Reforma a la institucionalidad ambiental y agenda azul: Desafíos pendientes, por Loreto Quiroz

Loreto Quiroz es abogada de la Universidad de Chile. Ayudante del CDA, es también ayudante del Programa de Antropología Jurídica de nuestra Facultad. Además de cursar el Diplomado de Gestión Socio-Ambiental y Sustentabilidad de la Universidad de Chile, ha desarrollado su carrera en torno al tema de los recursos hídricos.

Una de las novedades menos visibilizadas de la reciente reforma a la institucionalidad ambiental es la inclusión de la denominada agenda azul dentro de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente, esto es la inclusión de los recursos hídricos de manera integral dentro de la gestión ambiental. Tal incorporación se concreta en el artículo 70 de la reformada ley 19.300, norma que prevé en su letra (i), como una de las atribuciones del Ministerio referido, el "proponer políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan los criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación de los recursos hídricos".

La inclusión es altamente relevante en atención al nivel de presión existente en la actualidad sobre las aguas y el papel fundamental que juega este recurso en el mantenimiento de los equilibrios ecosistémicos. Sin embargo, y a propósito de las características de la legislación sectorial en la materia, surge de manera inmediata la interrogante sobre la manera en que dicho mandato se llevará a la práctica y la forma en que este se acoplará a la legislación sectorial referida a las aguas.

Al respecto cabe hacer presente que el Código de Aguas vigente pone un fuerte acento en la dimensión económica del recurso, relegando la relevancia en términos sociales y ambientales de las aguas, así por ejemplo la legislación pertinente, a pesar de declarar las aguas como bienes nacionales de uso público, diseña un sistema que valora al mercado como el instrumento de distribución del recurso por excelencia, concibe estos derechos como desvinculados de la tierra de la que fluyen, no los sujeta a un uso determinado y otorga amplias potestades sobre los recursos hídricos a los particulares asignatarios de los derechos de aprovechamiento de aguas, debilitando de este modo la posibilidad de una gestión de las aguas que considere las complejidades propias del recurso y que contemple la gestión integrada de cuencas.

En virtud de lo anterior la operatoria de la incorporación de la agenda azul en materia ambiental representa un desafío mayor, en tanto para cumplir con la atribución establecida en el artículo 70 letra i) de la reformada ley 19.300 se hace imprescindible una discusión sobre las implicancias medioambientales del sistema de asignación y gestión del recurso diseñado por el Código de Aguas.

Dicho de otro modo: para poder proponer políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan criterios básicos y medidas preventivas que tengan una incidencia real y vinculante en la recuperación y conservación de los recursos hídricos, es necesario una reforma en la legislación sectorial pertinente, ello puesto que para lograr dichos objetivos se hace necesaria una mayor capacidad de gestión de los recursos hídricos por parte de la autoridad ambiental, capacidad que atendidas las características del sistema de asignación y administración de recursos hídricos vigente, se encuentra anulada en virtud de las fortalezas del derecho real de aprovechamiento de aguas .

La única manifestación en la legislación positiva de esta necesidad de acople entre la legislación sectorial en materia de aguas y la normativa ambiental, a objeto de hacer operativa la agenda azul, la encontramos en la materia relativa al caudal ecológico mínimo (De acuerdo al artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, el caudal ecológico mínimo es el que permite la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente).

La misma ley 20417, norma que reformó la institucionalidad ambiental e incluyó los recursos hídricos dentro de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente, dispuso una modificación al artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, al señalar que un reglamento, que deberá llevar la firma de los Ministros de Medio Ambiente y Obras Públicas, determinará los criterios en virtud de los cuales se establecerá el caudal ecológico mínimo.

Estimamos que, si bien es cierto esta norma es relevante en virtud de la materia sobre la que versa, atendidas las características del Derecho de Aguas vigente en nuestro país, el hecho de que sea la única disposición que versa sobre la gestión ambiental de los recursos hídricos revela la inmensidad de los desafíos pendientes para una inclusión cualitativa de la agenda azul en materia ambiental.

