Nuestro País atraviesa desde algunos años atrás por una grave crisis energética, producida por factores internos y externos. Entre los externos destaca la llamada “Crisis del Gas”[1] producida por el problema energético de argentina que se ve obligada a cortar total o parcialmente el suministro de gas natural a nuestro país, que abastece a la Región Metropolitana. Y entre los factores internos destaca la falta de fuentes energéticas propias que permitan autoabastecer nuestra necesidad energética y no depender del escenario energético mundial que actualmente es muy inestable debido principalmente a las variaciones de precio del barril de petróleo que incide en gran medida en nuestra economía al ser una de las principales fuentes energéticas de nuestro país[2].Este escenario energético ha obligado al gobierno y a las empresas encargadas de abastecer de energía a nuestro país a impulsar nuevos proyectos, que buscan poner fin a la actual crisis. Entre estos proyectos, existen varios que han resultado muy controversiales y que han ocupado un gran espacio en los medios de prensa y en el debate nacional, caracterizados por el gran rechazo que producen en la gente y en las organizaciones ambientalistas, por el problema de su emplazamiento.
Entre estos proyectos los más emblemáticos han sido Hidroaysen[3], el proyecto de las termoeléctricas en la Región de Coquimbo[4], y la Planta de Gas Propano de Peñalolén[5].
Todos estos Proyectos entraron o deben entrar al SEIA mediante un EIA, para que sea posible su construcciones según al articulo 11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que señala que deberán elaborar un Estudio de Impacto Ambiental los proyectos que generen o presenten alguno de los siguientes efectos: “d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.
Esta claro que todos estos proyectos caben dentro de la letra d) del Articulo 11 de la Ley 19.300, pero la discusión en este tema no es si deben entrar al SEIA mediante un estudio o una declaración, que es lo único que contempla nuestra legislación, sino si se puede o no realizar el proyecto. Es este uno de los grandes problemas y vacíos de nuestra legislación ambiental y es uno de los temas mas controversiales, cuando se piensa en un proyecto energético, el problema de su emplazamiento, debido a los grandes impactos ambientales que estos generan. Es necesario contar con un respaldo legal que sea claro y permita zanjar estos problemas de la mejor manera posible.
Esta claro que necesitamos fuentes energéticas propias, que pongan fin al problema energético actual, pero es necesario cuantificar los costos que generan éstos, para la sociedad, para la economía y para el medio ambiente. Es una obligación de esta sociedad legislar sobre el tema para que sea posible un desarrollo armónico y sustentable, que permita superar de la mejor manera posible las crisis energéticas y medio ambientales que en un futuro no muy lejano vamos a tener que enfrentar, y que nos permita entregarle a los dueños del futuro las herramientas necesarias para la preservación de la naturaleza y el medio ambiente, y no entregarles un país lleno de represas y termoeléctricas a un costado de los parques nacionales y reservas de la Biosfera.
[1] http://www.agnchile.cl/prontus_agnchile/site/artic/20050111/pags/20050111130532.html
[2] http://www.bcentral.cl/publicaciones/recuadros/pdf/ipom/2002/2002mayimpacto.pdf
[3] http://www.hidroaysen.cl/PDF/070830_Presentacion_Casas_Abiertas.pdf
[4] http://www.chilecologico.cl/barrick-construira-termoelectrica-en-la-higuera/97
[5] www.noalaplantadegas.org
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