Por Valentina Durán Medina
Coordinadora de Investigación CDA
(Texto completo de la carta publicada el día 7 de abril de 2006 en "El Mercurio" y como columna en el Diario Financiero el 12 de abril y en el Mostrador)
Señor Director:
Los últimos dos años han estado marcados por señales que muestran la urgencia de una reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. Casos como CELCO nos han revelado la atención pública que despierta el impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión, y la desconfianza existente entre los actores públicos, privados y la ciudadanía. Esta desconfianza se ve motivada especialmente por las debilidades del diseño y estructura operacional de una CONAMA en la que coexisten, en desequilibrio, criterios técnicos y políticos. El deterioro a veces impune de valiosos ecosistemas, las debilidades en el acceso a la justicia ambiental, y la aparición, relacionada con estos tiempos mediáticos y globalizados, de nuevos foros, nuevas alianzas, y nuevos actores que intervienen en los conflictos ambientales, son sólo algunas de las señales de una crisis de gobernabilidad ambiental.
La Presidenta Bachelet acaba de firmar el proyecto de ley que da rango de Ministro al Presidente de la CONAMA. De aprobarse el proyecto, se entregará a un Nuevo Ministro del Medio Ambiente la presidencia del Consejo Directivo de la CONAMA, papel que actualmente la Ley 19.300 entrega al Ministro Secretario General de la Presidencia.
Este proyecto no crea todavía el esperado Ministerio del Medio Ambiente, ni la anunciada Superintendencia Ambiental, y eso podría leerse como una mala noticia, si no fuera por los anuncios de los siguientes proyectos de ley, que crearían un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia Ambiental para mejorar la fiscalización. Se ha dado un gran paso: La principal función del Consejo Directivo de la CONAMA es ejercer y hacer cumplir las funciones de la CONAMA, entre las que se cuenta la responsabilidad de proponer al Presidente de la República las políticas ambientales del gobierno. A su vez, al Consejo Directivo le corresponde velar por la coordinación en materia ambiental entre los ministerios, organismos y servicios públicos y, algo muy importante: Proponer al Presidente de la República proyectos de ley en materias ambientales. Será este nuevo Ministro entonces el principal encargado de cumplir con el deber que la Constitución le entrega al Estado de velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y de tutelar por la preservación de la naturaleza. Al Ministro del Medio Ambiente, funcionario de exclusiva confianza de la Presidenta, y con dedicación exclusiva, le corresponderá asumir el desafío de llevar adelante los proyectos de ley y las reformas necesarias para crear una institucionalidad funcional a las sólidas políticas ambientales que el país espera.
Quienes conocen la complejidad del problema ambiental saben que el éxito de este desafío requiere de un proceso inclusivo, participativo y abierto, fundado en antecedentes y estudios sólidos. La buena noticia es que las dos candidaturas que pasaron a segunda vuelta presidencial coincidieron en sus compromisos de fortalecer la institucionalidad ambiental, con lo cual podemos esperar que se honren las palabras empeñadas, que el debate sea fructífero y que el tema ambiental sea, al fin, prioritario.
2 comentarios:
Nuevo escenario ambiental
(carta publicada el Domingo 9 de Abril en "El Mercurio")
Señor Director:
El viernes apareció en su diario la noticia de la firma presidencial respecto del proyecto de ley que avanza hacia la creación de un Ministerio de Medio Ambiente. Ese mismo día, en una carta a su diario, Valentina Durán, con inusitada celeridad, da la bienvenida a esta noticia mostrándose muy optimista respecto del nuevo escenario ambiental.
Su entusiasmo ante esta iniciativa sólo parece ser contrarrestado por lo que “podría leerse como una mala noticia”, ya que aún no se crean “el esperado Ministerio de Medio Ambiente ni la anunciada Superintendencia Ambiental”.
Lo que a su juicio podría ser una mala noticia, personalmente me parece muy positivo. Estamos de acuerdo en que el tema medioambiental es muy complejo, pero precipitarse hacia un objetivo ya predeterminado puede tener serias consecuencias para el país. Cambios institucionales de esta envergadura requieren de mucho tiempo para discutir y madurar un asunto tan trascendente.
Tengo la impresión de que existe un marco institucional cuyas virtudes han sido opacadas por una serie de factores. Ante la opinión pública se ha instalado la noción de que un Ministerio de Medio Ambiente y una superintendencia fiscalizadora serían la mejor solución. Es muy posible que el caso Celco haya contribuido a crear este contexto. El marco actual tiene ventajas y, como toda institucionalidad, falencias. Sin embargo, ¿debemos descartarlo de facto? A mi juicio, un marco institucional con reglas claras constituye la base fundamental. Dado que el tema medioambiental es especialmente sensible en el ámbito económico, resulta esencial detenerse a pensar.
Valentina Durán termina su carta con un llamado a debatir el tema. En el escenario actual, esto resulta imprescindible.
Leonidas Montes L.
Universidad Adolfo Ibáñez
Ministerio del Medio Ambiente?: interesante el debate que no solo se viene encima sino que al parecer ya está instalado. Y no creo que solo en los sectores cercanos al medioambientalismo. También sin duda, entre los demás actores sociales, unos con complascencia y otros con preocupación.