Columna Nº335 Navidad 2010

A los lectores de este blog, a los fieles y no tan fieles, a los que comentan después de cada columna y a los silenciosos, que suman ya 94.936 visitas:

A los profesores, investigadores, alumnos y alumnas, ayudantes, y amigos, autores de las 334 columnas publicadas:

Han pasado más de 5 años desde que nació este espacio, motivado con la idea de generar opinión sobre la actualidad ambiental, nacional e internacional, desde nuestra disciplina del Derecho Ambiental.

Empezamos con una primera columna el año 2005, en la que comentábamos una sentencia de la Excma. Corte Suprema sobre el bullado caso CELCO Valdivia, caso que motivó muchas otras columnas, artículos y opiniones hasta el día de hoy, levantando temas como la certeza jurídica para la inversión, el daño ambiental, y el acceso a la justicia ambiental.

Seguimos y comentamos desde un inicio, la reforma a la institucionalidad ambiental que finalmente vio la luz este año con la Ley 20.417. Los conflictos ambientales en torno al SEIA con casos como Barrancones, Campiche y otros, han motivado muchas opiniones, incluso de nuestros activos alumnos de la clínica ambiental de la U. de Chile, especialmente interesados en los aspectos jurídicos de la participación ciudadana en los temas ambientales.

La fiscalización ambiental, el inagotable tema de la energía, los desafíos de la protección de la biodiversidad, el cambio climático y por su puesto, el régimen de las áreas protegidas, son temas que seguirán discutiéndose con fervor en los próximos años.

Tenemos numerosas visitas desde Chile, y también, nos informan las estadísticas, un buen número de lectores desde Estados Unidos, México, Venezuela, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Reino Unido, Alemania, entre otros países.

A todos: muchas gracias por su atención, unas muy felices fiestas, que quede atrás este año terremoteado y tengan un feliz 2011.

Valentina Durán

Editora del blog

Co-directora del Centro de Derecho Ambiental

Cancún, más allá de la crónica de una muerte anunciada, por Solange Villarroel*

*Solange Villarroel es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra casa de estudios y ha sido ayudante del CDA desde el año 2008. Actualmente vive en Estados Unidos y continúa colaborando con nosotros.

Entre los días 29 de noviembre y 10 de diciembre se desarrolló en el famoso balneario mexicano la reunión número 16 de la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático y la reunión número 6 de las Partes del Protocolo de Kioto.

Debido al punto ciego que generó la reducción de emisiones de los mayores emisores de gases efecto invernadero (Estados Unidos y China), en esta reunión,a diferencia de lo ocurrido en Copenhagen, el tema se encontraba, fuera de discusión en el ámbito de la Convención de Cambio Climático. Más allá de la tradicional discusión de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de la responsabilidad histórica, ayudaron a tomar esta decisión la crisis económica mundial, que ha provocado importantes recortes presupuestarios para los países y la derrota del partido Demócrata en las elecciones del parlamento de Estados Unidos, que paralizaron la discusión de la ley de Cambio Climático en dicho país.

No obstante lo anterior, igualmente se tocó éste tema en el seno de las discusiones del segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. Esto se produjo cuando la delegación nipona, se negó rotundamente en la apertura de la conferencia a continuar con el Protocolo en las condiciones actuales, es decir sin considerar reducciones de Emisiones de China y Estados Unidos. Irónicamente desde el mismo Kioto revuelan las voces que si bien es cierto no son nuevas, hacen cada vez más certero que estos serán los últimos años del Protocolo tal como lo conocemos.

A pesar de este pesimista escenario, según expertos en mercados financieros y consultores chilenos, esto no significa que el Mecanismo de Desarrollo Limpio vaya a desaparecer. Según éstos el mercado se ha desarrollado bastante y continuará por si sólo en los Mercados locales, como por ejemplo el European Union Emission Trading Scheme (Unión Europea) Tokyo Metropolitan Government (Japón) y Chicago Climate Exchange (EEUU). Las posibilidades de desarrollo y la vitalidad que tendrá el Mecanismo en dicho escenario es un tema por estudiar, pero al menos la opción de que este tipo de proyectos sigan funcionando no está cerrada.

Y bueno entonces más allá de la muerte anunciada… ¿Qué se sacó en limpio en Cancún?

