Esta tarde se aprobó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Reforma a la Institucionalidad Ambiental, culminando con esto su tramitación legislativa iniciada en junio de 2008. Como se sabe, el Ejecutivo se comprometió con el Congreso a sujetar la vigencia de la Superintendencia, que será la encargada de la fiscalización de los principales instrumentos de gestión ambiental, a la aprobación y vigencia del proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental, ingresado a tramitación el 3 de noviembre pasado.
Algunos sectores ecologistas han hecho una evaluación negativa de este proyecto dados los acuerdos finales que permitieron su aprobación acelerada por la inminencia de las elecciones.
Cada sector o grupo de interés puede lamentar sus "bajas". Por mi parte lamento que en la negociación final se hayan descartado indicaciones como la que propusimos en el Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, y que fue acogida por los Senadores Horvath y Navarro, de incorporar importantes principios rectores en la ley. También hubiese querido que quedara resuelto hoy el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entre otras disposiciones que no se aprobaron.
Sin embargo, estimo que el resultado, que no puede ser otro que el fruto de la negociación política, es ampliamente positivo para el país y representa un paso importante en la protección del medio ambiente. Se supera, con creces, el actual esquema institucional, con la creación de un Ministerio de Medio Ambiente con potestades normativas de las que carece la CONAMA, lo que permitirá una capacidad mayor de normar en los temas sustantivos. Se separa parte de la gestión con la creación de un Servicio de Evaluación Ambiental. Por otra parte aunque no era partidaria del tribunal ambiental en los términos en que lo pedían sectores empresariales, el proyecto de ley que lo crea, cuya aprobación condiciona la vigencia de la Superintendencia según el protocolo de acuerdo suscrito, mantiene la facultad sancionatoria de la Superintendencia, que era lo importante. La creación de la Superintendencia Ambiental dotada de amplias facultades y sanciones disuasivas, además de mecanismos de flexibilidad y orientación al regulado, permitirá avanzar en el cumplimiento de las normas ambientales ajustándonos a los estándares de la OCDE. Son conocidos los problemas que tiene hoy la fiscalización ambiental y las consecuencias que eso tiene para el medio ambiente.
Los sectores ecologistas debieran tener en cuenta que según el proyecto de tribunal ambiental, éste va a conocer de un recurso de ilegalidad de los actos del servicio de evaluación ambiental, con titularidad amplia. Hoy existen recursos administrativos escasos y de titularidad restringida y un recurso de protección que, salvo en el reciente caso de Campiche, no cuestiona las decisiones de la autoridad ambiental. En ese sentido, el que se eleven los estándares de construcción de la autorización vinculándola a los informes sectoriales, es relevante porque una resolución de calificación ambiental que no se justifica adecuadamente podría permitir reclamar de su ilegalidad, como lo establece el proyecto de Tribunal Ambiental. Por lo tanto se avanza en el acceso a la justicia ambiental, lo que se une a la creación explícita de la denuncia ciudadana por incumplimiento ambiental que da al denunciante el carácter de interesado.
El proyecto crea un nuevo instrumento como la evaluación ambiental estratégica de políticas sectoriales, siguiendo el modelo europeo, con lo cual se evaluarán ambientalmente políticas y planes que impacten al medio ambiente, descomprimiendo el Sistema de Evaluación Ambiental al llevar la evaluación a un estadio previo de las decisiones. Hay avances importantes también en acceso a la información activa y pasivas, entre otras ganancias desde la perspectiva ambiental.
En suma, celebro la noticia de la aprobación de este proyecto de ley, que sumado al cumplimiento de los compromisos políticos y a la inclusión de un artículo transitorio que impone la creación, en un año, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas bajo dependencia del Ministerio de Medio Ambiente, es mejor que la situación actual y que la incertidumbre de dejar este proyecto de ley a un próximo gobierno y parlamento.
4 comentarios:
El problema es trasladar la potestad sancionadora al tribunal. Eso tiene efectos sobre todas las superintendencias y órganis fiscalizadores. Se avanza en la paralización de la gestión no sólo en materia ambiental sino particularmente en bancos y valores. Este proyecto tiene efectos colaterales que perjudican al público.-
William, en primer lugar muchas gracias por su comentario. Cuando sectores empresarios plantearon la necesidad de un tribunal ambiental que aplique las sanciones, y autorice medidas como la inspección de un establecimiento, fui la primera en oponerme, tal como consta en mi intervención ante la Comisión del Medio Ambiente en el Senado. El llamado "enforcement" que es el hacer cumplir las normas, requiere de la concurrencia de ciertas potestades clave entre las cuales está la potestad sancionatoria. Por eso manifesté mi desacuerdo con un tribunal en esos términos. Sin embargo este proyecto de tribunal mantiene la potestad sancionatoria de la Superintendencia, haciendo reclamables las sanciones ante este tribunal que es nuevo, en lugar de que sea ante un tribunal ordinario. Además el tribunal deberá autorizar algunas medidas provisionales. Por lo tanto no se traslada la potestad sancionatoria de la Superintendencia sino que se crea un contencioso administrativo.
Enhorabuena entonces que tu intervención ayudó a mantener la potestad sancionadora en la Super.
De todos modos, la autorización de las medidas provisionales es parte de una estrategia mayor de las empresas (que, de hecho, ya habían perdido en el TC a propósito de la reforma a la ley de la libre competencia).
Es ese temor, es decir, de esa estrategia global de ponerle controles judiciales previos (obviamente no la revisión judicial posterior, naturalmente), en la que, considero, la ley sobre tribunales ambientales me parece una pérdida.
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