01 febrero 2008

La movida ecológica


La editora de este blog del hemisferio sur, así como el Centro de Derecho Ambiental y toda la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se van de vacaciones de verano durante febrero...
Pero antes de cerrar el local, les dejamos una recomendación de literatura muy poco seria para un espacio jurídico como este, para comenzar las vacaciones o amenizar el trabajo de los que se quedan:
(Publicado por New Zealand Listener)

Want some eco-friendly action?

Welcome to the age of the ecosexual. For young urban professionals on the dating scene, being green has become the best way to get any action. There are even websites dedicated to pairing up eco-friendly singletons. “Nobody lists their hobbies as ‘sports cars’ or ‘travel’, any more,” says a friend. “You’ve got to be into ‘farmers’ markets’ and ‘tree planting’ if you want to get the hits.”
A recent poll in Nuts – a British magazine normally more interested in women’s body parts than their opinions – rated “environmental awareness” as the No 1 quality that women are looking for in a man. And Times journalist Anna Shepard writes that “what us ladies prefer in these enlightened times is a green hunk who will lug out the recycling every week, get his hands mucky in the garden and turn the TV and DVD player properly off at night so that we don’t have to”.
Phoebe James, 32, couldn’t agree more. She knows immediately whether it’s going to work with a guy by what he’s got stored in his bathroom cabinet.
“Full-on deodorant sprays and aftershaves just turn me off. If he’s not thinking about what he’s putting into the environment or into his body, there’s no point. I don’t want to be with someone like that.”
For others, the deal-breaker can be too much meat or what car they drive. There are always greener ways of doing things – including sex.
For guidance in this area, Greenpeace has issued an eco-friendly sex guide that includes such helpful hints as turning off the lights – “if you want to see your partner, or what you are doing, have sex during the day” – and reminds us to “make love, not war”. As they say, “You can be a bomb in bed without nuking the planet.”
The connection between sex, dating and the environment is nothing new. Tree-hugging hippies were shouting about free love back in the 60s and I’m sure Adam only had one thing on his mind when he picked that apple for a naked Eve. The difference now is that environmental issues have become a mainstream discussion topic and, of course, a marketing opportunity. Get Julia Roberts behind the wheel of a Prius or Orlando Bloom attaching a wind turbine to his London house and you’ve got instant sales. Sex is being used to sell the environment – and the environment is being used to sell sex.

31 enero 2008

¿Cómo salió Chile en el ranking de desempeño ambiental de Yale?, por Valentina Durán

03/03/08: Entrada corregida y actualizada.
En el Foro Económico Mundial de Davos, Daniel Esty, profesor de la Universidad de Yale, dio a conocer hace dos semanas el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) de 2008.

El EPI es una investigación académica realizada sobre la base de la información pública disponible, que elabora un ranking de desempeño ambiental mundial. En la página del EPI 2008, más amigable que la del EPI 2006, se puede acceder a toda la información y "jugar" a comparar a los 149 países en cada uno de los 25 indicadores divididos en dos grandes áreas: Salud Ambiental y Vitalidad de los ecosistemas. Vale la pena una visita.

En el ranking del 2006, Chile ocupó el lugar 26 entre 133 países con un puntaje de 78,9%. Hoy Chile está en el lugar 29, comparado esta vez con 149 países, y obteniendo un puntaje mayor, de 83,4%, manteniéndose en el primer quintil y ocupando el quinto lugar entre los países americanos.

Pensando en la importancia de este lugar el ranking, entre autoflagelantes y autocomplacientes, recordé las palabras de Daniel Esty en la inauguración del Centro de Derecho Ambiental en junio del 2000 en la Sala de Conferencias de Santa María en la Facultad. En ese entonces, Esty acababa de dar a conocer el antecedente de este estudio, llamado ESI, y contaba que de vuelta de lanzarlo, también en Davos, tenía en su contestador 17 llamados indignados, particularmente de amigos y autoridades estadounidenses y mexicanas, desilusionados por el bajo ranking de sus países. Al poco tiempo, cuenta el autor, los ánimos se calmaron y las personas comenzaron a preguntarse por qué sus países estaban en esos lugares y cómo podían mejorar, analizando los datos presentados. (Prometo que en marzo a la vuelta de vacaciones, restauraremos el link a la transcripción de esa "conferencia fundacional").

Ciertamente el EPI nos muestra la importancia de generar y mantener información de calidad como insumo de las políticas públicas. Y es que mayor y mejor información sobre el estado del medio ambiente es ganancia para todos.
Así tuve la oportunidad de comentarlo en: Quinto lugar servirá a Chile para mejorar en medio ambiente entrevistada por Paula Molina en el programa "Lo que queda del día" realizada en la Radio Cooperativa el 23/01/08, lo que fue resumido por Comunicaciones de la Facultad de Derecho: Fiscalización y cumplimiento de las normas medioambientales siguen siendo el punto débil de Chile.

22 enero 2008

Central Termoeléctrica "Los Robles": ¿Un aporte a la seguridad energética nacional? Por Rodrigo Galleguillos, memorista del CDA



Revuelo ha causado AES Gener con el proyecto Los Robles, a desarrollarse en Punta Pacoco, Constitución (VII Región).

El proyecto contempla la construcción de una central termoeléctrica de 750 MW, que utilizará como combustible principal carbón bituminoso y sub-bituminoso. Asimismo, la empresa planea la construcción de un puerto y un rompeolas, a fin de recibir directamente el carbón necesario para la operación de la planta.

En el estudio de impacto ambiental ingresado al SEIA, AES Gener justifica el proyecto asegurando que “contribuirá a diversificar la matriz energética y aumentar la seguridad en el despacho frente a problemas de abastecimiento de otros combustibles, en el contexto del nuevo escenario energético originado por los problemas de envíos de gas natural a nuestro país”. La empresa garantiza utilizar tecnología de última generación que permitirá minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, establece que los desechos originados durante la construcción y operación serán debidamente tratados y formula un proyecto paisajístico que circundará el depósito de cenizas, a fin de disminuir el impacto visual.

Como era de esperar, la comunidad ha resistido la materialización del proyecto, originándose una interesante discusión sobre la necesidad de instalar una central termoeléctrica, y sobre los efectos ambientales que ésta tendría en la Región del Maule. Entre ellos, se cuenta el impacto que tendría la planta en la fauna marina, a causa de la descarga de efluentes al Pacífico; el efecto que tendría el viento en el depósito de cenizas y, por sobre todo, la conveniencia de autorizar una central termoeléctrica, dado su carácter altamente contaminante. Si bien la etapa de Participación Ciudadana concluyó el pasado 31 de diciembre, la comunidad ha seguido organizándose para frenar el desarrollo del proyecto: numerosos blogs dan fe de ello.

De lo que no hay dudas, es que el proyecto Los Robles ha traído a Chile una discusión contingente a nivel mundial: la idoneidad de ésta vía de generación eléctrica frente la crisis global de energía.

El carbón, como combustible para generar electricidad, produce más gases invernadero que el petróleo o el gas natural, pero su ventaja radica en el costo: el carbón es barato y abundante. De acuerdo a “The Economist”, ésta vía de generación de electricidad goza de buena salud, tanto en países que no tienen límites de emisiones de gases invernadero (países en desarrollo) como aquellos que sí cuentan con ellos (normalmente países desarrollados). Entre los primeros, resulta paradigmático el caso de China, donde se inaugura una central termoeléctrica a la semana.

Lo que resulta sorprendente es que el carbón también ha ganado terreno en algunos países desarrollados, que cuentan con límites de emisión de gases invernadero. De acuerdo a la misma fuente, se están desarrollando tres nuevas centrales termoeléctricas a carbón en Alemania, que debiesen estar operando el 2012, con una inversión de €6.2 billones de euros. En Italia, también se están gestando nuevos proyectos termoeléctricos, bajo la justificación de la implementación de nuevas tecnologías, que permiten generar electricidad contaminando menos que las centrales del pasado.

De lo expuesto, podría desprenderse que en atención a razones económicas, tecnológicas y especialmente, por procurar seguridad energética en tiempos de escasez, Chile también debiese apostar por diversificar su matriz energética incluyendo proyectos a carbón, cómo el de Los Robles.

Mas, existen razones vinculadas al principio “el que contamina paga” y - especialmente - al principio de seguridad energética, que debiesen ser tenidas en consideración.

Primero, si bien es cierto que el carbón es el combustible más barato, un cálculo racional no debe esconder sus externalidades negativas: es un combustible altamente contaminante, y no existe central termoeléctrica alguna capaz de reducir y capturar totalmente los gases que produce, fruto de su combustión.

En segundo lugar, un sistema energético debiese apuntar a la eficiencia en todas sus partes, desde la generación hasta la transmisión. No hay que olvidar que por cada unidad de energía utilizada, hubo un gasto de trabajo y energía para producirla. El análisis de eficiencia del sistema energético a carbón debiese incluir el proceso de extracción, transporte, utilización y manejo de residuos. La valoración energética total del proceso completo nos llevaría muy lejos pero, con los conocimientos actuales, es posible aproximarse bastante a la realidad. Un análisis de este tipo es lo que se conoce con el nombre de análisis del ciclo de vida de un proceso o producto, necesario al momento de establecer la viabilidad económica de un proyecto. Las fuentes renovables de energía, bajo un análisis de ciclo de vida, resultan económicamente más eficientes que proyectos aparentemente más baratos, como la generación termoeléctrica a carbón.