1. .1. 1. Una nueva resolución sobre REDD+ * En términos prácticos según dijo el Director General de la FAO: "REDD+ significa que los agricultores y la población rural de los países en desarrollo ya pueden ser recompensados por los servicios climáticos que suministran a la humanidad…" "será necesario que haya inversiones en la agricultura sostenible para reducir la presión que se ejerce en los terrenos boscosos y, sobre todo, para asegurar alimentos para todos…”. Si bien es cierto esta nueva resolución parece ser insuficiente, dada la oposición de países como Bolivia, esta resolución fue considerada como un avance. (FAO, PNUD, PNUMA)

2. 22..2. El compromiso de los países desarrollados de proveer US$ 100.000 millones por año hacia 2020 para propósitos de adaptación y de proveer economías más sustentables. Aún no se estableció la forma de realizar esto, ni lo que tendrían que realizar los países a fin de obtener estos fondos. Todo esto tendrá se seguir negociándose en los futuros encuentros, pero pareciera ser un avance relativo para ayudar a las economías en desarrollo.

Como podemos ver aún queda mucho por hacer, como señaló Connie Hedegaard, la Comisionada Europea de Acción por el Clima. Quedan muchos temas por discutir en el ámbito de la distribución de fondos, del funcionamiento del REDD y finalmente con los compromisos de reducción de emisiones. Este último acuerdo pareciera ser imposible de alcanzar y como probablemente el Clima no esperará hasta que países como Estados Unidos o China cedan, la opción más cercana que nos queda para reducir emisiones es la creación de nuevas y mejores herramientas financieras para incentivar mejoras en las cadenas productivas.

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*NOTA:

REDD es un mecanismo para incentivar a los países en desarrollo a proteger, gestionar mejor y utilizar con cuidado sus recursos forestales, para así contribuir a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo nacional. “REDD+” va más allá de la deforestación y la degradación de los bosques e incluye el papel de la conservación, el manejo sostenible de los bosques y la valorización de las reservas de carbono.

Cancún o la búsqueda de la luz al final del túnel, por Ana Sas*

*Ana Sas es egresada de Derecho de la Universidad de Chile, ayudante del Centro de Derecho Ambiental y esta es su quinta columna en nuestro blog.

Luego de la gran decepción de Copenhague 2009 [1], poco o nada se ha sabido de la 16° Conferencia de Partes (COP), que termina hoy en Cancún. Las grandes expectativas acerca de los resultados de las complejas negociaciones ya no están, tras el polémico Acuerdo de Copenhague [2], y se ha llegado a afirmar que un segundo fracaso en las negociaciones podría acabar por minar la credibilidad y legitimidad del modelo de negociación del cambio climático [3].

Pero el escenario pre-Cancún no ha sido sencillo; El papel del gobierno mexicano en esta ronda 16° de negociaciones ha sido bastante complejo, ya que además de tener que aprender rápidamente de los errores cometidos en Dinamarca, ha tenido que reconstruir la confianza entre las partes, fuertemente menoscabada el año pasado en Copenhague. En palabras de la experta Dora Llanes, asesora de la Comisión de Recursos Naturales y Pesca del Senado mexicano [4]: “Los delegados que acudieron a la primera reunión de los grupos de negociación en Bonn en el primer trimestre del año tenían un ánimo frágil, literlamente fue como si los azotara un huracán. Copenhague dejó muchos daños en términos de confianza en el proceso”.

Para reconstruir la confianza perdida, el gobierno mexicano ha intentado incluir en el proceso de negociación a todos los actores involucrados, rescatándose la importancia de la ciudadanía en el rumbo de las negociaciones: “Una acción más rápida y efectiva contra el cambio climático requiere de gobiernos abiertos a recibir ideas frescas y la participación activa de cada parte de la sociedad civil, especialmente de las personas jóvenes, ya que es su futuro el que está en juego. Esto enfatiza el compromiso de las negociaciones a permanecer abiertas, transparentes y comprometidas” Afirmó la Doctora Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC [5].

