¿Y la institucionalidad ambiental? Por Sergio Montenegro

La siguiente columna del Prof. Sergio Montenegro fue publicada en la sección "Ideas y Debates" de La Tercera, el 15 de febrero pasado.

Durante los últimos gobiernos de la Concertación se ha insistido por sus más altas autoridades que frente a problemas de gran impacto o atención ciudadana se permita que las instituciones competentes funcionen, sin interferencias o presiones de ninguna especie. Ello ha sido frecuentemente hecho valer respecto de temas sometidos a instancias judiciales, laborales, tributarias y otras, y se sustenta en claras disposiciones constitucionales y legales.

Pero, curiosamente, estas mismas altas autoridades han erosionado estos básicos principios con ocasión de proyectos con fuertes implicancias ambientales. En estos días las precipitadas e inoportunas declaraciones del ministro del Interior, apoyando el megaproyecto Hidroaysén, son una muestra más de esta mala práctica, con las agravantes de que aún no se conoce el proyecto definitivo que debería ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y se presiona para crear un escenario favorable a esta iniciativa aprovechando una situación coyuntural de “crisis energética” que no va a ser resuelta, aunque se apruebe este proyecto, que estaría operable hacia 2013.

Pero estas intromisiones indebidas o presiones sobre la institucionalidad ambiental no son una excepción: desde la amenazadora advertencia del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle, en la inauguración de la central Pangue, de que el “temita ambiental” no paralizaría ningún proyecto de inversión; continúa esta práctica durante la tramitación del proyecto Ralco, con la confusa renuncia de la ex directora de Conama Vivianne Blanlot; se profundiza con la desafortunada presión del gobierno para el fenecido proyecto Trillium; sigue con los lamentables episodios del proyecto Celco-Valdivia; la inoportuna y precipitada declaración del ex Presidente Lagos en Puerto Chacabuco advirtiendo que el proyecto Alumysa “debía ser aprobado”, etc.

Todas estas intervenciones le causan un grave daño a la institucionalidad ambiental, por cuanto atentan contra su credibilidad y su capacidad para resolver dentro de las normativas jurídicas vigentes sobre la calificación ambiental de un proyecto sometido a su resolución. Significan una presión indebida contra la objetividad y evaluación técnica que deben ser aplicados por la Conama o Corema.

Además, sobre el proyecto Hidroaysén ni siquiera se tiene la versión definitiva que se presentará ante la autoridad ambiental. De hecho, según algunas versiones, las empresas Endesa-Colbún estarían reduciendo la superficie a inundar, a una superficie bastante menor que la anunciada inicialmente, con lo cual tácitamente estarían reconociendo el grave impacto ambiental que ello trae consigo y, más preocupante todavía, es el hecho que no se tiene claridad sobre el trazado por el cual se construirían las torres y el tendido de transmisión de la energía eléctrica obtenida.

Se da a entender que no hay otra alternativa energética para el país, no sólo para enfrentar la actual situación, sino con una proyección de largo plazo, en vez de abordar desde ya otras opciones menos conflictivas y deteriorantes del medioambiente como las energías renovables no convencionales, de entre las cuales debieran privilegiarse las más disponibles en Chile, como lo son la eólica, solar y geotérmica. Ellas están siendo fuertemente explotadas en Europa y EE.UU., lo que constituye un mentís a quienes internamente las descalifican como “fantasías”.