Por último, la seguridad energética está estrechamente vinculada al acceso a las fuentes primarias de energía (fuentes renovables y no renovables). En un escenario ideal, la seguridad energética de un país se materializa en no depender de otro para su desarrollo, en contar con sus propias fuentes energéticas. Los Robles operará con carbón importado, principalmente de Australia, el que será recibido en el puerto adyacente a la central termoeléctrica. Nada garantiza un acceso futuro, continuo y económico a este recurso, teniendo en especial consideración el aumento en la demanda por carbón a nivel global.

Creemos que la política energética nacional debiese apuntar a la auto generación. El proyecto Los Robles, si bien disminuye la atávica dependencia en hidroelectricidad, no constituye un aporte sustancial a la seguridad energética del país. El Gobierno debiese apuntar al desarrollo de fuentes energéticas que permitan un desarrollo sustentable y que garantice un suministro continuo y eficiente.

15 enero 2008

Proyecto de investigación energía, medio ambiente y regulación, Programa Domeyko Energía

Por Pilar Moraga
Investigadora CDA

Durante el año 2007 la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile lanzó una convocatoria a los grupos de investigación de nuestra institución a presentar propuestas para la adjudicación del Programa de Investigación Domeyko en las áreas de: salud, alimentos, sociedad y equidad, biodiversidad y recursos naturales, y energía. El objetivo era fortalecer la capacidad de la Universidad de Chile para enfrentar los temas de relevancia nacional mediante la agrupación orgánica de un conjunto de proyectos sustentados en un trabajo colaborativo amplio y multidisciplinario, con una clara orientación a la obtención de impactos a nivel nacional. Los Programas se orientan principalmente a: la elaboración de publicaciones (ISI o equivalente de acuerdo a la naturaleza de la disciplina); solicitudes de patente (cuando corresponda); asesorías a entidades gubernamentales en el diseño y evaluación de políticas públicas, entre otros. Estos están destinados a fortalecer la capacidad de recursos humanos de la Universidad mediante la atracción e inserción de académicos jóvenes así como estudiantes de postgrado bajo la modalidad de becas, contrataciones u otras formas que aseguren este objetivo.
El Centro de Derecho Ambiental (CDA) estimó pertinente participar a la convocatoria abierta por el Programa Domeyko Energía a objeto de acercar la investigación jurídica a las problemáticas planteadas por el desarrollo energético, desde una óptica global que apuesta por un tipo de desarrollo capaz de conciliar nuestros objetivos económicos y el ingreso a los mercados internacionales, con las necesidades de protección de nuestro entorno, siempre considerando los intereses sociales presentes en este proceso.
El proyecto del CDA "Energía, Medio Ambiente y Regulación" fue adjudicado y cuenta actualmente con fondos utilizables en dos años para financiar: seminarios, memorias y publicaciones. La dirección de dicho proyecto está a cargo de la Profesora Pilar Moraga quien trabajará en su ejecución junto a un equipo integrado por los Profesores de la Facultad de Derecho: Francisco Agüero y Mauricio Tapia y en coordinación con el equipo de la Facultad de Ingeniería, dirigido por el Profesor Rodrigo Palma. El día 6 de diciembre se lanzó oficialmente este programa en la Casa Central de la Universidad de Chile, ocasión en la que participaron diversos representantes del ejecutivo, legislativo, de la sociedad civil y del mundo académico: Sr. Claudio Huepe (Jefe Área de Estudios de la Comisión Nacional de Energía CNE), Senador Ricardo Nuñez (Presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado), Sr. Rodrigo García en representación de la Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas (ACERA), Sr. Pedro Barría, Director de Energías Renovables, ENAP y el Profesor Peter Zuurbier, Universidad de Wageningen, Holanda.
Este encuentro sirvió al representante de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Señor Claudio Huepe, para exponer de manera muy sucinta y concreta cuáles han sido los objetivos fijados por el Ministro Tokman respecto del rol de la CNE en la elaboración de políticas de innovación, investigación y desarrollo, en el área energética.
En materia de investigación, el representante del ejecutivo señaló que la preocupación actual se centra en: el fomento de: las energías renovables convencionales y no convencionales, la eficiencia energética y la sostenibilidad del desarrollo energético.
Además, destacó la importancia de contar con una ventanilla única para el ingreso de los proyectos y de generar información respecto de lo que se está haciendo en esta área. En esta perspectiva se refirió a la necesidad de efectuar un catastro en materia de inversiones y formaciones, así como de los equipos de investigación relacionados con esta temática.
Subrayó asimismo el interés de la CNE de invertir en formación y recordó ciertas iniciativas adoptadas conjuntamente con Conicyt para la creación de diplomados y formación técnica en el ámbito energético.
En este contexto, el Senador Ricardo Nuñez se refirió el poco diálogo existente hasta la fecha, entre el mundo académico y el Senado y aprovechó de felicitar la iniciativa de la Universidad de Chile, de trabajar en este tema “País”. El Senador tuvo la oportunidad de anunciar la aprobación del proyecto de ley sobre fomento de energías renovables no convencionales en el Senado y destacó las cuatro falencias de este texto legal:
1. El ritmo de crecimiento de las ERNC es muy bajo y la ley no lo incentiva suficientemente.
2. El bajo monto de las multas en caso de incumplimiento.
3. El igual tratamiento legal existente para las diversas regiones del país, las cuales poseen características radicalmente diferentes en materia de potencial energético. El límite fijado para las centrales de pasada equivalente a 20 mw puede ser una muy buena meta en el norte, pero puede ser irrisorio en la zona sur, dadas las características hídricas de este lugar.
4. Las dificultades de acceso de las ERNC al sistema interconectado central (SIC) y la falta de incentivos suficientes.
A este propósito el representante de la Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas (Acera), Sr. Rodrigo García, precisó cuáles son dichas barreras de entrada.
1. La existencia de un sistema económico que no internaliza los costos ambientales. A su parecer esto favorecería el ingreso al sistema de energías sucias, las que gozarían, gracias a dicho sistema, de un verdadero subsidio estatal, en desmedro de la generación de ERNC. A modo de ejemplo señaló que la internalización de dichos costos, significaría aumentar al doble el precio del carbón y a un tercio el del gas.
2. La ubicación de las plantas de generación de ERNC, las cuales se sitúan, en general, muy alejadas del centro del país.
3. Las dificultades de acceso a los sitios de exploración y explotación en materia eólica, en un contexto legal que sujeta la posibilidad de efectuar estas actividades, a la voluntad del propietario de los predios en los cuales pudiera instalarse eventualmente un parque eólico.
4. Las ERNC inyectarían una potencia variable al sistema, siendo que los centros de despacho de economía de carga están estructurados para recibir potencia regular o corriente.
En materia de combustibles, el representante de Enap realizó un llamado a centrar la investigación en los sustitutos del diesel (biodisel), más que en el de la gasolina (etanol) pues a su juicio la demanda del primero iría en constante aumento, mientras que la de la segunda tiende a disminuir.
El mundo académico representado por el prof. Zuurbier, hizo un llamado a generar una base científica a la sustentabilidad y a las normas legales que regulen esta área.
La conclusión general de los diversos expositores llevó a subrayar la necesidad de establecer vínculos, redes entre los diversos actores que trabajan en materia energética (mundo académico, empresa, gobierno) en miras a articular y así potenciar, las iniciativas existentes en el sector para ofrecer una alternativa energética sustentable a nuestro país.
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Más información
Proyecto Energía, Medio Ambiente y Regulación
Programas Domeyko Universidad de Chile

11 enero 2008

Disuasión y delito ambiental, por Valentina Durán

En días recientes hemos leído en la prensa sobre el desarrollo de los procesos penales en dos casos ambientales que involucran a la misma empresa. Uno es el caso del Ex-Gerente de la Planta Licancel de Celulosa Arauco, que el 8 de enero pasado fue formalizado por el Fiscal de Licantén por su presunta participación en el delito de contaminación de las aguas previsto en el artículo 136 de la Ley de Pesca, por el derrame en el río Mataquito, arriesgando penas de presidio menor en su grado mínimo y multas. Otro es el caso de las querellas por los daños ocurridos en el Santuario Carlos Andwanter en el Río Cruces que está siendo investigado con dedicación exclusiva por 45 días por la Fiscal de San José de la Mariquina, Paola Varela.
En relación con la posibilidad de tipificación del delito penal ambiental, que se trató en el seminario del 03/12/07 en el Palacio Ariztía, existen algunos temas que son tradicionalmente debatidos en la doctrina.