Para esta cumbre las expectativas son bastante moderadas. No se espera, necesariamente lograr en esta ocasión un acuerdo jurídicamente vinculante, pero sí avanzar en aspectos técnicos, “igualmente importantes” [6].

Como temas más importantes en esta ocasión, Dora Llanes enumera los siguientes: acordar las metas de reducción de largo plazo y la definición de la forma legal del acuerdo que las partes hayan de adoptar o bien en Cancún 2010 o ya en Durban 2011. Además, señala como temas cruciales los mecanismos de medición, revisión y verificación (MRV) de las reducciones de emisiones realizadas por países en vías de desarrollo con aportes de países desarrollados, lo cual, en palabras de Llanes, implicaría el compromiso de China por reducir emisiones; Que los Estados Unidos se integren de lleno en el proceso de negociaciones y el Mecanismo Financiero, dentro del cual es vital la determinación de cómo se canalizarán los recursos para la adaptación en los países más vulnerables por los efectos del cambio climático. Otro tema que está cobrando gran relevancia en las negociaciones es la captura de carbono.

A pesar del ánimo cauteloso que ha rodeado esta Reunión de las Partes, es de destacar que ya el sábado 4 de Diciembre los dos órganos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático concluyeron su trabajo, con diversas decisiones preliminares que serán propuestas para su adopción en la conferencia del 10 de Diciembre [7]. Entre ellas se incluyen decisiones sobre apoyo continuo y reforzado en materia de adaptación y mitigación a los países en vías de desarrollo, los que incluyen transferencia de tecnología. Además, se cuenta un pre acuerdo que define al almacenamiento de carbono como una actividad elegible para el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en caso de cumplirse ciertas evaluaciones de riesgo y seguridad.

Si bien el resultado final de esta Reunión de Partes lo veremos a partir del 10 de Diciembre, desde ya podemos afirmar que el fracaso de Copenhague podría ser parte del éxito de esta Reunión: expectativas más cautas, la importancia de incluir a todos los actores involucrados (dentro de los cuales están, efectivamente, la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales) y la conciencia en los negociadores del costo de no llegar a acuerdos pueden marcar una diferencia en esta ocasión. Quizá ahora no lleguemos a un acuerdo jurídicamente vinculante, pero si se determina la forma en que un acuerdo de esta índole debe ser adoptado, tendremos un camino pavimentado a un acuerdo Post-Kyoto para Durban 2011.

En Copenhague se evidenció que los balances de poder han cambiado desde que el Protocolo de Kyoto fue negociado y que es necesario un liderazgo claro y potente al interior de la COP, además de una ciudadanía más activa y propositiva. A mayor abundamiento, Llanes destaca el papel de los ciudadanos como generadores de cambios que no son posibles de adoptar por los Estados a través de medios diplomáticos: los ciudadanos pueden, modificando sus pautas de consumo, lograr que en los procesos de producción se cumplan con estándares de emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, no existe más luz al final del túnel que la de las lecciones aprendidas y que cada actor desempeñe su papel de la mejor forma posible.

NOTAS:

[1] MENDEZ, Rafael. Van Rompuy: “Copenhague fue un desastre. Las cumbres del clima no funcionarán”. [enlínea] El País.com

[2] Este acuerdo político, que no es jurídicamente vinculante surgió como un desesperado intento por parte de los jefes de Estado de 28 países de salvar a la COP 15 luego de dos semanas de infructuosas negociaciones. Fue negociado entre 28 jefes de Estado convocados por el primer ministro danés, entre las cuales se cuentan los de Brasil, China, Sudáfrica, India y los Estados Unidos, a puerta cerrada, durante las últimas 24 horas de la Conferencia de Copenhague. El texto del Acuerdo ha sido duramente criticado: se ha señalado, por una parte, que se trata de un texto poco ortodoxo, tanto por el procedimiento que fue tomado para su redacción como por las personas que lo redactaron, ya que rara vez son los mismos Jefes de Estado los que confeccionan los textos de los acuerdos internacionales. En seguida, todo el proceso que rodeó a la adopción de este Acuerdo fue visto como exclusivo y poco respetuoso por parte de las naciones que no formaron parte del proceso de negociación. estas naciones supieron de la existencia del Acuerdo y de que existía este proceso paralelo de negociación sólo una vez que este estaba listo y fue presentado para la aprobación de las demás partes en una caótica reunión. El Acuerdo también establece un mecanismo tecnológico que será impulsado por cada país, basado en las circunstancias y prioridades nacionales. Se ha señalado que es difícil evaluar este mecanismo con la escasa información sobre él que provee el texto del Acuerdo. En última instancia, se ha señalado que es positivo que este Acuerdo no sea jurídicamente vinculante, dada su pobre redacción.

