Las aguas y el desafío de su racional uso, por Jorge Aranda*

*Jorge Aranda Ortega es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Ayudante del CDA

La presión sobre el uso de las aguas, y la benigna racionalidad del mismo, dista de ser un tema novedoso. La contaminación del recurso, su escasez, y la falta de disponibilidad de agua potable en el tercer mundo son temas recurrentes en diversos foros ecónomicos y sociales. Así, en las metas del milenio, por ejemplo, la meta número 7 A, referente a incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente, usa como uno de sus indicadores la proporción del total de recursos hídricos utilizada, y la meta 7 C atingente a reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, utiliza como indicadores la proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable y la proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento.

En relación al mismo tema, cerca de 2400 científicos discutieron sobre el alcance de estas metas, del 18 al 22 del presente mes en la World WaterWeek de Estocolmo, aseverando que estas metas se alejan en la medida que no se mejoren las condicones de saneamiento de los países más pobres. Esto no hace sino demostrar la urgencia del tema, pese a su recurrencia.

Igualmente, la OECD en el Environmental Outlook to 2030 ha dado a este tema una prioridad mayor de “luz roja”, enfatizando en la escasez de agua, en la calidad de la aguas subterráneas, y tambien en el uso y contaminación del agua en la agricultura, como temas que deben ser abordados urgentemente. También cabe agregar a este elenco de sedes de discusión el recién pasado 15° Foro de Montreal, celebrado el mes de junio recién pasado, donde Angel Gurría, secreatrio General de la OECD, pronunció un discurso titulado Water: an Under-Delivered Promise, poniendo de manifiesto la urgencia de los temas ya citados.

La gestión de los recursos hidricos, según Gurría, ha de ser abordada desde tres aristas: una económica, que mira a la disponibilidad del recurso para las industrias; una social, asociada al acceso de la población a agua potable y alcantarillado; y una ambiental, afín a la limpieza de las aguas, su descontaminación, y el rol que los servicios ambientales puedan jugar en estas tareas.

De estos aspectos, la contaminación de las aguas desde el aspecto económico es relevante en países cuya industria es o fue muy contaminante, indistintamente si son o no países desarrollados. Por ejemplo, la contaminación de las aguas es el principal problema de Rusia, pese a disponer del recurso en abundancia tal que muchos envidian. Por otra parte, en Chile, donde la disponibilidad del recurso hídrico es buena desde el valle del Aconcagua al sur, la minería es una industria que debería ser seguida muy de cerca. Al menos, según lo informado por CONAMA, durante los últimos años se ha intentado mejorar la tecnología en los distintos procesos de la minería (en relación a reducir la contaminación de las aguas y en su monitoreo). Sin embargo, aún no se cuenta con suficientes datos para determinar si se ha avanzado en esta materia o no. En este sentido, es posible aseverar que este tipo de contaminación de las aguas no es privativa del norte, pues en Santiago, tanto el río Mapocho como el río Maipo están contaminados con resdiuos mineros, junto a las descargas de contaminación domiciliaria.

Sobre la arista social del problema, correspondiente a la disponibilidad de agua potable y alcantarillado, el panorama general no es alentador. Al menos se ha estimado conjuntamente por la UNICEF y la OMS que 1.200 millones de personas no disponen de sistemas de alcantarillado, encontrándose el mayor déficit en el sur de Asia, con cerca de 778 millones que los carecen, y en América Latina al rededor de 125 millones.

Con todo cabe señalar, conforme a lo afirmado por The Lancet, que es importantísimo mejorar las condiciones de salubridad para la población, considerando que las enfermedades causadas por una pobre sanitización representan una tasa del 10% aproximadamente de la morbilidad mundial. Adicionalmente, es una pésima señal la falta de manifestaciones claras al respecto por parte de la cumbre del G8, celebrada el mes pasado. O dicho de otra manera, según la UNICEF, cada euro invertido en saneamiento puede significar un ahorro de hasta 34 en costos de salud, educación y desarrollo económico.

Sin apoyo suficiente, la pobreza generada por el mal uso de las aguas alenta la contaminación de ésta en usos industriales solo para conseguir benificios económicos al corto plazo, detonando la precariedad de la tercera arista del problema: la ambiental.

Sobre este punto, la mencionada reunión World Water Week de Estocolmo, frente a la debilidad política, la mala gestión, el aumento de los residuos y la explosión de la demanda de agua están que empujando al planeta hacia el punto de inflexión de la crisis mundial del agua, recomienda, entre otras cosas: Incrementar las inversiones en saneamiento ambiental mediante el Fondo Global del Saneamiento, incentivar desarrollo sostenible de las ciudades, y la adaptación del sector de los recursos hídricos al cambio climático.

Con todo, un último aspecto que fomenta debilidades tanto en la arista ecónomica, social y ambiental, es la corrupción, conforme al lo señalado por Huguette Labelle, directora de Transparencia Internacional. La corrupción determina que en los países más pobres el agua sea proporcionalmente más cara; igualmente, de este problema no se salvan los países ricos, donde en ciudades como Grenoble, Milán y Nueva Orleans han sucedido casos de corrupción en las licitaciones de prestación de servicios, es decir, tanto humildes como opulentos no deben descuidar este punto.

Chile, sin ser el paraíso de las soluciones, parece encaminarse por buen sendero. Al menos, la OECD estima que somos un país pionero en el comercio de derechos de agua para promover el uso racional. Si sumamos a esto la reciente dictación de la ley 20.285, comentada en otra entrada por la profesora Valentina Durán, es un avance en materia de combate a la corrupción.

En fin, pese a que avanzamos, queda muchísimo por hacer.