Institucionalidad y política ambiental: ¿Borrón y cuenta nueva? Por Ricardo Serrano

Publicamos a continuación un comentario al Segundo Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental, organizado por el CDA el 7 de julio de 2006. Vea el programa y los expositores. Vea el Balance del CDA y la Opinión de Valentina Durán.

Agradecemos esta contribución enviada por Ricardo Serrano (Biólogo (MSc), quien es profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, e investigador asociado del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA - UChile).

En el encuentro organizado por el CDA se dieron cita especialistas en medio ambiente, logrando una debida representación de los sectores académico, estatal, ONG’s y privado. Centraré este comentario en la primera presentación del programa, la del Subsecretario Riveros, que versaba sobre la Agenda Legislativa del Ejecutivo. El Subsecretario expuso el contexto y las principales modificaciones a la institucionalidad ambiental que comprometió el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Señaló como antecedentes para la propuesta de cambios: (i) la aplicación por 12 años de la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, conocida más comúnmente como Ley 19.300, (ii) el Informe internacional de la OCDE y (iii) el programa de gobierno de Michelle Bachelet.
Según mi parecer, el diagnóstico o la “línea base” debe ser mucho más amplia y considerar sólo estas referencias resulta al menos parcial y muy restrictivo para el debate ambiental chileno. En efecto, el informe de la OCDE es un buen resumen de lo obrado en gestión ambiental desde la entrada en vigencia de la Ley 19.300 en 1994, sin embargo no es el único referente a nivel nacional. La Universidad de Chile, por ejemplo, tiene varias unidades académicas preocupadas de los temas ambientales (contaminación atmosférica e hídrica, recursos forestales, agricultura sustentable, biodiversidad, minería, acuicultura, planificación urbana, políticas ambientales, derecho, etc.). Como muestra de ello, baste señalar los Informe País: Estado del Medio Ambiente en Chile, de 1999 y 2002.
Pero más allá de lo anterior, resulta necesario reconocer que en más de una década de gestión ambiental en Chile todos los actores han acumulado una notable experiencia. Incluso desde Chile se ha “exportado” expertise técnica hacia otros países de Latinoamérica y el Caribe. Cabe esperar entonces que en un gobierno donde la participación resultó ser un importante eje de campaña, dicha experiencia pueda ser aprovechada para al menos: (i) elaborar un diagnóstico de los avances y falencias de las estructuras e instrumentos de gestión ambiental aplicados en el país y (ii) a partir de aquello formular cambios tanto a la institucionalidad como a la legislación y la política ambiental.
Cabe recordar que el programa de gobierno en materia ambiental surgió principalmente del compromiso de la entonces candidata con sólo un sector, un grupo de ecologistas, que comprometieron su apoyo luego de firmado un “Decálogo” ambiental de campaña.
Pero volvamos a la presentación del Sr. Edgardo Riveros. Luego de esbozado el contexto, el subsecretario Riveros señaló los avances de las dos iniciativas legales que el gobierno ha impulsado desde que asumiera las tareas ambientales. En primer lugar, el proyecto de Ley que otorga rango ministerial al Presidente del Consejo Directivo de CONAMA y en segundo lugar la creación de una Superintendencia Ambiental. Respecto de la primera iniciativa legal, al parecer nadie espera un trámite rápido, pues luego de la aprobación en general de la idea de legislar, el proyecto se encuentra en tres comisiones (Gobierno Interior, Hacienda y Medio Ambiente), donde podría ser tramitado por años, como ha ocurrido con el Proyecto de Ley sobre Bosque Nativo, en trámite desde 1992!. Además, el propio Riveros señaló en el encuentro que el Ejecutivo está elaborando una serie de indicaciones al proyecto presentado, señal inequívoca de que el proyecto tiene problemas. La estocada final la dio la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, cuyo representante señaló en el seminario en comento que el proyecto presentado por el Ejecutivo sería inconstitucional. A pesar de no ser yo un abogado, los argumentos señalados me parecieron muy válidos; más aún ni la autoridad ambiental ahí presente, ni la audiencia colmada de notables abogados iniciaron un debate al respecto, probablemente por falta de tiempo.
En cuanto a la Superintendencia Ambiental. El subsecretario Riveros señaló que el proyecto estaba en elaboración, pero que a grandes rasgos la idea era reforzar la fiscalización ambiental creando una entidad estatal que fiscalice los proyectos sometidos al SEIA. Es decir, reasigne las competencias que otros servicios públicos tienen en materia ambiental orientándolas o restringiéndolas para que esta nueva entidad evalúe el cumplimiento de la normativa ambiental de aquellos proyectos que poseen una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada por alguna COREMA o la CONAMA, según corresponda.
Al respecto me parece de interés puntualizar algunos aspectos. Primero, el reforzamiento de la capacidad fiscalizadora del estado en materias ambientales resulta no sólo necesario sino urgente. Un dato, el texto dedicado a la fiscalización en la Ley 19.300/94 corresponde al 3% del total y, en términos de artículos sólo el 2% de la ley está dedicada a la fiscalización. Segundo, el cambio del sistema de fiscalización ambiental requiere repensar el cumplimiento de la legislación ambiental (y otras), como un objetivo estratégico de país inserto en el mercado global. Tercero, se necesita una amplia reflexión de todos los sectores (académicos, privados, estado, ONG`s, gremios, etc.), acerca de qué, cómo y para qué fiscalizar en materia ambiental. Incorporar formalmente las auditorias ambientales y la “accountability” ambiental como instrumentos de gestión. Cuarto, el aparato público chileno ha avanzado enormemente en gestión ambiental en esta última década, especialmente a partir de la entrada en vigencia del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S.30/97, modificado posteriormente por el D.S.95/01), pues obligó a los organismos del estado con competencias ambientales no sólo a evaluar los proyectos antes de su ejecución sino también a fiscalizar lo señalado en las RCA.
En cada una de dichas reparticiones se han ido creando capacidades, se han formado recursos humanos y también se ha internalizado el principio de transversalidad que se le atribuye a la gestión ambiental en muchas partes del mundo; es decir, que la gestión ambiental no pude ser atribuida a un sector, servicio o ministerio, pues para que el proceso de desarrollo de un país sea sustentable, éste debe integrar objetivos económicos, sociales y ambientales. Reemplazar estas capacidades logradas tras años de esfuerzo para recrearlas en un servicio centralizado, resulta al menos una franca pérdida de plata.
No obstante lo anterior, también es necesario reconocer que en el mismo período el tema ambiental ha estado ausente de las prioridades de los directores de algunos servicios, e incluso algunos ministros bajo los cuales dependen importantes organismos encargados de coordinar y fiscalizar el cumplimiento de la legislación ambiental sectorial. Hay que revisar lo que pasa con la protección ambiental en los ministerios que tienen una vocación de fomento productivo. Es necesario incorporar la evaluación ambiental estratégica de las políticas públicas sectoriales, y sus planes y programas derivados.
En este punto me gustaría señalar que, en mi opinión, el proyecto de Superintendencia Ambiental apunta bajo la línea de flotación de todo el modelo de gestión ambiental del estado chileno, pues acaba con la transversalidad que sustenta al modelo coordinador diseñado en los años 90’s. Entre paréntesis, para llevar a cabo el rol estatal de proteger el medio ambiente, en el mundo existen dos modelos, el coordinador (como el de la institucionalidad chilena) y el vertical (Ministerio del Medio Ambiente).

Además, se continúa “SEIAando” la gestión ambiental en el país, es decir, todos preocupados de la coyuntura de si tal o cual proyecto debe ser aprobado o si cumplió o no con sus compromisos.
Efectivamente, de concretarse la idea de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, sería una especie de borrón y cuenta nueva, pues hará surgir un nuevo sector o más tristemente un nuevo y pequeño feudo, que sólo haría reforzar la naturaleza insular de la mayor parte del aparato estatal chileno. Creo que el tema ambiental es tan diverso y complejo que requiere del concurso y consenso de muchas visiones, experiencias y saberes.
Entonces, estamos en un momento interesantísimo en el debate ambiental chileno, en el que debemos enfrentar nuestras falencias y debilidades, para luego contrastarlos con los desafíos que tenemos como sociedad. Y creo que el camino va a ser difícil, ya que hemos visto el decaimiento del debate cuando nos centramos en la contingencia de la evaluación de proyectos emblemáticos (Trillium, Ralco, GasAndes, Alumysa, Celco, Pascua Lama, entre otros), es decir, centrar toda la discusión en el SEIA como instrumento. No es que dicha discusión no sea necesaria o interesante, sólo señalo que me parece que debemos mirar la gestión ambiental desde una perspectiva más global y comprehensiva. Otra tentación es tratar los temas des-coordinadamente o de acuerdo al componente ambiental afectado (Contaminación del aire, RILes, Residuos Peligrosos, Áreas Protegidas, etc.).
Ojalá el debate llegue hasta la médula del problema: ¿Qué tipo o calidad de medio ambiente queremos?, ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar en asegurar un ambiente adecuado a nuestros hijos y su descendencia?, ¿Qué priorizamos con un ingreso per cápita de menos de 10 mil dólares?, ¿Cómo nos desarrollamos sin que ello signifique pérdida de nuestro patrimonio natural y cultural? En síntesis, debemos definir criterios de política ambiental de largo plazo.
Estas y otras preguntas han formado parte de un debate que ha estado activo en el mundo durante los últimos 40 años, otras sociedades han resuelto adoptar ciertos riesgos y salvaguardas. Debemos mirar esas experiencias. La industria, el comercio, los consumidores y algunas ONG’s ambientalistas han desarrollado nuevos instrumentos e iniciativas para abordar de mejor manera el tema ambiental. La era de los instrumentos de comando-control estatal ha cedido espacio a los instrumentos de gestión ambiental voluntarios de carácter internacional con participación local. Esta tendencia debe incluirse en el debate nacional. Además debemos incorporar al debate temas como la educación ambiental y la formación de recursos humanos en general, la valoración de los servicios ecosistémicos, entre otros.
Finalmente quisiera señalar que el debate no surge ni da frutos espontáneamente, ni mucho menos se agota en espacios como este blog del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Las actuales autoridades ambientales tienen la responsabilidad de convocarlo, catalizarlo y concretarlo a la brevedad. Por suerte se vislumbran voluntades y capacidades en todos los sectores para que ello ocurra.

Opinión de ACHIDAM acerca del Proyecto de Ley que da rango de Ministro (...)

Al cierre del Diálogo sobre Reforma a la Institucionalidad Ambiental, el abogado Alberto Cortés Nieme intervino presentando la opinión de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, ACHIDAM, acerca del Proyecto de Ley que otorga rango de Ministro al Pdte del Consejo deMinistro de la CONAMA.
Este informe fue enviado por el Pdte. de ACHIDAM, Pedro Fernández Bitterlich, al Pdte de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacinoales del Senado el 17 de mayo de 2006. Puede ser descargado desde acá.

Diálogo sobre Reforma a la Institucionalidad Ambiental. Opinión de Valentina Durán

Por Valentina Durán, CDA. Opinion personal.

