Caso Celco: opinión de Claudia Sepúlveda

Durante el año 2005, el CDA siguió atentamente el Caso Celco, publicando sus opiniones en la prensa (ver archivo de junio y julio y agosto) y en la Revista de Derecho Ambiental Nº2 (pronto disponible en PDF).

En el Segundo Diálogo, sobre "Reforma a la Institucionalidad Ambiental", del viernes 7 de julio, uno de los aspectos a tratar será el Diagnóstico, es decir, la respuesta a las preguntas: ¿Por qué debiésemos reformar la actual institucionalidad ambiental? ¿Que fallas o problemas queremos evitar o disminuir con una reforma?

A partir del caso Celco surgen muchos elementos de diagnóstico de la gestión ambiental y un sinnúmero de opiniones. Reproducimos acá la particular visión de Claudia Sepúlveda Luque, Socióloga, Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, quien aporta a este blog su columna, publicada en "Valdivia Noticias" el 25 de junio de 2006.

LA DOCTRINA FREI DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES CONSUMADOS: EL KARMA QUE A BACHELET LE TOCA SUPERAR

La muerte del Río Cruces en Valdivia sigue ocurriendo: CELCO descarga hoy los mismos compuestos que causaron el colapso del humedal de 6 mil hectáreas que, irónicamente, está protegido por el Estado y por la Convención Ramsar. El ecosistema no muestra señales de recuperación: los contaminantes han aumentado en las aguas del Santuario, los cisnes que migraron este verano agonizan otra vez y las aguas envenenadas son consumidas por cientos de familias rurales. En términos geológicos, la huella del desastre quedará registrada en capas de sedimentos tóxicos que serán el testigo fósil del fracaso de la institucionalidad ambiental chilena en este rincón del planeta.
Un estudio científico publicado esta semana, cuyo autor es el geoquímico Sandor Mulsow, de la Universidad Austral de Chile demuestra experimentalmente y con mediciones de terreno el mecanismo a través del cual los Sulfatos descargados por CELCO causaron la muerte del luchecillo y, como efecto, la muerte de los cisnes y otros herbívoros. Este estudio cierra de manera definitiva la discusión sobre la responsabilidad directa de CELCO. A su vez, refuerza las contundentes evidencias aportadas por el estudio que la misma Universidad Austral divulgó hace más de un año y que debieran bastar para detener la descarga de la Planta CELCO e, incluso, para revocar la autorización que en 1998 permitió su operación.
Cuesta aceptar que un desastre de esta magnitud se perpetúe por más de dos años sin que ninguna medida para detenerlo se haya implementado ni por las autoridades ni por la empresa. Pero lo más grave es que la Planta de CELCO no sólo sigue descargando los mismos contaminantes que colapsaron el ecosistema sino que tal descarga fue autorizada por la COREMA X al margen de la ley.
En efecto, CELCO nunca declaró que vertería Sulfatos al Río Cruces por lo que estos compuestos no fueron autorizados en la resolución que aprobó el proyecto. Y aunque los monitoreos del Santuario registraron altas cantidades de Sulfatos la empresa negó estar descargándolo al humedal. Ello a pesar de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios midió 59 toneladas diarias de Sulfatos en los residuos que CELCO vertía al Río Cruces a fines del 2004. Lo que legalmente correspondía, como recomendaron en mayo de 2005 los servicios competentes, era detener la descarga de Sulfatos y otros compuestos no autorizados hasta no realizar una evaluación de sus impactos. Sin embargo, la COREMA X, presidida por el Intendente Vives, autorizó a CELCO, sin la evaluación legalmente exigida, a continuar vertiendo hasta 40 toneladas diarias de Sulfatos. No sólo eso: un mes más tarde aumentó a 60 las toneladas diarias de Sulfatos autorizadas ilegalmente. Es decir, una cantidad aún mayor de la que produjo el desastre.
