Paulina Gálvez es egresada de Derecho de la Universidad de Chile, ayudante y memorista del CDA.
La Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que la Planificación Urbana es el proceso que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de una política nacional, regional y comunal de desarrollo socio-económico1. Uno de los instrumentos de planificación territorial es el Plan Regulador Metropolitano.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha anunciado y está avanzando en la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, iniciativa fundamentada en las proyecciones de crecimiento de la población urbana en 2 millones de personas hacia el 20302 y en la constatación de que el actual PRMS de 1994 no ha logrado un crecimiento urbano de calidad.
En 1994, como política de planificación urbana, se pretendía aumentar la densidad de la población, estimándola en 150 habitantes por hectárea; la idea era frenar la extensión horizontal de Santiago, estableciendo un límite a la urbanización. El problema es que la ciudad siguió creciendo, y lo ha hecho con infraestructura deficiente. Junto a la visible extensión de Santiago, al aumento de la población, los problemas de conectividad, la carencia de parques y áreas verdes, la congestión y la notable segregación de la ciudad, las últimas inundaciones vienen a ser otro punto que atender.
Y es que no basta con planificar la forma en que la ciudad se hará cargo del aumento de la población en cuanto a soluciones habitacionales, de servicios, trabajo y educación, sino que es fundamental la visión integral de lo que significa una ciudad de las magnitudes de Santiago.
El instrumento de planificación anterior al PRMS de 1994, el Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 1960, se proyectaba en sus políticas hasta el año 2000. El PRIS contemplaba un cinturón verde consistente en una banda inedificable de 5 kilómetros de ancho entre la ciudad y la Cordillera de Los Andes. Esta disposición era consecuente con un análisis integral del crecimiento de la población, la consecuente extensión de la ciudad y sus interacciones con el medio geográfico en que ésta se asienta. Perseguía contener la expansión urbana y además, naturalmente permitía la indispensable infiltración y tránsito de las aguas superficiales, manteniendo además un corredor biológico y de recreación. El problema es que en 1979 se derogaron varias de sus disposiciones, contribuyendo a una desregulación y desplanificación que aún nos pesa.
Una vez eliminado este cinturón verde, vino la pavimentación y edificación de miles de hectáreas, ocupando suelo que antes servía (y seguiría sirviendo) como la forma natural de absorción de las aguas.
Frente a esto, es evidente cómo una errada planificación urbana repercute a lo largo de los años y en toda la extensión de la ciudad. Santiago tiene un déficit de áreas verdes por habitante, contando aproximadamente con 3 metros cuadrados por persona, distribuidos muy desigualmente, siendo que la OMS ha señalado que lo ideal para una ciudad es contar con entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población. Por otra parte, como fue posible observar hace un par de semanas, producto de las precipitaciones, puede acumular una masa de agua que parece inmanejable, que se mueve de manera absolutamente indiferente a las regulaciones territoriales existentes, y que se ha reflejado en las últimas inundaciones en diversas comunas de la Región Metropolitana.
El problema parece ser que en los análisis que se han realizado, no existe (o al menos es claramente insuficiente) la consideración de las características geográficas, de los recursos naturales existentes en la zona, y de que la proyección, construcción y desarrollo de una ciudad nunca debe desconocer la naturaleza. En cuanto a las inundaciones, no se trata sólo de trasladar aguas desde un punto de origen a un punto de destino, sino que es necesario avanzar hasta un análisis integral del problema, considerando una articulación coherente de las características del medio geográfico que se urbaniza, las necesidades, valores y recursos de la población, y la naturaleza de la urbanización y sus formas3.
El problema es que la reformulación del PRMS contempla nuevamente el aumento de los límites de la zona urbana de Santiago en 10.898 hectáreas, disminuyendo los terrenos rurales para dar paso a proyectos habitacionales. No hay duda de que el aumento de la población urbana requiere de la formulación de planes y la adopción de medidas que se enmarcan en la planificación urbana, así lo ha entendido y expresado el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana al reconocer que la ciudad crecerá exista o no planificación, y que el crecimiento sin planificación genera costos sociales de magnitud4; pero estos planes y medidas no pueden desentenderse de las problemáticas existentes como consecuencia de otra planificación anterior y deficiente.
La cuestión de las inundaciones no se soluciona sólo con la implementación de colectores de aguas lluvias, y menos con sacos de arena de contención, el problema es más complejo: la disminución de suelo rural para convertirlo en urbano o urbanizable, la preocupante desaparición de áreas verdes en los sectores urbanos que servían como terrenos de infiltración, y la, a mi juicio equivocada idea de crecimiento urbano horizontal no hacen sino profundizar y agravar estas problemáticas ciudadanas.
NOTAS:
1 Artículo 27 LGUC.
2 En la década de los 90, se esperaba una población de 8,7 millones de personas para Santiago hacia el 2020; hoy, las proyecciones hablan de 8 millones para el 2030.
3 Entrevista realizada a María Isabel Pavez, arquitecta y académica de la Universidad de Chile, publicada el 23 de mayo de 2008 en la página web de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universiad de Chile
4 Presentación de Seremi Metropolitano, disponible en la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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