El Gobierno ha diseñado una Agenda Legislativa de reforma la Institucionalidad Ambiental en tres etapas. Lo primero es el proyecto de ley actualmente en tramitación, que da rango de Ministro al Presidente del Consejo Directivo de la CONAMA. Le sigue la creación legal de una Superintendencia Ambiental, a cargo de la fiscalización, y finalmente, la creación de un Ministerio del Medio Ambiente.
Del debate en estas materias, que hemos promovido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, surge cierto consenso acerca de la necesidad de una reforma a la institucionalidad ambiental, sin existir acuerdo sobre el diseño institucional que necesitamos. También pareciera ser necesario revisar los procesos que involucran la gestión ambiental. En las quejas de los distintos actores privados y ciudadanos surge el problema de la excesiva discrecionalidad administrativa, o del desequilibrio entre los elementos técnicos y políticos en la toma de decisiones, especialmente en cuanto a la aprobación o rechazo de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Así también aparecen los problemas de confianza y credibilidad entre los actores, junto con la frustración de quienes ven progresar el deterioro ambiental.
Si pensamos en la Reforma a la Institucionalidad y a la Gestión Ambiental, estimo que son a los menos tres las demandas o necesidades, hoy insatisfechas en la gestión ambiental cotidiana, a cuyo equilibrio se debe atender para lograr mejores estándares de gobernabilidad y sustentabilidad:
1. La necesidad de certeza jurídica o reglas claras. Se discute la relación entre los elementos técnicos y los factores políticos que debiesen fundamentar la emisión de las resoluciones que aprueban o rechazan proyectos en el SEIA, así como la modificación de estas mismas resoluciones. Una alternativa es sincerar el modelo actual, asumirlo, y cruzar los dedos o aprender a moverse en su interior. Otra opción, que me parece más sensata, es revisar a quién se entrega este tipo de decisiones, es decir, cual es la Institucionalidad requerida y su composición, y cuales son los procesos de la gestión ambiental que se diseñan o modifican. En relación con ello surge la pregunta de los costos que los distintos actores están dispuestos a asumir para tener reglas más claras. Por ejemplo: ¿Los Intendentes, están dispuestos a perder el poder que deriva de su integración en las COREMA? A su vez, los Parlamentarios, que en última instancia definirán esta Reforma, ¿están dispuestos a avalar algún cambio en los mecanismos de toma de decisión? ¿Quiénes estarían dispuestos a que sea un ente autónomo y “aséptico” el que tome estas decisiones?
2. La necesidad de protección ambiental. Respecto de la necesidad de protección del medio ambiente, ello requiere, como mínimo, mejorar la fiscalización de las normas existentes y de las autorizaciones que se emiten en consideración a este marco. ¿Entregamos ciertas funciones a un ente autónomo? ¿Cuán autónomo? La determinación de las prioridades de la fiscalización y del ejercicio de la potestad sancionadora sanción no es una actividad neutra. La protección del medio ambiente requiere también de la actividad propiamente política, que implica reforzar el ritmo del ejercicio de la función normativa, reforzar la coordinación, ejercer liderazgos y fijar políticas y objetivos.
3. La necesidad de mejorar el Acceso a la Justicia Ambiental.
Este concepto debe entenderse en un sentido amplio, que incluye no sólo a los tribunales de justicia sino también la justicia administrativa y otras formas de resolución de conflictos, y que presupone, como requisitos, un adecuado acceso a la información y a la participación ambiental. Mejorar este nivel de acceso implica lograr vías administrativas y jurisdiccionales suficientes y adecuadas, a disposición tanto de los inversionistas como de los ciudadanos, con aptitud para controlar e impugnar la actividad administrativa, reparar un daño ambiental, proteger la actividad económica y velar por el interés público. Además se requiere fortalecer las capacidades de todos los actores. Por ejemplo: No basta tener un nuevo artículo 8º en nuestra Constitución que declara que “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”; ni una reciente Ley de Procedimiento Administrativo que establece garantías a los administrados, si los funcionarios públicos o los jueces no están suficientemente capacitados para aplicarlas. En el mismo sentido, ni 60, ni 120, ni 360 días alcanzan para que una comunidad conozca y entienda realmente un proyecto de inversión de gran envergadura, si no es asesorada y apoyada técnicamente.
Finalmente, tal como se promueven las bondades de crear espacios de participación ciudadana temprana en el SEIA y en otras áreas, sugiero generar y abrir un espacio de discusión efectivo y basado en antecedentes y diagnósticos sólidos, bajo un liderazgo reconocido, para que, en un plazo determinado, se fijen los lineamientos fundamentales de esta Reforma a la Institucionalidad prevista en el Programa de Gobierno, instrumento que, tal como se ha dicho, es llamado a ser la carta de navegación del Gobierno de la Presidenta Bachelet.

Diálogo Sobre la Reforma a la Institucionalidad Ambiental: Balance del CDA

Diálogo Sobre la Reforma a la Institucionalidad Ambiental: Balance del CDA

El 7 de julio se realizó, en el Aula Magna de nuestra Facultad, el Segundo Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental, organizado por el CDA, que trató sobre "La Reforma a la Institucionalidad Ambiental". Vea el programa y descargue las presentaciones disponibles. Vea la nota de prensa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Balance del CDA
La masiva concurrencia de alrededor de 150 personas de variados sectores, nos mostró el enorme interés por escuchar, comprender y debatir la Agenda Legislativa que el Gobierno ha propuesto, sus fundamentos, y por cierto, la forma en que el desarrollo de esta agenda se relaciona con el avance de los cuatro ejes estratégicos presentados por la Directora Ejecutiva de la CONAMA.
Hubiésemos querido disponer de más tiempo para abrir y profundizar la discusión. Sin embargo, creemos que fue un muy buen punto de partida y agradecemos sinceramente la participación de los expositores y comentaristas. Nuestra intención es seguir acogiendo esta discusión, para discernir y debatir con mayor profundidad los siguientes aspectos:

1. El diagnóstico. Es decir, la respuesta a las preguntas: ¿Por qué debiésemos reformar la actual institucionalidad ambiental? ¿Que fallas o problemas queremos evitar o disminuir a través de una reforma?
2. El objetivo. ¿Para qué reformar la Institucionalidad Ambiental? ¿Qué se quiere lograr? ¿Una Institucionalidad Ambiental funcional a qué Política y a qué modelo de gestión ambiental? ¿Cuáles son los estándares de protección ambiental a los que aspiramos?
3. La metodología. ¿Cuál va a ser el procedimiento para reformar la institucionalidad ambiental? ¿Cómo se define la agenda legislativa y el itinerario a seguir y sus prioridades? ¿Esperamos la aprobación del Proyecto de Ley en trámite para que el futuro Presidente del Consejo Directivo de la CONAMA nos anuncie los pasos a seguir?
4. Los recursos y los costos a asumir. ¿Cuál va a ser el presupuesto de la gestión ambiental? ¿Cómo se financian los Ejes estratégicos de la CONAMA? ¿Qué costos estamos dispuestos a asumir en una Reforma?

Agradecemos la numerosa asistencia al encuentro, y los invitamos a seguir atento a nuestras actividades, en particular a las Terceras Jornadas de Derecho Ambiental que profundizará estos temas con el aporte de 30 ponencias inéditas sobre el tema "Institucionalidad y Gestión Ambiental para Chile del Bicentenario".

Caso Celco: opinión de Claudia Sepúlveda

Durante el año 2005, el CDA siguió atentamente el Caso Celco, publicando sus opiniones en la prensa (ver archivo de junio y julio y agosto) y en la Revista de Derecho Ambiental Nº2 (pronto disponible en PDF).

En el Segundo Diálogo, sobre "Reforma a la Institucionalidad Ambiental", del viernes 7 de julio, uno de los aspectos a tratar será el Diagnóstico, es decir, la respuesta a las preguntas: ¿Por qué debiésemos reformar la actual institucionalidad ambiental? ¿Que fallas o problemas queremos evitar o disminuir con una reforma?

A partir del caso Celco surgen muchos elementos de diagnóstico de la gestión ambiental y un sinnúmero de opiniones. Reproducimos acá la particular visión de Claudia Sepúlveda Luque, Socióloga, Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, quien aporta a este blog su columna, publicada en "Valdivia Noticias" el 25 de junio de 2006.

LA DOCTRINA FREI DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES CONSUMADOS: EL KARMA QUE A BACHELET LE TOCA SUPERAR

La muerte del Río Cruces en Valdivia sigue ocurriendo: CELCO descarga hoy los mismos compuestos que causaron el colapso del humedal de 6 mil hectáreas que, irónicamente, está protegido por el Estado y por la Convención Ramsar. El ecosistema no muestra señales de recuperación: los contaminantes han aumentado en las aguas del Santuario, los cisnes que migraron este verano agonizan otra vez y las aguas envenenadas son consumidas por cientos de familias rurales. En términos geológicos, la huella del desastre quedará registrada en capas de sedimentos tóxicos que serán el testigo fósil del fracaso de la institucionalidad ambiental chilena en este rincón del planeta.
Un estudio científico publicado esta semana, cuyo autor es el geoquímico Sandor Mulsow, de la Universidad Austral de Chile demuestra experimentalmente y con mediciones de terreno el mecanismo a través del cual los Sulfatos descargados por CELCO causaron la muerte del luchecillo y, como efecto, la muerte de los cisnes y otros herbívoros. Este estudio cierra de manera definitiva la discusión sobre la responsabilidad directa de CELCO. A su vez, refuerza las contundentes evidencias aportadas por el estudio que la misma Universidad Austral divulgó hace más de un año y que debieran bastar para detener la descarga de la Planta CELCO e, incluso, para revocar la autorización que en 1998 permitió su operación.
Cuesta aceptar que un desastre de esta magnitud se perpetúe por más de dos años sin que ninguna medida para detenerlo se haya implementado ni por las autoridades ni por la empresa. Pero lo más grave es que la Planta de CELCO no sólo sigue descargando los mismos contaminantes que colapsaron el ecosistema sino que tal descarga fue autorizada por la COREMA X al margen de la ley.
En efecto, CELCO nunca declaró que vertería Sulfatos al Río Cruces por lo que estos compuestos no fueron autorizados en la resolución que aprobó el proyecto. Y aunque los monitoreos del Santuario registraron altas cantidades de Sulfatos la empresa negó estar descargándolo al humedal. Ello a pesar de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios midió 59 toneladas diarias de Sulfatos en los residuos que CELCO vertía al Río Cruces a fines del 2004. Lo que legalmente correspondía, como recomendaron en mayo de 2005 los servicios competentes, era detener la descarga de Sulfatos y otros compuestos no autorizados hasta no realizar una evaluación de sus impactos. Sin embargo, la COREMA X, presidida por el Intendente Vives, autorizó a CELCO, sin la evaluación legalmente exigida, a continuar vertiendo hasta 40 toneladas diarias de Sulfatos. No sólo eso: un mes más tarde aumentó a 60 las toneladas diarias de Sulfatos autorizadas ilegalmente. Es decir, una cantidad aún mayor de la que produjo el desastre.
El caso CELCO remeció los cimientos de la institucionalidad ambiental. Se acuñó así el concepto “antes y después de CELCO” para graficar que los graves errores cometidos no podían volver a repetirse. Pero lo cierto es que el desastre institucional, lo mismo que el ambiental, ha continuado perpetuándose. ¿Cuál es el origen de esta política de administrar los impactos ambientales desastrosos como si fueran hechos consumados irreversibles, obviando incluso las leyes y normas que supuestamente debieran evitarlos?Su origen está en la doctrina estatuida por el ex Presidente Eduardo Frei. Fue durante su mandato que entró en vigencia la Ley de Medio Ambiente y comenzó a operar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Frei acuñó el concepto de que “ninguna inversión se detendría por consideraciones ambientales” y de que el SEIA no estaba diseñado para rechazar proyectos sino para “mejorarlos ambientalmente”. Con ello se consagró la práctica de que el principio preventivo de la evaluación ambiental debía reducirse a la mera aprobación condicionada de proyectos, supeditándose las evaluaciones técnicas a las prioridades de inversión administradas políticamente a través del SEIA.
La demostración de tal práctica se expresó en el apoyo público de Frei a los proyectos Trillium y Ralco antes de que sus evaluaciones ambientales concluyeran y a pesar de los informes técnicos en contrario. En el caso de la Planta de CELCO en Valdivia el Comité Técnico de la COREMA X rechazó el proyecto en enero de 1996 por considerarlo ambientalmente inviable. Pero dos meses más tarde Frei puso la primera piedra de la Planta obligando a la COREMA X a aprobarla con condiciones que en su mayoría no se fiscalizaron ni se cumplieron. El ahora Senador Frei sigue favoreciendo los intereses de CELCO a través de gestiones que empañan su imagen pública.
La intervención política de las aprobaciones ambientales, inaugurado por el ex Presidente Frei, es un karma que sigue pesándonos como país. La autorización ilegal que la COREMA X le dio hace un año a CELCO para descargar Sulfatos es igualmente resultado de la intervención política que entonces realizó el ex Presidente Lagos al ordenar que la Planta no podía detenerse. Mientras este tipo de situaciones siga ocurriendo, el SEIA continuará siendo un instrumento permeable políticamente, administrado en las regiones por autoridades designadas que, como en el caso del ex Intendente Vives, pueden llegar a ser los mejores operadores de empresas irresponsables ambientalmente.
Las recientes aprobaciones de la Planta Itata de CELCO y del proyecto Pascua Lama han seguido el mismo camino de la Planta Valdivia. En ambos casos persisten serias dudas sobre los impactos que podrían ocurrir, las que no fueron resueltas por las evaluaciones ambientales. Sin embargo, las respectivas COREMAs aprobaron los proyectos con un listado de condiciones que supuestamente permitirán detectar impactos no previstos, tal como se hizo en Valdivia. Nada asegura que los organismos competentes serán capaces de identificar señales de cambios negativos en el ambiente, como no la tuvieron en Valdivia. Tampoco existe la seguridad de que, aún existiendo monitoreos que alerten de efectos dañinos, los servicios públicos reaccionarán oportunamente, como no lo hicieron en Valdivia. Y, finalmente, existiendo la evidencia para demostrar los impactos y su origen, nada garantiza que las autoridades detendrán las operaciones que los causaron, como no lo han hecho en Valdivia.
La actual Directoria de CONAMA se comprometió con la ciudadanía de Valdivia a hacer llegar a la COREMA X la publicación del Dr. Mulsow que obliga a revisar la autorización que permite a CELCO descargar Sulfatos al Río Cruces. Es de esperar que estos contundentes antecedentes tengan los efectos administrativos que la ley exige y que, de una vez por todas, la CONAMA haga lo que es correcto, sin intervenciones políticas. Al gobierno de la Presidenta Bachelet le corresponde desprenderse del karma que tristemente heredó de sus antecesores.

