La discusión que se avecina, por Flavia Liberona*

*Flavia Liberona es directora ejecutiva de Fundación Terram.
Esta columna de opinión fue publicada en La Nación el 01 de diciembre de 2008.

Uno de los compromisos ambientales más importantes del actual Gobierno es hacer una reforma profunda de la institucionalidad. El 5 de junio la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley y desde julio éste se halla en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara que, tras escuchar por cuatro meses las posiciones de varios sectores, aprobó la idea de legislar, lo que dio inicio al debate.

El proyecto de reforma institucional contempla la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, una Superintendencia Ambiental y un Servicio de Evaluación Ambiental. Parece adecuado que la propuesta trabaje en tres niveles: política y regulación (ministerio), administración del sistema de evaluación de impacto (servicio independiente) y fortaleciendo y coordinando la fiscalización (superintendencia). Sin embargo, es necesaria una política y gestión ambiental eficientes; la implementación de un ministerio da mayor jerarquía a la institucionalidad ambiental y le confiere capacidad de formular una regulación integrada y definir políticas públicas con incidencia en los demás ministerios. La Superintendencia y el Servicio de Evaluación tienen el apoyo de todos los sectores; es en ciertas disposiciones donde hay diferencias.

Entre las debilidades del proyecto está no ofrecer mejoras en la participación ciudadana y la igualdad ante la ley, tema relevante dada la creciente conflictividad a nivel local de algunos proyectos. Tampoco plantea mecanismos para la resolución de conflictos y no se hace cargo de temas como la negociación incompatible (el pago que hacen empresas a comunidades u organizaciones durante el proceso de calificación ambiental).

A nivel técnico-político, tampoco resuelve adecuadamente el rol y composición de las Coremas, a cargo de dar luz verde a los proyectos que son evaluados en el sistema. Es un tema clave para determinar el modelo de evaluación y decisión de proyectos, que puede ser sólo técnico, técnico-político o sólo político. Muchos de los conflictos ambientales de los últimos años tienen su origen en que la autoridad política aprueba proyectos sin consideraciones técnicas e incluso sin justificar su decisión ni asumir responsabilidades.

Otro aspecto que no está consignado es la creación de una institucionalidad que vele por la protección del patrimonio natural y la creación de un sistema de áreas silvestres protegidas públicas y privadas -acuáticas y terrestres- capaz de proteger de modo efectivo a las especies y ecosistemas naturales sensibles, para impedir que, como se ha visto, se desafecten en la práctica parques nacionales a fin de favorecer proyectos productivos de corto plazo. Una nueva institucionalidad debería resolver la incompatibilidad de funciones que existe en algunas reparticiones públicas, que deben desarrollar tareas de fomento productivo y de conservación del patrimonio natural, lo cual la mayoría de las veces es incompatible. Es de esperar que el Parlamento discuta tanto estos como otros aspectos con la seriedad y altura de miras que el país necesita y que se logre crear una institucionalidad ambiental que realmente proteja a los seres humanos y a los ecosistemas naturales.