Por una parte, un daño ambiental de envergadura que amerite tal reproche social como para perseguirse penalmente, es provocado en la mayoría de los casos por la acción u omisión de una empresa, más que por una persona natural. Esto plantea el punto de si debe establecerse la responsabilidad penal de la persona jurídica en materia ambiental, que ha sido la opción de algunos países y que es lo propuesto en uno de los proyectos de ley en discusión en la Cámara de Diputados.

Responsabilizar penalmente a una persona jurídica requiere adaptar las sanciones: No se priva de libertad a una empresa, pero sí le puede cancelar su personalidad jurídica a modo de "pena de muerte", o publicar una condena en medios de prensa a su costa. También se plantea el problema de la determinación subjetiva del dolo o de la culpa en una persona jurídica.

Por otra parte se plantea que la mayoría de las hipótesis de daños ambientales de significación coinciden con infracción de normas, y que existiendo para ello sanciones administrativas en contra de la empresa, si aceptamos la responsabilidad penal de la persona jurídica, nos podemos encontrar con que un mismo hecho es sancionado dos veces por el Estado, lo que no sería aceptable (non bis in idem).

Si bien en Chile no tenemos un tipo penal ambiental general, existen delitos como los del artículo 291 del Código Penal que sanciona "la propagación indebida de sustancias tóxicas que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal" y el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura que sanciona "al que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños", que son aquellos cuya comisión investigó el fiscal José Alcaíno de Licantén en el caso del ex-ejecutivo de Licancel. Existen otros delitos, relacionados con otros bienes jurídicos protegidos, como el tráfico ilícito de determinadas especies o la asociación ilícita, que son investigados cuando se asocian a conductas que afectan al medio ambiente.

Se presenta en todos estos casos el problema de la subjetividad ¿Podrá un fiscal acreditar el dolo, esto es, la intención de dañar a otro, de la persona natural formalizada?

Ante estas dificultades, desde una perspectiva de política criminal, cabe preguntarse cuan disuasiva es para las empresas la existencia y publicidad de procesos penales en contra de ejecutivos, sea que éstos culminen en condenas o no... del mismo modo que nos preguntamos cuan disuasivas están siendo hoy las sanciones administrativas por infracciones a normas ambientales.

Como señala El Diario Financiero el 09/01/08 en su artículo Formalizan a ex gerente de planta Licancel de Arauco la empresa eventualmente "reincidente", Celulosa Arauco, que en su momento había despedido al ex-ejecutivo formalizado, se abstuvo de hacer declaraciones, por tratarse de un proceso llevado en contra de una persona natural y no en contra de la empresa.

Valentina Durán Medina

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Más información:

08/01/08 Cooperativa Escuche la noticia de la formalización del ex ejecutivo de Licancel.

08/01/08 La Tercera 08/01/08 Formalizan investigación criminal contra ex gerente de planta Licancel por contaminación del río Mataquito

07/12/07

03 enero 2008

Competencias ambientales de Carabineros de Chile

Nota de la Editora
Siguiendo con la serie de contribuciones de los alumnos de la Clínica Ambiental del segundo semestre de 2007, presentamos esta reflexión personal del alumno, ya egresado, Sebastián Leyton, sobre las competencias ambientales de Carabineros de Chile.
Busca más entradas relacionadas siguiendo la etiqueta clínica ambiental.

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Por Sebastián Leyton Pérez

El artículo 101 de la Constitución Política de la República establece que las fuerzas de orden y seguridad “…existen para dar eficacia al derecho,…” y se reitera en la LOC 18.961 de Carabineros de Chile. Carabineros de Chile, en lo pertinente a nuestra área de estudio, debe dar eficacia a las normas medioambientales, dispersas en diversas leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas. Sin embargo, por alguna razón, no consideramos en una primera ocasión a Carabineros como un ente con facultades referentes al Derecho Ambiental o cuando las realiza no nos percatamos. Las herramientas de las cuales está dotada esta institución podrían llegar a ser más efectivas que a las que normalmente recurrimos.

La principal ventaja de Carabineros es su capital humano, que le permite tener una cobertura casi total a nivel nacional, además de un gran número de efectivos. No es que les sobre personal, ya que tienen una infinidad de deberes que cumplir, y siempre vemos en las noticias policiales que se solicita mayor personal policial, pero claramente tienen mayor dotación en la Región Metropolitana que por ejemplo la Autoridad Sanitaria. Es cierto, que no están dotados de las mismas facultades que esta institución, pero podemos lograr el mismo objetivo por Carabineros. Un ejemplo de esto es lograr la clausura de una discoteca por infracción a la Ley de Alcoholes, en vez de las normas relativas a contaminación acústica.

Además Carabineros como institución, es una autoridad, real, es decir es respetada y quizás un poco más temida por el común de los ciudadanos que alguna autoridad administrativa, con facultades fiscalizadoras ambientales. Quizás se deberá a que existe el temor a que Carabineros pueda tomar detenidos a las personas (facultad que no tienen directamente la autoridad administrativa). Al gozar de esta autoridad, creo que es más difícil la evasión, ya que la gente normal no tiende cuestionar a Carabineros, dotando aún de mayor eficacia su accionar.

Creo que debo remarcar el hecho de la existencia de autoridades con competencias ambientales, que lamentablemente no tienen la capacidad para fiscalizar y que Carabineros, por vocación de servicio, tiende a suplirlos. En la protección de los bosques nativos y de la tala ilegal, ya se ha comentado en reiteradas ocasiones las falencias de CONAF por su composición jurídica. Ante esto, Carabineros suple dichas ineficacias de éste, mediante un departamento especializado.

La desventaja es que un Carabinero común y corriente, no está dotado de la instrucción y conocimientos necesarios para desempeñarse en este campo de acción, pues se debe reconocer que la protección del medioambiente no es la prioridad de Carabineros, sino que hoy en día la seguridad de la población, prevención y persecución de hechos delictuales, como la prevención de accidentes automovilísticos. Para un Carabinero en Santiago, la tala ilegal de árboles protegidos como el Boldo, por ejemplo en el Cerro Manquehue, no va a ser prioridad si en los barrios circundantes hay delitos contra la propiedad. Asimismo, la utilización de sus recursos va a estar marcado por las políticas y hechos noticiosos contingentes, ante lo cual debe responder como institución de manera eficiente para mantener la confianza de la ciudadanía. Los conflictos ambientales, salvo hechos o situaciones momentáneas no generan noticias, y por ende no serán prioridad.

Otra desventaja, es que está institución no fue creada inicialmente para proteger el medioambiente y solo por el hecho como señala OST (Naturaleza y Derecho), que frecuentemente a la administración le faltan medios de control y fiscalización, ya sea por una inadecuada construcción de la ley o por carencia de recursos, Carabineros debe asumir para lograr la eficacia en la aplicación de la ley. Pero esto no quiere decir que tenga más medios, o sea humanos tendrá, pero carecerá del instrumental técnico o como ya lo mencioné antes, de conocimientos.

También se debe reconocer que las policías están sobrecargadas y siempre escuchamos la necesidad de mayores recursos. El problema radica en que mientras no dotemos a los órganos con competencias fiscalizadoras en material ambiental, de mayores recursos y liberemos las trabas que sufren, tendremos que seguir recurriendo a Carabineros, que con la mejor disposición anímica, tratará de ayudarnos, pero pensemos que tienen otras cosas que hacer, que son mas importantes para nuestra sociedad actual, que no da prioridad al medioambiente. Mientras sigamos encontrándonos en la situación actual, debemos seguir recurriendo a Carabineros, por ser a veces la mejor opción actual, pero no es la opción ideal.

21 diciembre 2007

Quilicura, institucionalidad ambiental, y la fundamentación de las decisiones de la autoridad, Por Valentina Durán

Hace algunas semanas, el Director Ejecutivo de la CONAMA, conociendo del recurso de reclamación del artículo 20 de la Ley 19.300, aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto de estación de transferencia de residuos domiciliarios “Cerro los Cóndores” en Quilicura, presentado por la empresa GERSA. Esta DIA había sido rechazada en noviembre de 2006, por unanimidad de los miembros de la COREMA RM, que estimaron que el proyecto provocaba algunos de los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300 (en especial de los literales (a) efectos sobre la salud y (c) alteración significativa de los sistemas de vida) que son aquellos efectos, características o circunstancias que motivan un estudio en lugar de una declaración de impacto ambiental.

Hoy, el Director ejecutivo de la CONAMA, Álvaro Sapag, debe decidir sobre la reposición presentada por la Municipalidad de Quilicura en contra de esta resolución de calificación ambiental que aprueba el proyecto. Ayer en el Mercurio, Sapag planteaba lo difícil que es tomar una decisión, cuanto existen resoluciones contradictorias de los seremis metropolitanos involucrados en la evaluación del proyecto: los informes técnicos de los Seremis de Salud, de Transportes, Obras Públicas y de Vivienda se pronunciaron a favor, pero luego cuando los SEREMIS concurrieron a la sesión de la COREMA, en noviembre de 2006, lo reprobaron en forma unámime acogiendo el argumento del SEREMI de Salud que planteó cómo este proyecto afectaría la salud física y psíquica de los vecinos.