La "Macroambientología"

Por : Ezio Costa Cordella
Ayudante del Centro de Derecho Ambiental
Ayudante de Litigación Ambiental
Facultad de Derecho
Universidad de Chile

Desde el punto de vista económico, el hombre se desenvuelve dentro de un mercado.
Para que este funcione se deben cumplir ciertos requisitos que aseguren las condiciones mínimas que permitan a cada hombre desarrollarse dentro de él y desarrollar una vida adecuada en la que pueda satisfacer sus necesidades.
El mercado en sí en Chile no es regulado de manera exhaustiva, pero sí algunos factores que lo afectarían de manera importante. Estos factores, su estudio y desarrollo es lo que llamamos “Macroeconomía”.
La “Macroeconomía” tiene tal importancia en la estabilidad de un país, que su regulación viene entregada en muchas partes del mundo, al igual que en Chile, a un órgano especial, eminentemente técnico y alejado de los vaivenes de la política que supone la existencia de la democracia.
Este órgano es el Banco Central.
Ahora bien, desde un punto de vista biológico, el hombre se desenvuelve dentro de un “medio”, al que nosotros comúnmente llamamos “medio ambiente” y que comprende no sólo la naturaleza, sino todo aquello que rodea a la especie humana y le permite desarrollar su vida, como las ciudades y otros artificios.
Al igual que el mercado, el ambiente tiene que cumplir con ciertas condiciones para que la vida humana se desarrolle de manera normal. Algunas de esas condiciones parecen ser globales y de estudio complejo, es lo que llamaremos “Macroambiente”.
El “Macroambiente” o "Macroambientología" comprendería en este caso las políticas a largo plazos y los lineamientos generales sobre cómo hacer que nosotros podamos convivir con nuestro medio sin arrasarlo e inutilizarlo.
Al igual que en el caso de la Macroeconomía, se requieren miradas expertas y con gran proyección para que la sustentabilidad del desarrollo y la estabilidad del ambiente no vengan alteradas por políticas populistas o simplemente populares a la hora de gobernar.
Entonces, ¿Por qué no tener un “Banco Central Ambiental”?
Las políticas Macro sobre el medio ambiente no pueden estar entregadas a las autoridades políticas de turno, que tienen sólo 4 años (en nuestro sistema actual) para encantar a la población con buenos resultados a corto (y a veces a mediano) plazo.
Nosotros, electores comunes y silvestres, tendemos a tener visiones de corto plazo heredadas de la cultura del crédito y el consumo y por ello exigimos a nuestras autoridades (que tienen la misma visión) que satisfagan nuestras necesidades urgentes e inmediatas, sin preocuparnos de lo que ello podría acarrear a futuro. Tampoco existe un contrapeso en este sentido, pues lamentablemente las generaciones futuras no tienen ni voz ni voto.
Es por este problema, de la visión de corto plazo, que hace tiempo le fue quitado al poder de turno (y de paso a los votantes) la facultad de influir sobre la macroeconomía.
En el tiempo que ha pasado desde que eso ocurrió, nadie parece estar disconforme con dicha decisión.
Me parece que ahora es el momento de quitarnos la posibilidad de influir sobre las decisiones macro en materia ambiental para poder así proteger nuestro patrimonio (y de paso nuestras vidas) de mejor manera.
Debería ser un grupo de asesores expertos los que decidan por nosotros en esos temas, algunos iluminados que sean capaces de fijar un Azimut, un rumbo a seguir, que sea conciliador entre nuestras necesidades presentes y las de nuestros futuros descendientes que tendrán que enfrentarse a nuestros errores y virtudes.
Las decisiones del día a día, como la aprobación de proyectos específicos o declaración de algunas zonas como áreas de una determinada actividad económica no pueden entregarse, por supuesto. Estas debieran estar radicadas (o seguir radicadas) en un organismo estilo CONAMA, que cumpla con dicha función como tarea principal.
Pero la visión global, que responda a las preguntas claves, que fije los objetivos y los parámetros y que trace las líneas para la aprobación de proyectos, utilización de ciertas zonas, sustentabilidad energética, etc. debe estar entregada a un organismo autónomo, apolítico y técnico.
Aprovecharé el impulso para comentar los pasos que hoy se están dando en este sentido. Creo que el gobierno actual, con las mejores intenciones, ha errado absolutamente el camino.
La creación de un Ministerio del Medio Ambiente me parece de fondo equivocado, ya que si bien entrega mayor rango y jerarquía a la problemática ambiental, también la acerca aún más a la política contingente, lugar del que precisamente queremos alejarla.

Educación Ambiental

Por: Pablo Aranda, ayudante del Centro de Derecho Ambiental

Hablamos del medioambiente, del cuidado de la naturaleza, de ecosistemas y ecología, pero ¿qué sabemos realmente al respecto?
Es claro que el tema hoy está más vigente que hace dos décadas. Manejamos términos que antes no conocíamos, incluso existen más organizaciones civiles que se reúnen en torno al tema de la preservación del medioambiente. Pero ¿qué sabemos realmente al respecto?
Estudiamos durante 12 años en colegios, escuelas y liceos. Durante 12 años nos hablaron de las guerras, revoluciones, sujetos, predicados y ecuaciones.
También aprendimos un poco de las especies animales y vegetales, pero no me atrevería a decir que tenemos un conocimiento acabado sobre ellas.
Curioso, si pensamos que somos parte integral de la naturaleza , que ésta nos permite alimentarnos, vestirnos y despertar todos los días.
Supongo que a nadie se le ocurriría pensar que una persona que fue al colegio olvidó como dividir o conjugar un verbo. Sin embargo es fácil imaginar que esa misma persona no recuerde cómo ocurre un proceso de biodegradación, o que condiciones debe tener un suelo fértil.
Sinceramente, no sólo creo que aceptemos que esa persona no lo recuerde sino que es altamente posible que nunca lo haya sabido.
Ese es el punto, no fuimos educados para vivir en el mundo. El mundo real, el mundo palpable, el mundo compuesto por seres vivos. Nunca un profesor nos enseñó teorías sobre el cuidado del medio ambiente.
Por ejemplo, todos estudiamos la primera y segunda revolución industrial. Pero ¿A alguien le explicaron el impacto en el ambiente que estas conllevaron? Con suerte, a alguien le hablaron del hacinamiento de los trabajadores y los sueldos ínfimos, y eso sólo si el profesor tenía una gran conciencia social.
Hoy no sabemos nada del ambiente, no penalizamos a quienes lo alteran, no culpamos a quienes no lo respetan, no proponemos nuevas alternativas menos dañinas, pero no porque no queramos, sino , simplemente, porque no sabemos.
Si la educación sufrirá reformas, hay que aprovechar la oportunidad. La jornada completa es una instancia perfecta. Hay que crear, hay que trabajar, hay que pensar cómo incorporar el cuidado del ambiente en el currículo obligatorio de cada colegio. Hay que trabajar ahora, la idea es que los niños de hoy día, mañana no se pregunten “pero ¿qué sabemos al respecto?”. La idea es que lo sepan, lo practiquen y lo proyecten

Control de RILES: Nuevo escenario, Por Cecilia Urbina

Por Cecilia Urbina, Abogada de la Unidad Ambiental de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, e Investigadora del CDA.