El caso CELCO remeció los cimientos de la institucionalidad ambiental. Se acuñó así el concepto “antes y después de CELCO” para graficar que los graves errores cometidos no podían volver a repetirse. Pero lo cierto es que el desastre institucional, lo mismo que el ambiental, ha continuado perpetuándose. ¿Cuál es el origen de esta política de administrar los impactos ambientales desastrosos como si fueran hechos consumados irreversibles, obviando incluso las leyes y normas que supuestamente debieran evitarlos?Su origen está en la doctrina estatuida por el ex Presidente Eduardo Frei. Fue durante su mandato que entró en vigencia la Ley de Medio Ambiente y comenzó a operar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Frei acuñó el concepto de que “ninguna inversión se detendría por consideraciones ambientales” y de que el SEIA no estaba diseñado para rechazar proyectos sino para “mejorarlos ambientalmente”. Con ello se consagró la práctica de que el principio preventivo de la evaluación ambiental debía reducirse a la mera aprobación condicionada de proyectos, supeditándose las evaluaciones técnicas a las prioridades de inversión administradas políticamente a través del SEIA.
La demostración de tal práctica se expresó en el apoyo público de Frei a los proyectos Trillium y Ralco antes de que sus evaluaciones ambientales concluyeran y a pesar de los informes técnicos en contrario. En el caso de la Planta de CELCO en Valdivia el Comité Técnico de la COREMA X rechazó el proyecto en enero de 1996 por considerarlo ambientalmente inviable. Pero dos meses más tarde Frei puso la primera piedra de la Planta obligando a la COREMA X a aprobarla con condiciones que en su mayoría no se fiscalizaron ni se cumplieron. El ahora Senador Frei sigue favoreciendo los intereses de CELCO a través de gestiones que empañan su imagen pública.
La intervención política de las aprobaciones ambientales, inaugurado por el ex Presidente Frei, es un karma que sigue pesándonos como país. La autorización ilegal que la COREMA X le dio hace un año a CELCO para descargar Sulfatos es igualmente resultado de la intervención política que entonces realizó el ex Presidente Lagos al ordenar que la Planta no podía detenerse. Mientras este tipo de situaciones siga ocurriendo, el SEIA continuará siendo un instrumento permeable políticamente, administrado en las regiones por autoridades designadas que, como en el caso del ex Intendente Vives, pueden llegar a ser los mejores operadores de empresas irresponsables ambientalmente.
Las recientes aprobaciones de la Planta Itata de CELCO y del proyecto Pascua Lama han seguido el mismo camino de la Planta Valdivia. En ambos casos persisten serias dudas sobre los impactos que podrían ocurrir, las que no fueron resueltas por las evaluaciones ambientales. Sin embargo, las respectivas COREMAs aprobaron los proyectos con un listado de condiciones que supuestamente permitirán detectar impactos no previstos, tal como se hizo en Valdivia. Nada asegura que los organismos competentes serán capaces de identificar señales de cambios negativos en el ambiente, como no la tuvieron en Valdivia. Tampoco existe la seguridad de que, aún existiendo monitoreos que alerten de efectos dañinos, los servicios públicos reaccionarán oportunamente, como no lo hicieron en Valdivia. Y, finalmente, existiendo la evidencia para demostrar los impactos y su origen, nada garantiza que las autoridades detendrán las operaciones que los causaron, como no lo han hecho en Valdivia.
La actual Directoria de CONAMA se comprometió con la ciudadanía de Valdivia a hacer llegar a la COREMA X la publicación del Dr. Mulsow que obliga a revisar la autorización que permite a CELCO descargar Sulfatos al Río Cruces. Es de esperar que estos contundentes antecedentes tengan los efectos administrativos que la ley exige y que, de una vez por todas, la CONAMA haga lo que es correcto, sin intervenciones políticas. Al gobierno de la Presidenta Bachelet le corresponde desprenderse del karma que tristemente heredó de sus antecesores.