Ello es bueno y sano. Mientras más preocupación, y ojalá involucramiento, en este debate social, mayores serán las posibilidades de formular ajustes pluralistas a la gestión ambiental chilena. Concordando plenamente con la preocupación de Valentina Durán en su artículo, y también con sus expectativas, me permito orientar mis propias reflexiones y preocupaciones más en la línea planteada por don Leonidas Montes, de la U. Adolfo Ibañez. En una breve aproximación al tema, me parece que se ha mantenido en Chile la permanente respuesta frente a "procesos" que, como tales, nunca estarán cumplidos y siempre con aspectos pendientes:..... y cual es la propuesta clásica? proponer nuevas estructuras institucionales o dictar leyes, con la espectativa de que aquello realmente permitirá un acercamiento sustantivo a la solución de los problemas pendientes. En este caso, mejorar los niveles de sustentabilidad ambiental frente al desarrollo.
Sin embargo, el tema de fondo, y que debiera debatirse previamente, antes de definir modelos institucionales, es la evaluación de los resultados de la "gestión ambiental" en su conjunto, para detectar realmente todas las variables que han incidido en los avances, escollos o retrocesos en la incorporación de "lo ambiental" al proceso de desarrollo.
Solo desde el punto de vista de los procesos de gestión pública, una de ellas incuestionablemente es la institucionalidad. Sin embargo, claramente surge también un conjunto de otras variables que deben ser analizadas y debatidas en este ámbito: por ejemplo, los niveles de información y transparencia en el ejercicio de la función pública (Un gran hito en ello es el SEIA electrónico);las capacidades fiscalizadoras y recursos para articular una política transversal de fiscalización y control de las políticas y legislación ambientales; un claro mecanismo de articulación y coordinación de todas las capacidades sectoriales para incorporar la dimensión ambiental en forma coherente entre los distintos organismos del Estado; la definición de claros mecanismos de incentivo al cumplimiento de la normativa ambiental, como inducción a un cambio cultural más profundo en la sociedad, pero también con una clara aplicación de la política del "garrote", y no solo la "zanahoria", dicho en términos pedestres. El caso Celco dejó de manifiesto un sinnumero de errores, que tienen que ver con "decisiones" tomadas al interior de la empresa, y también en el seno de la institucionalidad ambiental, aún cuando finalmente deriva en una drástica medida sancionadora. ¿Es necesario para la eficiencia de la gestión ambiental, tomando como indicador de medición un mejoramiento de la calidad ambiental y de los niveles reales de protección de los RR. NNs., cambiar drásticamente el modelo institucional? ¿realmente ello es el factor que ha incidido en la percepción parcialmente erronea de que no ha existido un avance sustancial en estos años en la materia?...
Personalmente me caben al menos dudas razonables al respecto. En primer lugar es innegable que han existido avances de fondo desde la dictación de la Ley 19.300. Es innegable también que el sistema funciona en la medida que los procesos de desarrollo de la gestión pública y privada van convergiendo en acuerdos respecto de los mecanismos, estrategias, costos y plazos para cumplir metas de mejoramiento ambiental, no a expensas del desarrollo sino "integradamente" con el desarrollo. ¿Cuan eficiente ha sido el sector privado en ello?; ¿cuanto lo ha sido la administración del Estado en su conjunto?, nos parece que hay críticas y alabanzas para unos y otros. La falta sistemática de voluntad política durante años, para avanzar globalmente en la implementación de políticas ambientales nos parece, por ejemplo, un pasivo inexcusable de las Administraciones pasadas. La carencia absoluta de políticas tendientes a brindar una sistemática capacitación y formación en gestión ambiental a municipios y organismos públicos comunales y sectoriales a nivel regional (salvo inciativas puntuales, muchas veces asociadas a mecanismos de cooperación de organismos externos); en fin. Hay muchos pasivos, pero también muchos activos. Hoy el escenario es distinto que hace 10 años. Brinda experiencia -propia y ajena -; el mundo mucho más interconectado,... pero tanto en las estructuras, públicas y privadas, la ética empresarial y gubernativa reside en las "personas". En los propietarios, gerentes y técnicos; en nuestros representantes de gobierno y agentes públicos. La voluntad y los valores y propósitos morales se radican en quienes tienen la responsabilidad de ajercer las estrategias y acciones para ejercerlos y cumplirlos. La "estructuras institucionales" solamente constituyen un soporte para la organización, optimizar las decisiones y ser más eficientes. Solo como hipótesis: que ocurriría si los fondos del presupuesto destinados a implementar la transformación institucional de CONAMA se destinaran a mejorar la calidad de los servicios ambientales que deben prestar los agentes públicos?
"La culpa no es de las estructuras": el desafío es para las personas, y radica en como internalizar la dimensión ambiental en cada organización, considerando como factor clave innovar, generar calidad y valor agregado a los servicios que se brindan. Quizás ésta es la oportunidad para cambiar el enfoque y revisar la gestión ambiental como un proceso dinámico. Y desde allí, plasmar ajustes quizás, en la institucionalidad, pero probablemente con mayor eficiencia interviniendo más bien en los procesos de gestión pública y privada.
Sergio Praus G
Abogado
IBLawyers
Publicar un comentario