Este año es, sin duda, un año que presenta grandes desafíos para el sector industrial y público en el ámbito del cumplimiento de la normativa ambiental. Uno de ellos, es el cumplimiento de las normas de emisión que regulan las aguas residuales, cuya exigibilidad total para las fuentes existentes se hizo efectiva en el caso del D.S.N° 46/02 MINSEGPRES, que establece la norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas, el 17 de febrero de 2006; y para el D.S N°90/00 MINSEGPRES, que establece la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, este plazo vence el próximo 3 de septiembre.
Estas normas representan además un hito importante en el proceso de mejoramiento de la calidad de los cursos superficiales y subterráneos de agua en Chile, que a su vez, tendrán un efecto positivo en la salud de la población, en la protección de la biodiversidad de los distintos ecosistemas (humedales, estuarios, lagunas, ríos y acuíferos), y en la inserción de Chile en los mercados internacionales.
En cuanto a técnica normativa, y en razón de tener la categoría de normas de emisión, estas normas regulan los contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos dependiendo del lugar de descarga, estableciendo los parámetros, valores límites de emisión y otras disposiciones complementarias sobre muestreo y análisis de los monitoreos.
Destacamos que, la plena aplicación de estas normas determina necesariamente el pleno funcionamiento de la institucionalidad ambiental vigente respecto a las descargas de residuos líquidos, destacando en este marco institucional la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la Dirección General de Aguas (DGA), las Autoridades Sanitarias Regionales, Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
En cuanto al rol de la SISS, una vez determinado si un establecimiento generador de residuos líquidos es fuente emisora de acuerdo a la norma de emisión correspondiente, este organismos del Estado, dicta una Resolución que Aprueba el Programa de Monitoreo, que establece las exigencias ambientales referidas a la calidad del efluente y su monitoreo, de acuerdo a la norma de emisión aplicable y a su Resolución de Calificación Ambiental.
Es preciso tener presente que para el cumplimiento de estas normas de emisión, la fuente emisora deba desarrollar un proyecto de sistema de tratamiento y/o disposición de sus residuos industriales líquidos que por mandato de la Ley N° 19.300 tenga que ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En este procedimiento de evaluación, administrado por CONAMA, la SISS emite su pronunciamiento sectorial.
En este contexto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y en cumplimiento de su función pública de controlar los residuos industriales líquidos, y con el objeto de promover el cumplimiento de estas normas de emisión, está llevando a cabo un Plan de Acción. Este Plan de Acción consiste en la fiscalización de las industrias sujetas a estas normas de emisión, y la sanción por los incumplimientos a las obligaciones que establecen estas normas para evaluar su cumplimiento, entre ellas, la obligación de caracterizar los Riles, para ambas normas de emisión; y la de determinar la vulnerabilidad del acuífero y su contenido natural, si fuese procedente, para el caso del DS N°46/02.
Destacamos que, a partir de la promulgación de estas normas, en particular del DS N° 90/00 MINSEGPRES, se da inicio a un proceso de trabajo conjunto con el resto de los organismos públicos con competencia ambiental, el cual se consolida con la firma de los convenios MAPRO, tendientes por una parte a estandarizar los procesos de fiscalización y por otra a hacer un levantamiento de las industrias que descargan sus Riles en cursos o masas de aguas superficial.
Finalmente, y en virtud del principio de coordinación que rige a los organismos del Estado, la SISS y el MINSAL, suscribieron un Convenio que tiene por objetivos estandarizar los procedimientos de evaluación y fiscalización en materia de aguas residuales, y promover el cumplimiento de estas normas de emisión.
Cómo vemos este nuevo escenario normativo, presenta nuevos desafíos para el sector privado como público, ante los cuales no podemos dejar de responder.

Respaldo unánime a proyecto que le da rango de ministro al presidente de la Conama

No obstante, los parlamentarios reiteraron la necesidad de entregarle más atribuciones y precisar las responsabilidades que tendrá la nueva autoridad, lo que harán durante la discusión en particular.

Comunicado del Departamento de Prensa del Senado del 07/06/2006. Mayor información y antecedentes de la tramitación del proyecto en Boletín Nº 4148-06.

Un unánime respaldo le entregó el Senado al proyecto que le otorga rango de ministro al presidente de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), al aprobar en general la iniciativa que forma parte de las 36 medidas de los primeros cien días del gobierno de Michelle Bachelet.
Pese a que los parlamentarios reiteraron la necesidad de entregarle más atribuciones y precisar las responsabilidades que tendrá la nueva autoridad, optaron por aprobar la idea de legislar sobre la iniciativa, puesto que existe un compromiso del Ejecutivo por presentarle indicaciones en esa línea. De hecho, el Senado acordó abrir un plazo hasta el próximo lunes 3 de julio para que el Ejecutivo y los senadores hagan llegar sus propuestas para mejorar el proyecto.
Tal como sucedió en la sesión del martes, cuando se empezó la discusión de este proyecto, las intervenciones de los senadores estuvieron marcadas por fuertes críticas a la institucionalidad medio ambiental vigente en el país.
Uno de los primeros en hacer uso de la palabra fue el senador Nelson Avila, quien criticó la falta de autonomía y de conocimientos técnicos específicos de las autoridades medioambientales. Para ello, recordó el caso que afecto a miles de personas en la Octava Región, que se vieron afectados por la emisión de residuos industriales líquidos que se vertieron en el Río Itata, argumentando que “a ninguna de las autoridades competentes, pareció importarles que durante dos años, esos riles iban a estar gravitando de manera determinante”.
A su turno, el senador Ricardo Núñez lamentó que, a propósito de la tramitación de este proyecto, no se hubiera aprovechado la oportunidad de generar una mejor institucionalidad ambiental. “Desde mi punto de vista no es posible seguir avanzando cuando los Coremas (Consejos regionales del medio ambiente) siguen tal cual, sin las personas adecuadas. Debiéramos haber aprovechado para hacer cambios a las composiciones de las Coremas y además para entregarle más atribuciones al presidente que va a tener rango ministerial, porque creo que va a tener las mismas limitaciones que el actual director de Conama”, advirtió el parlamentario.
En tanto, el senador Hosaín Sabag calificó esta iniciativa como “un paso importante en esta materia” y señaló que si bien todos debemos preocuparnos por proteger el medioambiente “no debemos perder de vista que somos un país que está en vías de desarrollo y no nos pueden comparar con un país desarrollado”.
MEDIDA COSMÉTICA
Por su parte, el senador Hernán Larraín calificó el proyecto como “una medida cosmética para cumplir con compromisos electorales”, pues a su juicio, si un gobierno de la Alianza hubiese presentado esta iniciativa, “habría sido considerada por la Concertación como un emblema de la cosmética legislativa, porque no mejora en nada, y solo sirve para cumplir ante el país un compromiso de campaña”.
No obstante, aprobó la iniciativa pues considera que se necesita ir generando una institucionalidad que opere en forma descentralizada.
En tanto, la senadora Evelyn Matthei señaló que “cualquier iniciativa que sirva para ir profesionalizando la institucionalidad medioambiental es buena”, puesto que actualmente se han dado “absurdos” como el llegar a pedir que se instalen posicionadores satelitales en tres llamas para evaluar el impacto ambiental de un proyecto.
Agregó, que además de profesionalizar la institución es necesario transparentar la forma en que se niegan y concedes permisos, puesto que “se están empezando a institucionalizar las coimas”, por lo que es necesario que se terminen las prácticas poco claras.
A su turno el senador Alejandro Navarro, manifestó que las críticas que hizo a la política ambiental de los gobiernos de la Concertación, fueron hechas bajo la convicción de que todo se mejorará con la creación del Ministerio del Medio Ambiente

Fuertes críticas en debate en el Senado: Girardi y Navarro destrozan CONAMA

Intervenciones de senadores molestaron al ex Presidente Eduardo Frei. Por Claudio Salinas. Publicado en El Mercurio el 07/06/06
Estupor en las bancadas opositoras y molestia en el propio presidente del Senado, Eduardo Frei, quien conducía la sesión, provocaron ayer las corrosivas críticas formuladas por los senadores Guido Girardi (PPD) y Alejandro Navarro (PS) a la gestión ambiental de los gobiernos de la Concertación durante el debate del proyecto de ley que eleva a rango de ministro a quien ocupe la dirección de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
La iniciativa legal forma parte de las 36 medidas para los primeros cien días de gobierno de la Presidenta Bachelet y los duros juicios de Girardi y Navarro llevaron incluso ayer a la Alianza a reexaminar su postura de apoyo a la idea de dotar de más recursos a la Conama.
Con el ex Presidente Frei en la testera y la ministra Paulina Veloso en la sala, el senador Girardi manifestó que "la gestión ambiental en los últimos años es un verdadero fracaso y una vergüenza", enfatizando que la Ley de Bases del Medio Ambiente dictada durante los gobiernos de la Concertación "ha sido un tremendo retroceso".
Navarro sostuvo que la dependencia de la Conama del Ministerio Secretaría General de la Presidencia "fue una politización extrema de un organismo que tenía una función técnica".
Ante tal cuadro, el senador de RN Andrés Allamand planteó la insólita situación de senadores concertacionistas arrojando críticas demoledoras a sus gobiernos.
"No me parece coherente que quienes se dicen partidarios del gobierno se presentan a las elecciones en las listas del gobierno, se sacan fotos con las autoridades, van a los actos oficiales y simultáneamente lo descalifiquen de manera brutal como en esta sesión", afirmó Allamand.
A su turno, el senador de la UDI Pablo Longueira pidió votación separada del capítulo presupuestario para el futuro ministro de Medio Ambiente "porque no debiéramos gastar un peso más en lo que hemos escuchado. Esto es un cuento, una promesa electoral que no va a tener ningún impacto. (Girardi y Navarro) han sido muy francos al describir algo que conocen mucho mejor que nosotros porque son los que se reparten todos los cargos, pura gente cuoteada de los partidos de ustedes, que están en las coremas, etc.".
El propio senador Frei, desde la testera, mostró su molestia ante los cuestionamientos de Girardi y de Navarro y, empleando un tono algo informal, señaló que "voy a pedir el texto para saber qué es lo que dijeron de mí, para ver si mañana reivindico mi nombre si he sido aludido injustamente".
El proyecto será votado hoy en general y es probable que se apruebe por su amplio apoyo.

Encuentro con Ana Lya Uriarte, Directora Ejecutiva de CONAMA y profesora del Magíster de Derecho Ambiental.

Al desayuno, realizado el 24 de mayo, asistió un grupo de profesores de Derecho Ambiental de la Facultad*, convocados por el Director del Centro de Derecho Ambiental, Prof. Sergio Montenegro, en honor de Ana Lya Uriarte, profesora del Diplomado de Derecho Ambiental aplicado a la Empresa, y del nuevo Magister de Derecho Ambiental de la Facultad, y recientemente nombrada Directora Ejecutiva de la CONAMA.
Abrió la reunión el Prof. Montenegro, dando la bienvenida y felicitando a Ana Lya Uriarte por su merecido nombramiento.
Luego, la Directora Ejecutiva de la CONAMA, señaló que tal como el año 1994 inició un período en el cual se establecieron en nuestro país las bases del modelo institucional encargado de la protección ambiental, el año 2006 se presenta como una etapa “refundacional” que tiene por objetivo adaptar las instituciones medioambientales a la nueva realidad política económica nacional. Considera que “es un momento auspicioso porque hay compromisos de fondo para la protección ambiental” y por la conciencia existente sobre “la importancia de dar un presupuesto” a este propósito. Según sus propios dichos: “la cuestión ambiental vino para quedarse”.
Ana Lya Uriarte aclaró que no es misión de la CONAMA llevar adelante el proyecto de ley referido al nombramiento de un Ministro del Medio Ambiente, ni la creación de un Ministerio y Superintendencia, las cuales son tareas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, la CONAMA apoya plenamente este proceso, pero se concentra actualmente en las tareas de fondo destinadas a la protección del medio ambiente. Es en esta perspectiva que la CONAMA se propone avanzar en la puesta en marcha de la evaluación ambiental estratégica y en el diseño de una estrategia nacional de cuencas, así como en la elaboración de instrumentos que permitan realizar una gestión ambiental territorial con participación de ciudadanos informados.
La Directora Ejecutiva de la CONAMA reconoce que son ejes rectores de la protección del medio ambiente la educación y la participación, pero subraya las dificultades para la participación en una sociedad que posee un tejido social débil, y respecto de la cual es necesario potenciar credibilidad y confianza.
En cuanto al modelo institucional medioambiental que debe implementarse en nuestro país, la actual directora de la CONAMA reconoce que es un asunto “opinable y discutible” y que lo verdaderamente relevante es la importancia que adquiera la protección ambiental en nuestra sociedad. En este sentido concuerda con algunos de los invitados en continuar y fortalecer un tipo de institucionalidad que integre la protección del medio ambiente de manera transversal. De ahí la pregunta de los invitados en torno a cómo llevar adelante esta transversalidad en un país marcado por la sectorización.
Otro punto de consenso fue que el éxito del modelo institucional que se implemente en Chile, no dependerá tanto de la forma que adopte, como de la política nacional que se elabore en materia ambiental, la que debería responder al tipo de país, y de ciudades a los que aspiramos los chilenos, y, evidentemente, a la voluntad política de implementar un desarrollo sustentable.
En este sentido, los invitados destacaron la necesidad de que la protección del medio ambiente esté a cargo de instituciones capaces de llevar a cabo su misión, independientemente del valor que el gobierno de turno atribuya a la cuestión ambiental.
La Directora de la CONAMA concluyó su intervención señalando que se requiere implementar un trabajo de carácter estratégico de largo plazo, en la perspectiva de enmarcar este diseño en un proceso participativo.
*Participaron en este encuentro con Ana Lya Uriarte los siguientes profesores: Gonzalo Cubillos, Valentina Durán CDA), Cristóbal Fernández, Eugenio Figueroa, Alvaro Fuentealba, Mario Galindo, Enrique Gallardo, Paola González, Sergio Montenegro (CDA), Pilar Moraga (CDA), Clemente Pérez, Rodrigo Ropert, Cecilia Urbina (CDA) y Javier Vergara, además de los ayudantes del CDA: Pablo Aranda, Giuliano Tognarelli Francisca Vargas.

