Siguiendo opiniones anteriores reproducidas en este blog, sobre Institucionalidad Ambiental y sobre la Tramitación del Proyecto de Ley que da rango de Ministro al Pdte del Consejo Directivo de la CONAMA de Rafael Asenjo, Valentina Durán (1º + Gonzalo Medina), (2ª comentada por Leonidas Montes y Sergio Praus) , Hernán Durán, Nicolo Gligo, Luis M. Rendón y Raúl O'Ryan , reproducimos a continuación la Columna de Rodrigo Pizarro, director ejecutivo de Fundación Terram, publicada en La Nación, el 29 de mayo de 2006.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó la idea de legislar, respecto al proyecto de ley que crea el cargo de presidente de la Conama y otorgarle rango de ministro de Estado. La iniciativa cumple con uno de los compromisos de la Presidenta Michelle Bachelet, así como un reconocimiento de prácticamente todos los sectores de la sociedad de la necesidad de contar con un Ministerio de Medio Ambiente.
Este es el primer paso en una reforma institucional mayor en la materia. El Gobierno se compromete a la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, de una Superintendencia de Fiscalización y de un Servicio Nacional de Parques. Todos requisitos fundamentales para avanzar hacia un sistema institucional más coherente con las necesidades de Chile.
Dado el carácter unitario del país y la gestión gubernamental sectorial, a principios de los '90 se optó por una institucionalidad coordinadora, dejando la formulación e implementación de políticas en manos de los ministerios sectoriales, para sólo ser coordinada por la Conama, un servicio transversal y dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El carácter sectorial -pero coordinado- de la política ambiental se expresa en el órgano político máximo: el Comité de Ministros de Conama, donde participan los ministerios sectoriales. Éste es presidido por la ministra de Segpres, quien es presidenta de la Conama y, además, cuenta con una serie de funciones específicas que, en los hechos, la convierten en ministra de Medio Ambiente; por ejemplo, en la aprobación de normas. La propuesta del Ejecutivo apunta a crear el cargo de presidente de Conama independiente de la Segpres y, eventualmente, traspasando las atribuciones y funciones de la ministra de la Presidencia en materia ambiental, a este nuevo funcionario de dedicación exclusiva (aunque esto último no se explicita en el proyecto de ley). Desafortunadamente, la iniciativa legal no puede traspasar las funciones de carácter administrativo al nuevo titular, pues no cuenta con Ministerio. Por esto, el proyecto es confuso respecto de las funciones específicas de los titulares de la Presidencia, Conama y el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, que no tendría las funciones específicas establecidas por el proyecto de ley. Eventualmente, en la reforma institucional mayor será necesario resolver las confusiones administrativas y delimitar claramente las funciones y atribuciones de cada uno de estos funcionarios. A lo menos, será necesario traspasar todas las funciones y atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia -y algunas de la dirección de Conama- al nuevo ministerio; por ejemplo, funciones normativas sobre calidad y emisión, y declaración de zonas saturadas.
La propuesta del Ejecutivo debe ser entendida como un primer paso necesario y absolutamente fundamental para avanzar en la reforma mayor. Pero no puede ser concebida como una estructura institucional permanente, pues, a menos que se reforme administrativamente el engendro diseñado será incluso peor que el actual esquema institucional.
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