*Pilar Moraga es investigadora del Centro de Derecho Ambiental, y directora del proyecto "Energía, Medio Ambiente y Regulación" del Programa Domeyko Energía de la U. de Chile.
En medio de la vorágine provocada en los últimos días por la 14° reunión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de Cambio Climático realizada en Poznań, Polonia, el equipo conformado por estudiantes y egresados de nuestra Facultad y la Facultad de Ingeniería (fotografía), presentó una propuesta a la Competencia Internacional sobre Cambio Climático, organizada por la Universidad de Copenhague, Dinamarca.
Cabe recordar que dicha Universidad organiza esta competencia internacional como una manera de contribuir al debate académico en mira de las negociaciones de la COP 15 que se desarrollará en ese País el 2009.
Este ejercicio académico se centró principalmente en el diagnóstico y reformas aplicables al mecanismo de desarrollo limpio (MDL), desde una perspectiva institucional, procedimental, normativa y ética, respecto del actual funcionamiento del mismo.
Teniendo muy presente que la implementación de este mecanismo no es “la solución” al cambio climático, sino que una más de las herramientas con las que se debe contar si lo que realmente se busca es cumplir con los objetivos perseguidos por la Convención y el Protocolo de Kyoto, es posible señalar que el aumento progresivo de este mecanismo en los mercados internacionales permite evaluarlo positivamente.
Sin embargo y tal como se advirtió en un comentario realizado en este blog, el mecanismo no está exento de defectos, muy por el contrario éste merece ser reformado en pro de su fortalecimiento y reequilibrio de los objetivos que persigue, cuales son la reducción de emisiones y el desarrollo sustentable.
Es en ese contexto que el equipo universitario realizó propuestas en lo que se refiere al marco institucional con el objeto de aportar mayor transparencia, participación y evitar la superposición de intereses.
A fin de fortalecer la realización del desarrollo sustentable, se propuso crear un fondo de redistribución que permitiera premiar con incentivos cuantitativos a los proyectos más sustentables.
En momentos de la entrega de dicha propuesta, dos anuncios importantes se realizaban en el país. Se trata del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y el estudio del Banco Mundial relativo al rol de América Latina en el Cambio Climático. La elaboración y lanzamiento oficial de este texto constituyen sin duda un notorio avance en la postura planteada por el Ejecutivo, la cual puede explicarse por el ánimo de contribuir a los objetivos fijados por la comunidad internacional, pero por sobre todo por la necesidad de dar respuesta a las recomendaciones efectuadas por la OCDE, que condicionan el ingreso de nuestro País a dicha organización, entre las cuales se menciona claramente la necesidad de tomar una postura favorable a la lucha del cambio climático.
Sin embargo, es necesario también hacerse cargo de la necesidad de conciliar las graves contradicciones existentes entre la agenda programática de la Moneda y la realidad energética chilena. En estos mismos días se anunció el próximo ingreso al SEIA del proyecto termoeléctrico que le sigue en inversión y capacidad al proyecto Hidroaysén, a desarrollarse en la 3ª Región.
Demás está decir que un proyecto de esta naturaleza es absolutamente contrario a la realización de los objetivos que busca alcanzar el marco jurídico internacional de cambio climático y a la imagen internacional que Chile pretende preservar, en tanto candidato a formar parte de la OCDE.
Ya el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas 2008, advirtió sobre el rápido aumento de las emisiones de carbono de nuestro país, el que nos situaba en ese momento en el primer lugar de los países latinoamericanos en la carrera de aumento de emisiones.
Dado lo anterior, cabe preguntarse sobre la coherencia de las políticas públicas elaboradas por el Ejecutivo, las que debieran pasar de una simple declaración de intereses a acciones concretas, que reflejen la convicción profunda de nuestra sociedad de tomar el cambio climático como el gran desafío que enfrenta la humanidad en este siglo, conforme lo afirmado por la Presidenta de la República.
Cabe recordar que dicha Universidad organiza esta competencia internacional como una manera de contribuir al debate académico en mira de las negociaciones de la COP 15 que se desarrollará en ese País el 2009.
Este ejercicio académico se centró principalmente en el diagnóstico y reformas aplicables al mecanismo de desarrollo limpio (MDL), desde una perspectiva institucional, procedimental, normativa y ética, respecto del actual funcionamiento del mismo.
Teniendo muy presente que la implementación de este mecanismo no es “la solución” al cambio climático, sino que una más de las herramientas con las que se debe contar si lo que realmente se busca es cumplir con los objetivos perseguidos por la Convención y el Protocolo de Kyoto, es posible señalar que el aumento progresivo de este mecanismo en los mercados internacionales permite evaluarlo positivamente.
Sin embargo y tal como se advirtió en un comentario realizado en este blog, el mecanismo no está exento de defectos, muy por el contrario éste merece ser reformado en pro de su fortalecimiento y reequilibrio de los objetivos que persigue, cuales son la reducción de emisiones y el desarrollo sustentable.
Es en ese contexto que el equipo universitario realizó propuestas en lo que se refiere al marco institucional con el objeto de aportar mayor transparencia, participación y evitar la superposición de intereses.
A fin de fortalecer la realización del desarrollo sustentable, se propuso crear un fondo de redistribución que permitiera premiar con incentivos cuantitativos a los proyectos más sustentables.
En momentos de la entrega de dicha propuesta, dos anuncios importantes se realizaban en el país. Se trata del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y el estudio del Banco Mundial relativo al rol de América Latina en el Cambio Climático. La elaboración y lanzamiento oficial de este texto constituyen sin duda un notorio avance en la postura planteada por el Ejecutivo, la cual puede explicarse por el ánimo de contribuir a los objetivos fijados por la comunidad internacional, pero por sobre todo por la necesidad de dar respuesta a las recomendaciones efectuadas por la OCDE, que condicionan el ingreso de nuestro País a dicha organización, entre las cuales se menciona claramente la necesidad de tomar una postura favorable a la lucha del cambio climático.
Sin embargo, es necesario también hacerse cargo de la necesidad de conciliar las graves contradicciones existentes entre la agenda programática de la Moneda y la realidad energética chilena. En estos mismos días se anunció el próximo ingreso al SEIA del proyecto termoeléctrico que le sigue en inversión y capacidad al proyecto Hidroaysén, a desarrollarse en la 3ª Región.
Demás está decir que un proyecto de esta naturaleza es absolutamente contrario a la realización de los objetivos que busca alcanzar el marco jurídico internacional de cambio climático y a la imagen internacional que Chile pretende preservar, en tanto candidato a formar parte de la OCDE.
Ya el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas 2008, advirtió sobre el rápido aumento de las emisiones de carbono de nuestro país, el que nos situaba en ese momento en el primer lugar de los países latinoamericanos en la carrera de aumento de emisiones.
Dado lo anterior, cabe preguntarse sobre la coherencia de las políticas públicas elaboradas por el Ejecutivo, las que debieran pasar de una simple declaración de intereses a acciones concretas, que reflejen la convicción profunda de nuestra sociedad de tomar el cambio climático como el gran desafío que enfrenta la humanidad en este siglo, conforme lo afirmado por la Presidenta de la República.
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