El primer paso de la reforma ambiental (Por Rodrigo Pizarro)

Siguiendo opiniones anteriores reproducidas en este blog, sobre Institucionalidad Ambiental y sobre la Tramitación del Proyecto de Ley que da rango de Ministro al Pdte del Consejo Directivo de la CONAMA de Rafael Asenjo, Valentina Durán (1º + Gonzalo Medina), (2ª comentada por Leonidas Montes y Sergio Praus) , Hernán Durán, Nicolo Gligo, Luis M. Rendón y Raúl O'Ryan , reproducimos a continuación la Columna de Rodrigo Pizarro, director ejecutivo de Fundación Terram, publicada en La Nación, el 29 de mayo de 2006.

La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó la idea de legislar, respecto al proyecto de ley que crea el cargo de presidente de la Conama y otorgarle rango de ministro de Estado. La iniciativa cumple con uno de los compromisos de la Presidenta Michelle Bachelet, así como un reconocimiento de prácticamente todos los sectores de la sociedad de la necesidad de contar con un Ministerio de Medio Ambiente.
Este es el primer paso en una reforma institucional mayor en la materia. El Gobierno se compromete a la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, de una Superintendencia de Fiscalización y de un Servicio Nacional de Parques. Todos requisitos fundamentales para avanzar hacia un sistema institucional más coherente con las necesidades de Chile.
Dado el carácter unitario del país y la gestión gubernamental sectorial, a principios de los '90 se optó por una institucionalidad coordinadora, dejando la formulación e implementación de políticas en manos de los ministerios sectoriales, para sólo ser coordinada por la Conama, un servicio transversal y dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El carácter sectorial -pero coordinado- de la política ambiental se expresa en el órgano político máximo: el Comité de Ministros de Conama, donde participan los ministerios sectoriales. Éste es presidido por la ministra de Segpres, quien es presidenta de la Conama y, además, cuenta con una serie de funciones específicas que, en los hechos, la convierten en ministra de Medio Ambiente; por ejemplo, en la aprobación de normas. La propuesta del Ejecutivo apunta a crear el cargo de presidente de Conama independiente de la Segpres y, eventualmente, traspasando las atribuciones y funciones de la ministra de la Presidencia en materia ambiental, a este nuevo funcionario de dedicación exclusiva (aunque esto último no se explicita en el proyecto de ley). Desafortunadamente, la iniciativa legal no puede traspasar las funciones de carácter administrativo al nuevo titular, pues no cuenta con Ministerio. Por esto, el proyecto es confuso respecto de las funciones específicas de los titulares de la Presidencia, Conama y el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, que no tendría las funciones específicas establecidas por el proyecto de ley. Eventualmente, en la reforma institucional mayor será necesario resolver las confusiones administrativas y delimitar claramente las funciones y atribuciones de cada uno de estos funcionarios. A lo menos, será necesario traspasar todas las funciones y atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia -y algunas de la dirección de Conama- al nuevo ministerio; por ejemplo, funciones normativas sobre calidad y emisión, y declaración de zonas saturadas.
La propuesta del Ejecutivo debe ser entendida como un primer paso necesario y absolutamente fundamental para avanzar en la reforma mayor. Pero no puede ser concebida como una estructura institucional permanente, pues, a menos que se reforme administrativamente el engendro diseñado será incluso peor que el actual esquema institucional.

Intendente conforma mesa de trabajo con diputados

Intendente Metropolitano conforma mesa de trabajo con diputados para abordar la descontaminación de Santiago

(Diario de la Cámara de Diputados, 23/05)

La instancia fue creada por Víctor Barrueto y en ella participarán diputados de la RM, dos por cada bancada.
A la constitución del grupo asistieron 17 parlamentarios, quienes acordaron que la instancia tendrá plazo de un mes para llegar a "acuerdos y conclusiones" para lograr la descontaminación de Santiago. La instancia comenzará a sesionar el próximo martes. Barrueto dijo que "esperamos en el plazo máximo de un mes tener un acuerdo importante con base técnica y respaldo político para la actualización del plan de descontaminación". Durante el encuentro se hizo un "largo inventario de proposiciones e inquietudes" que nacieron de los antecedentes que entregó el grupo de expertos y también de la autoridad ambiental.

Declaraciones

El diputado RN Cristián Monckeberg calificó como "una esperanza" que la mesa logre dar con las necesarias soluciones a la contaminación. A su juicio, las medidas que se deben tomar son reforestar; desincentivar el uso del vehículo, analizar el impuesto al diesel diferenciado respecto de las gasolina, pavimentar calles de tierra, trasladar a empresas contaminantes y tener un sistema de medición distinto al actual.

El diputado Roberto Sepúlveda (RN) celebró que "por primera vez un intendente da la cara y no quiere esconder el problema debajo de la alfombra; hay que parar de una vez por toda el crecimiento inorgánico que tiene la Región", enfatizó.

El diputado Enrique Accorsi (PPD) demandó entregar más información a la gente, por lo que pidió que en los informes del tiempo se agreguen los índices de la calidad del aire.

La diputada socialista Denise Pascal demandó una "autoridad medioambiental fuerte" que coordine a la "diversidad de instituciones que participan hoy en la regulación". "Es muy difícil cuando hay ocho o nueve instituciones del Estado que están involucradas en la búsqueda de mejoramiento de la contaminación, difícil que trabajen coordinadas", enfatizó. Agregó que otro tema preocupante "es la falta de fiscalizadores para controlar todas las medidas que se toman". Indicó que la RM tiene de 5 a 8 fiscalizadores para controlar todas las medidas que se toman "y eso es francamente insuficiente". Demandó también evaluar cómo se fiscaliza.

Contaminación de Santiago "cita cumbre"

Sergio Montenegro, Director del CDA, en reunión con el Intendente de la Región Metropolitana, Víctor Barrueto, y expertos en medio ambiente, organizada por Reportajes de El Mercurio.
"Yo aún no tengo a la mano estudios que demuestren cómo en países como EE.UU. los permisos de emisión transables han sido el gatillante de mejoras sustanciales".
Medidas anunciadas por el Intendente Barrueto y artículo completo en El Mercurio del domingo 21 de mayo.

Nueva Fecha para el "Primer Diálogo"

No siendo del todo óptimas las condiciones para recibir a nuestros invitados, a dos horas de su inicio, la Coordinadora de Investigación del CDA decidió suspender el Diálogo que tenía como tema "Las funciones de la Contraloría en materia ambiental". Quedó como nueva fecha el 25 de mayo de 12:30 a 14:30 en la Sala de Facultad. Quedan pocos cupos.
Interesados solicitar inscripción en cda@derecho.uchile.cl.

Inauguración Diálogos sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental

PRIMERA SESION: “LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MATERIAS AMBIENTALES”

Sala de Facultad, Facultad de Derecho Universidad de Chile, jueves 18 de mayo 12:30-14:30 hrs.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa “Institucionalidad y gestión ambiental para el Chile del Bicentenario”, que iniciamos en marzo pasado, con el objeto de centrar nuestros esfuerzos de investigación y extensión, en el apoyo al proceso de reflexión iniciado en el país en torno a la reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. En este primer Diálogo abordaremos el papel de la Contraloría General de la República en el control de la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental y en general, en la justicia administrativa. Comentaremos especialmente el efecto de recientes dictámenes en el ámbito de las autorizaciones y de la fiscalización ambiental.

PROGRAMA
- 12:30. Bienvenida al Primer Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental.
- 12:40. Exposición: “La función de la CGR y la fiscalización ambiental”. Por Iris Vargas, Abogada de la División Jurídica de la Contraloría General de la República.
- 13:00 – 13:30. Comentarios a la exposición, por: Luis Cordero, Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Gonzalo Cubillos, Socio de Barros & Errázuriz Abogados. Profesor del curso “Actividades Económicas y Regulación Ambiental”, en el Magíster de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Mario Galindo, Abogado del Estudio Cariola Diez-Pérez Cotapos y Cia. Ltda. y profesor del Magíster en Derecho y del Magíster en Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
- 13:30 – 14:30. Discusión abierta
CUPOS LIMITADOS: Solicitar inscripción hasta el miércoles 17/05 al Fono (02)9785354, o al correo cda@derecho.uchile.cl ATENCION: 17/05, 12:30 HRS. SE CERRARON LAS INSCRIPCIONES POR HABERSE COMPLETADO LA CAPACIDAD DE LA SALA. AGRADECEMOS EL INTERÉS MANIFESTADO Y LOS INVITAMOS A SEGUIR ATENTOS A NUESTRA PRÓXIMA ACTIVIDAD.

Desafíos Medio Ambientales para el Bicentenario

Por Raúl O’Ryan.
Prof Centro de Economía Aplicada, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.
Columna publicada en La Segunda el 12/05/06.

