¿Por qué ha fallado el plan de descontaminación? Por Fernando Molina

Fernando Molina, abogado, colaborador del CDA y docente de nuestro Magister de Derecho Ambiental, en el que imparte un seminario de contaminación atmosférica, nos envía la siguiente contribución, publicada como columna ayer en La Segunda.

¿Por qué no se logró superar la contaminación en Santiago? ¿Es el Plan de Descontaminación (PDA) un instrumento idóneo para este problema? La respuesta es urgente y el problema grave.

Las primeras medidas del PDA de Santiago generaron una notable mejoraría en la calidad del aire. Superada esta etapa, las exigencias de descontaminación son complejas, caras y de menor impacto.

Hoy, el sistema ha fallado doblemente.

Primero, a las autoridades les ha faltado determinación para establecer medidas más eficaces. En la última modificación del PDA se eliminó toda nueva regulación para controlar las emisiones de los artefactos a leña; se postergó la norma que regula las emisiones de los autos catalíticos y no se exigió filtros en los buses del Transantiago.

Sin embargo, no todo es de responsabilidad de las autoridades ambientales. Una segunda falla es que la Ley 19300 no entrega a los PDA suficientes herramientas para hacerse cargo del cada vez más complejo fenómeno de la contaminación.

Citemos dos casos: Santiago y Temuco.

En Santiago, se esperaba disminuir las emisiones, fundamentalmente, a través del Transantiago, Ley de Bonos de Descontaminación y la mejora en los combustibles. Transantiago generó emisiones superiores a las previstas (aumentaron las frecuencias, cantidad y recorridos de los buses); la calidad de los combustibles se ha deteriorado por los cortes de gas desde Argentina y la Ley de Bonos de Descontaminación duerme en el Congreso.

En Temuco, más del 80% de la contaminación depende del uso residencial de la leña. Para controlarlo, es necesario certificar su calidad, las condiciones técnicas de los artefactos y mejorar la impermeabilidad de las casas. Sin embargo, no hay un organismo que controle el uso de la leña, y las condiciones técnicas de las viviendas son competencia del Ministerio de Vivienda, que ya anunció un programa de subsidios, en forma previa a la dictación del PDA.

Esto da cuenta que no hay una institucionalidad adecuada para administrar y exigir el cumplimiento del PDA, ya que su éxito depende de la acción de organismos públicos sectoriales, y no de la CONAMA, que carece de facultades para exigir que sus medidas se incorporen en sus políticas y programas. Pero no todo está perdido. La anunciada reformulación de la institucionalidad ambiental nos permite repensar este instrumento y darle eficacia. Para ello es necesaria voluntad política y que se priorice el bien común, especialmente cuando está en juego la vida y la salud de toda la población.