[3] COLPISA, AFP. Clima: Cancún para olvidar Copenhague. [en línea] La Voz de Galicia.es

[4] Entrevista personal.

[5] UNFCCC. Comunicado de Prensa. Decisiones preliminares acordadas en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en Cancún presagian un resultado fuerte de la reunión en México. [en línea]

[6]BLADE Gabriela. Podrían llegar 22 presidentes. Cancún: playa, cielo y cambio climático [en línea]. ">El Mercurio.com

[7] UNFCCC, op cit.

En honor a la verdad, por Ana Lya Uriarte

Nota de la editora:

En esta columna, previamente publicada en el blog "El quinto poder" bajo el título "Santiago y su mejor aire" , la investigadora del CDA, Ana Lya Uriarte, escribe esta vez en su calidad de Ex-Ministra del Medio Ambiente, en relación con el anuncio de la baja en el número de días con mala calidad del aire en un 34% respecto del año pasado, en la Región Metropolitana.

La magia no existe en materia de mejoramiento de calidad del aire. Los avances responden a esfuerzos desplegados durante largos años y eso no puede ser refutado (al menos seriamente). Los resultados positivos de hoy, sólo se explican en las medidas estructurales de ayer.

La Región Metropolitana es muy compleja en materia de calidad del aire pues geográficamente está condenada a tener mala ventilación, por tanto, lo único realmente efectivo es reducir emisiones contaminantes.

Hemos limpiado los combustibles y ello es esencial en la descontaminación: en el año 1994, ENAP, con presupuesto público, redujo el azufre en el diesel de 5.000 a 3.000 partes por millón (ppm). El año 2000 se produce una segunda reducción importante en azufre, pasando esta vez de 1.500 a 1.000 ppm. Nuevamente con presupuesto público ENAP actúa, y en el 2001 se elimina el plomo de las gasolinas. En enero de 2010, en un nuevo esfuerzo público, Enap entrega el nuevo diesel con sólo 50 partes por millón de azufre. Un ejemplo mundial.

En el año 1997 ingresa, masivamente, el gas natural a la Región Metropolitana. Sabemos que es muchísimo menos contaminante que el petróleo. Las industrias migraron masivamente a este combustible que ambientalmente demostró ser una adecuada decisión, como lo ha sido también la creación de las plantas regasificadoras que hoy nos permiten tener este combustible disponible y que, en los casos que así se haya establecido en el sistema de evaluación de impacto ambiental, debe ser el “alimento” de nuestras industrias. Hay que, eso sí, fiscalizar adecuadamente.

El Transantiago, por otra parte, ha comenzado a jugar su rol. No sólo porque ha gatillado la salida de miles de buses antiguos, sino que, conforme a lo previsto, incorpora los filtros de partículas y actúa generando las sinergias positivas del transporte de superficie con el subterráneo.

El listado de medidas sería larga de enumerar, lo positivo es que la evidencia empírica nos viene indicando desde hace un par de inviernos que, en su momento, se tomaron buenas decisiones y que debemos seguir empeñados en avanzar.

Evaluación ambiental estratégica y política energética, por Alejandra Donoso*

* Nota de la editora:

Alejandra Donoso Cáceres fue alumna de la clínica ambiental durante el segundo semestre de 2010. Como ya es tradición, publicamos acá algunas de las columnas que los alumnos del curso escriben el el marco del módulo "El conflicto ambiental". En la foto, se puede apreciar la clínica ambiental en acción.