Señala el Mercurio que Sapag debió pedir nuevos informes a los seremis para conocer la fundamentación de los votos de rechazo, y que consultado si hubo presiones "políticas" del ex intendente Víctor Barrueto, respondió que ello deben contestarlo los miembros de la Corema. Por su parte, la Ministra Ana Lya Uriarte, tuvo que recordar que hay un instructivo que obliga a los seremis a justificar decisiones contradictorias a la hora de aprobar proyectos.

Carmen Romo, DC, Alcaldesa de Quilicura, encabeza la oposición al proyecto, anunciando una batería de acciones administrativas y judiciales si no se acogen su recurso por la aprobación de este proyecto, que, sostiene, jamás sería aprobado en Las Condes.

Más allá del caso particular, esta situación nos hace recordar una de las críticas a la institucionalidad ambiental y al SEIA más reiteradas por todos los sectores según todos los diagnósticos conocidos, que tiene que ver con la supremacía de elementos políticos sobre los técnicos en las decisiones de la autoridad. Este desequilibrio redunda en incerteza jurídica y desprotección ambiental según sea el caso y la perspectiva que se tenga respecto de alguna decisión.

En nuestro Cuarto Diálogo sobre Institucionalidad Ambiental, en abril de 2007, tratamos el tema de la Supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo en estas materias e invitamos al entonces Director subrogante de la CONAMA, Rodrigo Guzmán, a exponer sobre el "Instructivo para la adecuada fundamentación de los Informes Sectoriales, de los Acuerdos y de las Resoluciones de Calificación Ambiental adoptados en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" contenido en el Oficio ordinario del 14 de marzo de 2007.

Ya nos referimos en la oportunidad al contexto e implicancias de tal instructivo de la CONAMA que entendimos entonces como un rescatable esfuerzo de coordinación, destinado a transparentar y mejorar la fundamentación de las decisiones que recaen sobre proyectos de inversión, en armonía con la Ley de Procedimiento Administrativo Nº19.880. Efectivamente algo anda mal si los informes técnicos dicen Sí y la COREMA unánimemente dice No, o viceversa. Como es habitual, toca a la Dirección Ejecutiva de la CONAMA o al Consejo de Ministros, según sea el tipo de proyecto, dirimir estas decisiones con un alto costo y en medio de fuertes presiones.

El instructivo del marzo de 2007 no alcanzó a "inspirar" las decisiones de los SEREMI que votaron en contra del proyecto en noviembre de 2006.

Queda analizar cual ha sido y será el impacto de este instructivo en las garantías de los administrados frente a la Autoridad en el SEIA, mientras confiamos en que la propuesta institucional en ciernes se haga cargo de estas dificultades, proponiendo una estructura de decisiones que dé mayores garantías a todos los actores, y que los proyectos tengan un rápido trámite.

Y como la esperanza es lo último que se pierde, Feliz Navidad a todos los lectores de este experimento de blog, y los mejores deseos para el 2008...

Valentina Durán

------ Más información-------

Resolución de Calicación Ambiental de 22/01/07 de la COREMA RM que rechaza proyecto (en el E-SEIA).

El Mercurio, 20 de diciembre, Informes contradictorios complican la decisión final por planta de Quilicura.
Nota de Prensa de CONAMA: Ministra Ana Lya Uriarte entregó balance ambiental 2007 y estableció prioridades para el año 2008

En este Blog, las siguientes entradas relacionadas:
04/05/2007 Foro del IV Diálogo: A decisiones infundadas, instructivo de CONAMA (Sustentable)
11/04/2007 Foro del IV DIÁLOGO. Comentario al Instructivo sobre la fundamentación en el SEIA., Por Valentina Durán
02/04/2007 Foro del IV DIALOGO: Supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo en materia ambiental, por Valentina Durán y Alberto Barros
El IV Diálogo sobre Supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo en materia Ambiental, en la web del CDA.

17 diciembre 2007

Necesidad de concretización de la ética ambiental, por Josefina Correa

Seguimos publicando las columnas escritas por los alumnos de la Clínica Ambiental de Derecho de la Universidad de Chile, del segundo semestre de 2007.
Para ver más columnas de los alumnos busquen la etiqueta "clínica ambiental".

A continuación la reflexión de la alumna Josefina Correa.
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El desarrollo de lo que actualmente se denomina "ética ambiental" es reciente y es en la década de los sesenta que sus discusiones teóricas comienzan a cobrar fuerza. La descontextualización entre el hombre y el medio ambiente, como fenómeno, ha sido explicado por diferentes causas. Esto es aún un punto de discusión: algunos plantean que responde a la preconcepción judeo-cristiana del cosmos, otros arrogan la responsabilidad a la revolución científica tecnológica experimentada en los siglos XVII y XVIII, otros a la concepción de propiedad y otros simplemente plantean que no se puede reducir a un factor único o determinante la disociación producida entre el hombre y la naturaleza.

Al margen de está discusión se presenta el dato empírico de los daños irreversibles al ambiente, y que por lo relevante del problema, empujan al desarrollo de éstas consideraciones. En cuanto a las actuales posiciones en torno al tema ambiental cabe destacar los argumentos bajo los cuales se busca determinar la relación del hombre con el medio ambiente, estos son: la visión antropocéntrica y la denominada biocéntrica.

La primera de ellas, el antropocentrismo, supone una visión de mundo donde se establece en su base la diferencia existente entre el hombre, como individuo y como especie, de la naturaleza. En efecto se diferencia de ella en la medida de que ésta supone estar instrumentada para la satisfacción del hombre, lugar en el cual el individuo posee capacidad de formular y hacer de esta naturaleza una finalidad en relación con él.

La argumentación biocéntrica es designada para aquella concepción del cosmos en la cual no se establece jerarquía alguna, ni de hecho ni mucho menos de derecho, entre las diversas especies vivientes. Tal concepción supone entender que el desarrollo de los seres vivientes, entre ellos la especie humana, no puede desprenderse del todo orgánico que permite y sustenta la existencia de la vida en sí sobre el planeta. Esta postura es defendida por varios autores, donde incluso se ha llegado a observar el medio ambiente como un posible sujeto de derecho con prescindencia a la existencia del hombre.

Resulta trascendental mencionar que el conflicto ambiental, y la respuesta que le otorguemos a través de las argumentaciones éticas, necesitan ser concretizadas; es decir este es un ámbito en donde la ética está llamada a ser aplicada, establecida y determinada en el accionar humano. Es en este punto donde aparece el cuestionamiento en torno a cuan ético o moralmente reprochable es establecer normas que determinen la forma del cómo debiere darse la relación entre el individuo y el medio ambiente. Sin perjuicio de ésta discusión, es importante establecer que la inclinación por la hipótesis de normar la relación entre el hombre y la naturaleza resulta al menos conveniente frente a un problema tan álgido.

Es entonces pertinente, respecto al llamado que hace ésta teoría a la necesidad imperiosa de un desarrollo normativo, que se analice cual es el ámbito que está llamado a desarrollar el derecho. Para ello se puede mencionar que las principales cortapisas que está rama debe resolver, son:

- La determinación del término "proteger" en este sector específico. Si bien todos concuerdan en la necesidad de una protección de la naturaleza, se manifiestan claras discrepancias sobre el sentido y alcance concreto que debe darse a tal expresión. Es en esta entrega de contenido a la figura de proteger donde se vislumbrarán las argumentaciones ético ambientales que recogieran quienes están llamados a legislar.

- La problemática de la temporalidad con que se reacciona al conflicto, en este caso el conflicto ecológico, y la respuesta que emane del desarrollo jurídico legislativo; lo cierto es que respecto a la problemática ambiental no puede esperarse que los problemas epistemológicos sean resueltos antes de iniciar la regulación de los conflictos.

- Una tercera arista dice relación con la práctica jurídica y con la determinación de quién puede legítimamente abogar por los intereses de la naturaleza y bajo qué condiciones, es decir cual es la legitimación activa.

Se puede establecer para cerrar el tema, que el conflicto ambiental nos ha traído como consecuencia reflexiones que parecían no haber estado antes presente en el desarrollo de la ética, con ello se producen nuevos cuestionamientos sobre la existencia humana, la conexión del desarrollo de ésta con el mundo, y la posición en particular del hombre en relación con el medio ambiente. Lo nuevo y enigmático de esta problemática exige que las respuestas que se busquen deban responder a nuevas formas de concebir la existencia humana, a fin de armonizar una coexistencia de la humanidad con la naturaleza. Para ello, el derecho pareciera estar llamado en esta etapa inicial, a poseer un rol fundamental en el conflicto, toda vez que es a través de la concretización de los valores sociales por medio de normas generales l,o que permitirá una conducta externa que no se confronte con el medio ambiente, y logre entonces encontrar el equilibrio necesario de convivencia con el entorno.