La discusión sobre la futura creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de la Superintendencia Ambiental a veces hacen perder de vista el para qué se necesitan estos cambios institucionales. Recordemos que la reciente evaluación del desempeño ambiental de Chile realizada por la OECD y CEPAL señala que ha habido desde 1990 “un mayor énfasis en la protección ambiental”, pero luego hace 52 recomendaciones específicas para fortalecer el progreso hacia un desarrollo sustentable. Se concluye que hay un largo camino por recorrer hasta alcanzar la “convergencia ambiental con la mayoría de los países de la OECD”.
Claramente es necesario profundizar la intervención en ciertos ámbitos específicos, en particular en el manejo de recursos naturales y de la diversidad biológica. La institucionalidad debe hacerse cargo de problemas recurrentes tales como la mantención de un subsidio que incentiva la sustitución de bosque nativo, problemas de contaminación del aire urbano, regulación de sustancias tóxicas, calidad de aguas en ríos y lagos y asociados a plantaciones. Pero además debe ser flexible y abordar en forma rápida problemas nuevos que requieren atención urgente, ya sea para proteger la salud, una especie o ecosistema, o un mercado de exportación amenazado por acusaciones con poco fundamento. Una deficiencia relevante en la gestión de la biodiversidad es que el estado de conservación y el funcionamiento de los ecosistemas continúan siendo poco conocidos y muchos ecosistemas y habitats significativos están subrepresentados en el sistema de áreas protegidas.
Lo anterior exige aumentar la capacidad del Estado para identificar las acciones prioritarias –no se puede hacer todo- y asignar los recursos necesarios para hacerse cargo de éstas. Por ejemplo, en el programa priorizado de normas hay cerca de 20 propuestas sobre las que no se ha podido avanzar debido a la falta de recursos técnicos, humanos e información para hacerlo. Se están discutiendo nuevas normas, pero ello no tiene sentido si no están los recursos para hacerse cargo. A nivel regional se requieren mejores recursos humanos para apoyar la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. Sin priorización y sin recursos, cualquier nueva institucionalidad no es creíble.
Los problemas que se deben abordar son de una mayor complejidad que hace 15 años. El medio ambiente se ve afectado por el desarrollo del transporte, el sector energético, el desarrollo urbano y múltiples decisiones individuales que en el agregado tienen efectos importantes (por ejemplo, el creciente uso del automóvil). Las recetas simples por tanto no son aplicables. Se necesita una visión integral de la relación entre las actividades productivas y el deterioro ambiental. Es clave disponer de información de base y modelos confiables. Es preciso diseñar instrumentos que puedan hacerse cargo de la complejidad del problema. Por ejemplo, el manejo de cuencas hidrográficas exige ir más allá que la simple definición de normas de calidad. La evaluación proyecto a proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe complementarse con estudios más amplios, por ejemplo aplicando evaluaciones ambientales estratégicas que se relacionan con objetivos societales mayores.
Se necesita articular a las diversas instituciones públicas y privadas afectadas por decisiones que cruzan a varios sectores y componentes ambientales. Es preciso que ellas cooperen entre sí y se desarrollen confianzas. Es fundamental que la autoridad sea capaz de hacer cumplir la legislación, normas y acuerdos vigentes, lo que hasta ahora ha sido un talón de Aquiles del sistema. Finalmente, es necesario facilitar la penetración de los mercados internacionales asegurando que el tema ambiental no será un obstáculo. Una tarea primordial en este sentido es mejorar el desempeño ambiental de las pequeñas y medianas empresas que sirven a empresas exportadoras, o que se dedican ellas al negocio exportador.
Hay aquí por cierto un rol del Estado, pero además la necesidad de fortalecer a la sociedad civil y los mecanismos de participación ciudadanos. Para que la nueva institucionalidad sea creíble, debe tener la capacidad de hacerse cargo de esta complejidad. Si un Ministerio Ambiental y una Superintendencia Ambiental la tienen, serán claves para que al 2010 Chile esté en la senda del desarrollo sostenible.

Tramitación Proyecto que Crea Ministro Pdte CONAMA

Se reproduce comunicado del Departamento de Prensa del Senado de la República.

Valparaíso 09/05/2006 Piden compromiso al Ejecutivo para fortalecer el cargo de ministro presidente de la CONAMA y acelerar la agenda ambiental

Así lo afirmó el senador Antonio Horvath, presidente de la comisión de Medioambiente en el marco del análisis de la iniciativa, en primer trámite, que crea el cargo de ministro presidente de la CONAMA
El compromiso del Ejecutivo para fortalecer mediante indicaciones el proyecto, en primer trámite, que crea el cargo de ministro presidente de la CONAMA y para acelerar la tramitación de la agenda ambiental pidió al Ejecutivo, la Comisión de Medioambiente, que preside el senador Antonio Horvath.
La instancia escuchó las exposiciones de los representantes de las fundaciones Oceana, Renace y Terram; de los Institutos Libertad, de Ecología Política, y Libertad y Desarrollo. Además asistieron los representantes de las universidades de Chile, Viña del Mar, Playa Ancha, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María.
Asimismo escuchó las opiniones de la Fiscalía del Medio Ambiente, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Corporación de Industria Sustentable y del Consejo de Desarrollo Sustentable.
El senador Antonio Horvath anunció que el acuerdo de la comisión es votar en general el proyecto, la próxima semana, pero los integrantes de la instancia coincidieron en que “la iniciativa es muy débil respecto a las funciones de este nuevo cargo de Ministro Presidente de la Comisión de Medioambiente”.
Agregó que “tampoco se le entregan los recursos necesarios para ejercer su función, ya que todo se va a hacer administrativamente a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y además el presupuesto para este nuevo cargo será sacado de los actuales fondos de la CONAMA que ya son muy exiguos”.
El legislador indicó que durante la audiencia pública, los representantes de ONG ambientales, universidades e institutos hicieron presente que “éste Consejo Directivo de la CONAMA integrado por ministros, en el fondo, no están defendiendo el medio ambiente sino que están resguardando sus propios temas dentro de esa comisión”.
Puntualizó que “también en esta oportunidad pudimos refrescar la memoria al gobierno sobre todos los compromisos ambientales asumidos durante la pasada campaña presidencial, por lo tanto, creo que hay piso político como para que esta reforma ambiental se haga”.
El senador Horvath explicó que “como el gobierno tiene el breve plazo de 4 años debe moverse en ese sentido y por eso estamos tratando de acordar un proceso legislativo expedito para que esta agenda legislativa ambiental se haga realidad”.
En ese sentido, recalcó que “creemos que la agenda legislativa medioambiental tiene que ir unida a la nueva institucionalidad y ya han llegado observaciones al proyecto que crea el cargo de ministro presidente de la CONAMA a fin de que cumpla con la misión de velar por el medioambiente”.

Avanza proyecto que da rango de Ministro a Pdte de CONAMA

2 de Mayo del 2006. El Mostrador

Iniciativa fue aprobada por la comisión de Gobierno del Senado y fue remitida a la de Medio Ambiente.
Un primer paso dio en el Senado el proyecto que le otorga rango de ministro al presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), luego que la comisión de Gobierno aprobara por unanimidad la iniciativa y la remitiera a su par de Medio Ambiente. El proyecto, que ingresó al Senado el pasado 11 de abril, es la primera medida legislativa que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet para avanzar con posterioridad en la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. Según explicó el senador Víctor Pérez (UDI), “aprobamos esta iniciativa en forma unánime, con las prevenciones de que esto no signifique un retroceso en el tema medio ambiental, puesto que en el proyecto no se establecen potestades para esta nueva autoridad pública”. El parlamentario agregó que la ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, se comprometió a estudiar las observaciones que le hicieron los senadores durante la sesión “de manera de ver cómo se pueden incorporar ciertas potestades o facultades para esta autoridad pública, con el fin de que pueda llevar adelante un proceso de modificación o rectificación de todo lo que es la política ambiental”. En la misma línea, el senador Ricardo Núñez (PS) –también integrante de la Comisión de Gobierno- manifestó que “todos consideramos que es un buen proyecto, pero que tenía el defecto de adolecer de algunos problemas que pueden ser negativos para el ejercicio del futuro ministro del medio ambiente”. Añadió que – a su juicio- una de las falencias que tiene la iniciativa y que se puede subsanar durante la tramitación legislativa, dice relación con la poca claridad de cuáles serán las nuevas atribuciones que debe tener el presidente de la Conama en su calidad de ministro. “Independiente de que vamos a tener en el futuro un proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente y dada la urgencia que tienen algunos problemas medioambientales, nos pareció acertado que durante el resto de la tramitación de este proyecto se incorporen nuevos elementos que permitan que este ministro nazca con mucha fuerza administrativa e institucional”, estimó.

NOTA DEL CDA:

La tramitación del Proyecto de ley que crea el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y le confiere rango de Ministro de Estado, ingresado el 11 de abril a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, puede seguirse en la página web del Senado con el Número de Boletín 4148-06.

Institucionalidad Ambiental: Opinión de Rafael Asenjo Marzo 2004

Ahora que acabamos de lanzar el Segundo Número de la Revista de Derecho Ambiental del CDA, en un acto académico marcado por el debate sobre la Institucionalidad Ambiental, hacemos justicia a don Rafael Asenjo, recordando el discurso que pronunció en el lanzamiento del Primer Número de la Revista, dos años atrás, el 31 de marzo del 2004.
Descarga el discurso aqui.

Acto de Inauguración Magister en Derecho Ambiental, lanzamiento nº2 Revista D.A. y libro "Derecho Ambiental Parte General"

El 26 de abril se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Derecho un acto que cumplía con tres objetivos: Inaugurar el primer Magister de Derecho Ambiental del país, a cargo del CDA y la Escuela de Graduados, lanzar el Segundo número de la Revista de Derecho Ambiental del CDA, y presentar el libro de Eduardo Astorga "Derecho Ambiental Parte General".
La masiva concurrencia de aprox. 100 personas, incluyó la presencia de la Ministra Secretaria de la Presidencia, Prof. Paulina Veloso, y del Ministro de Hacienda Andrés Velasco, quien asistió como parte de la familia del fallecido Prof Raúl Brañes, a quien se dedicó el segundo número de la Revista.
A continuación un extracto del discurso del Decano Prof Roberto Nahum con el que se inauguró el acto académico.
(...) Teniendo presente el público debate que se ha generado últimamente en cuanto a la necesidad de reformar la institucionalidad ambiental y sus instrumentos de gestión, como asimismo, la creciente conflictividad originada por el anuncio de grandes proyectos de inversión, las críticas a la Justicia Ambiental, y los anuncios de las autoridades del nuevo Gobierno en torno a la creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de una Superintendencia Ambiental, cumplo con informar que el Centro de Derecho Ambiental, con el apoyo de este Decanato, consciente de su posición como principal centro académico nacional en Derecho Ambiental y su vocación de servicio público, ha dado inicio, a contar de este año, al Programa “Institucionalidad y gestión ambiental para el Chile del Bicentenario”.
Mediante este Programa, el Centro referido se ha propuesto concentrar sus esfuerzos, prioritariamente, en trabajos de investigación, extensión y difusión sobre dichas áreas temáticas, acompañando y apoyando el proceso de reflexión y discusión iniciado en el país, con el objetivo de contribuir al estudio y diseño de una propuesta para la reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. Dentro de este proceso se tiene contemplado realizar una serie de “Diálogos” que permitirán a través de un análisis y discusión académica, pluralista y participativa avanzar en la elaboración de las propuestas sobre los temas bases del mencionado Programa. A dichos Diálogos se invitará a representantes de algunas de las entidades ambientales claves de nuestra institucionalidad pública, así como a representantes del sector privado y de la sociedad civil, para intercambiar opiniones y propuestas entre grupos de colegas con experiencia en Derecho Ambiental. Esta serie de encuentros coincidirán, hacia fines del año en curso, con la realización de las Terceras Jornadas de Derecho Ambiental, cuya temática en que se centra su Convocatoria versa, precisamente, sobre “Institucionalidad e Instrumentos de Gestión Ambiental: propuesta para el Chile del Bicentenario”. Con relación a estas Jornadas, puedo informar que hemos tenido una amplia acogida a la Convocatoria para presentar ponencias, habiéndose recibido, a la fecha un total de 25 propuestas de entre las cuales se seleccionarán aquellas que cumplan rigurosamente con las bases. Esperamos que el análisis y discusión que se generará en dichas Jornadas sobre las ponencias seleccionadas contribuyan al proceso de reflexión planteado por el Programa ya descrito.

NOTA DEL CDA:
Vea la noticia completa elaborada por el equipo de prensa en la web de la Facultad. "Postgrado pionero:Facultad inaugura primer Magíster de Derecho Ambiental de Chile y el Cono Sur"

Nicolo Gligo opina sobre Ministerio del Medio Ambiente

Comentario de Nicolo Gligo, académico de la Universidad de Chile, publicado en mail list Diálogo Sustentable, y reproducido acá con su autorización.

