El terremoto y el peligroso regreso a la política de la urgencia

Por Ana Sas, egresada de Derecho de la Universidad de Chile y ayudante del Centro de Derecho Ambiental

La necesidad de una política energética de largo plazo, con objetivos claros y definidos ha sido un lema tanto para la pasada administración como para el gobierno entrante. En efecto, se han realizado grandes esfuerzos, por una parte, de fijar lineamientos de política energética [1]y, por otra, de mejorar la institucionalidad ambiental, de manera de que esta se encuentre a la altura de los complejos desafíos que le corresponde resolver.

En el Programa de Gobierno de Sebastián Piñera se asegura su proactividad en materia de conservación del medio ambiente[2] y se toma como compromiso el “mejorar la calidad medioambiental de nuestro país”[3]. En efecto, en el mencionado Programa, fueron señaladas como medidas a tomar, entre otras:

1. Incentivo a las energías renovables no convencionales (ERNC) y eficiencia energética. También se mencionó la búsqueda de una mayor diversificación y seguridad en la matriz energética, optándose por el estudio y análisis todas las alternativas disponibles. En este ámbito, se señala que fomentarán “eficazmente” las energías “renovables, limpias y no convencionales”.
2. El mejoramiento del sistema de participación ciudadana en la calificación ambiental de proyectos, creando mecanismos de conciliación y mediación que favorezcan la adopción de acuerdos entre los involucrados en el proceso de evaluación de impacto ambiental y también la ampliación del sistema de compensaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante un sistema alternativo que disminuya los costos de transacción en aquellas casos que negociados individualmente tengan elevados costes de esa naturaleza.
3. El mejoramiento del acceso a la información ambiental y los sistemas de participación ciudadana, de manera de garantizar los derechos de las comunidades y disminuir los niveles de conflictividad existentes. A mayor abundamiento, se promete fortalecer la educación ambiental y el concepto de desarrollo sustentable en el currículum educativo a nivel nacional.
4. La implementación del Tribunal Ambiental, dotado de competencias para conocer y resolver de manera adecuada los conflictos que se le presenten.

Sin embargo, el terremoto del 27 de febrero remeció no solamente las vidas de todos los chilenos, sino también al nuevo gobierno. En efecto, ya en la ceremonia de cambio de mando se señaló como una prioridad la de salir del estado de emergencia. Ahora bien, la forma en que esto se realice será crucial en determinar si este proceso de reconstrucción será “piedra sobre piedra”, siguiendo una visión de país de largo plazo, o “piedra sobre arena”, citando las palabras del primer mandatario.

Pues bien, el día 17 de marzo la nueva ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez modificó el instructivo de aplicación de las modificaciones a la Ley 19.300, condicionándose de esta forma la entrada en vigencia de la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental a la dictación del reglamento en la materia. Además, la ministra retiró dos Decretos con Fuerza de Ley que estaban listos para su toma de razón en Contraloría que establecían la planta y remuneración de la Superintendencia. La razón de este hecho, que retrasa la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental, es el haber considerado como “insuficiente” el plazo de 30 días acordados entre el gobierno de Bachelet y la entonces oposición en octubre pasado para la entrada en funcionamiento de estos organismos.

Todo esto otorga una señal de incoherencia con lo señalado anteriormente en el Programa de Gobierno. Pues bien, el mensaje es que en tiempos de crisis no hay tiempo para la injerencia ciudadana en los proyectos de inversión que más afectan a las comunidades, y esto puede ser muy delicado, sobre todo en temas de tan alta sensibilidad como los proyectos energéticos.

Es de esperar que, si bien en estos tiempos en que la urgencia clama deben tomarse medidas rápidas y destinadas, principalmente, a resolver estas urgencias como vivienda, salud y educación, las promesas en materia energética y ambiental plasmadas en el Programa no pasen a ser más que un lindo sueño. Piñera afirmó ya en su reunión con Hillary Clinton que las energías renovables y la eficiencia energética serán claves en el esfuerzo de reconstrucción, y esperamos atentos que sus palabras se traduzcan en el aprovechamiento de esta oportunidad de demostrar el gran potencial de este tipo de tecnologías, sobre todo en tiempos de crisis. Todo esto en consonancia a los lineamientos de largo plazo fijados anteriormente.

El paso ya fue tomado desde la política de la urgencia a la política del largo plazo y un retroceso en este sentido sería una desgracia más que lamentar.

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[1] TOKMAN Marcelo, HUEPE Claudio et al: “Política Energética: Nuevos Lineamientos: Transformando la crisis energética en oportunidad energética”. Comisión Nacional de Energía, 2008 [en línea] <http://www.cne.cl/cnewww/export/sites/default/12_Utiles/licitacion/archivos_bajar/sitiocnecl/archivos_bajar/Politica_Energetica_Nuevos_Lineamientos_08.pdf> [consulta: 10 abril 2010]

[2] PIÑERA Sebastián. Programa de Gobierno. [en línea] <http://pinera2010.cl/programa-de-gobierno/energia/2/> [consulta: 9 abril 2010]

[3] PIÑERA Sebastián. Programa de Gobierno. [en línea] http://www.pinera2010.cl/programa-de-gobierno/medio-ambiente/2/ [consulta: 10 abril 2010]

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