13 diciembre 2007

Conclusiones del Congreso "Instituer le Développement Durable"

Nota de la editora
A comienzos de noviembre, y con el apoyo de la Embajada de Francia, asistimos con la Prof. Pilar Moraga al Colloque "Instituer le Développement Durable" que tuvo lugar en la ciudad de Lille, Francia, y fue organizado por el Centre d'Etudes et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS) perteneciente al CNRS y a la Universidad de Lille 2.
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Por Pilar Moraga Sariego
Investigadora del Centro de Derecho Ambiental

El Congreso realizado en la ciudad de Lille, Francia, entre el 7 y 9 de noviembre últimos, tuvo lugar en un contexto muy particular. Acababan de terminar las negociaciones de “Le grenelle de l’environnement”, un proceso inédito que reunió a todos los sectores involucrados con el medio ambiente, a objeto de definir las estrategias tendientes a responder a las diversas problemáticas ambientales, en un marco que les permitía a todos “apostar a ganador”. En efecto, el conjunto de participantes a dicho proceso se manifestó satisfecho con los acuerdos alcanzados. Extraordinario resultado si se piensa que la protección del medio ambiente ha sido tradicionalmente percibida, al menos en nuestro país, como un tema más cercano al conflicto de intereses, que al consenso y conciliación de los mismos.

Sin embargo, el gran acuerdo galo conseguido en materia ambiental no podía eximirse de la crítica destinada a transparentar las debilidades que caracterizaron las negociaciones.
En el coloquio realizado en Lille se llamó la atención sobre la dificultad para llevar a cabo una discusión transversal de los diversos problemas, que permitiera la adopción de soluciones integrales. A este propósito se citó como ejemplo el debate tendiente a promover el aislamiento térmico de las construcciones como aporte a la eficiencia energética, en el cual la cuestión de la
contaminación intradomiciliaria (que puede verse aumentada en un contexto de mayor aislamiento), no fue abordada. Del mismo modo se recordó a la gran ausente de estas negociaciones: la energía nuclear.

Respecto del proceso de institucionalización del desarrollo sustentable, objeto de este Congreso, se destacó la proliferación de esta “Institución”, entendida como el conjunto de reglas destinadas a dirigir el comportamiento de las personas hacia un modelo de desarrollo y consumo, que tome en cuenta la necesidad de protección del medio ambiente y de las necesidades sociales.

En Francia, el derecho ha tenido un rol preponderante en este sentido, basta recordar la inclusión a nivel constitucional de la “Charte de l’environnement”, o Carta del Medio Ambiente, la implementación de ciertos estándares internacionales (como las normas ISO) o de la responsabilidad social empresarial, la adopción del sistema de responsabilidad ambiental objetivo y la aplicación del principio contaminador pagador, en su doble dimensión preventiva y de reparación.

Esta integración del desarrollo sustentable en la vida política, jurídica y cotidiana de los franceses, se habría logrado, según los participantes a este Congreso, gracias a la “decisión política del Gobierno”, el cual, desde hace algunos años, optó por una nueva vía de desarrollo: la del desarrollo sustentable.

Esta opción gubernamental se ve actualmente plasmada en el comportamiento de la administración, pero también en el de las empresas, responsables civil y penalmente por los daños ambientales, y en el de los ciudadanos. Estos últimos han adoptado este paradigma como una nueva forma de vida, que les ha otorgado nuevos derechos frente a la administración, pero sobre todo, deberes frente a sus pares de las generaciones presentes y futuras.

Actualmente un francés medio, pensará seriamente en comprar un producto alimentario proveniente de la agricultura biológica a objeto de evitar pesticidas y contaminantes, pese a que dicho producto sea más oneroso; o en dejar de utilizar el automóvil o en no tenerlo con el fin de evitar emisiones de carbono; o bien en compensar las emisiones generadas por un vuelo intercontinental.

Así vemos como la institucionalización del desarrollo sustentable necesita una nueva forma de gobernanza o “democracia ecológica”, como se plantea en “Le grenelle”. En la práctica, ésta se traduciría en la implementación de políticas públicas que involucren la participación de todos los actores, en una doble perspectiva de “derecho-deber”.

Es posible concluir entonces, que uno de los desafíos planteados al derecho en este proceso de institucionalización del desarrollo sustentable, es el de poder alinear los objetivos de la decisión política, tendiente a emprender la vía del desarrollo sustentable (la cual se materializa en los actos de la administración), con las normas de derecho privado, encargadas por su parte, de inducir el comportamiento de los particulares.

Es esta simbiosis de lo público y lo privado que permitirá finalmente, poner en marcha este paradigma a nivel nacional.
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Sobre el Grenelle de l'Environnement, lea "New Deal de Sarkozy, por Valentina Durán", publicado el 26/10/07 en este blog.

09 diciembre 2007

Caza de Ballenas, por Jorge Bermúdez

La comunidad internacional ha recibido con un generalizado rechazo el anuncio de Japón de efectuar la captura de aproximadamente mil ballenas, entre las que prevé capturar unas cincuenta ballenas jorobadas, la mayor de las criaturas existentes.
Al respecto conviene también tener presente en el debate cuales son las implicancias jurídicas que permiten llevar a cabo la anunciada cacería. En Derecho internacional del mar existe un principio aun vigente que es el de libertad de los mares, aplicable a la zona de alta mar. Sobre dicha libertad se impone la regulación que proviene de la Convención Internacional sobre Caza de la Ballena, en virtud de la cual la caza de los cetáceos para fines comerciales ha quedado reducida a cero a partir de 1986. Sin embargo, desde que entró en vigor la moratoria, Japón, Islandia y Noruega han otorgado permisos extraordinarios para captura con fines científicos, sumando más de 11.000 las ballenas capturadas en este período. Estos permisos fueron legales y precisamente ahí está el problema, pues son los propios Estados partes quienes pueden autorizar a cazar ballenas con fines científicos. Bajo este predicamento, Japón en su primer programa científico ha autorizó la caza de 6.800 ballenas minke en aguas antárticas. Es inexplicable, científicamente hablando, el interés japonés en capturar un cetáceo respecto del cual en su historia sólo había tenido un interés marginal. No obstante ello, Japón llevará a cabo un nuevo programa de caza, respecto del cual han manifestado serios reparos varios miembros del comité científico de la Comisión Ballenera Internacional.
En el caso chileno la autoridad pesquera también podría otorgar dichos permisos, así como cualquier Estado parte. Evidentemente no lo hará pues todos los mamíferos marinos se encuentran en una veda por treinta años. Sin embargo, la protección de los mamíferos marinos, en particular de las ballenas, requieren de algo más que una veda extractiva. En tal sentido, la creación de áreas marinas reservadas para la observación de estos animales, o incluso su declaración como monumentos naturales, serían manifestación de una política decidida de conservación de estas especies.

Jorge Bermúdez Soto
Prof. Derecho Ambiental
PUCV

08 diciembre 2007

LA HISTORIA DE LAS COSAS - NUESTRAS COSAS-



Este es un video que expone la conexión entre un gran número de problemas ambientales y socio-económicos. Busca que uno cambie la mirada de nuestras cosas y lo mejor es que este video viene desde EE.UU.

Didáctico y divertido, pero nos lleva a reflexionar.

Está en idioma ingles, pero es genial. Quien tenga tiempo que lo vea, no se arrepentirá.

http://www.storyofstuff.com/index.html


05 diciembre 2007

Qué se juega en la Conferencia de Bali sobre Cambio Climático, por Valentina Durán

Entre el 3 y el 14 de diciembre se está celebrando en Bali la XIII Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
El International Institute for Sustainable Developpement IISD presta desde hace años un maravilloso y completísimo servicio de seguimiento de todos los tratados internacionales ambientales, a través del Boletín de Negociaciones de la Tierra y de Linkages. Cada día emiten un reporte de lo que se dijo y negoció y también de los comentarios de pasillo y de los side events de las conferencias. Recomiendo suscribirse a las mails lists en los temas de interés. Acá se puede acceder a un seguimiento completo del IISD sobre la Conferencia de Bali, COP 13. Por si fuera poco el IISD tiene el IISD Reporting Services Blog.
La COP 13 tratará principalmente sobre la agenda post 2012, año en que vence el primer período de compromisos de reducción de emisiones del Protocolo de Kioto. También se tratarán temas como los mecanismos de flexibilidad, la deforestación en países en desarrollo, la transferencia tecnológica, además de los aspectos financieros y en especial el financiamiento de la adaptación al cambio climático.
Y aterrizando en nuestro pequeño país, que en virtud del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, no es del anexo I, por lo que no tiene compromiso de reducción de emisiones, pero sí tiene a Capitán Planeta, el Instituto de Ecología Política lanzó un video, disponible en su sitio en youtube, titulado "Qué se juega en Bali" en que plantea la postura de los ambientalistas latinoamericanos sobre esta Conferencia.

Y para el anecdotario nacional, a propósito de este video, en que aparecen dirigentes ecologistas junto a Ricardo Lagos Escobar, La Nación publica hoy el artículo "Yo amo al capitán Planeta", de Carlos González Isla.

04 diciembre 2007

Novedades en bioenergía, por Alejandro García*

*Alejandro García es ingeniero agrónomo, investigador de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, e integrante del Programa Domeyko de Energía.

