¿Participación ciudadana informada? por Catalina Aranda

Nota de la editora: Como en semestres anteriores, publicamos las mejores columnas escritas por los alumnos del curso clínico de derecho ambiental y resolución de conflictos.

*Catalina Aranda es estudiante de 5º año y alumna de la clínica ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente en su artículo 4, establece como deber del Estado facilitar la participación ciudadana y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. Para esto, el párrafo tercero del titulo II de la misma ley (artículos 26 y siguientes), establece un sistema de participación ciudadana “informada” en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (solo para los procesos de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental). Sin embargo, considerando las ultimas reformas legislativas en relación al acceso a la información pública (Ley Nº 20.285) y la demanda cada vez mayor de participación en los procesos de toma de decisiones por parte de la comunidad (no sólo en materia ambiental por cierto), cabe preguntarse, ¿qué tan vigente y efectiva resulta este proceso de participación ciudadana?.

La participación que se establece hoy en día en nuestra Ley de Bases de Medio Ambiente, no pasa de ser una mera formalidad que busca salvar el pilar fundamental del derecho de acceso a la información, el cual esta íntimamente ligado al derecho a la participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental. La desigualdad que existe entre el derecho de la comunidad de acceder a la información y el derecho de los titulares de mantener en reserva información tan relevante para la toma de decisiones, no hace más que permitir que las autorizaciones sean otorgadas bajo una manta de legitimidad que esconde la reducida, formalista y dificultosa participación ciudadana. Así por ejemplo la ley no sólo permite al titular del proyecto, la reserva de antecedentes técnicos, financieros y otros, sino que también establece una desigualdad en cuanto a los plazos de participación (60 días para participación ciudadana versus la posibilidad del titular de extender sus plazos y adjuntar nuevos antecedentes –ADENDA-), lo cual sumado a la calidad y cantidad en la información proporcionada a la comunidad, que prácticamente sólo tiene acceso a un extracto de proyecto realizado por el mismo titular, publicado en medios de información insuficientes, ha permitido que hasta la fecha no exista un caso conocido que haya sido rechazado debido a este proceso de participación.

En el derecho comparado, el Convenio de Aarhus y la Directiva 2003/35/CE de la Unión Europea, establecen un fuerte deber positivo del Estado de proveer información pública que diga relación con información ambiental, sin requerir ningún tipo de interés por parte del solicitante, y sin tener que incurrir en costos irracionales. Así también, existen normas específicas en relación a la educación e información en materia ambiental, a la participación ciudadana en las decisiones relativas a actividades particulares y programas o políticas públicas ambientales .

Afortunadamente, las deficiencias estructurales que afectan a nuestra normativa ambiental, no han pasado desapercibidas para el legislador, quien recientemente ha presentado un proyecto de ley que busca mejorar el actual proceso de participación, contemplando entre otras cosas, el libre acceso sin restricciones al estudios y todas las piezas del expediente, apoyo técnico necesario para una real participación, medios de información mas acordes con nuestra sociedad actual, como radial y digital, y lo más importante, contempla una participación a lo largo de todo el proceso de evaluación, sin limitaciones de tiempo, las que además de restringir la participación la sitúan en un periodo bastante tardío del procedimiento, cuando ya no quedan muchas posibilidades de ajustes y modificaciones .

Todo esto, sumado a la iniciativa de incluir un proceso de participación ciudadana en la Declaración de Impacto Ambiental (con plazos más acotados) pueden ayudar a que en la práctica, el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental y de acceso a la información, pasen de ser una mera formalidad de papel, a una práctica que realmente asegure el cumplimiento de estos derechos.