con el desarrollo sostenible, al tiempo que se generalizan resultados para la sociedad en su conjunto, ventajas con una triple consecuencia materializada en los ámbitos económico, social y ambiental.
Es de esperar que se siga prosperando y cada vez veamos una aplicación más consistente incluso en los tribunales de una medida que, más que debate y crítica debe ser entendida como un aporte a la construcción de una conciencia medio ambiental en que deben trabajar los diversos sectores de la sociedad.
Algunos Link de Interés:
Principios del Ecuador en la CFI
En el Banco Mundial
Compliance Advisor Ombudsman (CAO)/ International Finance Corporation
Demanda de Incumplimiento de los principios de Ecuador. Centro de Derechos Humanos y Ambiente CEDHA
Algunos Link de Interés:
Principios del Ecuador en la CFI
En el Banco Mundial
Compliance Advisor Ombudsman (CAO)/ International Finance Corporation
Demanda de Incumplimiento de los principios de Ecuador. Centro de Derechos Humanos y Ambiente CEDHA
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