El planteamiento de Hernán Durán aporta sustantiva e inteligentemente al debate que debería ir tomando fuerza en torno al nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Cabe profundizar algunas de sus reflexiones.
Hernán afirma:
“... el objetivo económico global al que se debiera aspirar y en el cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollo sustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublemente en el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando la protección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservación para las futuras generaciones”.
En primer lugar, los que estamos en el mundo ambiental debemos tener meridianamente claro es que la afirmación de que el objetivo económico global es el desarrollo sustentable no pasa de ser, como él lo afirma, una mera aspiración. Hasta la fecha los planteamientos de los parlamentarios, salvo honrosas excepciones, de muchos profesionales, de más empresarios, y del gobierno está muy lejos de considerar el medio ambiente en sus preocupaciones. El desarrollo sustentable no pasa de ser una trampa semántica que ornamenta discursos. La adjetivación de la palabra desarrollo implica que éste es incompleto en su concepción integral y que el agregado cumple el rol de aspiración, tal cual lo cumple el desarrollo justo o el desarrollo equitativo. No me cabe la menor duda que el medio ambiente no es un invitado a la fiesta del crecimiento, sino que entró por la ventana, y que a regañadientes debe ser aceptado para no crear conflictos con algunos participantes, sobre todos extranjeros. Para pensar en una institucionalidad ambiental debemos asumir que aún un importante sector político y también
social del país está muy lejos de una preocupación ambiental profunda y verdadera.
En segundo lugar, con la actual modalidad de desarrollo que ha asumido el país, estoy seguro que es casi imposible avanzar “simultánea e indisolublemente” creciendo económicamente, mejorando la equidad social e incrementando la protección de los recursos naturales. Crecer económicamente tiene un alto costo ambiental que se ha ido incrementando con el pasar del
tiempo. Los esfuerzos de producción limpia en la industrial, las iniciativas para hacer una agricultura menos y contaminadora de recursos, aunque importantes, no han podido cambiar el signo ambiental negativo del crecimiento. Y lo más grave es que todas los debates tratan de vender la idea que vamos por buen camino, aunque las cifras digan lo contrario.
Debemos en consecuencia acercarnos a un diagnóstico veraz. Si asumimos entonces este diagnóstico podemos empezar a pensar en una institucionalidad más realista y, por ende más eficaz. O bogamos por una institucionalidad ambiental abiertamente de choque o bogamos por una institucionalidad articulada con el resto de la administracción pública que busque sólo “disminuir el grado de insustentabilidad del desarrollo” . Personalmente no creo que de para más que estra última opción....
Dejo hasta aquí estas reflexiones realizadas para incentivar el debate. Para más adelante iré aterrizando mis planteamientos.
Nicolo Gligo V.

Ministerio del Medio Ambiente, por Hernán Durán de la Fuente*

* Director gerente general Gescam S.A.
Columna Diario Financiero, 25 de abril de 2006

La presidenta Bachelet ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que crea el cargo de presidente de Conama y le confiere rango de ministro deEstado. Consecuentemente con lo prometido en su campaña, también anunció lapronta creación del Ministerio del Medioambiente (MIMA) y una nuevaSuperintendencia Ambiental.
¿Para qué una nueva institucionalidad ambiental? y ¿qué modelo de estructura orgánica quisiéramos para el MIMA? Responderé estas preguntas mirando el tema desde las perspectivas económica e institucional o estructural.
En primer lugar, el objetivo económico global al que se debiera aspirar y enel cual deben insertarse las reformas estructurales es el desarrollosustentable. Para lo cual se requiere avanzar simultánea e indisolublementeen el crecimiento económico, mejorando la equidad social e incrementando laprotección de los recursos naturales para mejorar su estado de conservaciónpara las futuras generaciones.
En segundo lugar, para alcanzar este objetivo, el MIMA debe valorareconómicamente nuestro medio ambiente. En efecto, detrás de esta opinión nosólo hay un concepto idílico del cuidado de los recursos naturales, sinosobre todo, el convencimiento de la importancia de insertarnos adecuadamenteen el desarrollo económico presente y futuro de las industrias de alimentos y de la salud y del ecoturismo a nivel mundial, para lo cual se debecontinuar avanzando paralelamente en el conocimiento de nuestrabiodiversidad, a través del fomento de la investigación científica y en elfomento de actividades como el ecoturismo y el sendero de Chile.
En tercer lugar, el control de la contaminación para proteger el valor delmedio ambiente, natural, físico y la salud de la población, simultáneamente, es uno de los temas más complejos, para lo cual se requieren recursos,normas y fiscalización especializada, acordes con el notable incremento dela actividad económica. Aun cuando no hay muchas evidencias empíricas sesostiene que un exceso de normativas y demasiada rigidez podría inhibir lainversión productiva. En el otro extremo, un sistema muy laxo, o arbitrariocomo el actual, genera desorientación tanto en el inversionista como en lapoblación, pues hay muy poca certeza jurídica, económica, técnica yadministrativa del sustento de las resoluciones de la autoridad. Dependiendode dónde nos ubiquemos en esta amplia gama de alternativas se podrá mejorarla relación protección/inversión. Razón por la cual hay que elegir un caminoque sea capaz de asumir las peculiaridades de nuestro entorno y de losactores económicos involucrados.
En cuarto lugar, para avanzar hacia el desarrollo sustentable, la actualestructura institucional requiere cambios profundos que privilegien losaspectos técnicos por sobre los políticos, pasando las resolucionesambientales del SEIA al MIMA, con lo que se podría esperar que las coremaspierdan su razón de existir. En este sentido, la nueva estructura tendrá queser capaz de reflejar toda la complejidad de la función pública en su rol deprotección del medio ambiente, tanto en la gestión, como en la definición depolíticas, normas y, finalmente, en la fiscalización, actuandoindependientemente de la coyuntura.
En la búsqueda de un paradigma institucional, el Ministerio de Hacienda esel que mejor refleja esta definición de funciones de protección de unrecurso determinado, en este caso, el monetario, por cuanto gestiona ycontrola estrictamente el gasto público y regula el gasto privado. También tiene una capacidad ilimitada para ejercer iniciativas legales para cumplircon su función normativa; dispone de un ente externo y autónomo, el BancoCentral, que se encarga de velar por la estabilidad del valor del dinero; y, finalmente, tiene un conjunto de superintendencias que se encargan de lafiscalización de todas las entidades reguladas que participan en el negocio:bancos, AFP, seguros, etc. La obsesión, en el caso de Hacienda, es que eldinero no pierda su valor, para lo cual se despliegan simultáneamente todaslas funciones propias de la gestión pública. ¿Para nosotros, llegará a ser una obsesión el que nuestro patrimonio ambiental no pierda su valor?

Política Ambiental en teoría y práctica, por Gonzalo Medina Vogel

por Gonzalo Medina Vogel M.V.Ph.D.
Director Escuela Medicina Veterinaria
Universidad Andrés Bello

Estamos en víspera de un posible cambio en nuestra política ambiental, como también del potencial comienzo de una generalizada política energética que modificará los ecosistemas fluviales más importantes de nuestro país. Así creo se debe intentar explicar a la opinión pública la diferencia que existe entre teoría y práctica en gestión ambiental.
Un argumento recurrente en nuestra política ambiental al momento de tomar las decisiones es: que los recursos, el tiempo y la información científica son escasos. Por lo que generalmente nos concentramos en modelos, normas o ideas, basados en experiencias, observaciones, valores, intereses y en estudios de línea base que en el fondo representan sólo una fotografía del momento. Pero que nos facilitan argumentos en que fundarnos para influir, tomar la decisión o simplemente apoyarnos sobre los enormes beneficios económicos de un determinado proyecto. Sin embrago, lo que generalmente queda en el olvido, es el probar si aquel modelo, norma o ideas en que nos basamos para aceptar el proyecto fue el correcto, y el resultado el que se predijo. Cuando estos modelos fallan, las controversias sobre las responsabilidades del impacto sobre ecosistemas o personas de determinados proyectos terminan en discusiones con argumentos que cuestionan la veracidad de los resultados de las investigaciones, la calidad de los estudios de impacto ambiental realizados, la política ambiental o los beneficios.
En la lógica de la ciencia, el método científico comienza con la formulación de una hipótesis que se pueda probar. El diseño experimental es el medio por el cual se prueba la hipótesis, con el propósito de producir un resultado lo más objetivo posible en la presencia de incertidumbre. En contraste están las observaciones sobre fenómenos ecológicos o sociales de los cuales poseemos un entendimiento incompleto, como son los estudios de línea base como parte de los estudios de impacto ambiental. Cuando la hipótesis nula es aquella que el efecto sobre una especie o ecosistema será mínimo, el aceptar esta hipótesis nula cuando en realidad es falsa, puede resultar en mayores costos ambientales y económicos para el país, que los esperados beneficios del proyecto planteado. Costos muy superiores a los que resultarían de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es correcta. Aspecto básico para entender la importancia del criterio precautorio.
El comprender el método científico y la diferencia entre teoría y práctica en conservación de la biodiversidad o los recursos naturales renovables, reducirá significativamente la probabilidad de equivocarnos al aceptar la hipótesis nula. Este es un desafío no menor para Chile, es una discusión país que debemos asumir: el como integramos la ciencia y el conocimiento en nuestra política y forma de hacer gestión ambiental.

Descentralización y Vigilancia: Claves de la Reforma Ambiental por Luis Mariano Rendón

Descentralización y Vigilancia: Claves de la Reforma Ambiental

Por Luis Mariano Rendón E. (Abogado, profesor de Derecho Ambiental y Ética Ecológica, coordinador del movimiento Acción Ecológica)