La ley 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, introdujo una serie de modificaciones a la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Estas modificaciones nos plantean la interrogante sobre el sentido de las instituciones ahí establecidas. Un ejemplo es la Evaluación Ambiental Estratégica, establecido en el párrafo 1 bis del Título II de la Ley 19.300.

Según consta en el Mensaje del Ejecutivo con que se inició el proyecto de ley, la evaluación estratégica de políticas y planes busca “establecer la consideración ambiental en su evaluación, a fin de anticipar los efectos ambientales adversos que pudieran derivarse de la dictación de una política o plan determinado.”

Más allá de lo bueno o lo malo que pueda ser que la evaluación ambiental estratégica sea voluntaria, excepto para los instrumentos de planificación territorial, quisiera detenerme en un punto: el objetivo que se busca lograr con la inserción de esta institución en la legislación ambiental. Lo que busca la evaluación ambiental estratégica es que las políticas y planes que establezca el gobierno sean pensadas desde una óptica que integre las variables ambientales y sustentables, a fin de que las políticas y planes que tienen relevancia ambiental sean establecidas previamente, y no se definan cada vez que un proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El mensaje presidencial de la ley 20.417 señala que “ese instrumento (el SEIA) no se concibió para el diseño de políticas ni para resolver aspectos de política pública o normativos. Esta confusión ha tenido como consecuencia que en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto de inversión privada, hemos terminado discutiendo sobre políticas públicas.”

En definitiva, la Evaluación Ambiental Estratégica pretende que las políticas y planes gubernamentales sean definidos previamente a la aprobación de un proyecto de inversión, y que no sea éste el que defina aquéllos. Sin embargo, la solución a este problema existía antes de la dictación de la ley 20.417. El problema no es la falta de planes y programas definidos previamente, y que consideren el aspecto ambiental; el problema es que esos planes y programas se lleven a cabo y se respeten a la hora de aprobar o rechazar un proyecto en el SEIA.
Uno de los principales problemas en cuanto a políticas públicas tiene relación con la matriz energética de Chile. Pero eso no significa que no haya una política al respecto. El año 2008, la Comisión Nacional de Energía (CNE) lanzó una publicación, llamada “Política Energética: Nuevos lineamientos”, que recoge lo que sería la política energética para Chile. Más adelante, en 2009, se lanzó otro documento, titulado “Diseño de una Estrategia Energética para Chile”, que comenzó una serie de publicaciones de la CNE. En este documento, que emana de un estudio realizado por la consultora Dalberg, se muestran las experiencias extranjeras que deberán ser incorporadas a la política energética de Chile. En ambas publicaciones se considera esencial que la matriz energética sea segura y confiable, pero que se desarrolle de manera sustentable.

Como podemos observar, la política pública existe. Los documentos mencionados son muestra de los esfuerzos gubernamentales por llevar a cabo una política energética de largo plazo, adecuada a las exigencias ambientales. La pregunta es entonces, ¿por qué se sigue determinando la política energética al interior del SEIA?

Punta de Choros es el caso más conspicuo de un error en torno a la política energética, donde hubo en algún momento tres proyectos termoeléctricos –Barrancones, Cruz Grande y Farellones-, a pocos kilómetros de dos áreas protegidas –la reserva marina Islas Choros-Damas y la reserva nacional Pingüino de Humboldt-. Lo preocupante es que la política existe, y señala que las energías deben ser producidas de modo de no entorpecer el desarrollo social y económico de las zonas donde se haga, además de llevar a cabo una producción y un desarrollo sustentable.
En Punta de Choros, específicamente en el caso Barrancones, que fue aprobado, no se respetó la política energética existente en Chile, y ante la presión, el gobierno optó por no respetar la institucionalidad ambiental.

Entonces, ¿cuál es la esperanza de que la Evaluación Ambiental Estratégica termine con estas situaciones? ¿Qué garantía hay de que ahora sí la institucionalidad ambiental va a respetar la política energética? ¿Qué va a pasar cuándo la institucionalidad ambiental se equivoque, como lo hizo con Barrancones?

Pareciera ser que las esperanzas puestas en la nueva institucionalidad ambiental no han considerado que antes de su implementación ya había una política energética. Pareciera ser que es la nueva institucionalidad la que deberá llevarla a cabo.