En el contexto de la actual crisis energética que afecta a la población nacional y mundial, es necesaria la exploración de nuevas fuentes de energía. En nuestra Universidad, éste ha sido uno de los objetivos del Programa Domeyko Energía, que está estrenando la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en su IV Encuentro de Investigación. Entre las líneas consideradas en este Programa, la bioenergía, es decir la energía derivada del uso de biomasa, adquiere cada día una mayor atención por parte de la comunidad y permite contribuir efectivamente al logro de objetivos como la mitigación del efecto invernadero y a la sustentabilidad ambiental.

Así por ejemplo, la mirada actual se ha volcado hacia el uso y desarrollo de los biocombustibles, los que pueden otorgar un nuevo destino y valoración a materiales como los residuos agrícolas y forestales, que tradicionalmente no han sido bien utilizados por el hombre. Un grupo interdisciplinario de investigadores que reúne a académicos de las Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias Forestales y Ciencias Agronómicas se ha propuesto el desarrollo de la investigación en etanol de segunda generación, un biocombustible para el futuro.

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), a través de su instrumento de Internacionalización de proyectos de Investigación en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), a través del Programa Domeyko Energía ha auspiciado la participación de dos investigadores, Alejandro García y René Carmona, en la segunda versión del exitoso evento internacional denominado Expobioenergía, realizado recientemente en Valladolid, España.
La visión de estos investigadores se dará a conocer en la charla gratuita de difusión denominada "Novedades del sector bioenergético internacional y experiencias adquiridas durante la participación en Expobioenergía, 2007", a celebrarse en Casa Central, Sala Sazié el próximo martes 11 de diciembre a partir de las 9:30 hrs.

27 noviembre 2007

Seminario sobre Tipificación del Delito Ambiental

En virtud de nuestro convenio con la CONAMA, el CDA tiene el agrado de difundir, en calidad de institución patrocinadora, el seminario organizado por la CONAMA y la Cámara de Diputados, sobre Tipificación del Delito Ambiental, que se realizará en el Palacio Ariztía, Alameda 1642, el lunes 3 de diciembre a las 16:30 según el siguiente programa:

16:45: Bienvenida de Ministro Presidente Comisión Nacional del Medio Ambiente (S), Sr. Álvaro Sapag Rajevic
17:10: Moción sobre Tipificación del Delito Ambiental (Boletín Nº 2177-12, de 03/06/1998) H. Diputado Sr. Juan Bustos Ramírez.
17:20: Comentarios y preguntas
17:35: Café
17:50: Moción sobre Sanción de los Delitos contra el Medio Ambiente, cometidos por personas jurídicas (Boletín Nº 4256-12, de 21/06/2006), H. Diputada Sra. Denise Pascal Allende.
18:10: Comentarios y preguntas
18:25: Moción sobre modificación de la ley N° 18.362, en lo relativo a las sanciones aplicables a quienes cometan actos prohibidos en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Boletín Nº 5436-12, de 12/09/07). H. Senador Sr. Guido Girardi Lavín.
18:45: Análisis sobre las Mociones actualmente en trámite, referidas a la tipificación del delito ambiental. Profesor Miguel Soto Piñeiro.Comentarios y preguntas.
19:10: Comentarios y preguntas.
19:30: Café.

Inscripciones a los fonos 9569300 y 2405632.

23 noviembre 2007

Normas de ruido y fiscalización II, por Igor Valdebenito

Nota de la editora:

El 27 de junio, en su entrada Competencias y fiscalización de ruidos molestos, Jessica Cayupi, se refería, desde su experiencia como alumna de la clínica ambiental, a las dificultades que plantea la fiscalización de ruidos molestos. Según el Decreto Supremo 146 de 1997 del MINSEGRES, que establece la norma de emisión de ruidos molestos provenientes de fuentes fijas, son competentes para fiscalizar esta norma las SEREMI de Salud, sin perjuicio de las competencias de las Municipalidades. Observaba Jessica la falta de coordinación de los Municipios con Salud en materia de ruidos, y las debilidades de la fiscalización por parte de ambos organismos. Su entrada fue comentada por "Marité" quien consultaba a qué autoridad debía denunciar los ruidos de un local nocturno, y por mí (Valentina Durán) recordando el artículo 65 de la Ley 19.300.

Agradecemos a Igor Valdebenito, Jefe del Área de Control de Ruido Ambiental del Depto. de Control de la Contaminación de la CONAMA, quien, tal como lo hizo en en la entrada "Normas de ruido y fiscalización" del 19 de noviembre comentando el aporte de Marcela Ruiz, "Fiscalización de la Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas: ¿a quién se protege?" nos envía el siguiente comentario muy aclaratorio:

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Creo que es necesario precisar algunas cosas. Nuestras regulaciones en el tema ruido se han abordado por tipos de fuentes, a similitud de la mayoría de la experiencia internacional: fuentes fijas, fuentes móviles, fuentes lineales (ej. carreteras, ferrocarriles), fuentes especiales (ej. aeropuertos) y conductas ruidosas. esto porque cada tipo de fuentes que acá se mencionan tienen diferentes características de emisión de ruido, procedimientos de medición estandarizados, y organismos fiscalizadores específicos. El mencionado DS 146 es la norma que regula las fuentes fijas en nuestro país y es fiscalizado por las SEREMIs de Salud regionales. Por otro lado, las ordenanzas municipales deben regular las conductas ruidosas, como fiestas particulares, ferias libres, y un sinnúmero de problemas de ruido a nivel local. Una manera de diferenciar el ámbito de forma simple, es relacionar las fuentes fijas con actividades productivas. Es decir, un local nocturno, como el que menciona la Srta. Marité, está regulado por el DS 146 y las denuncias deben ser realizadas en la SEREMI de Salud RM. Si se denuncia una fuente fija a la municipalidad probablemente se hará lo que menciona Valentina Durán, es decir, las pondrán en conocimiento de la SEREMI, con la pérdida de tiempo que esto acarrea.

Para ser más claro, las municipalidades no tienen atribuciones fiscalizadoras respecto al DS 146. Sólo tienen atribuciones en las restricciones absolutas o relativas que emanan de las ordenanzas municipales. Cabe mencionar que en algunos casos se hacen convenios de apoyo entre municipalidad y SEREMI en el tema ruido, pero las atribuciones de fiscalización no son delegables. Ahora si estoy afectado por ruidos que provienen de una fiesta particular, mi denuncia debería ir a la municipalidad o Carabineros. Actualmente estamos revisando el DS 146 y nos hemos dado cuenta del aparente "desorden" de los ámbitos de aplicación de la norma vs ordenanzas, y nuestra idea es "separar aguas", implementar una fiscalización de segundo piso (laboratorios privados) que apoyen la labor de las SEREMIs, crear una ordenanza municipal modelo sobre ruidos molestos y una amplia campaña de difusión.

Por último creo necesario que nos preguntemos lo siguiente: ¿es pertinente tener una norma ambiental que sólo es fiscalizada cuando la comunidad reacciona o se queja?.

Ciertamente no nos estamos preocupando por la salud del sector de la población que puede estar expuesto al ruido de fuentes fijas y que no realizan denuncias.

Atte.,

Igor Valdebenito

19 noviembre 2007

Normas de ruidos y fiscalización, por Igor Valdebenito

Nota de la editora:
Marcela Ruiz Calderón, alumna de la Clínica Ambiental, comentaba en su entrada del 9 de noviembre, Fiscalización de la Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas: ¿a quién se protege? el problema generado por el hecho de que la medición del nivel de ruido en la fiscalización del D.S. 146/1997 del MINSEGPRES, deba realizarse en el lugar del afectado o receptor, y no desde la fuente emisora. Marcela plantea que como la norma está configurada como un límite a la emisión y no a la recepción de ruido por parte de los afectados, se genera un vacío que deja desprotegidos a éstos últimos.
Igor Valdebenito, Jefe del Área de Control de Ruido Ambiental del Depto de Control de la Contaminación de la CONAMA, nos envía a continuación un interesante aporte comentando la entrada de Marcela Ruiz:
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Esta es una eterna discusión para los que hemos trabajado con el DS 146 y tiene principalmente dos puntos claves.
Primero que el DS 146 proviene de una modificación de una norma anterior (pre Ley 19.300) que fue el DS 286/84 MINSAL. Esta norma establecía, al igual que el Ds 146, límites máximos permisibles de ruido en el lugar del receptor o afectado por el ruido. Al momento de modificar el DS 286 ya estaban en vigencia la Ley 19300 y las normas ambientales. Sin embargo, la ley sólo señala la existencia de 2 tipos de normas: de emisión y de calidad. Así, al generar el DS 146 se hizo a través de la estructura de la norma de emisión, ya que claramente identificamos la fuente generadora (al contrario de las normas de calidad). Pero técnicamente esta norma viene siendo una norma de "inmisión".
Y segundo, apoyandonos en las características del ruido, se definió en la norma que el efluente de la fuente es el lugar donde se encuentra el receptor. Sin embargo es posible que esta norma pudiera coexistir con una verdadera norma de emisión que deba cumplirse en el límite del predio, y tal vez en un futuro elaborar una norma de calidad que proteja a la comunidad de todas las fuentes de ruido y que establezca niveles máximos que puedan ser exigidos tanto dentro y fuera de la vivienda. Si analizamos esta segunda posibilidad, cabe preguntarse: ¿Algún día tendremos un plan de descontaminación por ruido?
Atte,
Igor Valdebenito

18 noviembre 2007

¿Existe una Política energética consistente en Chile? por Ignacio Mehech

Nota de la editora:

Seguimos con las entradas de los alumnos de la Clínica Ambiental, que han pasado por variados temas. Ahora una contribución del estudiante, casi egresado, Ignacio Mehech, quien nos presenta su opinión personal acerca de la política energética nacional.