Columna publicada en El Mostrador el 21 de Abril del 2006

Existe un consenso unánime en la necesidad de modificar la institucionalidad ambiental chilena, ante las serias falencias que ha evidenciado durante sus doce años de existencia. El actual gobierno se comprometió a ello y en cumplimiento de esa promesa envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el cargo de Ministro del Medio Ambiente. Igualmente, se espera la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, como un órgano con autonomía suficiente para hacer efectiva la fiscalización en materia ambiental. Las iniciativas señaladas parecen ir por el buen camino, pero no abordan problemas claves existentes. La Reforma Ambiental debe avanzar, a nuestro juicio, en dos direcciones fundamentales: La descentralización de las decisiones ambientales y una fuerte vigilancia sobre la autoridad ambiental, aspectos que hasta hoy no son asumidos.
Descentralización Ambiental
En efecto, parece que existe mayor posibilidad que la naturaleza sea usada sabiamente si quienes toman las decisiones sobre ella representan a los mismos que la habitan permanentemente. Menos probable es un uso sabio, si quienes deciden sobre la destrucción o la preservación están a veces a miles de kilómetros de distancia. He ahí el vínculo entre descentralización y sustentabilidad.
En la actual institucionalidad ambiental se señala que hay un grado importante de descentralización, al existir las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, Coremas. Pero en la práctica, ha quedado de manifiesto que estas instancias no poseen la autonomía para resolver en su ámbito de atribuciones, mirando a los intereses regionales. Están integradas por el intendente, los gobernadores, los seremis (hasta ahí, todos funcionarios de confianza presidencial) y cuatro consejeros regionales. En diversas oportunidades, las Coremas han sido intervenidas desde el poder central, para viabilizar determinadas iniciativas cuestionadas a nivel regional. La muestra más evidente de ello ha sido la remoción de secretarios regionales ministeriales que no obedecieron la voluntad de su respectivo ministro. Uno de los casos más renombrados fue la destitución del Seremi de Bienes Nacionales de la región de Valparaíso, Edmundo Bustos, al manifestar un voto contrario a la voluntad del ministro de la época, en un determinado proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para enfrentar esta carencia, proponemos que las atribuciones que hoy tienen las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, pasen derechamente a los Consejos Regionales, órganos normativos, resolutivos y fiscalizadores de los Gobiernos Regionales. Estos Consejos, debidamente asesorados por los comités técnicos ambientales correspondientes, podrían asumir con propiedad la labor de representar a la ciudadanía de cada región a la hora de decidir sobre cómo usar responsablemente su territorio y como aprovechar sustentablemente los dones que la naturaleza ofrece en esa zona. Actualmente, las Coremas toman decisiones políticas, en el marco de la normativa ambiental existente. Nos parece mucho más legítimo que esas decisiones, que siempre seguirán siendo políticas, las tome un órgano que se deba a la gente que vive y seguirá viviendo en esa región, y no uno cuyos integrantes deben pleitesía al poder central. Si la Reforma Regional avanza paralelamente y los consejeros regionales crecen en representatividad, esta alternativa se potencia.
Vigilancia Ambiental
Por otra parte, la idea de la Superintendencia Ambiental, en cuanto un órgano dependiente del gobierno llamado a fiscalizar al sector privado, si bien puede ser un aporte, deja un gran problema sin solución: Muchos de los mayores problemas ambientales se deben precisamente a la acción o inacción gubernamental, más que al incumplimiento del sector privado. Grandes crisis se han originado en permisos que nunca debieron otorgarse o en incumplimientos de las propias autoridades ambientales a sus obligaciones. En el primer caso, destaca la autorización que permitió el vertido de desechos tóxicos de Celulosa Arauco en un Santuario de la Naturaleza. En el segundo, el caso más grave es el masivo incumplimiento de las medidas establecidas por el Plan de Descontaminación de Santiago, incumplimiento certificado por sucesivas auditorías ambientales internacionales.
De lo que se trata entonces, es de asegurar el debido control del actuar del propio gobierno. Es decir, vigilar a los vigilantes. Aquí el modelo de Superintendencia no sirve.
Nuestra propuesta es que en vez de crear nuevas burocracias, se debiese fortalecer normativa y presupuestariamente al órgano que tradicionalmente ha tenido la labor de vigilar a los gobiernos en Chile: La Contraloría General de la República. Esta, organizada en divisiones especializadas, vigila a la administración pública chilena, centralizada y descentralizada. Por ejemplo, posee una división encargada de vigilar a los municipios. No se percibe ninguna razón para no crear una “división ambiental”, que se encargue de vigilar a los distintos órganos del estado con competencia ambiental. Aún con las serias restricciones que debe enfrentar actualmente, ya la Contraloría ha logrado impedir una aún más masiva violación de la normativa ambiental por la administración. Posee la fuerza constitucional, la cultura organizacional y el prestigio necesario para esa nada fácil misión. Ha abierto sus puertas para atender las denuncias de las organizaciones ciudadanas y al menos durante un período, demostró tener la voluntad de que el Derecho Ambiental chileno dejara de ser meramente declarativo, como al parecer lo pensaban muchas autoridades de gobierno.
Fundiendo descentralización por una parte, con una estricta vigilancia al cumplimiento de la ley ambiental, por otra, podremos acercarnos un poco más a la idea de habitar más sustentablemente esta tierra.

Intereses en Aysén, por Ezio Costa

Por Ezio Costa Cordella
(Ayudante Litigación Ambiental y CDA Facultad de Derecho Universidad de Chile)
Tratando de restar validez a quienes defienden el medio ambiente se han creado algunas estrategias que ya parecen sacadas de manual.
Una de ellas es argüir que los defensores tienen intereses creados y que por tanto sus opiniones debieran carecen de validez en la discusión sobre los reales alcances que tienen proyectos como el que quiere Endesa llevar a cabo en Aysén.
Este argumento de manual cae en un doble equívoco.
El primero dice relación con la importancia de los intereses. El hecho de tener intereses (patrimoniales) en que un proyecto no se lleve a cabo no es un motivo de descrédito, sino que por el contrario, constituye uno de los requisitos que nuestras Cortes muchas veces han estimado necesarios para interponer acciones judiciales en contra de estos.
El segundo se produce a la hora de obviar que hay muchas más personas intentando defender el medio ambiente, y en este caso intentando detener el desastre ecológico y económico que significaría inundar miles de kilómetros en Aysén, que sólo aquellas que tienen estos intereses.
Se produce, por lo ya expuesto, que aquellos de nosotros que no contamos con estos intereses económicos necesitamos de aquellos que si los poseen para tener alguna posibilidad de ser escuchados por las autoridades ejecutivas y los tribunales de justicia.
Por último, sospecho que la única diferencia entre los intereses del señor Tompkins y otros propietarios de tierras en Aysén por un lado y los de Endesa y del grupo Matte por el otro, es que los intereses de los primeros no poseen las influencias suficientes para ser calificados como “proyecto país”, mientras que los intereses de los segundos sí parecen tenerlas.

Medio Ambiente e Institucionalidad, por Valentina Durán

Por Valentina Durán Medina

Coordinadora de Investigación CDA

(Columna publicada en La Tercera el 13/04/06)

El Proyecto de Ley despachado por el Gobierno la semana pasada, crea el cargo de Presidente del Consejo Directivo de la CONAMA, hasta ahora desempeñado por el titular del Ministerio Secretario General de la Presidencia, y le confiere rango de Ministro de Estado a este nuevo funcionario. El principal responsable de hacer cumplir las funciones de la CONAMA, y de proponer políticas y normas ambientales, será un Ministro de exclusiva confianza de la Presidenta, que deberá conducir la tramitación de los proyectos anunciados, que crearían el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental.

El itinerario trazado no debiera encontrar obstáculos en la oposición que ha presentado propuestas en la misma línea. Es valioso este consenso sobre la necesidad de reforma de la institucionalidad ambiental, pero es indispensable que la preparación de los proyectos se funde en un proceso participativo, abierto y en antecedentes sólidos. No se trata de repetir palabras de buena crianza para estar en sintonía con la formación de comisiones que auxilien al Ejecutivo en la elaboración de propuestas, lo que por lo demás apoyaría con entusiasmo en este caso. Estamos jugando con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con garantías constitucionales como la vida y la salud, el derecho a un aire limpio, y a un adecuado acceso a la justicia. También se ven involucradas la igualdad ante la ley y la certeza jurídica para la inversión que los voceros del empresariado tanto valoran.
Al mezclarse, en torno a iniciativas determinadas, las inquietudes genuinamente ambientales con la disputa entre distintos sectores de la economía por el uso del espacio y de los recursos naturales, el pragmatismo y la coincidencia de intereses generan alianzas nuevas. Si a ello le agregamos otros factores, como la necesidad de financiamiento de los Municipios, la mirada escrutadora de nuestros potenciales socios comerciales y las normales disputas de competencia entre servicios públicos, podemos ver elefantes volar: alianzas entre actores tan distintos como un exportador de vinos, una ONG, y pobladores, como hemos visto en los últimos días, entre un ecologista profundo y la industria salmonera, todos acompañados de asesores comunicacionales, abogados y consultores.

Pero así como un día el empresario, con una acertada estrategia logra inclinar la balanza en favor de su proyecto, o en contra de aquél que le perjudica, al otro día, en medio del fuego electoral, su competencia directa logrará un trato más favorable ante similares condiciones, o será sancionado con una multa ejemplar, afectando esta vez gravemente sus garantías y su competitividad. Los Gobiernos, sin dejar de seguir atentamente el people meter para saber reconocer los límites, han tendido la mano a la empresa, especialmente en períodos de crisis económica: reformando el reglamento de evaluación de impacto ambiental para agilizarlo, o fijando metas de reducción de emisiones a partir del curso normal de los negocios.
Volviendo al diseño de la institucionalidad ambiental ¿Cuál es entonces el interés que debiera motivar al Gobierno en sus propuestas, y luego a los parlamentarios en su análisis? Reforzar el Estado de Derecho, cumplir con el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y velar por que no se afecte el derecho a un medio ambiente sano. Para ello se deben buscar las fórmulas que entreguen mayor gobernabilidad, aunque esto implique pérdida de poder y de los amplios espacios de discrecionalidad administrativa.

Hacerse cargo de las grandes dificultades operativas que arrastra el actual modelo requiere por una parte de una Autoridad Política con estatus y recursos: un Ministerio, a cargo de diseñar y llevar adelante una Política Ambiental coherente y sólida, y de proponer las modificaciones legales y reglamentarias que la sustenten. Sin embargo las autorizaciones, la ejecución de los planes y la fiscalización, requieren de un ente autónomo, también con recursos suficientes, que asegure que criterios técnicos y objetivos primen por sobre las consideraciones políticas.

El nuevo escenario ambiental, por Valentina Durán

Por Valentina Durán Medina
Coordinadora de Investigación CDA
(Texto completo de la carta publicada el día 7 de abril de 2006 en "El Mercurio" y como columna en el Diario Financiero el 12 de abril y en el Mostrador)

Señor Director:

Los últimos dos años han estado marcados por señales que muestran la urgencia de una reforma de la institucionalidad ambiental y de sus instrumentos de gestión. Casos como CELCO nos han revelado la atención pública que despierta el impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión, y la desconfianza existente entre los actores públicos, privados y la ciudadanía. Esta desconfianza se ve motivada especialmente por las debilidades del diseño y estructura operacional de una CONAMA en la que coexisten, en desequilibrio, criterios técnicos y políticos. El deterioro a veces impune de valiosos ecosistemas, las debilidades en el acceso a la justicia ambiental, y la aparición, relacionada con estos tiempos mediáticos y globalizados, de nuevos foros, nuevas alianzas, y nuevos actores que intervienen en los conflictos ambientales, son sólo algunas de las señales de una crisis de gobernabilidad ambiental.
La Presidenta Bachelet acaba de firmar el proyecto de ley que da rango de Ministro al Presidente de la CONAMA. De aprobarse el proyecto, se entregará a un Nuevo Ministro del Medio Ambiente la presidencia del Consejo Directivo de la CONAMA, papel que actualmente la Ley 19.300 entrega al Ministro Secretario General de la Presidencia.

Este proyecto no crea todavía el esperado Ministerio del Medio Ambiente, ni la anunciada Superintendencia Ambiental, y eso podría leerse como una mala noticia, si no fuera por los anuncios de los siguientes proyectos de ley, que crearían un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia Ambiental para mejorar la fiscalización. Se ha dado un gran paso: La principal función del Consejo Directivo de la CONAMA es ejercer y hacer cumplir las funciones de la CONAMA, entre las que se cuenta la responsabilidad de proponer al Presidente de la República las políticas ambientales del gobierno. A su vez, al Consejo Directivo le corresponde velar por la coordinación en materia ambiental entre los ministerios, organismos y servicios públicos y, algo muy importante: Proponer al Presidente de la República proyectos de ley en materias ambientales. Será este nuevo Ministro entonces el principal encargado de cumplir con el deber que la Constitución le entrega al Estado de velar para que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y de tutelar por la preservación de la naturaleza. Al Ministro del Medio Ambiente, funcionario de exclusiva confianza de la Presidenta, y con dedicación exclusiva, le corresponderá asumir el desafío de llevar adelante los proyectos de ley y las reformas necesarias para crear una institucionalidad funcional a las sólidas políticas ambientales que el país espera.

Quienes conocen la complejidad del problema ambiental saben que el éxito de este desafío requiere de un proceso inclusivo, participativo y abierto, fundado en antecedentes y estudios sólidos. La buena noticia es que las dos candidaturas que pasaron a segunda vuelta presidencial coincidieron en sus compromisos de fortalecer la institucionalidad ambiental, con lo cual podemos esperar que se honren las palabras empeñadas, que el debate sea fructífero y que el tema ambiental sea, al fin, prioritario.