El 29 de septiembre, la Coordinadora de Investigación del CDA, Valentina Durán, expuso ante la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, reunida en Santiago, su opinión personal acerca del Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Con posterioridad, el 29 de octubre asistió nuevamente a exponer ante la Comisión, esta vez en el Congreso Nacional, en Valparaíso.
En ambas ocasiones, se refirió a la creación del Ministerio como algo positivo, ya que permite identificar al responsable político de los temas ambientales y es una señal relevante de que el medio ambiente es un tema importante en el Gobierno, aunque advierte que su sola existencia no garantiza que los problemas se resuelvan.
En cuanto a la Evaluación Ambiental Estratégica, es un instrumento que avanza en el desafío de la transversalidad, expresado en el mensaje del proyecto. Sin perjuicio de tener un período de aplicación piloto o voluntaria, ésta debe ser obligatoria, de manera de garantizar que las grandes decisiones nacionales estén sujetas a evaluación ambiental, a imagen de lo que sucede en Europa con la evaluación de los planes y programas en materias como transportes y energía. Además propuso retomar la idea de la creación de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que genere un espacio político y transparente que permita la discusión en un plano transversal.
Valentina destacó la transparencia activa en materia ambiental que introduce el Proyecto, generando información pública acerca de la calidad del aire, agua, suelo, biodiversidad, registro de sanciones, entre otras.
En materia de biodiversidad, considera que existe una deuda y que es necesario incorporar en el diseño institucional, a un responsable claro de la administración de las áreas protegidas y de la conservación de la biodiversidad.
La creación de la Superintendencia del Medio Ambiente constituye un paso muy importante para avanzar en la eficiencia de la fiscalización en materia ambiental. Sin embargo, el modelo coordinador que sigue el Proyecto, que no deroga las competencias de los demás organismos, plantea varias inquietudes que deben revisarse en un estudio más detallado. Entre ellas está la cuestión acerca de cómo se coordinan los procedimientos de la SIMA y los demás órganos, incluir la fiscalización directa de la Superintendencia en determinados casos y eventualmente ir ampliando el ámbito acotado de la fiscalización a las RCA, planes y normas de la ley 19.300. Destaca a los Programas y subprogramas de fiscalización como la herramienta para lograr la coordinación, unida al establecimiento de indicadores de desempeño asociados a presupuestos sectoriales. Si bien las metodologías y los resultados de los programas deben ser públicos, no parece adecuado dar publicidad detallada respecto de los sectores que serán fiscalizados preferentemente, lo que podría significar dar mayor gradualidad en el cumplimiento de las normas, la que ya ha sido considerada en la implementación de éstas.
Se valora la incorporación de la colaboración privada en la función pública mediante la creación de un mecanismo de evaluación y certificación de conformidad que se realice bajo normas de transparencia, constatando el cumplimiento o incumplimiento, sin por ello suplantar a la autoridad en su función de policía ni ejercer funciones públicas indelegables como la imposición de sanciones, siempre manteniendo las garantías ciudadanas de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Destacable también es el establecimiento de la denuncia ciudadana y la explicitación de que el denunciante es parte interesada en el procedimiento administrativo.
En materia de reparación de daño ambiental, la creación de una fase administrativa de reparación con preferencia a la judicial, es un buen instrumento, que dará mayor celeridad y oportunidad a la reparación y que pone al medio ambiente en el centro de la preocupación.
En cuanto a las sanciones, es valorable que se establezcan sanciones altas, lo que las haría más disuasivas, sin embargo hay ciertos puntos que es necesario clarificar, como los criterios para determinar el monto de las multas, la consideración de la capacidad económica del infractor, la situación del ocultamiento o falsedad en la información como agravante, entre otras.
Vea el comentario completo en:
http://www.derecho.uchile.cl/cda/cda2006/investigacion/tramitacion_proyecto_ley_mma.htm
Vea el video de la sesión del 29/10/08 en Valparaíso por el Canal de la Cámara de Diputados.
2 comentarios:
Hola. Y gracias por el espacio. Creo que hay una gran deuda con la participación ciudadana en este proyecto de ley y en nuestra gestión ambiental. Es de papel. Un proyecto nunca será rechazado por la participación ciudadana, creo que no sirve.
Pamela
Pamela, gracias de nuevo por tus comentarios.
Hay varias preguntas planteadas, una de ellas que se ha discutido, es si debiese existir también un período de participación ciudadna en las declaraciones de impacto ambiental, y no sólo en la tramitación de los estudios.
Efectivamente hace falta una reflexión sobre qué tipo de participación queremos, cual debe ser su alcance y en qué nivel de las decisiones debe existir. ¿Qué pasa cuando un proyecto ingresado al SEIA genera una carga para los afectados que profundiza la inequidad? ¿Podemos exigirle tanto al sistema y al titular?
Creo que una herramienta interesante del proyecto de ley y que merece ser reforzada es la evaluación ambiental estratégica diseñándola con un sistema participativo de las grandes decisiones, de infraestructura, energía, etc.
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