Vista del rio Baker... ¿Se imagina esto bajo el agua?

Desde el gobierno de Frei, con un gran énfasis en la creación de represas como medio de creación de energía, pasando por Lagos y su interés en el gas natural del otro lado de la cordillera y el gobierno actual de Bachelet que vuelve a propugnar las centrales hidroeléctricas en el extremo austral de nuestro país, no ha existido en Chile una política energética consistente por parte de nuestros gobernantes.

Cuando se logró finalmente construir la represa de Ralco, se pensó que los problemas energéticos del país se solucionarían mediante una política sostenida de construcción de represas, con consecuencias medioambientales severas. Afortunadamente la oposición fue tan fuerte que se logró que el Estado desarrollara otras formas más ambientalmente amigables de creación de energía. Posteriormente con el ingreso del gas natural proveniente de Argentina se creyó que la solución definitiva se había encontrado, pero no se contaba con el desequilibrio económico y la política proteccionista que implementaría. Al llegar ese momento, el Gobierno propulsó otras vías para intentar mitigar el efecto que provocaba depender totalmente del vecino país. Así, se escucharon teorías tan disímiles como conectar Indonesia con Chile a través de una cañería submarina que transportara gas natural, se supo de yacimientos de gas natural en las costas de Chile central y por último se definió y comenzó a elaborarse el proyecto de una central transformadora de Gas Natural Licuado proveniente del extranjero que se ubicaría en la zona de Quintero. Al final del gobierno de Lagos, se volvió a hablar de la energía nuclear pero se dejó la decisión para el actual gobierno. Y durante éste, se ha hablado de todo y se ha vuelto a poner en la palestra el tema de las centrales hidroeléctricas.

Si bien es cierto que las formas alternativas de creación de energía (vgr. Eólica, Solar, Geotérmica) difícilmente puedan solucionar por ellas solas los problemas energéticos del país, es claro que no han sido tomados en cuenta seriamente y que a futuro podrían aportar en la generación extra de energía El vapor de fluidos geotérmicos de alta temperatura puede utilizarse para turbinas y generar energía eléctrica, mientras que los fluidos a temperaturas mas bajas proporcionan agua caliente para propósitos de calentamiento de espacios, calor para invernaderos y usos industriales y aguas termales para centros de esparcimiento y diversión. Por ejemplo, el calor geotérmico calienta mas del 70% de las casas en Islandia, y el campo geotérmico Geysers en el norte de California produce suficiente electricidad para cubrir las demandas de San Francisco. Además de ser una fuente de energía, algunas aguas geotérmicas también contienen sulfuros, oro, plata y mercurio que pueden recuperarse como un derivado de la producción de energía.. Incluso, en países como Indonesia la generación de energía geotérmica llega a un 27% del total, al año 2003, y en Kenia se proyecta que podría cubrir el 50% de la demanda actual una vez que se termine de construir una nueva planta. Además hay que considerar que nuestro país cuenta con reservas inagotables de tal energía, por encontrarse en el anillo de fuego del Pacífico, y que es una fuente de generación de energía menos agresiva y costosa que otras que se barajan.

De tal manera se podrían evitar soluciones tan ecológicamente cuestionables como la creación de centrales hidroeléctricas en la región de Aysén, con todo lo que ello conlleva. Afortunadamente hoy existe conciencia en la comunidad de lo que conlleva tal proyecto, y existe fuerte oposición ciudadana organizada en ONG tales como el CDP (Consejo de defensa de la Patagonia Chilena) que han llevado a cabo una campaña publicitaria sin precedentes para dar a conocer su posición y el real impacto del proyecto.

Por otra parte, la energía nuclear, si bien no es la panacea y debe ser tomada con recaudos en un país tan geológicamente activo como el nuestro, no debe ser descartada de plano y merece un estudio serio, pues en vista de las soluciones planteadas por los sectores gubernamentales bien podría ser una opción viable.

16 noviembre 2007

Hidroaysén: libre competencia, medio ambiente y energía, Por Javiera Herrera

Por Javiera Herrera, ayudante del CDA

El pasado 19 de Octubre el Tribunal de Defensa de la Libre competencia aprobó la Alianza entre Endesa y Colbún para el desarrollo conjunto de proyecto hidroeléctrico “Hidroaysen", proyecto que propone la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la región de Aysen, dos en el río Baker y tres en el río Pascua.

El proyecto que nace en enero del año 2005, contempla 3 etapas. Una primera, ya desarrollada entre los años 2005 y 2007, en la cual se dieron a conocer los compromisos energéticos, sociales y medioambientales de la empresa para con la comunidad y las autoridades. Una segunda etapa, de tramitación y obtención de permisos (ambientales, energéticos, administrativos), que tiene una duración estimada de dos años (2007 – 2009). Y una tercera y última fase de licitación y construcción ha desarrollarse entre los años 2009 y 2017, en la cual se construirán las centrales y todas las obras de infraestructura asociadas al proyecto.

Desde sus inicios el proyecto ha generado polémica dada la magnitud de los impactos ambientales que las centrales podrían generar, así como respecto de la conformación de la Sociedad (Hidroaysen S.A., como su nombre lo indica, es una Sociedad Anónima, en la cual Endesa Chile tiene un 51% de las acciones y Colbún S.A. el restante 49%), y las implicancias que esto pudiera tener en la libre competencia del mercado energético.

En cuanto al tema ambiental se refiere, el pasado agosto, el gerente general del proyecto Hidroaysen dio a conocer algunas modificaciones del proyecto, las cuales comprenden la reducción del área inundada (el proyecto original contemplaba una superficie de 30.000 hectáreas) y el retraso para el año 2014 de la entrada en funcionamiento de centrales. Además se clarificó que el primer trimestre del año 2008 el proyecto entrará al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Respecto del tema energético el pasado 17 de octubre el Tribunal de la Libre Competencia se pronunció a favor del referido proyecto, bajo ciertas condiciones, resumidas a continuación:

En primer lugar, los contratos que HidroAysén celebre para la elaboración del diseño final de la línea asociada al Proyecto, deberán estipular un período de a lo menos seis meses para recibir solicitudes de terceros interesados en disponer de capacidad de transmisión de la línea.

En Segundo lugar se establece que, con a lo menos dos meses de antelación al vencimiento del periodo de 6 meses aludido anteriormente, los titulares del proyecto deberán haber enajenado o renunciado a los derechos de aprovechamiento de aguas de que sean titulares directos o a través de sus filiales, así como a las solicitudes pendientes de éstos, en las cuencas de los ríos Palena y Aysén, y en la subcuenca del río Ibañez;

En tercer lugar, se deberá presentar a la Fiscalía Nacional Económica los contratos definitivos de compraventa de energía y potencia de Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. a Endesa y Colbún, que contengan la definición del precio de transferencia entre éstas.

Por último Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. deberá mantenerse como sociedad anónima abierta o cerrada, sujeta a las normas de las sociedades anónimas abiertas, mientras Endesa y Colbún mantengan participaciones accionarias en ella.

Ahora, sólo resta esperar que el proyecto obtenga las autorizaciones ambientales pertinentes para que se haga realidad.

Después de esta somera descripción de acontecimientos, me permito hacer un breve comentario:

Son conocidos e indiscutidos los graves impactos que centrales hidroeléctricas de éste tipo producen sobre el Medio Ambiente, para ello, sólo nos basta con recordar el emblemático caso de Ralco. Es razonable pensar que nadie quiere llegar al extremo de inundar y por consiguiente devastar miles de hectáreas con el fin de generar energía. Si embargo, nadie discute que Chile DEBE diversificar su matriz energética, para así, no seguir dependiendo del esquivo gas de nuestros vecinos.

Tampoco podemos negar el gran potencial hidroeléctrico que tiene nuestro país. Cualquier forma de energía contamina, o al menos “molesta”, basta también con recordar la férrea oposición de los vecinos a la Plana de Gas Propano que Metrogas trata de instalar en Peñalolén.

¿Qué hacer? He ahí el dilema.

15 noviembre 2007

Aporías jurídicas en el fin del mundo, por José Ignacio Gallardo Bustos

Nota de la editora:
En el Curso Clínico de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos de Derecho en la U. de Chile, entendemos que una de las competencias a desarrollar por un futuro abogado es la formación y expresión de opiniones propias en un formato breve como éste. Es por eso que, como parte de la evaluación del curso, hemos pedido a los estudiantes que escriban una columna para este blog. No era fácil, y ¡El resultado es sorprente! Seguimos publicando entonces una selección de las mejores columnas escritas por los alumnos del segundo semestre de 2007. Para ver más, busquen la etiqueta "clínica ambiental".
Ahora el turno de José Ignacio Gallardo, quien nos habla del Medio Ambiente Antártico:
(Foto de El país.com)
Una bandera de titanio con los colores de Rusia había sido instalada en el lecho marino, en el mismo polo Norte. La prensa internacional aún hacía eco de la noticia, cuando el pasado 17 de octubre el rotativo inglés The Guardian informó que el Gobierno Británico se encuentra reuniendo antecedentes para explotar una zona de un millón de kilómetros de territorio antártico, donde se estima han de existir vastos yacimientos de minerales, gas y petróleo.
Esta última información ha causado singular impacto en Chile, donde incluso un grupo Diputados de distintos partidos polìticos han anunciado que viajarán a la Antártica “para hacer patria y defender los derechos de soberanía del país sobre dicho territorio”.
Esta sucesión de acontecimientos se entiende mejor si alejamos la mirada: ya desde varios años las llamadas potencias mundiales se han lanzado a la caza de nuevas posibilidades de obtener viejas fuentes de energía. Sobre este telón se proyectan una serie de conflictos latentes a nivel internacional.
La reacción de los representantes de la ciudadanía en Chile vino a desempolvar un concepto jurídico-político que cada cierto tiempo cobra notoriedad, el de “soberanía” externa. La idea de soberanía, surgida en los escritos de Francisco Vitoria, consiste en que los Estados, que forman la comunidad internacional, no han de reconocer poder superior alguno. Los estados “libres” fueron reforzando esta idea, legitimando con ella la posibilidad de apropiarse de territorios y recursos, incluso subyugando a pueblos completos (Ferrajoli*). Esta visión de la soberanía resulta matizada desde 1945, fecha desde la cual poco a poco los Estados han reconocido que la soberanía admite el límite que representan los Derechos Fundamentales de la persona humana.
Debiese resultar llamativo que nuestros representantes acudan tan livianamente a una versión añeja de un concepto que, llevado hasta su extremo, no hace sino justificar la violencia entre los países. Poco escuchamos de cooperación internacional, de voluntad real de profundizar en el conocimiento y respeto de espacios como el Territorio Antártico. Todavía más grave: ninguna voz parece alzarse en defensa del Derecho que la Constitución asegura a todas las personas de vivir en un ambiente libre de contaminación, esto es, un entorno equilibrado, donde cualquier forma de vida sea tratada con respeto.
Puede surgir una vez más el dilema de qué es lo protegido por este derecho, con mayor razón si pensamos que en la Antártica no existen ni personas que demanden la protección de su entorno. Mas en nuestro país los tribunales han sabido apreciar que los límites de este Derecho constitucional van mucho más allá de la cercanía geográfica (caso Trillium). Esto se torna todavía más importante desde que la Carta Fundamental ha dado prioridad al derecho al entorno por sobre otros, dando lugar, por ejemplo al Gravamen Ambiental de la propiedad (Dougnac**).
Es peligroso el empleo del término “soberanía” para el caso de la Antártica porque en la acepción que se lo usa resulta incompatible con el respeto de los Derechos Fundamentales, en especial si éstos generan un consenso que se acerca a la escala mundial. Como François Ost nos advertía (Ost ***), bajo la lógica de ocupar el espacio Natural subyace la pretensión insaciable de convertir en propiedad todas las cosas, operación que desde luego atiende más a los intereses comerciales que a la dignidad e igualdad de las personas y sus derechos.
Antes que ver amenazas a la soberanía, es de esperar que las autoridades hagan presente que a partir de acciones como las de Rusia e Inglaterra se pone en entredicho el valor de los pactos internacionales. La incómoda verdad que ha traído a Chile al premiado Al Gore nos muestra las devastadoras consecuencias de una sociedad enfocada en ver propiedad y riqueza en cada sitio donde pone sus ojos se aprecian en cada rincón del planeta, esto puede ocurrir en especial la Antártica, un lugar reconocidamente vulnerable a las alteraciones introducidas por las actividades humanas descontroladas.
Chile ha participado en el pasado de iniciativas enfocadas en la búsqueda de acuerdos que permitan proteger el ambiente antártico. Fue en 1990 en Viña del Mar donde, en el marco de un Ronda de Reuniones encaminadas a la creación de instrumentos jurídicos de protección del medio Antártico, que nació el Protocolo al Tratado sobre Protección del Medio Ambiente Antártico. Hace 30 años se estableció un Protocolo de conductas para expediciones y Bases Antárticas, el cual se ha ido perfeccionando, y nuestro país ha formado parte del debate.
Parafraseando al canciller Canadiense, a propósito de lo ocurrido en el Ártico, ya no es época de clavar banderas. Esperamos que las autoridades, sea cual sea su color político, así como esgrimen conceptos sumamente discutibles, sepan generar instancias de cooperación internacional, teniendo en el horizonte los derechos fundamentales, particularmente aquellos que dicen relación con la calidad de vida antes que los meramente patrimoniales.
* FERRAJOLI, Luigi La Soberanía en el Mundo Moderno. En “Derechos y Garantías: La Ley del Más Débil” Madrid, Trotta, 2001 pp.125-175.
** DOUGNAC, Fernando Gravamen Ambiental de la propiedad en Gaceta jurídica (Santiago, Chile). no.311 (2006),p. 37-56
*** OST, François Naturaleza y derecho Editorial Mensajero, p.57

13 noviembre 2007

Ramón Martín Mateo investido doctor honoris causa por la URV, por Marcos Ríos y Carolina Riquelme

Nota de la editora:
Marcos Ríos y Carolina Riquelme son egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Hicieron su memoria sobre “Acceso a la justicia en materia Ambiental en la Unión Europea” bajo mi dirección en el CDA y participaron en diversos proyectos de investigación del CDA. Actualmente están cursando un master de derecho ambiental en la Universidad Rovira i Virgili (URV) en Tarragona, España, desde donde nos mandan la siguiente contribución que trata de la distinción otorgada al Profesor de nuestro Magister de Derecho Ambiental, Ramón Martín Mateo.
El profesor español honró el primer número de nuestra Revista de Derecho Ambiental publicando su artículo "Valoración de los daños ambientales", en 2003, que se puede descargar junto a la revista completa.
El padre del derecho ambiental español y autor del primer manual de derecho ambiental en lengua castellana, el distinguido profesor y catedrático Ramón Martín Mateo, fue investido el 5 de octubre del presente año como doctor honoris causa por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, España.

Ramón Martín Mateo es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante, docente e investigador, especialista en derecho ambiental y autor de una cuarentena de libros. Su labor en el ámbito de la protección del medio ambiente se ha destacado por impulsar el desarrollo de una línea científica en el abordaje del derecho ambiental en España, y por extensión en todo el mundo de habla hispana a través de sus manuales y libros. Un par de excelentes reseñas de la persona y actividad académica de Ramón Martín Mateo, que destacan su ardua labor impregnada de preocupación social y política en el ámbito del derecho administrativo y ambiental, y su profunda preocupación humanística, puede encontrarse en los siguientes enlaces: de la Universidad de Alicante, y en el suplemento Pérgola del Periódico Bilbao de julio de 2007.
El distinguido académico dictó tras la investidura, una cátedra magistral en que destacó la necesidad de repensar las políticas energéticas a nivel mundial y la búsqueda de nuevos combustibles renovables, haciendo especial hincapié en el valor e importancia de la biomasa vegetal y marina como recurso energético. Hoy en día el tema principal de sus investigaciones se centra en el diseño de políticas energéticas sostenibles, en especial mediante la utilización de la biomasa como combustible renovable en la forma de biodiesel y derivados.
Un interesante artículo de su autoría puede consultarse en línea, en la Revista Andaluza de Administración Pública, Nº. 60, 2005, páginas. 35-48 “La aportación de la biomasa al aprovisionamiento energético”. Lea también su columna “La energía de la biomasa”
Tras la exposición, los estudiantes chilenos tuvimos la oportunidad de acercamos a conversar e intercambiar expresiones con el doctor Ramón Martín Mateo, quién recordó sus vínculos estrechos que lo unen con Chile, y lamentó su frustrado viaje a nuestro país por motivos de salud, para dictar su cátedra en el máster de derecho ambiental que imparte la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En el breve encuentro, el catedrático destacó el proceso de transición democrática y la privilegiada situación política y económica que vive Chile en la actualidad, así como la creciente preocupación que ha surgido en el ámbito académico nacional de incorporar materias relacionadas con la protección del medio ambiente en las mallas curriculares, proceso en que destacó la labor del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Al despedirse, señaló sus deseos de poder viajar a nuestro país en un futuro cercano.
Consulte el texto completo titulado “La revolución ambiental pendiente”, escrito en el que se plasman las principales ideas de Ramón Martín Mateo sobre el futuro del derecho ambiental. Una lista de textos y artículos del renombrado autor, algunos disponibles para su consulta en línea puede encontrarse acá.
En la foto: Ramón Martín Mateo y Carolina Riquelme